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La corrupción urbanística es el abuso del poder de los cargos
públicos vinculado a la especulación inmobiliaria y el
incumplimiento de las normativas urbanísticas y
medioambientales con objeto enriquecimiento ilícito.
Sus causas son muchas y muy diversas, y un punto clave es la
financiación de los ayuntamientos. El proceso de
descentralización en España que trajo consigo el Estado de las
Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos 1 se hayan visto
obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el
gobierno central.
Mañana, 23 de febrero, se cumplen 10 años de la orden de
paralización de las obras del hotel de El Algarrobico, dictada en
2006 por el juez de Almería Jesús Rivera, quien dos años después
también anuló la licencia de obras en una sentencia que ya dejaba
al descubierto el 'papelón' que había jugado la Junta de Andalucía
respecto al polémico edificio construido por Azata del Sol en
suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar e
invadiendo la protección de la Ley de Costas.
Pero papelón puede resultar un término suave, puesto que el
magistrado, hoy en el TSJA, advirtió en su sentencia de que la
«burda maniobra» con que la Junta había intentado convertir en
urbanizable y no protegido el suelo de El Algarrobico -llegó a
falsificar la planimetría oficial, como denunciaron los ecologistas-
presentaba los «caracteres de los delitos de prevaricación y contra
la ordenación del territorio».
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Y es que la Junta, desde el principio de esta larga historia de El
Algarrobico y el proyecto para construir 1.500 viviendas, un
campo de golf y otros seis hoteles de lujo en la misma zona, había
defendido que el suelo de la playa de Carboneras era urbanizable,
como demuestra que diera luz verde a los planes urbanísticos para
construir el hotel, que apoyó, promocionó y subvencionó antes de,
repentinamente, pasar a convertirlo en el buque insignia de la
lucha contra la especulación urbanística y la destrucción de la
costa.
Y tan es así, que aún después de que, de cara a la opinión pública,
los representantes políticos de la Junta pasaran a decir que se
trataba de un suelo protegido y no urbanizable, sus abogados
seguían defendiendo en los tribunales todo lo contrario, e incluso
hay escritos de la Administración autonómica muy posteriores a
2006 que llegan a considerar que se trataba, no ya de un terreno
urbanizable, sino urbano consolidado.
De ahí que pueda resultar sorprendente que el consejero de Medio
Ambiente, José Fiscal, asegurara, tras conocer la sentencia del
Tribunal Supremo que ha dictaminado que el suelo del hotel es no
urbanizable y de especial protección, que la Justicia había dado
por fin la razón a la Junta.
Sin embargo, para quienes conocen la historia del hotel, estas
declaraciones del consejero no han causado ninguna sorpresa,
pues se sitúan en la misma línea de la Junta en todos estos años,
que ha defendido una cosa y la contraria, y en ocasiones ha hecho
las dos cosas a la vez. ¿Y por qué? Pues quizás porque haya sido
realmente complicado intentar hacer blanco lo que un día fue muy
muy negro, y en este complejo e indigesto proceso han quedado
en evidencia dobleces, ambigüedades, cuando no mentiras, y
según un juez hasta indicios de delito.
Porque lo cierto es que la Junta participó en el 'negocio' de esta
urbanización desde el principio, desde que la sociedad Parque
José Antonio Sau 09.04.2014 | 11:
José Manuel Martín Alba, detenido en febrero de 2009. Arciniega
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- Fotos de la noticia La sobrecargada Sección Tercera busca ya fecha para un proceso que podría durar un año El caso Arcos, contra la corrupción urbanística en Alcaucín, llegó el pasado viernes en un furgón a la Audiencia Provincial de Málaga, para su enjuiciamiento. Los jueces ya buscan fecha para un macrocaso que tendrá ocupada a la sobrecargada Sala un año como mínimo, con lo que otros juicios tendrán que esperar para ser señalados. A la Sección Tercera además ha llegado el caso El Pinillo, un macroproceso en el que están Roca o Julián Muñoz, entre otros. El sumario de Arcos llega con 49 acusados, 28.568 folios y más de 86 tomos y tras más de cinco años y medio de instrucción (se inició la investigación en septiembre de 2008). La cifra de acusados es la mitad de los que tenía Malaya (95), y el plenario por la trama de corrupción marbellí se alargó dos años, lo que da una idea del tiempo que puede prolongarse un proceso de estas dimensiones. El caso llegó procedente en un furgón del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga, que empezó a instruirlo en septiembre de 2008 y ordenó las primeras detenciones en febrero de 2009. Las cerca de ochenta cajas están ya guardadas en una habitación bajo llave a la espera de que los magistrados de la Sección Tercera puedan encontrar una fecha en la que iniciar el proceso, haciendo un auténtico ejercicio de equilibrio porque si señalan de lunes a viernes, tendrán poco tiempo para atender los juicios ordinarios. En Malaya, por ejemplo, se fijaron sesiones de lunes a miércoles, para que los despachos de abogados pudieran seguir haciendo frente a sus negocios y, al mismo tiempo, defender con garantías a sus clientes. El planteamiento es, en cualquier caso, difícil, pues la Sección Tercera ya tiene además el caso El Pinillo, con 21 acusados, entre los que destacan
Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, otro macroproceso de enjundia que forma parte de la oleada de grandes casos de segunda generación, una hornada de sumarios marcada por la falta de refuerzos y entre los que resalta el caso Astapa por corrupción en Estepona, en el que hay ya más de cien encausados sin que se vislumbre el final de la instrucción. El fiscal pide 226 años de cárcel para el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, y 111 para el ex jefe adjunto de Arquitectura en la Diputación José Mora, aunque de cualquier forma el tope máximo será el resultado de multiplicar por tres la mayor de las penas o 20 años de prisión, según el Código Penal. Sólo el escrito de acusación tiene más de 200 páginas y la pléyade de delitos es interminable: los hechos abarcan desde 1999 a 2010, una época en la que el pueblo trató de recalificar todo su extrarradio y en la que, según el fiscal, «se construyeron grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico, que hoy pertenecen a terceros de buena fe». El plan de 2004, dice el fiscal, significaba cuadruplicar las viviendas. «A su antojo» El regidor, al que se le encontraron el día de su detención 160.000 euros bajo el colchón, ocupó la alcaldía entre el 91 y el 99, «abarcando veinte años las competencias en Urbanismo», salvo las del pleno, «órgano que sistemáticamente aprovechaba las iniciativas del alcalde a veces por unanimidad y siempre con el voto del grupo mayoritario que le respaldaba», precisa el ministerio público en el escrito. El alcalde aprovechó la «ausencia de controles eficaces» para desempeñar «esos cargos a su antojo, prescindiendo de la normativa urbanística cuando le convenía», precisa.
CASO MALAYA
En marzo de 2005, las investigaciones de la operación policial Ballena Blanca, que sirvió para desmantelar la mayor red de blanqueo de dinero del
país, 3 consiguieron que se interceptaran unas conversaciones telefónicas
relacionadas con casos de corrupción urbanística en la Costa del Sol. Un año después, se disuelve el Ayuntamiento de Marbella y se constituye una comisión gestora presidida por don Diego Martín Reyes. Posteriormente a
Marcos. Quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de 30.000 euros. 7
- Victoriano Rodríguez, concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Marbella. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 1 de abril de 2006. 6
- Leopoldo Barrantes, secretario del Ayuntamiento de Marbella. El juez le dejó en libertad, aunque con cargos, en esta ocasión. 6 Las incautaciones de los detenidos no pasaron desapercibidas por la opinión pública: la policía intervino durante esta fase de la Operación Malaya numerosas obras de arte (entre las que destaca un cuadro de Joan Miró que colgaba en la pared de un cuarto de baño), joyas y metales preciosos, dinero en efectivo, ordenadores, furgonetas, armas de fuego, cajas de seguridad, material electrónico, un helicóptero, una ganadería de toros completa y una de caballos, entre otros bienes. 8 Como consecuencia del ingreso en prisión de la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Tomás Reñones (ex jugador y capitán del Atlético de Madrid), se convirtió en el alcalde en funciones,^9 aunque sólo hasta el 7 de abril de 2006,
fecha en la que el Consejo de Ministros del gobierno central disuelve al Ayuntamiento de Marbella en una medida sin precedentes. 10 A partir de este
momento el Ayuntamiento de Marbella pasa a estar gobernado por una comisión gestora hasta las elecciones municipales de mayo de 2007, siendo su presidente el abogado Diego Martín Reyes, propuesto por el PSOE. Segunda fase [editar] La segunda fase de la Operación, conocida como Operación Malaya II, tuvo lugar el 27 de junio de 2006. 300 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco actuaron esta vez en Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona, deteniendo a 30 personas, entre las que se encuentran trece ex concejales del Ayuntamiento de Marbella, constructores y promotores. 11 De
entre estos detenidos cabe mencionar a:
- Tomás Reñones, alcalde de Marbella en funciones durante una semana (véase la sección anterior). El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 29 de junio de 2006. 12
- Leopoldo Barrantes, ex secretario del Ayuntamiento de Marbella, que ya fue detenido durante la primera fase de la Operación, aunque quedó en libertad con cargos (véase la sección anterior). Esta vez, el juez también decidió dejarle en libertad sin fianza. 11
- Jose Avila Rojas, dueño de uno de grupos constructores y de promoción inmobiliaria con más presencia en Andalucía y uno de los
más grandes de España y compañero de partidas de póquer de Juan Antonio Roca en las que se llegaban a apostar hasta 3 millones de euros. Su relación con Juan Antonio Roca le viene a través de su pareja: Leticia Mendoza, arquitecta al servicio del ex asesor de Urbanismo marbellí. También se practicó un registro en la sede central de la constructora Ávila Rojas S.A. Por un lado, la Fiscalía pide cinco años de prisión y 5 millones de multa por un presunto cohecho activo. Por otro, cinco años más de cárcel por blanqueo de capitales con una multa que asciende a 55 millones de euros.
- Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán (por su parecido físico), un importante empresario de Andalucía^13 Durante la operación policial, Lucía Aguilera, esposa de Miguel Jiménez, uno de los ex concejales detenidos, y que fue secretaria de Jesús Gil durante más de diez años, sufrió un infarto que provocó su muerte unas horas
después. 14
La realización de esta parte de la segunda fase de la Operación Malaya fue posible gracias a la documentación hallada durante los registros de las dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles intervenidos en la primera fase, así como de los archivos contenidos en los ordenadores incautados. El 17 de julio de 2006 tuvo lugar un fuerte despliegue policial que la gran mayoría de los medios de comunicación confundió con una tercera fase de la Operación. En esta ocasión los agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a cinco personas entre Marbella y Málaga:
- Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, arrestado como presunto autor de delitos de cohecho y malversación de caudales públicos. El juez Torres decretó para él prisión incondicional el 21 de julio de 2006. 15 El encarcelamiento de Julián Muñoz tuvo bastante repercusión mediática, sobre todo en la llamada prensa del corazón, ya que en ese momento era pareja sentimental de la tonadillera Isabel Pantoja.^16
- Pedro Pérez, ex concejal del Ayuntamiento de Marbella por el Partido Andalucista, presunto autor de un delito de cohecho continuado. Según palabras del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas Casado, tanto Julián Muñoz como Pedro Pérez cobraron de Juan Antonio Roca "como consecuencia de una contraprestación municipal". 17
- Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete, y José Andrés León, tres altos cargos de la empresa constructora Aifos.
El 26 de julio de 2006, la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Marbella dos querellas contra José Antonio Roca, Julián Muñoz y el abogado de éste, José María del Nido, que es además presidente del Sevilla Fútbol
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente del PP de
Granada, Sebastián Pérez, que también ha anunciado su dimisión
como teniente de alcalde y concejal en la corporación granadina.
En la rueda de prensa que Torres Hurtado ha ofrecido esta tarde,
ha defendido su "absoluta inocencia" pero ha justificado la
presentación de su dimisión en la "gobernabilidad" de la ciudad, y
ha considerado que ya "no tiene sentido" una moción de censura
en el Ayuntamiento, tal y como habían anunciado PSOE y
Ciudadanos (C's).
En una rueda de prensa junto a la concejal de Urbanismo, Isabel
Nieto, que también ha presentado en la tarde de este lunes su
dimisión, el alcalde ha señalado que no había pedido
expresamente la renuncia de su 'número 2', Sebastián Pérez, pero
que sí había puesto "encima de la mesa" esa posibilidad para que
así "acabara el problema de golpe".
Ahora, será un "equipo nuevo" el que pueda afrontar los proyectos
pendientes para la ciudad, y, por ley, una vez que se formalice su
dimisión en el pleno de urgencia que habrá de convocarse, será
nuevo alcalde su número 3, el concejal de Cultura y Deportes,
Juan García Montero.
La renuncia de Pérez a los cargos municipales se ha producido
también esta misma tarde después de que el propio Torres Hurtado
se la haya reclamado a la dirección nacional del PP, según ha
dicho el propio Pérez.
Tras la decisión de Torres Hurtado, Nieto y la propia renuncia de
Pérez, el presidente del PP ha considerado que Ciudadanos "ya no
tiene excusas" para presentar una moción de censura en el
Ayuntamiento de Granada, y ha confiado en que el líder de esta
formación en la capital, Luis Salvador, "recapacite" porque, de lo
contrario, le hará un "flaco favor" a la ciudad.
Pérez, que ya había anunciado esta mañana que iba a luchar "con
todas sus fuerzas" por mantener la Alcaldía de Granada, ha
resaltado el "esfuerzo" hecho por su partido a este respecto, y ha
señalado que "lo primero" en las decisiones adoptadas ha sido la
ciudad.
"Estamos pasando un momento complicado", ha admitido Pérez,
quien ha lamentado lo vivido en los últimos días y ha confiado en
que finalmente la investigación judicial abierta "quede en nada",
aunque será algo que la justicia tendrá que "determinar".
El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-
Maillo, ha subrayado hoy la "gran generosidad" de José Torres
Hurtado, y de Sebastián Pérez por haber renunciado a sus cargos
en el Ayuntamiento.
El 'número tres' del PP considera además que con esta decisión
"ya no cabe moción de censura" en el Ayuntamiento. "Un día
importante para el futuro del @ppgranada su presidente y el
alcalde han demostrado una gran generosidad. Ya no cabe moción
de censura", ha dicho Maillo desde su cuenta de Twitter.
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censura
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y mal"
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incautaciones policiales
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para la moción
- Ciudadanos "no veta" al PP para que siga en la Alcaldía
de Granada
Francisco Granados es el tío más sucio del mundo, a ése le he dado yo el dinero directamente”. David Merino, que fue director general de Operaciones y Estrategia de la constructora Dico-DHO, en la que trabajó entre 1997 y 2007, habla con rotundidad de la etapa en la que Francisco Granados fue alcalde de Valdemoro, entre 1999 y 2003. Merino era el máximo ejecutivo de la constructora; sólo recibía órdenes de los dueños. Hoy Dico es una de las grandes urbanizadoras españolas que integran la larga lista de empresas en suspensión de pagos. Merino dejó la compañía antes de su ruina. Su acusado, Francisco Granados, es hoy secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno madrileño. La lista de municipios de la Comunidad de Madrid donde la empresa constructora hizo negocios siguiendo prácticas ilegales es larga, según relata Merino: “Pagábamos en todos los sitios donde construíamos. Hemos ‘actuado’ en Las Rozas, Majadahonda, Boadilla, Coslada, San Fernando de Henares, Villanueva del Pardillo… y muchísimo en Valdemoro cuando era alcalde Francisco Granados”, denuncia Merino, y asegura que una entrega de dinero al número tres del Gobierno de Madrid la hizo en una finca de caza de Dico en Daimiel (Ciudad Real). Y mete Merino a más Granados en su acusación: “En Coslada, otro Granados [se refiere al alcalde socialista Juan Granados, que gobernó entre 1999 y 2003] también cobraba”. Los intentos de esta revista para obtener la versión de Juan Granados han sido infructuosos. David Merino se calla cuándo, cómo o cuánto dinero dio a sus sobornados: “Eso se lo diré al juez o al fiscal”. Francisco Granados niega rotundamente tales acusaciones: “Aseguro cien por cien que no he adjudicado ni he recalificado ni un solo metro a esa empresa ni he recibido un duro de ningún constructor, ni, evidentemente, de DHO, a la que no he beneficiado en nada’’. El ex directivo del Grupo Dico – que fue constructora predilecta del entonces alcalde, según fuentes socialistas del municipio madrileño– está ansioso por ofrecer todos los detalles al juez o fiscal que lo cite. Aún no ha sido llamado a declarar pese a
que la Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder desde el pasado 17 de noviembre unas actas notariales en las que Merino denuncia delitos de corrupción urbanística en distintos puntos de España y del extranjero. La denuncia la presentó Miguel Bernad, secretario general del sindicato Manos Limpias, y en ella no aparecen los nombres de los alcaldes supuestamente implicados, aunque sí se señala a “los responsables” de los municipios. El ex director general de la constructora mantiene que entregaba a Granados comisiones ilegales por orden de los administradores y propietarios del grupo, Julián Giménez de los Galanes y Francisco Colado. Él sólo cumplía órdenes para salvaguardar su puesto de trabajo, dice. Granados ha confirmado a interviú que conoce a los dueños de la constructora, y también que ha ido con ellos a cacerías dos veces, pero cuando se le pregunta quién pagaba esas cacerías, contesta: “No sé quiénes me invitaron, si ellos o amigos comunes”. Además, el consejero niega conocer a David Merino: “No, no lo conozco. Igual le he saludado; pero si lo veo, no sé quién es. Ni su nombre me suena”. En el momento de conversar con esta revista, Granados conocía el nombre de Merino porque su gabinete se había hecho con la denuncia. Según Merino, los sobornos en Valdemoro se prolongaron durante la alcaldía de José Miguel Moreno, que sustituyó a Granados en 2003. Estos pagos se enmarcaban en la construcción de la urbanización de chalés Valdeoro. Así consta en una de las actas depositadas en la Fiscalía, en la que se puede leer que Dico retiró 2,5 millones de euros de Caixa Tarragona para suelo que se abonaría en dinero negro y para las comisiones “a los responsables del ayuntamiento en su máximo nivel”. David Merino también ha señalado a otro ex edil madrileño a lo largo de media docena de encuentros mantenidos con interviú entre noviembre de 2008 –antes de que estallara el escándalo de las comisiones ilegales de empresas ligadas al PP en el nororeste de la Comunidad de Madrid– y la pasada semana: es Arturo González Panero, que ha tenido que dejar la alcaldía de Boadilla del Monte tras ser imputado en la trama de corrupción de Francisco Correa. “A Arturo se le han dado entre 200.000 y 300.000 euros” por la concesión de varias obras a Dico, dice Merino, que añade: “Esas entregas las hicieron Francisco Colado y el director de la promotora del grupo”. Esta revista ha pedido la opinión de González Panero a través del Ayuntamiento de Boadilla, que no ha dado respuesta. Dico-DHO ganó en Boadilla, perla del urbanismo madrileño, las licitaciones para la construcción de un centro de formación municipal (7,45 millones de euros), un pabellón deportivo (7,5 millones), una residencia-centro de día para mayores (5, millones) y un centro empresarial (2,8 millones). “Arturo no sólo cobró dinero, también le invitamos a varias cacerías en las fincas ‘La Parrilla’ (en Los Yébenes, Toledo) y ‘Los Berrocales’ (en Almadén, Ciudad Real)”. En esas monterías a las que invitaban a políticos no faltaba de nada: “Son a todo lujo, las mejores fincas de España, venados a casca porrillo, los que quiera matar cada uno, las comidas, los cartuchos, los hoteles… absolutamente todo
cobrado el actual alcalde, Narciso de Foxá, y sus dos antecesores, Guillermo Ortega y Ricardo Romero de Tejada”, todos ellos del Partido Popular. Ortega está imputado en el sumario de la operación Gürtel (correa, en alemán), que instruye el juez Baltasar Garzón, lo que le costó su dimisión como gerente del Mercado Puerta de Toledo. “La operación de quitar a ‘Willy’ y poner a Narciso de Foxá la hicimos nosotros en la finca. A ‘Willy’ le pusieron un sueldo porque quería contarlo todo”. Foxá ha asegurado a interviú que todo es mentira. El viernes 13, tras recibir la llamada de esta revista, manifestó su intención de enviar un requerimiento notarial para que el constructor reafirme sus acusaciones. Los intentos de obtener la versión de Ortega y la de Romero de Tejada no han dado resultado. Cuando habla, David Merino ríe sonoramente, aliviando el fuerte nerviosismo que le ha producido su decisión de colaborar con la Justicia: “Tenía que elegir en qué lado estaba, con la Fiscalía o con los dueños de la constructora”, explica, y más adelante retoma el relato: “El soborno solía ser en metálico, pero alguna vez se les regalaban vacaciones, un piso, la reforma de la casa, o como en Villanueva del Pardillo, donde se pagó una comisión por medio de una factura falsa para que el hijo del alcalde se comprara un cochazo”. Desde el gabinete de Juan González Miramón, alcalde (PP) de Villanueva desde hace 16 años, aseguran que el regidor nunca ha cobrado nada y que llevarán el asunto a los servicios jurídicos del ayuntamiento. La Fiscalía tiene noticia de delitos en casi todos los municipios mencionados, y en Ciudad Real, Toledo y Cádiz, aunque en las actas notariales la lista es más reducida. Merino prefiere no revelar las cantidades satisfechas ni las obras por las que pagaron: “Yo con quien tengo que hablar es con un juez”. Sí ha relatado a interviú cómo se hacían las entregas del dinero: “El alcalde o el funcionario de turno viene un rato a la oficina, vas tú al ayuntamiento, o a su casa, o quedas en una rotonda, en un bar de caza… a comer o en un bar de putas. Pero si pagas ahí, alguno se deja un trozo del sobre”. —¿Es que no hay ayuntamientos limpios? —¡Son las putas reglas del juego! Si no juegas a esto, no haces nada aquí ni en ninguno de los países donde hemos estado. Tú te lo encuentras instaurado porque antes de llegar a ese ayuntamiento ya pagaron otros. El constructor no se ve como una víctima. Es un gasto más y punto; la condición humana. Algunas escenas que describe son de película de Berlanga: “Yo he tenido que pagar una cuenta de 42.000 euros en el Vive Madrid [un exclusivo club de alterne] donde tuvimos a un concejal y varios constructores tres días sin salir de allí, en un reservado con jacuzzi y putas por todas partes. Allí unos tíos desnudos negociaban la construcción de un parquin. La comida la traía un camarero con pajarita del cáterin de José Luis. Y yo me pregunto: «¿Esto no se puede hacer en una puta oficina? ¡Hay que negociar un parquin en un burdel!»”.
Merino se frustra porque el proceso no va como a él le gustaría. Dice que teme por su familia, y espera que las autoridades judiciales le brinden protección. “Yo no me he hecho millonario. Los que se llevaron la pasta fueron los dueños de la constructora”. Nadie de DHO ha contestado las llamadas de esta revista en el intento de recabar las versiones de Julián Giménez de los Galanes y Francisco Colado, los propietarios del grupo constructor. David Merino ha dejado atrás una vida a todo tren con un sueldo de 120. euros anuales, comidas en restaurantes de lujo, viajes, coches de gran cilindrada, chófer. Ahora, sin trabajo, sólo espera poder volver a la normalidad. En verano, cuando la situación contable del grupo DHO reventó, comenzó a depositar confesiones ante un notario de Madrid. Ha estado rellenando actas notariales entre agosto y octubre del pasado año. Hoy asegura que no se desdecirá de absolutamente nada “porque es la puta verdad”.
