Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro
Nacional de Inteligencia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Ley Orgánica es complementaria de la Ley 11/2002, de 7 de mayo, reguladora del Centro Nacional de
Inteligencia, y modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los efectos de establecer un control judicial de las actividades del
citado Centro que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución española.
Para las actividades que puedan afectar a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, la Constitución
española exige en su artículo 18 autorización judicial, y el artículo 8 del Convenio Europeo para Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales exige que esta injerencia esté prevista en la Ley y constituya una medida que, en
una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las
libertades de los demás.
A estos efectos, esta Ley Orgánica, cuyo alcance resulta de una interpretación conjunta con la Ley reguladora del Centro
Nacional de Inteligencia, determina tanto la forma de nombramiento de un Magistrado del Tribunal Supremo específicamente
encargado del control judicial de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, como el procedimiento conforme al cual se
acordará o no la autorización judicial necesaria para dichas actividades. El plazo para acordarlas será ordinariamente de setenta
y dos horas, pudiendo reducirse, de forma extraordinaria y por motivos de urgencia debidamente justificados, a veinticuatro
horas.
Artículo único. Control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.
1. El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo
competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten a la
inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el
cumplimiento de las funciones asignadas al Centro.
2. La solicitud de autorización se formulará mediante escrito que contendrá los siguientes extremos:
a) Especificación de las medidas que se solicitan.
b) Hechos en que se apoya la solicitud, fines que la motivan y razones que aconsejan la adopción de las medidas solicitadas.
c) Identificación de la persona o personas afectadas por las medidas, si fueren conocidas, y designación del lugar donde
hayan de practicarse.
d) Duración de las medidas solicitadas, que no podrá exceder de veinticuatro horas en el caso de afección a la inviolabilidad
del domicilio y tres meses para la intervención o interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o de
cualquier otra índole, ambos plazos prorrogables por sucesivos períodos iguales en caso de necesidad.
3. El Magistrado acordará, mediante resolución motivada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, la concesión o
no de la autorización solicitada. Dicho plazo se reducirá a veinticuatro horas, por motivos de urgencia debidamente justificados
en la solicitud de autorización del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia que, en todo caso, cont endrá
los extremos especificados en el apartado anterior de este artículo.
El Magistrado dispondrá lo procedente para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que tendrán la clasificación de
secreto.
4. El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia ordenará la inmediata destrucción del material
relativo a todas aquellas informaciones que, obtenidas mediante la autorización prevista en este artículo, no guarden relación
con el objeto o fines de la misma.
Disposición adicional única. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
1. Se modifica el artículo 125 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que tendrá la siguiente redacción:
«125. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial tendrá las siguientes funciones:
1. Ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial.
2. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de
calidad.
3. Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
