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Asignatura: derecho mercantil, Profesor: Alumno Alumno, Carrera: Administración y Dirección de Empresas, Universidad: UAM
Tipo: Apuntes
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Son derechos subjetivos reconocidos y protegidos por la Constitución en su Capitulo II (artículos 14 a 38) Características:
Los derechos fundamentales pueden clasificarse atendiendo a varios criterios:
Punto de partida: articulo 9.1 (Toda la constitución -por tanto, todo el titulo I- vincula a los poderes públicos y a los ciudadanos) vs. 53.1 (solo el capitulo II –no todo el titulo I- vincula a los poderes públicos, pero no a los ciudadanos) ¿¿Contradictorios?? El artículo 53.1 son los derechos fundamentales con más eficacia normativa y son derechos subjetivos, por eso vinculan a los poderes públicos. Explicación: Todos los artículos de la constitución tienen eficacia normativa, pero no la misma:
La posición del Tribunal Constitucional (STCII/1981, Fig. 7): Limites internos (o intrínsecos) en la misma Constitución o limites externos (o extrínsecos) como los derechos de los demás. Suspensión de los derechos fundamentales (Articulo 55)
Hay 4 tipos de garantía:
las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por Ley.
El apartado 2 del artículo 33 de la constitución española establece que el derecho de propiedad no es absoluto porque tienen una función social que cumplir y que quedara determinada con las leyes. Las facultades del derecho podaran restringirse, limitarse, o incluso excluirse en aras del bien común. No simples excepciones. La propiedad esta subordinada al interés común, aunque el propietario no es un simple gestor, sino un propietario completo.
El artículo 33 de la constitución española determina que el titular no puede ser privado de sus derechos de propiedad sobre bienes y derecho, salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social, y siempre con una indemnización (justiprecio) y en los términos que establezcan las leyes. La expropiación forzosa es un procedimiento administrativo que se regula por un texto legal con rango de ley y que cumple los requisitos de la constitución española.