Garantías Procesales
Viene atribuido al orden de la jurisdicción laboral para conocer la tutela del derecho de huelga
contra el empresario terceros vinculados a este por cualquier título siempre y cuando la
motivación alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios o contra las
administraciones públicas respecto del personal laboral. también es competente para conocer de
las impugnaciones exclusivamente a los actos de designación concreta del personal laboral para
cubrir los servicios esenciales de la comunidad.
La tutela jurisdiccional por los tribunales ordinarios, que es preferente y sumaria (53 C.E.) del
derecho de huelga puede solicitarse a través de la modalidad procesal de tutela de derechos de
libertad sindical y otros derechos fundamentales.
Junto a la jurisdicción social también el orden contencioso-administrativo entiende de las
lesiones al derecho de huelga por diversas vías, principalmente cuando la impugnan las
disposiciones que establecen las garantías tendentes a asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad, la desgravación de servicios mínimos y los porcentajes de
personal necesario para su atención. Esta demanda también se va a tramitar por un proceso
especial de urgencia, previsto en la Ley 29/1998 del 13 de julio reguladora de la administración
contencioso-administrativa. A este orden corresponde también la tutela del derecho de huelga de
los funcionarios y del personal estatutal. Agotada la vía ordinaria cabe interpretar recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional.
Garantías Penales
Dentro de los delitos cometidos contra los derechos de los trabajadores, el art 315 del CP
impone a quienes impidieren o limitaren el ejercicio legítimo de la libertad sindical o el derecho
de huelga, la pena de prisión de 6 meses a 3 años, y multa de 6 a 12 meses. Si medió engaño o
abuso de situación de necesidad, el art. 315.3 establece idénticas previsiones para aquellos otros
que coaccionen, actuando en grupo, o individualmente con otros a iniciar o continuar una
huelga.
Como segunda garantía penal; dentro de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, el
código penal establece que incurrirán en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargos
públicos por tiempo de 1 a 4 años, la autoridad o cargo público que, a sabiendas, impidiera el
ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la constitución o las leyes (542 CP)
Por otro lado, el manual básico del empleado público y el régimen disciplinario de los
funcionaros públicos de la administración del estado, consideran grave o muy grave, la
realización de actos encaminados a coartar el ejercicio del derecho de huelga, sancionable con
separación del servicio, suspensión de funciones o traslado con cambio de residencia.
GARANTIAS CONTRACTUALES
1.- La huelga no extingue la relación laboral, ni es motivo para que el empresario decida la
extinción de contrato. Por el contrario, durante la huelga se interrumpen las respectivas
obligaciones de trabajar y de abonar salarios (45.1 ET y RDL 17/1977 art. 6). Por otro lado, las
ausencias debidas a la huelga legal, no se computan como faltas de trabajo a los efectos del
despido objetivo del trabajador (52.d ET)
