Grupo Calvo Vérgez: Marta Lafuente, Emilio Grande, Jesús Rodríguez y Candela Suárez
Caso práctico 1
El caso presenta varios problemas jurídicos relacionados con la propuesta de interposición
de impuestos y tasas por parte del Gobierno central y los entes locales:
El primer problema jurídico planteado es si la naturaleza jurídica de la tasa temporal
sobre los beneficios extraordinarios del sector eléctrico es de tasa, impuesto o
prestación patrimonial pública no tributaria. Para abordar este problema, la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003), en su artículo 2 diferencia entre tasas, contribuciones especiales e
impuestos. Por otro lado, la disposición adicional primera considera prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributarias “aquellas que teniendo tal consideración se
exijan por prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación
privada o mediante gestión indirecta”.
Además, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2009 (recurso 6385/2006)
aborda el concepto de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias y distingue
entre estas y las figuras tributarias. El TS sostiene que una PPNT se caracteriza por la
inexistencia de un hecho imponible típico de tasas o impuestos, sino que se basa en una
finalidad de interés general, que puede ser muy relevante para este caso, ya que la tasa
tiene como fin controlar la escalada de precios y garantizar una redistribución de la renta, de
acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 1/20XX. Otra sentencia relevante es la
Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, que aclara la diferencia entre impuestos y
tasas, señalando que el hecho imponible en las tasas debe estar relacionado con una
prestación o actividad concreta que beneficia directamente al sujeto pasivo. En este caso, la
tasa temporal sobre el sector eléctrico no parece estar vinculada a un servicio o actividad
directa en favor de las empresas, lo que podría llevar a cuestionar si se trata de una tasa o,
más bien, un impuesto encubierto.
Por los fundamentos jurídicos expuestos el gravamen podría considerarse una prestación
patrimonial pública no tributaria, más que una tasa o un impuesto, ya que su finalidad es un
interés general, como es la redistribución de la renta en respuesta a una crisis económica,
sin una contraprestación específica para los sujetos pasivos (empresas eléctricas).
El segundo problema jurídico planteado es la naturaleza de los ingresos procedentes del
alquiler de espacios de la obra que se pretende llevar a cabo. En este caso, el
ayuntamiento de La Oliva quiere proceder a la enajenación de solares municipales con el
objetivo de propiciar un cierto desarrollo urbanístico de la zona y construir un mercado de
abastos.
El Real Decreto Legislativo 2/2004 regula las haciendas locales y establece las
competencias y las formas en que los municipios pueden generar ingresos. En concreto, el
artículo 3 apartado 1 señala que “constituyen ingresos de derecho privado de las entidades
locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio”; y
su apartado 4 que “tendrán también la consideración de ingresos de derecho privado el
importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades
locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior
