ACTA DE CONCILIACION
En la ciudad de Salta, a los 1 dias del mes noviembre del año dos mil veintiuno, ante Fiscalía ,
ante la JUSTICIA FEDERAL DE SALTA ,a cargo del juzgado Federal de Tartagal, en el marco del
Legajo FSA N° 008806/2016 caratulados “OLIVA SERGIO GERADO S / INFRACCION LEY
22.415 Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA. DEBERES. FUNCIONARIOS .PUBLICO (Art.248)
acompañado por su defensa técnica Dr. Joaquin Velez, a los fines dispuestos por los artículos
22 y 34 del C.P.P.F.____________________________________________________________
A continuación, se hace saber los hechos motivo del presente Legajo: Que el …. , se inició la
investigación por haber tomando conocimiento
Ahora bien, cabe recordar que el art.22 C.P.P.F, Dispone que los jueces y fiscales deben
procurar la solución de conflictos dando preferencia a las salidas alternativas, entendiendo que
este paradigma “…. Mejora las posibilidades de calidad en la respuesta estatal, pautando como
idea rectora loa solución de conflictos y dando preferencia a olas soluciones que mejor se
adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social. Ello se logra
a través de la autorización de criterios para la disposición de la acción penal publica por parte
del Ministerio Publico Fiscal, tantas veces reclamados para brindar respuestas menos
violentas y de mejor calidad...” El fiscal en representación de los Interés de la Sociedad
(afectada en este tipo de delitos) interviene en el acuerdo como parte agraviada. Los requisitos
que se deben verificar para loa realización de una conciliación surgen del art.34 del C.P.P.F y en
relación al art.59 inc. 6 del Código Penal, que prevé como causal de extinción de la acción la
“reparación integral del Perjuicio” que alude a la amplia gama de soluciones posibles. Por tales
razones, el juez debe homologar el acuerdo arribado “puesto que más allá del “nomen iuris”
de la institución, queda claro que la solución a la que se llega, se condice con los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, no resultando ilegitimo o ilegal” ya que la esencia del
sistema instituido se condice con el principio “ pro homine” y cumple con la utilización del
derecho penal como “ ultima ratio”. Este principio en su formulación más elemental , implica
que los medios violentos con los que el Estado cuenta resolver conflictos y llevar adelante sus
mandatos deben ser empleados siempre como último recurso , y solo en caso de estricta e
ineludible necesidad , ya que “ si la protección de la sociedad y los ciudadanos puede
conseguirse en ciertos casos con medios menos lesivos y graves que los penales , no es preciso
ni se debe utilizar esto”(2011:213) (Binder con cita de Luzón Peña) , por lo expuesto el derecho
penal debe ser analizado con una perspectiva
social._______________________________________________
De conformidad con los extremos señalados , esta Fiscalía entiende que corresponde que V.S.
homologue el presente acuerdo , aclarado que todo lo actuado encuentra correlación con los
lineamientos establecidos por el Procurador General de la Nación Interino , a través de las
Resoluciones PGN 33/2020 y 35/2020 , en donde encomendó a los fiscales con competencia
penal de país que procuren llevar a cabo todas las acciones que permitan continuar con la
representación del Ministerio Publico Fiscal de la Nación , en todos los procesos posibles,
teniendo presente los principios funcionales establecidos en el artículo 9 de la ley 27.148-
Orgánica del Ministerio Publico Fiscal de la Nación ; en especial , en lo referido a que su
actuación deben enderezarse a la “ des formalización “ – inciso h. Dentro de este orden de
ideas , de acuerdo a los lineamientos estipulados mediante las Resoluciones PGN 97/2009 y
13/2019, necesariamente deben también ser examinados ciertos aspectos de suma relevancia,
tales como evaluar la razonabilidad del ofrecimiento repara torio en correlato con los daños
ocasionados y en función a las particulares características del caso ;las necesidades de las
