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ESPAÑA MEDIEVAL – CURSO 2016 ‐ 2017 – PROF. GERMÁN NAVARRO ESPINACH
TEMA 3
La formación y desarrollo de una civilización oriental en la Península: Al‐Andalús (siglos VIII‐X) 3.1. Introducción: debates historiográficos y fuentes. La conquista musulmana de Hispania es un fenómeno más de la expansión del Islam tras la muerte del profeta Mahoma durante los cien años que van desde 632 a 732, concretamente en tiempos del califato omeya de Damasco (661‐750). Los musulmanes ya habían conquistado Ifriqiya (Tunicia) y el Magreb (Argelia y Ma‐ rruecos), y Musa era el gobernador de África en Túnez desde el 705 en representación del califa al‐Walid. La conquista de Hispania fue por consiguiente un nuevo ejercicio de guerra por parte de los musulmanes para la obtención de botín y riquezas sin tener en principio ánimo de ocupación estable. La situación de crisis general y de guerra civil en el reino visigodo de Toledo lo hizo posible. Lo que entra en contradicción directa con la postura historicista que defiende un plan premeditado del Islam contra Occidente. Las principales noticias que tenemos sobre la conquista de Hispania proceden de di‐ versas fuentes árabes y cristianas que oscilan entre la historia y la leyenda. Las informaciones más antiguas son de la crónica bizantina‐arábica anónima del 741 con carácter filomusulmán o de la crónica del 754 escrita por un clérigo cordobés, aunque existen muchos autores árabes de al‐Andalús o de fuera del territorio que des‐ de 779 aportaron ya datos al respecto. Del contraste general de esas crónicas se deduce en primer lugar que en la conquista y ocupación de Hispania por los musulmanes intervinieron de manera activa tres perso‐ najes principales: un visigodo llamado Julián (catalizador de los acontecimientos), un bereber de nombre Tariq y un gobernador árabe denominado Musa. El tal Julián era un cristiano que regía la zona magrebí del Estrecho con sede en Tánger y, posteriormente, en Ceuta, es decir, en nombre de Witiza, rey de los visigodos, con‐ trolaba territorial y marítimamente el Estrecho al menos desde antes de 706, cuando Musa conquistó el mismo Tánger, momento en que la propia sede de Julián hubo de trasladarse a Ceuta. La muerte de Witiza en 709 y el cambio de monarca al año siguiente desembocó en una actitud distinta por parte de Julián que entonces se manifestó colaborador de los
musulmanes frente al nuevo rey Rodrigo. Lo cierto es que, cuando Musa se dispuso a atacar Ceuta ese año 709, Julián firmó un pacto de sumisión con los musulmanes al estilo del que firmó después Teodomiro, y se comprometió a introducirlos en Hispania. A partir de esa coyuntura, en 710 se produjo cierta algara de un tal Tarif, encaminada a comprobar la viabilidad de aquella propuesta, con 400 infantes y 100 jinetes transpor‐ tados en cuatro barcos de Julián al otro lado del Estrecho, fundando el campamento de Tarifa y atacando Algeciras. Posteriormente, entre julio y agosto de 711 un jefe magrebí llamado Tariq, lugarte‐ niente de Musa, desembarcó en Hispania con 10.000 bereberes, 2.000 árabes y 700 mercenarios negros, construyendo su campamento en Gibraltar (la montaña de Tariq), derrotando después durante los días 19 ‐ 26 de julio al ejército visigodo del rey Rodrigo a orillas de un río (el Guadalete) entre Chiclana y Barbate, en los alrededores de Cádiz. La ocupación del antiguo reino no tardó en hacerse efectiva con la conquista de Toledo en 712. El ejército cristiano estaría compuesto por unos 30.000 soldados repartidos en bandos nobiliarios. Rodrigo venía con los suyos de luchar contra los vascones y se le unieron los hermanos de Witiza (Oppas y Sisberto) que también habían pactado con los musulmanes. Así se entiende la derrota total y la muerte de Rodrigo en el campo de batalla, ante la indiferencia de la mayoría de la población peninsular (4 o 5 millones de personas). Ni los hispanorromanos ni los prerromanos ayudaron a los visigodos (éstos debían ser cerca de 100.000). Incluso hubo colaboracionismo con los musulmanes por parte de los judíos, perseguidos duramente por las leyes de los concilios visigodos. Más que una acción de envergadura, oficial, preparada y programada, las fuentes pa‐ recen estar recogiendo el resultado final de un efecto “bola de nieve” producido, se‐ gún Chalmeta, por una serie de iniciativas individuales, más o menos inconexas. Tanto si tomamos al pie de la letra las fuentes como si nos quedamos con la sensación global, es obvio que todos los autores ven la ocupación de al‐Ándalus como algo im‐ provisado, no programado, que se está construyendo sobre la marcha. El porqué de la “pérdida de España” en manos musulmanas será justificado obsesiva‐ mente por las crónicas cristianas y cantado por los juglares mediante una leyenda, la de la Cava (“cava” en árabe significa prostituída o violada), esto es, la traición de Julián. Lo que se narra en la leyenda no acaban de confirmarlo las fuentes y resulta extraño en relación a los acontecimientos que conocemos. La recoge por escrito y en extenso la Crónica Sarracina o Crónica del Rey Don Rodrigo compuesta por Pedro de Corral a mediados del siglo XV, alcanzando su máxima difusión en el Romancero Viejo que re‐ coge las viejas tradiciones orales de los juglares. Cuenta pues la leyenda que el conde Julián había entregado a una hija suya como don‐ cella al servicio del rey Rodrigo, el cual se enamoró de ella y al no verse correspondido
Finalmente, hacia 732 se las entregaron en calidad de iqta (beneficio) pero a partir de las propiedades que estaban incluidas en la quinta parte que se había reservado al tesoro califal, acabando por ser cultivadas dichas parcelas en beneficio del estado. Al‐Andalús fue un distrito bajo el mando militar y político de un valí (gobernador) des‐ de el final de la conquista en 716 hasta 756 con la toma del poder por Abd al‐Rahman I, príncipe omeya que se había exiliado en Córdoba huyendo del nuevo califato que en Bagdad fundaron sus enemigos los abbasíes. Durante esta etapa (716‐756), que suele denominarse “emirato dependiente”, el califa omeya de Damasco (o en su nombre el gobernador general del norte de África en Kai‐ ruán) designaba directamente valíes con plenos poderes para toda la Península Ibérica. Estos valíes dividieron el territorio en una veintena de distritos administrativos o coras y, a su vez, al frente de cada uno de ellos pusieron alcaides o jeques que eran delega‐ dos militares suyos. 3.3. La creación del estado neo‐omeya: el emirato de Córdoba (siglos VIII‐X). Mientras tanto y en contraste, el fortalecimiento de la casta árabe como latifundista se hizo evidente y no tardó en estallar el año 741 una revuelta importante entre los bere‐ beres. Para calmar esa insurrección bereber llegó como apoyo un ejército de 7. sirios de Balch. La presencia como exiliado del príncipe omeya Abd al‐Rahman I en al‐Andalús se en‐ tiende por el contexto favorable que supuso ese contingente de sirios entre los cuales se encontraban muchos partidarios suyos. La lejanía del nuevo centro califal de los abbasíes en Bagdad desde 750 facilitó asimis‐ mo la proclamación de Abd al‐Rahman como emir (término islámico que significa sobe‐ rano investido de autoridad). Es la nueva etapa del llamado “emirato independiente” que durará hasta el momento en que su descendiente Abd al‐Rahman III rompa de manera definitiva con Bagdad autoproclamándose califa (sucesor del enviado de Dios o príncipe de los creyentes). Los árabes y los bereberes tendieron a convertirse en una milicia móvil, receptora permanente de rentas estatales por la venta o simple requisa de bienes inmobiliarios o muebles. La elite árabe, de hecho, no tardó en transformarse en clase terrateniente a cuenta de las extensas posesiones abandonadas por los antiguos esclavistas o procedentes del patrimonio público del derrotado régimen visigodo. Se transformaron poco a poco, sin alterar el régimen de propiedad anterior, en una casta militar dominante frente a los demás grupos musulmanes no árabes, no sin la hostilidad de éstos.
Una de las primeras manifestaciones del ejercicio de su soberanía fue la acuñación del término al‐Andalús para definir el nuevo territorio político en las monedas, equiparán‐ dolo al de Hispania. Pero la moneda no sólo fue un símbolo de primer orden sino también un instrumento operativo y solvente con unas equivalencias fijas desde 760 con Abd al‐Rahman I, con‐ sistentes en diez dirhemes de plata por cada dinar de oro. También se nombraba al‐Andalús en los textos de los tratados de paz que firmaban. Del mismo modo llevaron a término la creación de una capital (primero Sevilla y luego Córdoba) o el nombramiento de gobernadores entre sus jefes tribales, y todo ello an‐ tes del año 720. Desde esa fecha, finalizada la situación de guerra e implantado un primer ordenamien‐ to político del territorio, las ciudades pasaron a convertirse muy lentamente en los centros neurálgicos del nuevo estado, tanto para ejercer desde ellas el control político del espacio como para irradiar desde ellas la islamización sobre las formas culturales y religiosas precedentes de la Hispania visigoda. En el fondo, la revitalización política de las urbes significaba la vuelta a la vieja tipología romana del poblamiento peninsular aunque desde la perspectiva de un modelo de civilización distinto. Pero la configuración del nuevo estado sólo se lograría inevitablemente a través de la armonía entre los segmentos tribales y el autoritarismo despótico. La legitimación política de los emires omeyas de Córdoba frente a los califas abbasíes de Bagdad será otro factor importante en la construcción del estado. Y ello a pesar de la usurpación del poder califal que esta situación supuso. Pero la falta de una doctrina política en el Corán o en la Sunna significaba que cual‐ quier poder, incluso el usurpador, era preferible a la anarquía ( son preferibles sesenta años de tiranía a una hora de motín ). Con el tiempo, la defensa sistemática de una doctrina oficial uniformadora (la malequí) permitiría a las autoridades omeyas eliminar cualquier tipo de interpretación disidente que facilitase actitudes heréticas o subversivas por ese motivo. Y el esfuerzo doctrinal en pos de la ortodoxia se acompañó de la creación del sistema de instituciones necesario para el gobierno y administración de los recursos. El territorio de al‐Andalús quedó dividido en unas 22 circunscripciones o coras, gober‐ nadas por jefes tribales desde las principales ciudades, sin abarcar nunca todo el espa‐ cio peninsular. Con el estado neo‐omeya emergieron las fronteras y éstas fueron las tres marcas: su‐ perior (Zaragoza), media (Toledo) e inferior (Mérida).
Al precedente poder político de los emires, Abd al‐Rahman III unió la jefatura religiosa de la comunidad islámica de al‐Ándalus, sobre todo para afirmar la independencia de su territorio respecto a toda autoridad superior, especialmente frente a las pretensio‐ nes universalistas de los califatos abbasí de Bagdad o fatimí de El Cairo. El hecho pretendía reforzar la cohesión de la población hispanomusulmana, traducien‐ do en términos políticos y religiosos el propio éxito del proceso de islamización penin‐ sular que en el siglo X devino ya una realidad indiscutible. Aun así no se pudo evitar la falta de compromiso de una mayoría de la población. Aun‐ que asumiese la identidad musulmana propia del estado, la gente vivía siempre subyu‐ gada de acuerdo a los modelos del despotismo oriental. Las empresas que proponía en su propio beneficio la minoría que disponía de poder de decisión y de control del aparato estatal se hacían sin contar con la opinión de la ma‐ yoría social. De derecho, el califato sólo se sostuvo hasta 1031 y de hecho murió con el primogénito de Almanzor, Abd al‐Malik en 1008. Duró unos setenta años más o menos. A partir de ese momento, roto el barniz de unidad, los particularismos de toda especie, siempre vigentes en el fondo, salieron a la superficie y el espacio político se fragmentó hasta la atomización. Los acontecimientos militares más importantes tuvieron lugar con las expediciones de Abd al‐Rahman III hacia el primitivo condado de Castilla en 934 ‐939. Pero la coyuntura de máxima agresión sobre los territorios cristianos corresponde a las incursiones de Almanzor, verdadero gobernante de al‐Andalús cuando fue primer mi‐ nistro en tiempos del califa Hisham II: ataques a Barcelona (985), León (988) o Santiago (997). La recuperación de la iniciativa militar y política en la Península frente a los poderes locales o en el norte de África con el control de la ruta del oro de Sudán fue posible en tiempos de Abd al‐Rahman III, autoproclamado califa en 929. A pesar de todo, su dominio incontestable gracias a la prosperidad económica y el mili‐ tarismo siguió siendo en el fondo frágil. La burocracia y el ejército del estado califal eran los principales consumidores de re‐ cursos de al‐Andalús –el principal negocio o empresa del territorio por decirlo así–, papel que se trató de conservar con la aplicación de un nuevo impuesto ( qabala ) sobre la actividad comercial. El estado quería lucrarse de las fuentes de riqueza del país. La afluencia de dinero permitió una importación creciente de soldados mercenarios y esclavos a sueldo para un ejército cada vez menos tribal y más controlable.
La burocratización ascendente derivó en la aparición de una nueva nobleza de servicio, fundamentalmente bereber, que se añadió en la cúpula del poder a la nobleza de san‐ gre árabe de toda la vida. La distancia entre las gentes que participaban en la política ( jassa ) y la masa social aje‐ na a ella ( amma ) abrió un abismo entre estas dos castas o estamentos en el seno de una civilización que ya tenía profundas jerarquías de sexo, edad, etnia y clases sociales. Esa falta de representatividad de la gran parte de la sociedad andalusí que tuvieron los dirigentes del califato se suplía a través de la coerción por fuerza militar para obtener los impuestos de una fiscalidad bien atenta a la coyuntura económica favorable. Algo que hace seguir insistiendo en las bases extremadamente frágiles sobre las que se sustentaba el califato de Córdoba como estado. El califa era un monarca autócrata de poder absoluto que se impuso además como jefe espiritual y temporal en la sociedad. Presidía personalmente la oración solemne de los viernes, juzgaba en última instancia, acuñaba monedas con su propio nombre y decidía sobre el gasto público. Era, además, generalísimo de los ejércitos y dirigía la política exterior. Existía un ceremonial de investidura como soberano que se desarrollaba siguiendo la tradición oriental y, en vida, los califas nombraban a sus sucesores. En torno al soberano estaban los altos personajes de la corte ( hayib y visires). Los re‐ sortes de la administración central los conformaban la casa real, la cancillería y la ha‐ cienda, repartidas en una serie de oficinas dentro del recinto de palacio ( diwan ). El jefe de la cancillería o escribanía emisora de documentos tenía el título de secretario de estado. Existía un servicio de correo a través de palomas mensajeras y todo un sis‐ tema de comunicación visual de señales de fuego o humo a través de una tupida red de torres vigias. Diversos tesoreros y contables se encargaban de la recaudación de impuestos y rentas (limosna legal, diezmos, tasas extraordinarias, etc.) y de la gestión de los recursos eco‐ nómicos del estado, con registros de ingresos y gastos. Paralelamente, el soberano andaluz poseía su tesoro privado. La ideología del estado descansaba inseparablemente sobre el Islam como aún sigue sucediendo en los países islámicos en la actualidad, por ejemplo, en Arabía Saudí cuyo texto constitucional es el Corán. Todo ese sistema de instituciones centrales se proyectaba sobre el territorio peninsu‐ lar mediante una administración provincial: coras y marcas con autoridades delegadas del poder central, sin contemplarse otra forma distinta de poder (no existía nada pare‐ cido al municipio).
de los imperios musulmanes del Magreb, derivando esto último en situaciones de ab‐ soluta dependencia y sumisión respecto a ellos, almorávides y almohades. Las denominadas “primeras taifas” duraron desde 1031 hasta la llegada de los almorá‐ vides (1086). Unas “segundas taifas” vivieron bajo la dominación de éstos desde 1086 hasta la época de los almohades (tras 1147). Finalmente, unas “terceras taifas” perduraron en al‐Andalús desde la derrota de los almohades en las Navas de Tolosa (1212) hasta la conquista de Granada (1492). En el mapa político del siglo XI los reyes cristianos y musulmanes comenzaron a impo‐ nerse tributos anuales ( parias ) en concepto de protección militar entre unos y otros, indiscriminadamente, sin atender de forma necesaria a redes de alianzas basadas en el credo religioso. Pues bien, en ese contexto del siglo XI han sido identificadas las siguientes taifas agru‐ padas según su localización geográfica y la composición étnica de sus gobernantes. En la antigua marca superior de al‐Andalús destacaba la taifa de Zaragoza gobernada desde 1018 por familias árabes hispanizadas, los Banu Tuyib y los Banu Hud, hasta las conquistas almorávide de 1110 y cristiana de 1118. Cuando Sulayman ibn Hud, rey de Zaragoza (1046‐1049), repartió el reino entre sus cinco hijos fue cuando surgieron otras taifas menores en su entorno, a la vez que co‐ menzaba la etapa de mayor hegemonía de la propia Zaragoza con el famoso rey Ah‐ mad I al‐Muqtadir (1049‐1082), hijo del citado Sulayman y fundador del palacio de la Aljafería (casa de la alegría). Téngase en cuenta que Zaragoza fue la única taifa junto con Sevilla que logró un ex‐ pansión considerable. De hecho, las taifas eslavas de Tortosa y Denia fueron agregadas a la de Zaragoza en tiempos de al‐Muqtadir. Existió también una taifa en Huesca antes de 1023 que hacia 1046 ‐ 1047 estaba contro‐ lada por Zaragoza hasta su anexión definitiva. También en Tudela y Calatayud los Banu Hud tuvieron sendas taifas independientes hacia 1046 ‐1048, absorbidas luego por Za‐ ragoza. Esta misma familia había proclamado otra taifa en Lérida que tras un tiempo depen‐ diente de Zaragoza pasó a integrarse en la taifa de Denia, reino éste al que se unió también la taifa eslava de Mallorca, siendo finalmente conquistadas todas ellas por los almorávides. Al sur de Zaragoza estaba Albarracín ( al‐sahla , la llanura), gobernada por bereberes hispanos arabizados de la familia de los Banu Razim. En ese sentido, las tierras de la
actual provincia de Cuenca y la parte sur de la de Teruel eran las que, en líneas genera‐ les, comprendían la cora de Santaver en la marca media de al‐Andalús. En esta jurisdicción Albarracín era un enclave que dominaba un mundo aparte, una región intermedia entre la marca superior y la marca media, entre Valencia y Zaragoza. Los geógrafos árabes apenas describen esta zona. Parece como si toda la parte que comprende en la actualidad la provincia de Teruel se hallara borrada del mapa de la España musulmana. Por ese motivo resulta interesante detenerse en su estudio bre‐ vemente. Se ha estimado que la ciudad islámica de Albarracín alcanzó una extensión entre 9 y 11 hectáreas y media (1 ha = 10.000 metros cuadrados), lo que debió suponer una pobla‐ ción tal vez en torno a los 3.200 habitantes en sus mejores tiempos. Según las fuentes árabes y cristianas, en los siglos XI y XII formaban parte de la Sahla o demarcación de los Banu Razim, además de los castillos de Castielfabib y Calamocha, los de Ródenas, Cella, Alfambra, Jarque, Gúdar, Monteagudo, Camarena, Monreal, Singra, Torre de la Cárcel, Teruel y Villel. Toda una faja de castillos que, por tanto, formaban de norte a sur desde Calamocha a Castielfabib un cortejo de guardianes al este de la medina de Albarracín. Es Ibn Hazm quien nos da la primera cita referente a Teruel ( Tiruwal, Tirwal ) y Villel ( Billal ) en época musulmana. Ambos como poblaciones o castillos existían ya en la pri‐ mera mitad del siglo XI y su composición étnica era sobre todo bereber a tenor de las noticias referidas a los Banu Gazlún como jefes militares poseedores de estos lugares. Hubo también una comunidad mozárabe en torno a la primitiva iglesia visigoda de San‐ ta María de Albarracín con su obispo. Había muladíes o musulmanes nuevos descen‐ dientes de esos antiguos cristianos hispanogodos que en el momento de la conquista musulmana se hallaban en aquellas tierras. Existieron también familias de origen árabe, yemeníes algunas de ellas, a juzgar por sus nisbas Fihrí, Yahsubí, Abdarí y Hasimí que se encuentran en los nombres de personajes de Santa María de Albarracín biografiados en diversos diccionarios musulmanes. Asimismo, las investigaciones arqueológicas, documentales y toponímicas sobre Cu‐ tanda, Ródenas o las explotaciones metalúrgicas de Sierra Menera nos desvelan datos importantísimos sobre la actividad económica del campesinado musulmán de estas tierras de frontera. Al sur de Albarracín, entrando ya en Sharq al‐Andalús estaba la taifa de Alpuente (loca‐ lidad de la actual serranía valenciana) gobernada por muladíes hispanos arabizados de la familia de los Banu Qasim desde antes de 1029 hasta su conquista almorávide en
Los almorávides ( al‐murabitum , los consagrados a Dios, los ermitaños, los habitantes de las rábidas) eran de la tribu berberisca de Lamtuna, familia de los Sinhaya, situada al sur del Atlas en Marruecos. Propagando la más estricta ortodoxia musulmana se lanzaron desde 1042 a la conquis‐ ta de todo Marruecos desde el Senegal a la mitad de Argelia, fundando bajo la depen‐ dencia religiosa del califa abbasí de Bagdad un gran imperio marroquí con capital en Marrakex y en el que sus gobernantes se conformaron con utilizar el título de emires o príncipes musulmanes. Tras aceptar la solicitud de ayuda de las taifas andalusíes, su emir Yusuf ben Tasfín pa‐ só a la península con sus tropas derrotando a las huestes cristianas de Alfonso VI en 1086 en la batalla de Zalaca o Sagrajas, en las proximidades de Badajoz. Posteriormente, cuatro años después, en 1090 los almorávides regresaron de nuevo a la península con intención de destituir, matar o deportar a los reyes de las diferentes taifas y así, una vez unificado al‐Andalús, anexionarlo al gran imperio almorávide del norte de África. Tras el éxito de la conquista almorávide, cinco emires de este nuevo imperio musul‐ mán gobernaron África y al‐Andalús a partir de entonces: Yusuf ben Tasfín (1087‐ 1106), Alí ben Yusuf (1106‐1143), Tasfin ben Alí (1143‐1145), Ibrahim ben Tasfín (1145) e Ishaq ben Alí (1145‐1147). Desde el gobierno del segundo de ellos, Alí ben Yusuf, los almorávides ya estuvieron entretenidos en sofocar en Marruecos la sublevación de los almohades. Incluso en al‐ Andalus, concretamente en al‐Garbe (sur del Portugal actual) una secta de los muridín (los adeptos) promovían la rebelión contra los almorávides desde presupuestos fanáti‐ cos sufíes. Ahmad ben Qasí fue el iniciador de dicha revuelta en al‐Garbe apoyándose en los mis‐ mos almohades para ello y sin reparar tal vez en las consecuencias que tal hecho oca‐ sionaría. De esa manera, la situación permitió otra vez la independencia coyuntural de las taifas de Mertola, Évora, Silves y Faro en el actual territorio portugués, y las de Niebla, Jerez, Ronda, Badajoz, Málaga, Valencia, Jaén, Murcia, Córdoba, Granada y Mallorca, todas ellas las llamadas segundas taifas anti‐almorávides, depuestas progresivamente por la conquista almohade salvo Valencia y Murcia por un lado y Mallorca por el otro, hasta la conquista cristiana y, por supuesto, Granada mucho más allá. Desde 1121 una nueva tribu bereber del sur de Marruecos, los Masmuda, exaltada por las predicaciones de Muhammad ben Tumart, el Guiado, se sublevó contra los almorá‐ vides consiguiendo en una veintena de años derrotarlos totalmente, apoderándose de la capital de su imperio, Marrakex.
Esta nueva secta, los almohades ( al‐muwahhidum , los unitarios), intransigentes en la fe y reformadores profundos de las instituciones y costumbres islámicas, conquistaron gran parte de al‐Andalús y Túnez y construyeron el mayor imperio musulmán de Occi‐ dente. Independientes desde los primeros momentos de los califas de Oriente, el fun‐ dador de la dinastía, Abd al‐Mu´min ben Alí, zanata discípulo de Tumart, tomó para sí los títulos de califa y príncipe supremo del islam (1130‐1163). Desde 1147 su intervención en al‐Andalús contra los almorávides acabó por establecer, de hecho, una anexión directa del territorio. El califato almohade se mantuvo con los gobiernos de Abu Yaqub Yusuf (1163‐1184) y Abu Yusuf Yaqub (1184‐1199). La victoria más importante de los almohades contra los cristianos hispanos fue la bata‐ lla de Alarcos (fortaleza cerca de la actual Ciudad Real) en 1195, en la cual derrotaron al ejército del rey Alfonso VIII de Castilla, y por este triunfo Abu Yusuf Yaqub tomó el mismo apodo del nombre de Almanzor, el Victorioso. Dicho califa almohade concluyó en la gran mezquita de Sevilla el minarete hoy conoci‐ do con el nombre de La Giralda. La extensión considerable que ocupaba el imperio almohade fue una de las causas principales de su desintegración, puesto que le obligó a dispersar las fuerzas del esta‐ do. Desde principios del siglo XIII, además, los Banu Marín, tribu berberisca zanata de las regiones del sur iniciaron por motivos religiosos una guerra civil contra los almohades, al tiempo que Túnez se independizaba, y en al‐Andalús sufrían su peor derrota en el año 1212 frente a una coalición de reyes cristianos en la famosa batalla de las Navas de Tolosa (aldea de Jaén próxima a Despeñaperros). Dicha coalición la conformaban Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón, apoyados por los caballeros cruzados que había enviado el papa Inocencio III. Por añadidura, la taifa murciana lograba hacerse dueña de la mayor parte de al‐ Andalús fundando un reino anti‐almohade que perduró entre 1228 y 1269 hasta su definitiva conquista cristiana. Aún en este año 1269 fue cuando murió el último califa almohade. ¿Qué pasó en al‐Andalús después? Muchas gentes mudéjares vivieron en territorios cristianos como puede observarse en nuestro estudio citado sobre el caso concreto de Teruel y Albarracín. Son muchas las posibilidades de investigación que ofrecen las fuentes conservadas sobre su actividad política en forma de aljamas rurales y morerías urbanas, siempre en el contexto de su exclusión ideológica de la sociedad cristiana dominante.
Además, la mayoría de los productores de las ciudades y los campos eran trabajadores independientes que pagaban impuestos al estado. Había un claro vínculo entre el po‐ der estatal, la organización social y la civilización urbana. Se percibe con nitidez el reparto de la recaudación estatal entre las clases dirigentes, los lazos de esas elites con el estado, y el lugar de la ciudad, sede del poder y residen‐ cia de la clase superior ( jassa ), como centro de este dispositivo frente a la masa social ( amma ). Según Guichard, lo político, en suma, priva sobre lo económico y determina, en muy buena parte, la estratificación social. Por consiguiente, la sociedad hispano‐musulmana sufrió una lenta estratificación, pre‐ sidiendo la cúspide social la elite política ( jassa ) de ascendencia sirio‐arábiga, un con‐ junto de familias de distinto linaje que trajeron a la Península sus odios ancestrales. Los enfrentamientos entre qaysíes y yemeníes no impidieron que por encima de las diferencias tribales todos se consideraran árabes, es decir, privilegiados, y juntos com‐ batieran a sus principales enemigos los beréberes. Son los llegados a la Península durante los años de conquista, los integrantes de los chunds sirios que vienen a combatir a los beréberes y los compañeros de Abd al‐ Rahman I (que comienza su reinado en el año 756 cuando se proclama el emirato in‐ dependiente). Todos sin excepción y sea cual sea su clan o tribu actúan en al‐Andalús como una ver‐ dadera aristocracia que se equipara o sustituye a los nobles visigodos. A pesar de sus profundas diferencias tenían un elemento común: la apropiación de las mejores tierras de la Península correspondientes a los valles del Ebro y Guadalquivir; eran una minoría selecta formada por grandes latifundistas con sus clientes y patroci‐ nados, y solían tener el monopolio de las funciones miliares y judiciales, ocupando ele‐ vados cargos en la administración pública. Al margen de esta aristocracia árabe de terratenientes que fija su residencia en la ciu‐ dad y entre los que se reclutan los altos funcionarios civiles y militares (de los que pueden ser ejemplo Almanzor y sus ascendientes), está la nobleza de sangre integrada por los miembros de la familia omeya, que reciben cuantiosas pensiones del príncipe y con ellas propiedades agrarias y rentas inmobiliarias que gozan de exención fiscal. En un escalón por debajo, pero superiores en número, se hallaban los colectivos bere‐ beres, integrados en la amplía masa social ( amma ) y asentados en tierras de peor cali‐ dad (zona de la Meseta) donde parece que se dedicaron al pastoreo. Fue el grupo in‐ migrante más importante de la Península. Entraron en sucesivas oleadas provenientes del Norte de África en los siglos VIII, IX y X. No siempre tratada como población musulmana (cobro del impuesto territorial, reser‐
vado sólo a los no convertidos) se les mantuvo al margen del poder y sus rebeliones fueron frecuentes. Al igual que los muladíes, participaron activamente en las revueltas que se desencade‐ naron contra el poder cordobés durante el siglo IX. Con su entrada en el ejército califal (siglo X) su posición se vio reforzada, ya que su número se vio considerablemente aumentado con la llegada de contingentes berébe‐ res contratados como mercenarios por los califas y por Almanzor o llegados como vo‐ luntarios para la guerra santa que tan poco entusiasmo despertaba entre los árabes. Al desaparecer el califato, los jefes beréberes actuaron por su cuenta y crearon sus propios reinos de taifas tras poner sus tropas a disposición de quien les contratase. Frente a ellos, una inmensa mayoría de la población estaba integrada fundamental‐ mente por gentes de ascendencia autóctona hispanogoda, que conservaron su religión cristiana pero adoptaron la vida de los musulmanes. Unos pocos millares de personas y familias gobernantes y sus clientelas se reparten la riqueza que producía el campesinado, el artesanado y el mundo de los negocios, con la emergencia paulatina de una clase media que formó una incipiente burguesía dedica‐ da al comercio en los zocos. Al‐Andalús fue ante todo una civilización eminentemente urbana y con una cultura de influencia oriental, plural en religiones (mozárabes y judíos) y etnias (árabes, berebe‐ res, eslavos, etc.). Los hispanovisigodos tendieron tanto a la integración por medio de la islamización (muladíes) o de la excepción (mozárabes) como a la resistencia armada y el pacto con el ideal de Reconquista. La composición de la población de al‐Andalús era muy heterogénea. La estructura so‐ cial andalusí estaba condicionada por el origen étnico de cada grupo y por clases socia‐ les. Aunque el islam sólo reconoce un tipo de sociedad, la umma o comunidad de creyen‐ tes, los juristas islámicos fundaron el estatuto social sobre la condición de libres y es‐ clavos. Los esclavos fueron muy abundantes en el campo presentando unas situaciones preca‐ rias y trabajando para una aristocracia terrateniente. También existen esclavos domés‐ ticos en las ciudades. La esclavitud se adquiere bien por nacimiento o bien por cautiverio en las guerras. El Corán contempla la manumisión a través de las donaciones testamentarias; una vez son libertos pasan a depender de un patrono, su condición suele ser vitalicia y heredi‐ taria.
¿Qué es lo que quedó del estado andalusí? Una versión de los hechos en primera per‐ sona nos la ofrece ya el rey Abd Allah de Granada cuyo reinado se produjo entre 1075 y 1090. Un príncipe incapaz, criado en el serrallo y al que encaramaron siendo joven a un trono inestable en el cual pasaba a ser soberano de un estado de indecisas fronteras, en con‐ tinua cautela respecto a sus vecinos de las otras taifas tanto como de los cristianos. Recordemos que la gama de funciones políticas que desempeñaban los gobernadores de las antiguas coras o provincias del califato era muy amplia. Tenían jefatura militar y de ellos dependía la distribución del botín en la guerra, la reserva del quinto corres‐ pondiente al estado y el cobro de los tributos que pagaban cristianos y judíos. Eran delegados de la autoridad del califa puesto que podían acuñar moneda, aplicar justicia, etc., es decir, reproducían en al‐Andalús los cuadros administrativos ya cono‐ cidos como propios de los omeyas en Damasco. Cuando la ficción de la unidad religiosa se superó con la proclamación del califato, el califa devino en toda regla un monarca autócrata, revestido de poderes absolutos y así se mantuvo hasta la muerte de Almanzor en 1002. Sin embargo, siempre había existido también el carácter plenipotenciario de los go‐ bernadores de las provincias. Sólo cuando se produjo la desintegración del califato en 1031 con la división territorial mediante la cual las antiguas familias de gobernadores proclamaron los diversos reinos de taifas, sólo entonces fue cuando surgió un nuevo concepto de poder en al‐Andalus respecto al estado andalusí precedente. La rígida centralización de todos los servicios de la administración pública omeya se disolvió en sus tres instituciones principales, a saber, la casa real, la secretaría general o cancillería y la hacienda. La fuerte jerarquía de magistraturas del estado cordobés a cuya cabeza estaba el pri‐ mer ministro y los visires se desintegró. Los zabazoques, jefes de policia y los zalmedi‐ nas, delegados del califa en ámbito local –no existía la administración municipal tal y como la entendemos en el mundo cristiano– perdieron su referente principal y pasa‐ ron a adaptarse a la anarquía de cada uno de los nuevos reyes independientes. Los cadíes o jueces que aplicaban el derecho musulmán, basado en el Corán y la Sunna, se vieron abocados a actuar de esa misma manera. El estado andalusí se precipitó pues en mil pedazos, por no hablar de su ejército y marina. El materialismo y la indiferencia de los grupos dirigentes dieron al traste con la institu‐ ción califal y produjeron una de las más claras situaciones de desestabilización política conocidas en la España medieval. Tenemos información sobre algo menos de treinta taifas en la primera mitad del siglo XI. Hay tres rasgos destacables en su evolución política en esa centuria.
El primero es el proceso de concentración que llevó a las más importantes como Sevilla o Zaragoza a englobar y engullir a las más pequeñas de su entorno. Antes de que llega‐ sen los almorávides este proceso ya era manifiesto. Un segundo rasgo es la debilidad política y militar que mostraron algunas de estas tai‐ fas al enfrentarse con otras. Por último, esta situación anterior permitió la puesta en práctica de un mecanismo transformador de las relaciones políticas de la época que fue el cobro de parias por parte de los principados cristianos más fuertes sobre las taifas más débiles a cambio de protección y no agresión. La novedad era el hecho de que los cristianos tomaban por primera vez bajo su tutela a los musulmanes, aunque también mostraba que todavía se veían incapaces de con‐ quistarlos y someterlos definitivamente. En suma, la agobiante situación de la primera generación de reinos de taifas, nacidos en las décadas iniciales del siglo XI, asfixiados por la carga económica de las parias y enfrentados entre sí, les llevó a solicitar la ayuda militar de los almorávides, y a partir de este instante surgía también por vez primera un proyecto de reconquista islámica opuesto a la reconquista cristiana. Cuando la dominación almorávide se materializó prácticamente las taifas andalusíes habían desaparecido, salvo excepciones muy concretas. Siguiendo las investigaciones de Miquel Barceló en su libro El sol que salió por Occiden‐ te , podemos reconocer que el poder político en al‐Andalús y, en general, en todo esta‐ do antiguo, tiene por principal contenido un orden fiscal que necesariamente se expre‐ sa a través de la moneda que este mismo estado acuña en régimen de monopolio, por eso el estado se produce a sí mismo a través de su producción de moneda o viceversa. Pero no puede haber estado alguno sin la captura por parte de sus dirigentes de los beneficios económicos que produce el trabajo de los súbditos sobre los que gobiernan. La intervención centralizada que sobre la producción y distribución de bienes ejercía el estado andalusí como cualquier otro estado sobre su territorio era el sustento princi‐ pal del mismo. Recordemos que los pactos de paz como el de Teodomiro en los primeros tiempos de la conquista musulmana implicaban siempre el establecimiento de un sistema fiscal, poniéndose así en circulación monedas adecuadas para atender dichos tributos. Esa acción fiscal perduró en la administración omeya de Córdoba como se observa por ejemplo en Mallorca durante el siglo IX a través de los nuevos acuerdos alcanzados con las gentes de la isla.
