S3. LA POLÍTICA CRIMINAL EN ESPAÑA
Actividad 3.1
García Arán, M.: “Constitución y Derecho penal, veinte años
después”, en Nieto García, A. (Coord.).: Homenaje al Dr. Marino
Barbero Santos, In memoriam Vol. I, Cuenca, 2001, págs. 285-297.
1. Según la autora, ¿en qué clase de aspectos del Derecho penal es
donde se manifiestan más claramente los cambios constitucionales?
¿Por qué?
2. ¿Hay algún límite en la Constitución para la selección de los
comportamientos punibles? En su caso, ¿cuál es y qué consecuencias
tiene?
3. Pon algún ejemplo de alguna repercusión que haya tenido la
Constitución en el Derecho penal. Y señala si consideras que ha sido
un cambio positivo o negativo desde el punto de vista político-
criminal.
4. Define y señala un ejemplo de los siguientes fenómenos:
a. Administrativización del Derecho Penal
b. Panpenalización del Derecho Penal
c. Privatización del Derecho Penal
5. Explica las siguientes afirmaciones:
a. “La ley penal no sólo responde a una realidad política más cambiante sino que tiene
mayor vocación de incidir en ella mediante la generación de valores que demandan
ser protegidos en cada nueva situación”.
b. “Las repercusiones más importantes de un marco político y constitucional
democrático sobre el derecho penal no se producen necesariamente en los discursos
legitimadores de la intervención penal, sino en los límites de cada uno de ellos y,
sobre todo, en la selección de lo punible”.
c. “En todo ello está presente también cierto poder de fascinación colectiva que sigue
teniendo la ley penal, asociada a las ideas de castigo y justicia, que le atribuye
facultades cuasi-mágicas en la solución de problemas”.
d. “Si el bien jurídico es lo suficientemente importante como para necesitar protección
penal, la persecución procesal y la pena deben ser absolutamente indisponibles para
la víctima”.
e. “Debe formularse una seria advertencia sobre determinados signos de recurso
desproporcionado al derecho penal como los que se han citado y que demuestran
una preocupante concesión del poder legislativo a las pretensiones punitivas y
vindicativas que se expresan en el seno social y que el ordenamiento jurídico
debería aspirar a limitar y racionalizar”.
Política Criminal 2018
