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Historia de la España Contemporánea
Tema 1
1. Los ecos de la Revolución Francesa
Desde finales del siglo XVIII, en todas partes de Europa se está dando una serie de cambios o transformaciones, de orden económico, de orden social y de orden cultural, en algunos lugares antes o después, con mayor intensidad o menos. Estos cambios lo que hacen es consolidar esa revolución liberal burguesa que como consecuencia provoca la crisis del Antiguo Régimen, también la aparición de un nuevo poder, la burguesía, que se consolida como clase hegemónica, auge de las doctrinas liberales, extensión del maquinismo, la aparición de la clase obrera, y un último factor, una nueva cultura, el romanticismo junto también con el nacionalismo.
Todos estos cambios provocaron rechazo en toda Europa y en la realidad histórica española, ese rechazo a lo nuevo se va a representar de manera dramática y sangrienta, como consecuencia de la tradición, una confrontación que existe entre lo nuevo y lo viejo. Estos rechazos, en España, se van a mostrar cuando comienzan a llegar las primeras noticias de la Revolución Francesa, los distintos gobiernos de Carlos IV van a aprobar numerosas reales órdenes, desde el año 89 al 91, que tratan de una manera evitar el contagio revolucionario, y esa labor gubernamental se va a ver complementada por la inquisición, que aprobará edictos contra la difusión de la revolución.
Dos meses después de la revolución, en septiembre, se aprueban los primeros decretos, ya en diciembre se prohíbe expresamente la lectura de libros o folletos referidos al tema. Y en el 91, incluso Floridablanca hace mandar y vigilar las colonias francesas residentes en España. Y paralelamente, desde los púlpitos se adoctrinaba a la población en contra de lo que se iba a llamar ya el “ateísmo galo”.
A pesar de evitar esta inclusión de ideas, consiguieron llegar, difundiéndose entre la población. La prueba de ello la tenemos en dos ejemplos cercanos. En Vélez Málaga la policía se incautó de una caja de tabaco en la que se podía leer en francés Libertad, Igualdad y Fraternidad, o también la biblioteca de la catedral de Málaga la policía encuentra un centenar de obras prohibidas, de autores de la ilustración, entre otras Rousseau, Robespierre, Voltaire, etc.
También va a haber episodios de cómo los ecos de la revolución están presentes en la vida pública. Esos años fueron de malas cosechas en España, en Francia también, por lo que hay un malestar popular que se va a manifestar en protestas. Un ejemplo concreto lo tenemos en Ciudad Real, hay una manifestación de los vecinos dando gritos a la libertad y la igualdad y también a favor de la Asamblea Nacional, por lo que es un dato indicativo de lo que ocurre más arriba de los pirineos. También en la provincia de Tolosa, provincia de Guipúzcoa, en el año 93, se va a plantar un árbol de la libertad que
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va a ser un símbolo republicano, que lo adoptan en muchos lugares de Europa como manifestación de esos ideales liberales.
Las primeras noticias se van a notar en las relaciones comerciales en ambos países, la residencia de muchos franceses coloniales en España (ciudades como San Sebastián o Barcelona, Málaga, Valencia), la amplia fachada marítima. También estas noticias van a llegar esas noticias a ciudades del interior, como Madrid o Salamanca, que había universidades, donde había núcleos liberales, con los francófilos. Estos grupos, son liberales, aunque no todos los partidarios de las nuevas ideas liberales van a nutrir las ideas liberales francesas, sino que también van a haber liberales patriotas. Pero coinciden en ser partidarios de romper con el peso de la tradición, con el objetivo de modernizar España. Tenemos nombres como León de Arroyal o el abad de Marchena, estos pertenecientes al club de los girondinos e incluso van a tratar de acabar con la monarquía, habiendo intentonas conspirativas, como por ejemplo la de San Blas o Picorneli, que fue abortada el 3 de febrero del año 95, que era una revuelta republicana y que acabó con la mayoría de los implicados en la cárcel. Inicialmente todos fueron condenados a la horca, pero luego se le conmuta la pena por la de prisión y destierro a las colonias. Como detalle, algunos de estos individuos serán participantes de los procesos de emancipación de las colonias, como Venezuela. Algunos nombres propios de estos individuos: la figura más relevante va a ser Juan Bautista Picornell, autor de varios tratados de pedagogía, y también fue el traductor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano recogidos en Francia. También había un librero valenciano, Pons, había abogados, cirujanos, matemáticos. Estas propuestas eran minoritarias dentro de las filas liberales.
La mayoría de los españoles liberales, defendían contar con una constitución, que limitase los poderes absolutos de los monarcas y los validos, aunque sí que se les reconocía. A principios del XIX las ideas liberales rebasan estos círculos reducidos y se extienden entre la población. Junto a esto, el espacio que da a conocer la opinión pública, van a ser los Cafés, imprescindibles para la difusión de las ideas liberales. Un hecho concreto, en el año 95 hubo un clérigo madrileño, Pedro Estrada, le escribe al fiscal de la audiencia de Sevilla, Juan Pablo Forner, y entre otras cosas, le da cuentas de los acontecimientos que se están dando en Madrid, escribiéndole literalmente: “en el café no se oye hablar más de revolución, convención, representación nacional (…). Hasta las putas te preguntan por Robespierre.”
El malestar popular en este contexto, también se incrementa por la actitud del ministro Godoy, sobre todo a partir de la firma del tratado de Fontainebleau, en octubre de 1807, mediante el cual Godoy pacta con Napoleón la entrada de tropas francesas en España con el fin de conquistar Portugal e imponer el bloqueo continental. Este episodio va a ser el detonante para las manifestaciones en contra de la persona de Godoy, y dentro de estas, el hecho notorio es el llamado Motín de Aranjuez, en marzo de 1808. Un motín que va a provocar incluso la caída de Carlos IV, de Godoy, y la abdicación del rey en su hijo, futuro Fernando VII. Las diferencias que existen dentro de la familia real española como también las que existen entre la población con partidarios
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abierto Francia en el este de Europa hace que a principios del 1812 hace que se tengan que retirar efectivos para dirigirse al este. Como consecuencia de retirarlas, se disminuyen los efectivos militares de la península quedándose solo una tercera parte y la guerra a mediados del 12 la guerra se iría inclinando hacia una coalición hispano angloportuguesa. Se empiezan a producir los grandes éxitos militares, el 21 de junio Wellington derrota a los franceses en Salamanca, en julio vuelve a obtener una victoria en la batalla de Arapiles, y la corte de José I decide abandonar Madrid y trasladarse a Valencia.
Ya en 1813 se van a seguir produciendo los éxitos militares. En junio se derrota a los franceses de manera continuada en Pamplona, Vitoria, San Sebastián, etc. Esas derrotas militares deciden finalmente a que Napoleón firme el Tratado de Valençay el 11 de diciembre de 1813. Mientras este tratado, además de finalizar la guerra, se libera a la familia real española y se la reconoce, es decir, se reconoce a Fernando VII como rey de España. Volverá a la península como el 22 de marzo de 1814, llamado “el deseado”.
En el plano político, durante esos años, España estuvo dividida políticamente entre los partidarios de José I, los llamados despectivamente afrancesados, y los que se iban a llamar a sí mismos como patriotas. Los afrancesados nacen en un contexto de naciente nacionalismo español. Eran un pequeño grupo de aristócratas, había hombres de leyes, de ciencias, eclesiásticos, banqueros, etc. Lo que unía a todos ellos es que estaban conocidos de que la inclusión de los franceses en España era necesaria para modernizarla. La implantación en España del modelo administrativo que era imperante en esos momentos en Francia era lo que perseguían conseguir. No todos los afrancesados colaboraron con las autoridades josefinas, sino que también hubo funcionarios que se vieron obligados a acatar las nuevas instituciones con el nuevo monarca, los juramentados. En conjunto todos ellos fuesen obligados a jurar fidelidad a José I fueron calificados de traidores y antipatriotas.
Al margen de ese carácter injurioso, los mismos afrancesados que ya hemos dicho que eran ilustrados, eran seguidores de una corriente de pensamiento muy de moda en esa actualidad europea, es el iusnaturalismo racionalista. Esto es una doctrina que defendía que el ser humano por ser tal, en calidad de ser humano, tenía una serie de derechos inalienables. Estos derechos eran la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la felicidad. Es precisamente esta corriente la que inspira la Declaración de los Derechos Humanos que queda recogida en la constitución francesa.
Amparándose en ese iusnaturalismo racionalista, los afrancesados pretendieron instalar unas reformas que el sistema político que comienzan a construir no difiere de la reforma que emprenden las Cortes de Cádiz. Algunas de las reformas son: la desamortización de las llamados “manos muertas”, abolen también los afrancesados los derechos feudales, suprimen la inquisición, suprimieron las aduanas interiores con el fin de crear un mercado internacional, aprobaron una división provincial del Estado con la creación de prefecturas y por último, emprendieron un proyecto de reforma del código civil.
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Las Cortes de Cádiz y las medidas que adopta, responden a un principio que nace en esos momentos, el cual los constituyentes gaditanos, se proclaman representantes. Este principio es el de soberanía nacional. Por el contrario, las medidas que están aprobando los afrancesados, la Junta de Bayona, son medidas que no responden a ese principio, porque quienes componen esa Junta, han sido designados directamente por Napoleón, por lo que las decisiones parten directamente del emperador francés.
Lo cierto es que al término de la Guerra, los afrancesados se vieron obligados a abandonar España, siendo el primer exilio de la España contemporánea. Eran más de 12.000 españoles, con nombres bien conocidos, como por ejemplo León de Arroyal, el abate Marchena, Francisco de Cabarrús banquero autor de los derechos de creación del Banco de San Carlos, otro nombre propio es Vicente Alcalá Galiano, este último tío de Antonio Alcalá Galiano. Otro nombre es el banquero Mariano Luis de Urquijo. También algunos literatos, hombres de leyes como Juan Meléndez Valdés. Se tiene que exiliar también Leandro Fernández de Moratín. También el pintor Francisco de Goya. Y se exilia un médico de nombre precisamente Mariano de Larra, padre de José de Larra, el escritor romántico.
Al mismo tiempo en la España patriota desde aquel mismo mayo de 1808, se crearon en casi todas las localidades Juntas de defensa, revolucionarias, que nacen con un fin primordial, que es llenar el vacío de poder y para de alguna manera organizar la vida política. Sociológicamente estas Juntas las componían las clases dirigentes, habiendo representantes de la nobleza, de la burguesía, del clero. Desde estos momentos van a ser las Juntas las que tengan todo el protagonismo tanto militar como político, en detrimento de instituciones y órganos políticos tradicionales como el Consejo de Castilla, etc.
Desde un primer momento, además, quienes integraban las Juntas eran conscientes de la necesidad de concentrar e integrar el poder. A la luz de esa conciencia de querer concentrar el poder, surge la idea de crear una Junta Central, que unifique. Hay distintas propuestas, de ellas dos serán las más relevantes. Una de ellas, que se hace a mediados de junio de 1808, la hace Álvaro Flores Estrada, que convoca una reunión de Cortes compuesta por representantes de todas las Juntas provinciales, que representan de manera general al pueblo español. Esta concepción de Estrada, de quién tenía que componer las Cortes se alejaba de las Cortes tradicionales, que estas eran de estamentos mientras las de Flores Estrada eran por el pueblo. Se da entonces el choque entre tradición y cambio. Ante ese dilema, la Junta sevillana, hace una nueva propuesta en agosto de ese mismo año, propone que se haga una Junta Central que ésta en última instancia decidiera cómo había que convocarse las Cortes. Esta propuesta es la que se acepta. Como consecuencia de ella, el 25 de septiembre de 1808 nacía la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino.
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Reconoce toda una serie de derechos y libertades, que están en consonancia con el ideario del liberalismo. Un ejemplo es la libertad de prensa, la libertad de trabajo, la libertad personal, o también otros derechos como el derecho a la propiedad. También reconoce otros principios que son revolucionarios en ese momento, como la inviolabilidad del domicilio, fundamental en un Estado de derecho. Otro principio es el Habeas Corpus, como también la igualdad procesal y civil. En cambio, no se va a reconocer la igualdad plena de derechos políticos para todos los ciudadanos, porque se establece una diferencia entre electores y elegibles. Para ser elector se establecía un sufragio indirecto, y para ser elegible, la Constitución subrayaba que cada individuo había que tener una renta anual proporcionaba. Todas las medidas llevadas a cabo responden a la ideología burguesa como también a la ideología de clases.
3. La dialéctica, absolutismo, liberalismo
El 11 de diciembre de 1813 se firmó el tratado de Valençay por el cual la familia real de España se le permite volver a España, regresando en marzo de 1814. A partir de aquí vamos a conocer el proceso de involución política. A ojo de la mayoría de la sociedad española, Fernando VII “el deseado” va a ser el símbolo en contra de los franceses. Quienes estaban detrás de esa renovación de España creían en la necesidad de Fernando VII al frente de esas nuevas instituciones. Todavía había desconcierto entre los absolutistas frente a la obra de las Cortes de Cádiz. Como consecuencia de ello, los primeros contactos los va a establecer Fernando VII, con un grupo de diputados, entre los que destaca Fernando Mozo y Rosales, que firmaron el famoso tratado de los Persas. Los firmantes le pedían la restauración del absolutismo, “al amparo de la providencia”, la que los ha guiado durante todos esos años.
La toma de posesión del rey va a contar con el apoyo de algunos jefes militares que se pusieron de inmediato a su disposición para restaurar el absolutismo, de las cuales destacan dos figuras, el general Elío de Valencia, y el otro el general Elía, capitán general de Madrid en esos momentos. Resulta que el 4 de mayo Fernando VII firmaba un decreto que anulaba las Cortes de Cádiz y las obras de la constitución. El rey se va a apoyar en la nobleza y en el clero. Se van a suprimir los ayuntamientos constitucionales. Se restableció el sistema de consejos, igualmente ocurrió con la inquisición y el sistema señorial. Al clero se le devolvió los bienes que les habían sido desamortizados.
Uno de los reprimidos es el constitucional José Cangas Argüelles, que será encarcelado. También ocurrirá lo mismo con Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado. En este sentido, la reacción absolutista en España contra los liberales, fue incluso más dura que en la Francia de Luis XVIII. Esta represión va a obligar a los liberales españoles a un radical cambio de actitud para tratar llegar al poder. Se van a olvidar de la acción pública para recurrir al pronunciamiento.
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Por lo que se refiere al pronunciamiento, hablar de que se van a desarrollar por toda la geografía peninsular entre 1814-1820. Alguno como ejemplo, el de Ezpoz y Mina en septiembre de 1814 en Navarra. O en 1819 en Valencia está la intentona de Joaquín Vidal. Prácticamente todos estos pronunciamientos fracasan y los cabecillas de ellos van a ser encarcelados y ejecutados.
La situación social en España era cada vez más insostenible en 1820, entre otras cosas por las malas cosechas, pero también por algunas de las medidas políticas que se adoptan entre 1814-20. La nobleza y el clero recuperaron los viejos privilegios. Al mismo tiempo se suspendió la aplicación de ese impuesto directo que agravaba a la aristocracia. La Hacienda española se va a encontrar en bancarrota debido a la crisis de la guerra y también a la crisis colonial por las emancipaciones de las colonias americanas.
Como consecuencia de esa situación, los distintos ministros de Hacienda, que hubo hasta nueve ministros distintos entre 1814-20. Tuvieron que recurrir a préstamos exteriores y las concesiones públicas. Esos préstamos eran de elevadísimo interés y de difícil pago. Las concesiones se hicieron en condiciones muy gravosas para el patrimonio público. En aquellos momentos, una de las concesiones públicas que se hicieron, tuvieron como beneficiario algún comerciante, como Manuel Agustín Heredia. Se le iba a conceder la explotación del mineral de granito en la Serranía de Ronda.
Frente a esta situación, las condiciones de vida de las clases populares se agravaban por día, y va a ser en este contexto de hambre y malestar generalizado, lo que dará lugar a un nuevo pronunciamiento en 1820 que tiene como cabeza visible al general Riego. Este pronunciamiento se da los primeros días de enero de 1820, en la localidad sevillana Cabezas de San Juan. Estando ahí al frente de las tropas que tenían que embarcar para sofocar el movimiento emancipador de las colonias, se pronunció en favor de la constitución de 1812. En un primer momento no fue secundado el pronunciamiento, si lo sería a lo largo de las semanas siguientes. Particularmente por guarniciones, ciudades como Zaragoza, La Coruña, Valencia, Barcelona, etc., lo cual hizo que el monarca capitulara el 17 de marzo de 1820, y juraría como monarca constitucional fidelidad a la PEPA.
Con esto se inicia una nueva etapa conocida como Trienio Liberal, en la cual los liberales se encuentran en condiciones de continuar la obra realizada en 1812 que había impulsado las Cortes de Cádiz pero con una situación de normalidad política. Se van a recuperar de inmediato todas las medidas que habían tomado las Cortes, entre ellas la reforma fiscal, se reemprende también el proceso desamortizador, se suprimieron conventos, se suprimieron de nuevo los señoríos y se recuperaron de nuevo los derechos y libertades consagrados a la constitución. Todas estas medidas son llevadas a cabo por los llamados liberales moderados, una fracción de ellos conocidos como doceañistas.
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En los primeros momentos la crueldad con la que reprimió a los liberales fue bastante notoria. Los gobiernos más destacados en esa represión fueron el de Víctor Damián Sáez, y el otro es el conde de Ofalia, Narciso Heredia. Aunque el mejor ejemplo de crueldad represiva la representa la ejecución del general Riego en la horca, el 7 de noviembre de 1823, en la Plaza de la Cebada (Madrid). Sufrieron la misma suerte al igual que Riego, también fueron ejecutados 132 oficiales del ejército. Esta depuración y estas sentencias le correspondieron a unos órganos exprofeso que eran conocidas como las Comisiones Militares. El otro órgano destinado a las depuraciones civiles fueron las Juntas de Purificación.
Esta violencia se fue mitigando con el tiempo, a partir de 1825, aunque se mantuvo de manera puntual hasta la misma muerte de Fernando VII. Al mismo tiempo que se reprimía a los liberales se derogaba la Constitución de 1812, también las reformas que se habían establecido, y se restablecieron todas las instituciones del Antiguo Régimen excepto la inquisición, que en vez de esta se creó las Juntas de Fe. No obstante, lo más relevante de la década va a ser las reformas económicas llevadas a cabo por el ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros (1823-1832). Quería imponer racionalidad en la hacienda pública. Con este objetivo se iba a organizar los presupuestos del Estado con carácter anual, se iba a reformar la administración del Estado con el fin de reducir gastos, se aprobaron distintas reformas fiscales que permitieron incrementar la recaudación de la hacienda, y se crearon una serie de instituciones nuevas como el Tribunal de Cuentas que tenía que velar por el cumplimiento de los presupuestos. Se iba a crear también el Banco de San Fernando (1829), también la creación de la Bolsa de Madrid (1831). Todas estas reformas mejoraron algo la hacienda pública pero no palió su enfermedad.
Otros acontecimientos relevantes de esta década va a ser la publicación en 1830 de la Pragmática Sanción. El otro episodio a destacar va a ser la llamada Revuelta de los Agraviados, que se extendió básicamente por Cataluña a final de 1827, que estaba alentada por el sector apostólico, ultraabsolutistas, que querían la vuelta de la inquisición y actuar con mayor dureza contra los liberales. El último episodio van a ser los “Sucesos de la Granja” el 17 y 18 de septiembre de 1832, que se encontraban involucrados ese mismo sector apostólico, donde participa también el ministro de Gracia y Justicia, Tadeo Calomarde, que querían provocar la revocación de la Pragmática Sanción a favor del hermano del rey, Carlos María Isidro.
En esos momentos la oposición de los partidarios de Carlos Isidro era manifiesta, entre otras razones porque el final de Fernando VII, y esto iba a determinar a Francisco Cea Bermúdez a realizar el acercamiento a los liberales y así conseguía una amnistía para los liberales el 15 de octubre de 1832, para ganarlos en la causa a favor de la heredera de Fernando VII. Y se ganaría su apoyo para la lucha dinástica que se avecinaba. El 29 de septiembre de 1833 fallecería Fernando VII.
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Tema 2
4. Las regencias de María Cristina y Espartero (1833-1843)
Cuatro días después de la muerte de Fernando VII, el 3 de octubre, se declara su testamento. En él se hace público la proclamación como heredera suya su hija Isabel, que era aún menor, y como consecuencia a esto nombra como reina gobernadora a María Cristina de Borbón. El día 4 ya la regente confirmaba como jefe de gobierno a Cea Bermúdez, que presentaba un programa política que configuraba la instauración de una monarquía de corte ilustrado. Pero ese mismo día también, Carlos María Isidro, hacía público en Portugal, en Santarém, un manifiesto en el que hacía pública sus aspiraciones a reinar en España y a partir de este momento, los partidarios carlistas van a emprender la lucha armada.
Van a ser los acontecimientos que están teniendo lugar al principio de la guerra carlista lo que lleven a la regente María Cristina a prescindir de Cea Bermúdez y ofrezca el gobierno a un liberal moderado ya conocido, al granadino Martínez de la Rosa (enero de 1834). A partir de aquí se va a tratar de ampliar el sistema político dando cabida en él a la misma burguesía y el símbolo del consenso que se logra entre los liberales y la monarquía va a ser el llamado Estatuto Real, que fue promulgado el 10 de abril de 1834.
Era una suerte de Carta Otorgada, doctrinalmente muy moderada, y que tenía como referente a la Carta Otorgada conseguida por Luis XVIII tras la restauración del absolutismo, pero también tenía como referente ideológico al doctrinalismo inglés, una corriente que en líneas generales defendía que las instituciones (incluida la monarquía) eran anteriores y superiores a los acuerdos de cualquier asamblea, y eran en definitiva el peso de la historia. En ese sentido el estatuto rompía radicalmente con la Constitución de 1812, en primer lugar porque no reconocía la soberanía nacional, en segundo lugar porque toda la iniciativa legislativa se la reservaba la Corona por lo que las Cortes solo tenían capacidad para enumerar y rechazar los proyectos ministeriales que podían ser apropiados de todas formas por el propio monarca. Por lo que se refiere a la organización del poder legislativo y a los derechos y libertades ciudadanas, también se diferencia de la Constitución de 1812. En las Cortes de Cádiz el legislativo se organizaba una sola cámara pero a raíz de este momentos encontramos un sistema bicameral, haciendo referencia a la terminología del momento hablaríamos de estamento de próceres (senadores, la cámara alta) y estamento de procuradores (diputados, cámara baja). El primero iba a estar compuesto por los grandes de España y los directamente designados por la monarquía mientras que en el estamento de procuradores estos serían elegidos por sufragio censitario. De acuerdo al Estatuto Real el cuerpo electoral quedaba reducido a poco más de 16.000 electores, lo que quedaba reducido al 0,15 % de la sociedad española.
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concretó ese mismo año en una ley electoral y una concesión a los moderados sería que la acción legislativa le correspondería a las Cortes junto al rey.
Los progresistas en ese mismo momento iban a democratizar las instituciones locales y provinciales (ayuntamientos y diputaciones), reconocía también la existencia de la figura del Jurado para toda clase de delitos, reconocía la libertad de prensa y también los derechos y deberes que ya se recogían en la Constitución de 1812.
Tan importantes como la Constitución Para la institucionalización de la revolución liberal, una serie de medidas económicas se iban a aprobar a lo largo de esos tres años (35, 36 y 37), donde en esa coyuntura ya se suprimen definitivamente los gremios, excepto uno, el gremio de los mareantes (dedicados a la marinería), se suprimieron los señoríos y los mayorazgos, y como había ocurrido en 1812, los señoríos se privatizan y quedan en manos de los mismos señores. Se abole en esa coyuntura el diezmo eclesiástico también. Esto provoca que se fortalezcan las medidas desamortizadoras, que van a continuar durante todo el siglo XIX con distinta intensidad y salvo algún breve paréntesis.
Todas estas reformas que estaban llevando los progresistas, van a tener como beneficiarios a la alta burguesía, mercantil, financiera e industrial, los altos cargos de la administración y algunos miembros de la nobleza residual.
Al mismo lugar que tiene lugar estas reformas siguen en continuo movimiento las acciones bélicas contra los carlistas, que llevaban en guerra desde 1833. El pretendiente encontró algunos apoyos por parte del clero y del campesinado, además de la Santa Alianza, las grandes potencias absolutistas. Fundamentalmente, la guerra carlista se concentró en su primera fase en las provincias vascongadas (Navarra, parte de Cataluña y el interior de la región Valenciana). En un primer momento los ejércitos carlistas derrotan al ejército isabelino en algunas batallas. Una victoria muy sonada es Ochandianos. A pesar de esas victorias, lo cierto es que no pudieron quebrar los carlistas al frente liberal. En un momento determinado cambia radicalmente la situación, a principio del verano de 1835, a partir de la muerte del general Tomás Zumalacárregui cambia radicalmente la situación. A pesar de eso hay algunos intentos del pretendiente por adentrarse hacia el centro y sur de la península. En 1837 se organiza la llamada “expedición real” que sería comandada por el propio Carlos María Isidro, que tenía como finalidad llegar a Madrid. La situación militar se estabiliza ya en 1837-38, en lo que la historiografía llama batallas estériles, y destacan los mandos carlistas de Vicente González Moreno y Nazario Eguía. En los mandos isabelinos destacan Luis Fernández de Córdoba, Francisco Serrano y Baldomero Espartero.
A partir de principios de 1839 desde el fracaso de esa “expedición real”, el pretendiente repliega sus fuerzas hacia el norte, y en 1 de agosto de 1839 se firmaba el acuerdo de paz, conocido como el “abrazo de Vergara” (por parte carlista Maroto y por parte liberal Espartero) o Convenio de Vergara, que ponía fin a la primera etapa de la guerra carlista. Mediante este acuerdo se reconocía por parte de la monarquía los
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grados, los empleos y sueldos de los soldados carlistas que se incorporaran al ejército isabelino y se reconocen los fueros vascos y navarros. Aun así hubo una serie de partidas carlistas que no fueron oficiales por no acatar ese convenio, hasta mayo de 1840, dirigidas por Ramón Cabrera conocido por el “Tigre del Maestrazgo”. Durante meses trajo en jaque al ejército isabelino (ocupación de la localidad de Morella).
Con la firma del convenio, Espartero se convierte en el hombre fuerte, la persona más influyente del país. Era progresista y desde ese momento se va a oponer al moderantismo y a la regencia de María Cristina. El pretexto para hacer públicas sus críticas a la regencia, va a venir por parte de la firma de la regente en una nueva ley de ayuntamientos por la cual los municipios perdían la autonomía y el carácter democrático que le había otorgado la constitución de 1837. Finalmente, el conflicto entre la corona y Espartero, iba a dar lugar a principios de septiembre de 1840 a una serie de manifestaciones y protestas, que fuerza de alguna manera la renuncia de María Cristina. Ya en el mes de octubre, se elige a Espartero para formar un ministerio de regencia que ya en mayo de 1841 iba a ser confirmado por las propias Cortes.
Entre 1840-1843 se desarrolla la regencia de Espartero. Durante estos tres años se van a reforzar las medidas que habían aprobado los progresistas entre el 36-37, pero Espartero daría continuas muestras de torpeza política que llevaría a los propios progresistas a oponerse al regente. Una de las pruebas de esta torpeza de la que hablamos, iba a llegar a finales de 1841 y principios de 1842, con el fin de acabar con las manifestaciones de protesta populares, Espartero decide acabar con la libertad de prensa, clausura las sociedades políticas y al mismo tiempo decide bombardear la ciudad de Barcelona en el año 1842. Otra de las acciones desafortunadas que van a provocar la caída de Espartero va a ser la confirmación de la pena de muerte para algunos jefes militares implicados en algunos pronunciamientos militares en contra del regente. Dentro de estos episodios, hubo uno que provocó mayor oposición a Espartero, y que ocurrió durante octubre de 1841 y que acabó con la vida de Diego de León.
Todo esto hace que una parte del progresismo se aleje de Espartero. Las principales críticas, internas, van a llegar por parte de Salustiano Olózaga y Joaquín María López. Estas críticas internas harán que los progresistas se sumen a una nueva conspiración moderada que en julio de 1843 acaba con la regencia de Espartero. Con la caída de Espartero estará en el poder Olózaga entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre de 1843 y prácticamente el único cometido de este gabinete sería proclamar la mayoría de edad de Isabel II con trece años, coronándola como reina de España el 20 de noviembre de 1843.
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sueldos. Al mismo tiempo se iba a suprimir la milicia nacional y en su lugar se crea la Guardia Civil el 13 de mayo de 1844 con el objetivo de salvaguardar el orden público y la propiedad privada. Se iba a aprobar un nuevo código penal con el que se endurecía las medidas para acabar con las crecientes manifestaciones de descontento político y social. Otra iniciativa que adoptan estos gobiernos moderados va a ser la aprobación de un Plan General de Estudios en septiembre de 1845.
Con este plan se renunciaba a la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza pero que iba a servir para establecer las bases para implantar un sistema público de enseñanza. Sobre el papel, en este momento la enseñanza iba a quedar bajo tutela del Estado que iba a trasladar esta obligación a los ayuntamientos. Se iba al amparo de ese plan también la uniformizar los textos dedicados a la enseñanza primaria y los planes de estudio. A pesar del carácter moderado del plan, iba a ser contestados por los sectores más tradicionales que veían en estas medidas una secularización.
Va a ser ese objetivo de racionalidad va a llevar a una reforma fiscal, que se conoce como Reforma Mon, debido al ministro que la llevó a cabo, Alejandro Mon y Menéndez. Lo que hará esta reforma será suprimir todos los tributos que había y se iban a reducir los impuestos a cuatro figuras: la primera de estas agravaba los inmuebles, los cultivos y las ganaderías, la segunda agravaba las rentas industriales y del comercio, la tercera agravaba la renta de los alquileres, y la cuarta eran impuestos indirectos al consumo y las rentas estancadas (el tabaco). Con esta reforma quedan exentos de tributación las rentas del capital y los beneficios de sociedades.
Detrás de estas nuevas reformas se encuentra un nuevo bloque de poder integrado por la nobleza y por la residual alta burguesía y que conllevaba también un nuevo orden político, social, cultural e incluso del comportamiento donde destacaba y sobresalían la defensa del orden público y la propiedad privada pero también estaban presentes la moral puritana, la respetabilidad, etc. En este sentido no difieren nada de las décadas centrales del XIX en España de lo que está ocurriendo en la Inglaterra victoriana o en Francia con la monarquía de Orleans. En este modelo que imponen los moderados el único sobresalto hasta septiembre de 1868 va a llegar en el año 1846 el primero de ellos y el siguiente en el año 1854.
En 1846 se reabre la guerra carlista iniciándose las hostilidades en septiembre de ese año y viene por las gestiones que se venían haciendo para unir en matrimonio a Isabel II y al conde de Montemolín (Carlos VI, en quien había abdicado Carlos María Isidro). Esta unión matrimonial quería acabar con el conflicto carlista y el principal valedor de esa unión iba a ser un filósofo integrista de nombre Jaime Balmes. Pero fracasa y el conflicto se vuelve a emprender, diferenciándose de la primera por estar muy localizada en el espacio y en el tiempo. En el espacio se simplifica en la provincia de Gerona y a un municipio de Barcelona, Manlleu. Cronológicamente se extiende hasta el año 1849. Detrás de los carlistas se encuentra el general Cabrera y también Bartolomé Porredón Ros d’Eroles. En la parte isabelina Manual Pavía y el otro militar era
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Rodríguez de Córdoba. En la primavera de 1849 el Conde Montemolín intenta llegar a España pero fracasa y acaban las hostilidades justo en ese momento.
El otro sobresalto que sufren los moderados llega en el verano de 1854, se inicia con un pronunciamiento militar y se conoce como Vicalvarada. Se pronuncia parte del ejército en contra del poder de Narváez, y quienes dirigen ese levantamiento son Leopoldo O’Donnell o Domingo Cruz, que rechazan esa arbitrariedad. Tiene un matiz moderado y cuyas aplicaciones fueron recogidas en un manifiesto conocido como “manifiesto de Manzanares”. Se publica el 6 de julio de ese año. El autor del manifiesto es un joven político malagueño llamado Cánovas del Castillo. La presión popular y las manifestaciones en las calles van a provocar el retorno de los progresistas al poder.
Esto tendrá como consecuencia el inicio del Bienio Progresista, durante esos dos años bajo el mando de Baldomero Espartero. Las reformas progresistas que se llevaran a cabo tendrán un carácter económico y social. Una de ellas será la desamortización general (conocida como Madoz) que venía a completar las normas de las desamortizaciones de finales de la década de 1830. Se aprobara una ley de ferrocarriles en junio de 1855, que contemplaba los mecanismos de financiación para la construcción de nuevas líneas férreas pero que por otro lado buscaba también darle racionalidad al tejido ferroviario. También se aprobará en enero de 1856 una ley bancaria que contemplaba los requisitos exigibles para crear entidades de crédito y al mismo tiempo permitía que estas nuevas entidades emitieran papel moneda. Al mismo tiempo iban a crear una nueva Constitución que no llegará a promulgarse porque ese julio de 1856 un pronunciamiento de carácter moderado acabó con el poder de los progresistas. Esta recogía los más diversos derechos y libertades individuales.
6. Las transformaciones económicas
Hemos visto toda una serie de cambios en el orden político, económico, jurídico, social que señalaban el final del Antiguo Régimen y posicionaban a España en el umbral del capitalismo moderno. A la altura del año 1868, la tierra que constituía el principal recurso de la economía española se había convertido también en una mercancía más. También desaparecieron todas las trabas, todos los trámites jurídicos que limitaban la libertad de comercio, trabajo, mercado, etc. La ley de ferrocarriles antes mencionaba pretendía la racionalización de la línea ferroviaria pero también pretendía la articulación del territorio y crear un mercado único. En distintos puntos de la geografía española aparecieron las distintas industrias tanto siderúrgicas como textiles. Como último factor tenemos el crecimiento demográfico de España, que había pasado entre 1797 (10,5 millones de habitantes) y 1857 la población española había aumentado en 5 millones de habitantes.
La imagen de la sociedad española en esas décadas del siglo XIX se mantendría atrasada y subdesarrollada. Hay varios motivos para ello.
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pretendiente Carlos María, y será esta actitud la que llevó a los progresistas a endurecer su actitud frente a la iglesia.
Antes ya del gobierno de Mendizábal, ya durante la etapa progresista de Martínez de la Rosa en 1834 y después el Conde de Toreno iban a adoptar medidas concretas, con el primero se clausuraron y se desamortizaron los bienes de los monasterios lo que hacía que algunos se pasaran al bando carlista. Con el segundo se prohibieron las órdenes religiosas y la venta de sus bienes sin la previa autorización gubernamental. Ya en junio de 1835 se suprimía la Compañía de Jesús y su patrimonio se destina al pago de la deuda pública. Ese mismo año, en noviembre, con Mendizábal en el poder, se incrementan notablemente esas medidas desamortizadoras. Los objetivos que se pretendían obtener eran varios, por un lado obtener recursos para la guerra y para el pago de la deuda pública, y en última instancia contar con el apoyo de esos beneficiarios de esas desamortizaciones.
Los decretos más importantes se aprueban entre el 19 de febrero de 1836 y primeros días de mayo. Mediante ellos se suprimieron nuevos conventos y monasterios, se clausuraron colegios y centros de beneficencia y se pusieron en venta todos sus bienes de congregaciones religiosas que aún no habían sido privatizados. Tras esta desamortización habría que esperar hasta el Bienio Progresista, con Pascual Madoz como ministro de Hacienda, para que se reemprendieran las acciones desamortizadoras. En el caso de Madoz las medidas más importantes se iban a aprobar a partir del 1 de mayo de 1855, que en este caso se van a ampliar los bienes desamortizados, es decir, las propiedades rústicas y urbanas del propio Estado y de los ayuntamientos, el patrimonio de la iglesia que aún se mantenía, además de cuatro órdenes religiosas, la de San Pedro Alcántara, Santiago, Calatrava y San Juan de Dios.
La venta de todos estos bienes influyó de manera decisiva en la estructura de la tierra y los principales beneficiarios iban a ser miembros de la alta burguesía, también miembros de esa nobleza residual, y altos funcionarios también. Para dar cuenta de ello, en el caso de Málaga por ejemplo, tras la desamortización de Madoz se clasificaron como vendibles todo el patrimonio público del Estado y de los ayuntamientos (450. hectáreas) y se privatizaron también en las décadas siguientes más del 80% de los montes públicos que había en la provincia, más de 120.000 de las 150.000 hectáreas que aproximadamente salieron a la venta; en el caso de los bienes eclesiásticos que se habían puesto a la venta en los años 30, más del 70% habían sido ya vendidos en los 50.
Los beneficiados de esto entre otros fueron Manuel Agustín Heredia Martínez quien compraría parte del castillo de San Lorenzon así como el solar de la antigua cárcel municipal, por el que pagó unos 120.000 reales; otro comprador va a ser Martín Larios Herreros quien compra bienes de patrimonio del Estado en lo que se llama Puerta del Mar, además del solar del monasterio de San Pedro Alcántara de tal manera que en el 58 solo en contribución urbana Larios pagó más de 20.000 reales; por último destacamos al burgués malagueño de origen francés Francisco Reboul Sobrino le compra al ayuntamiento le compra el jardín de abadía, de aclimatación, por poco más de 5.
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reales y cuatro años después lo vende por 120.000 reales a un personaje desconocido de nombre Gabriel García y lo hace justo en el mismo momento en el que Reboul era precisamente concejal del ayuntamiento. Este Gabriel García se la vendería posteriormente a la familia Larios, dueña de la industria malagueña.
De esa manera la alta burguesía se hizo con un vasto patrimonio rústico y urbano por el que no siempre pagaron en efectivo, lo que cuestiona de alguna manera aquellos móviles que se habían fijado los gobernantes. El reverso de esta situación lo representaban las clases populares y obreras, que secularmente estaban avocadas a la indigencia y a la miseria, y a las que afectaron en buena forma las medidas de la desamortización. Sobre todo, el campesinado será el que padezca en mayor medida esas desamortizaciones, pues la privatización de esos millones de hectáreas fue un duro golpe para la tradicional vida del campesinado más aún cuando el propio Estado incumplió los compromisos que sobre el papel tenía, respecto a las leyes desamortizadoras, para pagar a los ayuntamientos esos bienes desamortizados.
En esos momentos, principio de 1860, más del 60% (exactamente el 63%) de la población activa vivía de la agricultura. Como consecuencia de ello los ayuntamientos iban a quejarse repetidamente ante las autoridades cómo la venta de los bienes municipales tenían que salir fuera muchas de familias que iban a recorres las calles de las ciudades mendigando. Pero al mismo tiempo ello iba a dar lugar a la explosión del malestar campesino que se iba a manifestar en la tipología clásica de los motines populares (quemando las cosechas, asaltando casas solariegas, destruyendo los registros de la propiedad…).
En 1840 exactamente, los campesinos en Casabermeja se manifiestan violentamente ante las puertas del ayuntamiento. Ese mismo año en el Puerto de Santa María los jornaleros toman las tierras del duque de Medinaceli. En 1844 en Morón de la Frontera sucede igual. En 1854 se ocupan las tierras de la duquesa de Montellano en Coín. Al año siguiente en el Colmenar se ocupan las tierras del duque de Arcos.
De todos los episodios, los más relevantes por las consecuencias que tendrían, son en primer lugar el levantamiento campesino El Arahal, de la provincia de Sevilla, tiene lugar a partir de junio de 1857 en esos días más de un centenar de jornaleros pidiendo a través de gritos pan y trabajo, asaltando el ayuntamiento, el registro de la propiedad y se trata de asaltar el cuartel de la guardia civil. Interviene el ejército y dispersa a los jornaleros. El balance final de ese episodio fue de 95 campesinos muertos, 34 de ellos fusilados en los días siguientes. Y en segundo lugar, el otro episodio, la llamada “revolución de Loja”. Tiene lugar en el año 1861 durante los meses de verano y estuvo dirigida por un albéitar (un herrador de caballos y al mismo tiempo veterinario) de nombre Rafael Pérez del Álamo. Los detalles de este acontecimiento lo conocemos precisamente por un folleto que escribió el mismo Pérez del Alamo. Detrás de estos acontecimientos se encontraba una sociedad obrera, llamada Sociedad Secreta Democrática Socialista Carbonaria Republicana Garibaldina. Esta sociedad, solo en la provincia de Málaga tenía más de 4.000 miembros, y se extendía por toda la Andalucía
