El Parlamento Europeo aprobó el 16 de diciembre de 2020 el
reglamento diseñado para evitar la utilización de fondos
comunitarios por gobiernos de la UE que no respetan el Estado de
derecho. La norma incluye la posibilidad de suspensión de los pagos
a los países en los que la vulneración del Estado de derecho
compromete la gestión del dinero europeo y, entre estos casos,
incluye una mención expresa a la «independencia de la judicatura».
Un mensaje que llega en plena polémica por las*reformas judiciales
que está intentando impulsar el Gobierno*de Sánchez e Iglesias y,
en concreto, la que afecta al*Consejo General del Poder Judicial.
El comunicado emitido por el Parlamento Europeo es claro al
respecto: «La norma será aplicable ante infracciones puntuales o
sistémicas y no sólo se aplicará en caso de mala gestión directa de
los fondos derivados de corrupción o fraude. También servirá para
hacer frente a infracciones sistémicas de los valores
fundamentales, como lademocracia*o la*independencia de la
judicatura, cuando esas vulneraciones afecten -o amenacen hacerlo-
a la gestión de los fondos europeos».
Cuando se habla de independencia como un principio informador del
poder judicial, vemos los establecido en el artículo 117.1 de la
constitución, que establece que " La justicia emana del pueblo y se
administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados del poder
judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la Ley".
Bruselas condiciona los
fondos europeos a que se
garantice «la independencia
de los jueces»
