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Bogotá, 26 de abril de 2017 – Como resultado del control social
que realiza la Corporación Transparencia por Colombia, se
presentan los resultados del Índice de Transparencia de las
Entidades Públicas, que evalúa la gestión administrativa de las
entidades entre enero 2015 y abril del 2016. En esta oportunidad
fueron evaluadas 167 entidades del nivel nacional (75 entidades),
nivel departamental (32 gobernaciones y 32 Contralorías) y 28
municipios capitales.[1]
A través de esta metodología ciudadana de identificación de
riesgos de corrupción, desde hace 15 años la Corporación
Transparencia por Colombia le entrega al país y a las entidades
públicas la identificación de riesgos de corrupción que ponen en
peligro la gestión administrativa de estas entidades. Como señala,
Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación,
“los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la
administración pública un escenario de oportunidad para no solo
capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el
territorio y sus poblaciones. De esta manera la corrupción se
expresa a través de la captura del Estado, donde controlar el
sistema político y los procesos claves de la gestión administrativa,
tales como la contratación pública y el empleo público entre otros,
garantizan la manipulación de políticas públicas y provisión de
bienes y servicios públicos”. Por esta razón el control social sobre
los procesos administrativos es una contribución a la lucha contra
la corrupción.
Esta evaluación ratifica que los avances e innovaciones normativas
e institucionales no son suficientes para remover las prácticas
clientelistas y abusivas de los procesos de la gestión pública. En lo
formal Colombia avanza, y esas leyes modernas sin lugar a dudas
cumplen un papel clave en la transformación de la cultura. Sin
embargo, si no cambian las prácticas políticas y administrativas,
las normas no serán más que otro vehículo para la frustración e
incluso para la desinstitucionalización. Lograr un mejor Estado, que
sea capaz de garantizar desarrollo en condiciones de integridad,
obliga la acción de gobernantes, servidores públicos y ciudadanos.
Precariedad institucional en entidades
de justicia y sector agricultura, que son
pilares en la construcción de paz
Los resultados de la evaluación ciudadana señalan que las
entidades que portan los mayores riesgos en la rama ejecutiva son
las gobernaciones y alcaldías de categorías menores, con
calificaciones promedios de 51,0 puntos y 46 puntos sobre 100,
respectivamente, y los sectores nacionales de Justicia, con una
calificación promedio de 61,7 puntos sobre 100; Interior, con 62
puntos, y Agricultura y Desarrollo Rural, con 63 puntos. En la rama
judicial, de las dos entidades evaluadas la Fiscalía obtiene una
calificación que apenas alcanza los 50 puntos, mientras que en la
rama legislativa el Senado obtiene 55 puntos. Es importante
resaltar que tanto la justicia como la agricultura y el desarrollo
rural serán determinantes en la construcción del país del
posconflicto, y debe prestársele especial atención a estas
entidades para que sus procesos sean transparentes y que un
manejo corrupto de sus recursos o de los procesos que allí se
lleven a cabo no le generen al país una nueva frustración.
Alertas para destacar
- Contratación pública: mejora la publicidad de los procesos, siguen en deuda las garantías para la competencia y el cumplimiento de la supervisión. La contratación directa representa 74 por ciento en el nivel nacional, 59 por ciento para el departamental y 41 por ciento para el municipal. (Tabla 1). Ahora bien, en el nivel territorial más de 50 por ciento de las licitaciones cuentan con un solo proponente, 59 por ciento en el nivel departamental y 53 por ciento en las alcaldías. En el nivel nacional el 91 por ciento de las licitaciones lograron 3 o más proponentes. En el apartado de la supervisión continúan las alertas: promedio de calificación por debajo de 20 puntos a nivel nacional y de 40 a nivel territorial.
- Empleo Público: lento proceso de modernización El indicador de empleo público a nivel nacional logra una calificación promedio de 72 puntos sobre 100, lo cual da
la lucha contra la corrupción vienen adelantando de manera
sistemática y con un alto sentido de lo público. Líderes de política
pública y funcionarios públicos trabajan en políticas, estrategias y
planes innovadores para ser aplicados en los contextos nacionales
y locales. Su experiencia es valiosa y contribuye al aprendizaje
colectivo.
Transparencia por Colombia se suma a los esfuerzos institucionales
y sociales que buscanuna democracia más vigorosa y un Estado
más capaz, al tiempo que invita a los distintos estamentos de la
nación para que cumplan un papel activo en la lucha contra la
corrupción:
- Ciudadanos, al Cuidado de lo Público. Es necesario que más ciudadanos se sumen al control social como medio para proteger los asuntos públicos, desde lo electoral hasta los procesos de gestión pública, y más aún a lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la estrategia del posconflicto. Así mismo, invitamos a la ciudadanía denunciar con vigor los hechos de corrupción, a participar de manera activa en los procesos de rendición de cuentas y a sumarnos en alianzas que hagan posible que las cosas cambien.
- Autoridades públicas, a modernizar y reformar la gestión del empleo público en Colombia. El principal recursos de la gestión pública son sus servidores. Es necesario garantizar condiciones laborales estimulantes y que garanticen sus derechos. La presión del clientelismo y el contrato temporal no lo permiten.
- Órganos de investigación y sanción, a aumentar su eficiencia en los procesos de investigación que vinculan la corrupción en la política con la corrupción administrativa. Promover una acción integral de los órganos de control para proteger la participación política, la contratación pública, la provisión de bienes y subsidios y la incorporación de servidores públicos.
