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Asignatura: Economia I, Profesor: Enrique Moldes Teo, Carrera: Derecho, Universidad: USC
Tipo: Apuntes
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Estas funciones básicas han sido ampliamente superadas y buena parte de la actividad pública tiene como objetivo garantizar un nivel de vida suficiente a todos los ciudadanos dentro del denominado Estado de bienestar. Para ello se utilizan diversos instrumentos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:
El primer grupo, son medidas dirigidas a facilitar a todos los individuos el consumo de algunos bienes o servicios concretos que se consideran indispensables para el desarrollo de una vida satisfactoria.
El segundo grupo, formado por transferencias monetarias a los individuos que permiten utilizar los fondos recibidos en los bienes privados que desee el perceptor de la transferencia. A estas transferencias se las denominan Prestaciones económicas.
En la mayoría de los países la Sanidad Pública se ajusta a uno de los modelos siguientes según su cobertura y forma de financiación: por un lado está el modelo de Seguridad social ; por otro el modelo de Servicio Nacional de Salud.
Los modelos de Seguridad Social son aquellos que se financian mediante impuestos sobre rentas del trabajo, denominados cotizaciones sociales. También existen prestaciones gratuitas para quienes no trabajan. Los sistemas sanitarios públicos de la Seguridad Social guardan una cierta similitud con los seguros sanitarios privados. La diferencia es que son obligatorios y que las “primas” individuales, las cotizaciones, se establecen en función de las rentas en vez de en función de la probabilidad de caer enfermo. De esta forma, se introducen elementos redistributivos. Francia, Alemania, Bélgica y suiza son algunos de los países que tienen sistemas de sanidad de Seguridad Social. Tradicionalmente, el sistema sanitario español ha sido de Seguridad Social, pero a partir de 1986 con la aprobación de la Ley General Sanitaria comenzó a transformarse en lo que es ahora, un servicio Nacional de Salud.
En un Servicio Nacional de Salud las prestaciones sanitarias son universales (toda la población tiene derecho a ellas) y gratuitas. Los ingresos necesarios para financiar estas prestaciones se obtienen con cargo a los ingresos generales del Estado (IRPF, IVA, etc.). Los Servicios Nacionales de Salud presentan ventajas de equidad. Por un lado, parecen más coherentes con la concepción de la sanidad como bien preferente que, al igual que la educación, debe ser provisto a todo el mundo en condiciones de igualdad. La financiación de los Servicios Nacionales de Salud, al basarse en los ingresos generales del Sector Público, será más redistributiva que un sistema de cotizaciones sociales que es proporcional y que en lo esencial recae sobre las rentas del trabajo.
LA REFORMA DE LA SANIDAD PÚBLICA
El sistema sanitario público ha jugado un papel importante en la elevación de los niveles de salud en España. La esperanza de vida y a tasa de mortalidad infantil existentes en España son equiparables a las de los países más avanzados. De igual forma, existe un buen nivel de asistencia técnica en los servicios hospitalarios.
Sin embargo, el sistema público sanitario adolece de problemas importantes. En primer lugar, el grado de insatisfacción de los ciudadanos es considerable: las causas
fundamentales de la insatisfacción con el sistema español están en los tiempos de espera que impone el sistema y, en menor medida, en el tiempo que se dedica a cada paciente.
Al descontento por parte del usuario hay que unir dos elementos adicionales. Por un lado, el reconocimiento generalizado de que el sistema de producción pública basado en modelos burocráticos y centralizados es esencialmente ineficiente y desperdicia una cantidad considerable de recursos. Por otro lado, la preocupación por el control del crecimiento del gasto en sanidad a fin de evitar aumentos significativos en los impuestos, o reducciones en otros gastos públicos.
En todas las sociedades desarrolladas existe un amplio consenso acerca de que el Sector Público debe favorecer que los individuos adquieran educación. Parte de este consenso se apoya en la idea de que la educación es un bien en sí mismo porque un individuo educado puede obtener un mayor disfrute de múltiples actividades como la lectura la conversación, la cultura, etc. Al mismo tiempo, la provisión de educación permite alcanzar otros objetivos:
a. Internalizar efectos externos
A veces se argumenta que la educación produce diversos efectos externos. Uno de ellos podría ser favorecer la estabilidad social y el funcionamiento de los sistemas democráticos mediante la formación de una clase de ciudadanos/ votantes bien informados. Otro, crear una cohesión social mediante la transmisión de un patrimonio cultural común. En principio, estos efectos podrían justificar una intervención del sector público para internalizarlos, concediendo, por ejemplo, subvenciones a la educación.
b. (^) Reducir la desigualdad económica
Quien tiene una educación mayor obtiene ingresos más elevados. Según la Teoría del Capital Humano, debida a Gary Becker, esto se debe a que la educación aumenta la productividad de los individuos y, por tanto, sus ingresos. L adquisición de educación seria entonces una inversión (en capital humano) que produciría rendimientos en el futuro vía ingresos más elevados.
El sistema de Educación no universitaria en España tras lograr el objetivo de escolarización total hasta los 14 años, se ha planteado los objetivos de ampliarla hasta los 16 y, sobre todo, aumentar el rendimiento del sistema escolar.
Un sistema para tratar de mejorar el rendimiento del sistema educativo sería evaluar de forma uniforme a los centros educativos y hacer públicos los resultados. Esto además de aumentar el grado de información de los padres, estimularía la competencia entre centros.
Algunas políticas de vivienda se pueden justificar como instrumentos para internalizar algunos efectos externos. La mayor parte de ellas, sin embargo, se basan en l consideración de la vivienda como bien preferente.
El acceso a la vivienda puede hacerse en propiedad o en alquiler. En España el porcentaje de viviendas en propiedad es uno de los más elevados de Europa.
incapacitados: por accidente, enfermedad o cualquier otra causa , para el ejercicio de su trabajo habitual..
La práctica totalidad de las pensiones públicas están gestionadas por la Seguridad Social y por las Mutualidades de Funcionarios.
2.3 El seguro de desempleo
Las prestaciones por el seguro de desempleo sustituyen a las rentas que pierden los individuos al perder su puesto de trabajo. Estas prestaciones están organizadas en dos niveles: el nivel contributivo y el asistencial. A diferencia de las pensiones, su duración es limitada.
En el nivel contributivo: hace falta haber cotizado doce meses como mínimo y quedar en desempleo. El período de percepción de las prestaciones contributivas por desempleo es de dos meses por cada seis completados cotización, con redondeo por defecto, y con un máximo de dos años. Por tanto, será de cuatro meses si se ha cotizado de doce a diecisiete meses. La cuantía de la prestación es, en los primeros meses, del 70% del promedio de la base de cotización durante los 6 meses anteriores al despido o cese, con un mínimo y un máximo. Durante el resto del periodo de la prestación, ésta se reduce al 60& de la base de cotización mencionada.
La prestación asistencial: se destina a diferentes grupos de personas. Por ejemplo, a quienes han contribuido menos de doce meses pero más de tres, o a quienes hayan agotado la prestación contributiva y tengan responsabilidades familiares o, sin tenerlas hubieran cotizado treinta y seis o más. También los mayores de cincuenta y dos años que han completado el periodo de prestación contributiva, y un conjunto diverso de colectivos (emigrantes que vuelven a España, personas que salen de prisión…). El tiempo máximo de percepción de la prestación asistencial es de treinta meses.
Además de estas prestaciones existen otras de diversa naturaleza y de cuantía global mucho más reducida.
2.4 Programas de lucha contra la pobreza
Estos programas tratan de paliar las situaciones de pobreza extrema dando a los individuos cuyos recursos son muy bajos o nulos una renta de subsistencia. A diferencia de los programas de cobertura se exigen cotizaciones previas, y las prestaciones son idénticas par todos los beneficiarios en las mismas circunstancias.
Las pensiones no contributivas, la ayuda familiar o los programas de la lucha contra la pobreza pertenecen a esta categoría.
Obviamente, los programas de cobertura y de reducción de la pobreza no son totalmente independientes ni en su origen ni en sus objetivos. Por ejemplo un de las justificaciones más importantes de los programas de sustitución de rentas es evitar la pobreza que podría causar una pérdida inesperada de la renta a un individuo poco previsor y que, por tanto, no hubiera adquirido un seguro privado o ahorrado lo suficiente. La pobreza puede considerarse como una contingencia más cubierta por el
Sector Público, aunque en este caso no existirían “primas” (cotizaciones previas) ligada directamente a las prestaciones.
Mª José Garaboa Pérez