La situación de los derechos humanos en Corea del Norte no es fácilmente definible
debido a la naturaleza secretista y cerrada del país. El gobierno norcoreano impone
fuertes restricciones a la entrada de extranjeros y supervisa de modo estricto sus
actividades. Los observadores y las agencias solidarias son sujetos a vigilancia y
excluidos de ciertos lugares y regiones.
Ya que los ciudadanos no pueden abandonar libremente el país, el registro de derechos
humanos en Corea se ha elaborado principalmente a través de relatos de refugiados y
desertores. La posición del gobierno, expresada por la Korean Central News Agency, es
que Corea del Norte no tiene problema alguno de derechos humanos pues, afirma, su
sistema socialista fue elegido por el pueblo y le sirve fielmente.
La revista The Economist contiene en su número correspondiente al 27 de septiembre
de 20081 un extenso análisis sobre la situación de Corea del Norte, contrastándola con
Corea del Sur, estado de economía capitalista o de mercado, sustentado en un sistema
político liberal.
La revista anota que es casi imposible obtener información sobre la situación al interior
de Corea del Norte, dado que su gobierno ha llevado la paranoia y la represión a niveles
inusitados (por ello es conocido como el “reino ermitaño”). Pero destaca una reciente
investigación basada en una encuesta a 1.300 refugiados en China. Según dicho estudio:
•El 23% de los hombres y el 37% de las mujeres afirman que algún miembro de
su familia ha muerto por hambre.
•Más de un cuarto informan que han sido arrestados, y entre aquellos que fueron
detenidos por motivos políticos (una décima de la muestra), el 90% atestiguó
casos de privación del alimento, el 60% observó muertes por golpes o torturas,
el 27% presenció muertes por golpes o torturas y otro 27% presenció
ejecuciones.
Entre las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte figuran el empleo de la
tortura, la aplicación de la pena de muerte, la detención y el encarcelamiento arbitrarios,
las condiciones de reclusión inhumanas y la supresión prácticamente total de las
libertades fundamentales, incluidas las de expresión y circulación.2
Los desertores norcoreanos han sido testigos de la existencia de campos de prisión y
concentración con una población estimada de entre 150.000 y 200.000 internos
(alrededor del 0,85% de la población), y han informado de numerosos casos de tortura,
inanición, violaciones, asesinatos, experimentos médicos, trabajo forzado y abortos
forzados.3
Diversas organizaciones y gobiernos han condenado las violaciones a los derechos
humanos de Corea del Norte, incluidas Amnistía Internacional y las Naciones Unidas.
