¡Descarga Porque la privatización tiene mala prensa y más Resúmenes en PDF de Economía solo en Docsity!
perspectiva
A M É R I C A L A T I N A
¿Por qué la privatización
tiene mala prensa?
Álvaro Vargas Llosa
Académico asociado del Independent Institute de California, Estados Unidos.
L
a privatización de empresas es- tatales, que era indispensable pero estuvo muy mal hecha, ilustra la falla fundamental de las reformas latinoamericanas de la última década y media. Obsesionaba a los gobiernos la urgencia de obtener ingresos provenientes de las ventas de sus empresas o la reducción de obligaciones por medio de intercambios de deuda por inversión. Por tanto, actuaron
como si los activos estatales pertenecieran al Estado como tal y no a esos trabajadores que habían mezclado con ellos su trabajo o a todos aquellos miembros de la sociedad que de una forma u otra habían sido for- zados a mantener su existencia. Si los go- biernos hubieran sido conscientes de esta cuestión filosófica esencial relacionada con la propiedad, no habrían transferido mono- polios ni empresas protegidas bajo distinta forma contra potenciales competidores. Por ejemplo, hubieran podido transfe- rir los activos a los trabajadores de esas em- presas y en los casos en que no hubiera si- do posible, a todos los ciudadanos, dejando
que ellos a su vez, en cuanto dueños de las acciones, decidieran a quien venderlas me- diante una transacción libre de interferen- cia gubernamental^1. Muchos inversionis- tas habrían de todas formas apostado por esos entes, con el correspondiente y obvio beneficio para los trabajadores convertidos en capitalistas, así como para el público en su conjunto, y sin las implicancias tan ne- gativas que tuvieron lugar por la forma en que se procedió. Algunos de los trabajado- res hubieran decidido, tal vez, no vender los activos y, más bien, intentar administrar con éxito ellos mismos sus empresas, en un ambiente competitivo. Algunas empresas
perspectiva
hubieran tenido que ser liquidadas, sin du- da, pero la alternativa – la transferencia del costo de su existencia artificial a la socie- dad– era peor. Recientemente, ocho millo- nes de españoles se volvieron propietarios gracias a las privatizaciones. Nada de eso ocurrió en América Latina. Argentina justificó la concesión de su servicio postal (anulada años después) ar- gumentando que era la única manera de equilibrar el presupuesto; Colombia explicó hacia finales de la década que la venta de siete empresas de servicios básicos repre- sentaba la única forma de equilibrar la ba- lanza de pagos; Venezuela anunció que la privatización era indispensable para pagar la deuda del Estado; México y Perú presen- taron la privatización como la única vía dis- ponible a fin de producir el dinero necesa- rio para la asistencia social. Estos objetivos errados ni siquiera se cumplieron. Los déficit crecieron, como en el caso de Argentina, donde el presidente Menem dejó el poder con un desbalance presupuestal de 10.000 millones de dóla- res. La deuda latinoamericana en su con- junto se disparó a un nivel sin precedentes: 600.000 millones de dólares (la deuda es- tatal brasileña ascendió en 2002 a cuatro veces sus ingresos derivados de las expor- taciones). Así mismo, los más de 2. millones de dólares destinados al alivio de la pobreza en Perú y los 250.000 comités en que fueron organizados los pobres en México bajo el Programa Nacional de So- lidaridad, sirvieron al propósito de estable- cer eficientes maquinarias de clientelismo político, fortaleciendo las burocracias esta- tales de los pueblos y localidades que ad- ministraban sus propias obras públicas. El resultado fue esta paradoja: tras desemba- razarse de muchas empresas que perdían dinero, ¡el Estado latinoamericano siguió absorbiendo un porcentaje similar o mayor de la riqueza del pueblo! Pero la impugnación central que debe hacerse no es que los objetivos de la privati- zación no fueron realizados. El problema es- triba en los objetivos mismos. Si la preocupa- ción primordial de los gobiernos en relación con las empresas estatales era la carga fiscal que representaban, y si vender activos cons- tituía la gran oportunidad de obtener nue- vos recursos, la privatización estaba, por de- finición, viciada por el estatismo. Actuando en cuanto grupo de interés que además fija-
ba las reglas y tomaba las decisiones, el Es- tado buscaba, mediante la privatización, sus propios beneficios. El hecho de que algunos de esos ingresos fueran luego redistribuidos a los pobres, como ocurrió en Perú con par- te del dinero de las ventas, agrandó el pro- blema: surgió una nueva dependencia y, una vez detenidos los ingresos relacionados con las privatizaciones, aquellos que habían “adquirido” el derecho a disponer de ellos salieron a las calles. Por eso, los gobiernos acabaron elevando los impuestos. En 2003, el Impuesto General a las Ventas se incre- mentó a 19% en Perú y el gobierno creó un impuesto a las transacciones bancarias. Todos los Estados que se han propues- to obtener recursos se han aliado con in-
dad para crear riqueza se había agotado, fueron reemplazadas por nuevas elites, he- chas de intereses locales y foráneos atados a la economía exportadora y a los círculos financieros: versión expandida y muy ac- tualizada de las viejas elites “capitalistas” anteriores al despunte del nacionalismo económico en América Latina. En todos los países, el Estado, mediante la concesión de monopolios, la promulgación de reglamen- tos discriminatorios o el uso de subsidios, facilitó la creación de nuevos grupos que pasaron a dominar amplios espacios de la economía. La transición del nacionalismo económi- co al mal llamado “neoliberalismo” fue un cambio en la posesión de activos, pero no en el trato dado a los derechos de propiedad. Cambiaron de manos las posesiones, pero los derechos de propiedad siguieron siendo pre- rrogativa estatal. Es más: el propio rol del go- bierno como entidad que vendía empresas estatales a oferentes privados, reforzó la idea de que los derechos de propiedad son conce- siones del Estado, premios que confiere el po- der político a cambio de algo. La privatización mal hecha – una transición de la posesión es- tatal a la privada– entronizó la noción de que la propiedad es una concesión política, no una ley universal que coloca los derechos en la esfera de cada individuo, más allá del poder del Estado, de modo que pueda ser objeto de libre contrato e intercambio. La privatización, que era indispensa- ble, fue una saludable renuncia a la parti- cipación del Estado en la producción y el comercio (con muchas excepciones). Pero, por llevarse a cabo de forma tan poco con- secuente con los principios de la sociedad li- bre, no resultó una abjuración de la idea del Estado como la fuente de los derechos de propiedad para servir sus propios fines. En lugar de una dispersión del poder a lo largo y ancho de la sociedad en desmedro de la autoridad política, ocurrió una rotación del poder alrededor del eje del Estado. La privatización puso en evidencia que los monopolios son creaciones del Estado, desmintiendo la noción de que se trata de males “capitalistas”. Para elevar el precio de los activos y atraer la participación de po- derosas corporaciones con acceso al crédi- to, la mayor parte de las transferencias en el campo de las telecomunicaciones y de los servicios básicos cobró la forma de una prebenda monopolística.
Ningún Estado cuya principal preocupación es su propia subsistencia opera bajo el principio de que la sociedad, en la medida en que crea riqueza, producirá los impuestos necesarios para la preservación de la estructura política que la cobija.
tereses privados capaces de garantizarles su tajada: el mercantilismo hecho esencia. Ningún Estado cuya principal preocupa- ción es su propia subsistencia opera bajo el principio de que la sociedad, en la me- dida en que crea riqueza, producirá los im- puestos necesarios para la preservación de la estructura política que la cobija. Lo que tiende a ocurrir, y fue el caso en América Latina, es que el Estado se alía con intere- ses privados capaces de suministrarle a cor- to plazo los ingresos que ansía. Porque la alianza entre el Estado y los intereses pri- vados giró sobre el goce de la transferencia de activos estatales a empresarios privados, es decir, de la privatización, se ha cometido la equivocación de entender el proceso co- mo reforma “liberal”. La privatización se volvió un instru- mento mediante el cual las elites estatistas del nacionalismo económico, cuya capaci-
perspectiva
los reguladores”^2 , lo que al final crea condi- ciones para la demanda de mayor interven- ción política. El costo político de tener a los consumidores insatisfechos hizo finalmen- te inevitable una regulación muy interven- cionista dado el tipo de mercados forma- dos por las transferencias monopolísticas. La regulación de tarifas acabó disuadiendo a las compañías de hacer mayores inversio- nes de capital y de ofrecer aun mejores ser- vicios o de expandir sus actividades.
P
orque los Estados y las empresas pri- vadas tienen intereses comunes, estas disputas acaban por producir transac- ciones y entendimientos. Eso mismo ocu- rrió, por ejemplo, cuando hubo un intento de eliminar la exención de impuestos que el Estado había otorgado por diez años a las empresas de electricidad en el Perú y, tras mucha confrontación, las autoridades permitieron que el mecanismo del arbitra- je favoreciera a las compañías privadas para evitar males mayores. Pero la consecuencia, a la larga, es el regreso del estatismo, bajo presión pública. Los efectos del monopolio en un mun- do competitivo salieron a relucir en el nuevo milenio, cuando México enfrentó una pérdi- da de inversiones y por tanto de empleos a causa del traslado de unas 300 plantas indus- triales a la China entre 2001 y 2003^3. Bajo el monopolio estatal, el costo de la energía es 20% mayor que el de los países competido- res; bajo el régimen que ha protegido a Tel- mex, los costos de las comunicaciones son mayores también, y lo restringido del merca- do del transporte se traduce en que la proxi- midad de México a los Estados Unidos no en- traña una ventaja decisiva sobre Asia^4. No sorprende que las privatizaciones en América Latina dejaran pasar la opor- tunidad de difundir el accionariado entre la población. A pesar de sus taras, la políti- ca de privatizaciones del Reino Unido abrió las puertas a millones de personas para que participaran en el accionariado de las em- presas, apoderándolas por la vía del acce- so a la propiedad y haciendo posible que, a través del capital, desarrollaran un inte- rés en la riqueza generada por las com- pañías privatizadas. Algunos de los países centroeuropeos, como la República Checa, también reconocieron el derecho de sus ciudadanos a adquirir acciones en las firmas privatizadas.
En América Latina, ningún gobierno hizo un esfuerzo remotamente compara- ble por aprovechar la desestatización pa- ra difundir la propiedad entre ciudadanos que eran, en sentido estricto, los verdade- ros dueños de los activos estatales, porque habían mezclado su trabajo con ellos o por- que, a través de los impuestos o de la pérdi- da de capital ocasionados por la existencia misma de las compañías, habían sido obli- gados a sostenerlas. Chile sí se las ingenió para hacer posible que unas 100.000 per- sonas adquiriesen acciones y para vender unas 400.000 viviendas a los menos favo- recidos, lo que no es un logro insignifican- te. Bolivia reservó un porcentaje de sus seis principales entidades estatales para el pú- blico, transfiriendo sus nuevas acciones al sistema privado de pensiones. Hubo una muy pequeña participación de los traba- jadores en la transferencia de empresas estatales en la Argentina, en el campo de las telecomunicaciones, el petróleo y el ser- vicio postal, mientras que Perú estableció un fondo de jubilación formado por accio- nes de pensionistas del Estado y de traba- jadores despedidos de las empresas privati- zadas – Fondo Nacional de Ahorro Público
Rumbo a la libertad
Álvaro Vargas Llosa Planeta, 2004 Vargas Llosa analiza por qué, después de tantos esfuerzos por vencer el subdesarrollo, América Latina sigue mostrándose incapaz de liberar de la pobreza a una mitad de su población, mientras que otras zonas del planeta, como el Asia o, más recientemente, Europa central, parecen estar saliendo adelante. En su libro el escritor peruano sostiene que todos los intentos de reforma han estado viciados de raíz por lo que define como “los cinco principios de la opresión”: el corporativismo, el mercantilismo de Estado, el privilegio, la redistribución de abajo hacia arriba y la politización del derecho.
(Fonahpu)–, con un valor original de 1. millones de dólares, pero que sirvió en su mayor parte para cubrir el déficit fiscal. Es- tos y otros casos particulares no ofrecieron acceso a la propiedad plena a vastos sec- tores de la región. Con excepción de Chile, los trabajadores o los pensionistas dueños de las acciones no eran libres de venderlas. La difusión del poder, el investir de capi- tal a millones de personas dándoles libertad para adquirir acciones, no fue un objetivo de la privatización latinoamericana. El capitalis- mo popular no era compatible con la nece- sidad de maximizar los ingresos inmediatos del Estado en forma de recaudación fiscal y de crédito por parte de grandes corporacio- nes, bancos y fondos privados de pensiones que compraron bonos del Estado. El unido esfuerzo que se hizo para permitir a las masas acceso al capital fue la privatización de las pensiones. Pero aun cuando muchos ciudadanos recuperaron el derecho a gozar de los frutos de su traba- jo, en la mayor parte de los países las pen- siones estatales se mantuvieron a un costo de ningún modo circunscrito a quienes pa- gan los impuestos sobre la nómina. Por lo demás, la reforma de las pensiones no fue inocente de contubernios mercantilistas: en muchos países, los fondos de pensiones fueron obligados a invertir de forma masiva en bonos del Estado. En Argentina, los fon- dos de pensiones estaban en buena parte invertidos en bonos del Estado cuando éste decretó la suspensión de pagos sobre la ma- yor parte de su deuda externa, que ascen- día en total a 141.000 millones de dólares, a fines de 2001. Tras suspender también el pago de su deuda interna para “reestructu- rarla” y devaluar su moneda, acabó expro- piando los ahorros de los pensionistas. En 2003, el gobierno volvió a agredirlos, decre- tando que sólo honoraría ¡un pequeño por- centaje del valor nominal de los bonos! El texto anterior fue preparado por Álvaro Vargas Llosa basado en su libroRumbo a la Libertad.
Notas
(^1) Ver el ensayo sobre las reformas postcomunistas (“A One Day Plan for the Soviet Union”) de Yuri N. Maltsev, citado en “How and How Not to Desocialize”, por Murray N. Rothbard, The Review of Austrian Economics, vol. 6, No. 1 (1992), pp. 72-74. (^2) Arthur Seldon, Capitalism, Cambridge, Mas. (EUA), Basil Blackwell, 1990, p. 164. (^3) Hacia 2003, la inversión extranjera en la China ya equivalía a la inversión extranjera en 33 países de las Américas. (^4) “Mexico’s Economy: The Sucking Sound From the East”, The Economist, 26 de Julio de 2003, pp. 35-36.
