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Prácticas Derecho Administrativo II, profesor Julio Víctor González.
Tipo: Ejercicios
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1. Indique cuales son los principios inspiradores de la actividad administrativa de regulación.
El art. 129 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge los principios de buena regulación que imponen una serie de objetivos que tiene que cumplir la Administración cuando quiere hacer la regulación de un sector económico. Las Administraciones Públicas tienen que actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los principios de necesidad y eficacia van juntos en la medida que toda regulación debe justificarse por un interés general, con objetivos claros y siendo el instrumento más adecuado para alcanzarlos. + El principio de proporcionalidad se desarrolla en la Ley 40/2015 e indica que la norma debe contener sólo lo imprescindible para cumplir su finalidad, evitando medidas más restrictivas para los ciudadanos, medidas que deben ser motivadas y evaluadas periódicamente. El principio de seguridad jurídica establece que las normas deben crear un marco estable, predecible, claro e integrado, que garantice certeza y comprensión a ciudadanos y empresas. El principio de transparencia indica que la Administración debe permitir un acceso fácil, universal y actualizado a la normativa vigente y a los documentos del proceso de elaboración → MAN. Finalmente, el principio de eficiencia impone que se debe racionalizar la gestión pública, reducir cargas administrativas innecesarias y respetar la estabilidad económica.
2. Señale cuáles son los riesgos que plantea el modelo de las autoridades administrativas independientes.
Las agencias administrativas independientes son organismos públicos sometidos al derecho administrativo que tienen una independencia funcional y personal. Es una figura que aparentemente da seguridad, pero que realmente tiene problemas. El primero es el problema de la captura, son organismos pequeños y está demostrado que el regulador pensaba más en los intereses del regulado que en el general. El segundo problema es la base constitucional, el art. 97 CE, que establece que el Gobierno dirige la administración civil y militar, por lo que las agencias son inconstitucionales en España, se ha utilizado la mutación constitucional para alegar que no lo son. Por último, tienen, además, sesgos muy grandes, cumplen una función concreta y se olvidan del resto del ordenamiento jurídico.
3. ¿En qué consisten las técnicas de autorregulación?
Son un conjunto de pautas y prácticas que aprueba un sector económico para regirse a sí mismo, una figura mucho más laxa que la normativa estatal y que no suele gustar porque no tienen un aparato coercitivo para seguir su cumplimiento y no tienen una percepción clara del interés general. Se basan en la responsabilidad y cooperación del propio sector, en lugar de la intervención directa de la Administración.
4. Señale las diferencias entre acreditaciones y homologaciones.
Ambos son mecanismos en los que se valora el cumplimiento de los requisitos para poder adquirir un producto o bien poder contratar con una persona. Sin embargo, la acreditación es el procedimiento inicial mediante el cual la Administración comprueba si una persona, entidad o producto cumple los requisitos legales o técnicos para ejercer una actividad o prestar un servicio. Por el contrario, la homologación , reconoce los efectos de una acreditación previa obtenida en otro ámbito o país, otorgándole validez dentro del ordenamiento nacional.
5. Explique el deber de colaboración con las inspecciones que recoge el artículo 18.1 de la Ley 39/2015.
Según este artículo, las personas físicas y jurídicas están obligadas a colaborar con la Administración en el ejercicio de sus funciones de inspección y control. Esto significa que, cuando una Administración realiza actuaciones de comprobación y verificación y las inicia bien por denuncia o bien por planes de inspección que desarrolle la propia administración. Los ciudadanos y entidades deben facilitar la información, documentación o acceso necesario para que la Administración pueda cumplir adecuadamente su función, es decir, no obstaculizar ni dificultar la labor de inspección. Su incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad administrativa o incluso a sanciones.
6. Explique las dos modalidades de órdenes que se recogen como manifestación de la potestad
administrativa de ordenación.
La potestad administrativa de ordenación se manifiesta, entre otras formas, a través de órdenes o mandatos administrativos, que se clasifican en dos modalidades según su contenido. Puede haber órdenes de hace r, que implican que el destinatario realice una determinada acción o cumpla una obligación específica y, si no se cumple, la Administración puede aplicar la ejecución forzosa o iniciar un procedimiento sancionador. Pero también encontramos las órdenes de no hacer , que imponen una prohibición al destinatario, obligándole a abstenerse de realizar ciertas conductas. Su incumplimiento permite a la Administración imponer sanciones, revertir actuaciones ilegales o restablecer la legalidad mediante medidas correctoras.
7. ¿Cuáles son los elementos que diferencian las autorizaciones de las concesiones administrativas?
Las autorizaciones y las concesiones administrativas son instrumentos que permiten al particular desarrollar actividades bajo control de la Administración, pero se diferencian en que la autorización permite al ciudadano ejercer una actividad que ya tiene derecho a realizar, pero sujeta a ciertos requisitos y condiciones. Su duración suele ser limitada y requiere una resolución administrativa previa, licencia de actividad de un bar. No implica asumir riesgos económicos y el procedimiento se centra en verificar el cumplimiento de la normativa. Por su parte, la concesión administrativa consiste en la cesión temporal de un servicio o infraestructura pública a un particular, quien asume los riesgos económicos derivados de la construcción y explotación. Su duración es larga, normalmente entre 20 y 50 años, y se regula mediante pliegos administrativos y técnicos complejos, incluyendo un plan económico-financiero. El concesionario cobra por la explotación del servicio y tiene obligaciones continuas de prestación del servicio y mantenimiento de la infraestructura, que deberá entregar a la Administración al finalizar el contrato.