PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: SANCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE TRÁFICO
El art. 1 del RPSTSV (Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) remarca la necesidad del
procedimiento como vía instrumental imprescindible para la imposición de sanciones
por la comisión de las infracciones tipificadas en la Ley de Tráfico. En este caso
analizaremos una multa de tráfico con la cual la Administración ejerce la potestad
sancionadora.
▲Iniciación:
Tal y como menciona el art. 54 de la LPAC la iniciación puede ser de oficio o a
solicitud del interesado, en este caso se realiza de oficio por el órgano competente. En
este caso la Ley de Tráfico y Seguridad Vial señala que “el procedimiento sancionador
se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga noticias de los hechos que
puedan constituir infracciones a los preceptos de esta Ley o mediante denuncia que
podrá formular cualquier persona que tenga conocimiento directo de los mismos”.
Por tanto puede ser iniciado por la autoridad competente o por cualquier tipo de
denuncia, ya fuese la realizada por quienes tenían la obligación de hacerlo, de denunciar
las infracciones que observaran en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control
de la circulación vial, ya fuera la realizada por cualquier persona que tuviera
conocimiento directo de hechos que pudieran constituir infracciones a la Ley de Tráfico
y seguridad Vial.
Antes de la iniciación al ser un procedimiento de naturaleza sancionadora se realizan
unas actuaciones previas que tienen como objeto orientar a determinar con la mayor
precisión los hechos susceptibles de motivar el inicio del procedimiento, la
identificación de la persona o personas que fuesen responsables y las circunstancias
relevantes que concurran en unos y otros. Estas actuaciones previas son realizadas por
la Jefatura de Tráfico.
▲Instrucción:
El art. 12 RPSTSV determina que la instrucción corresponde a los órganos competentes
de las Jefaturas Provinciales de Tráfico y de los Ayuntamientos. Y, como órganos
responsables de la instrucción, tienen el deber de notificar de notificar las denuncias, al
presunto infractor, en el caso de que ello no hubiera sido efectuado por el denunciante,
concediéndole un plazo de quince días para que alegue cuanto considere conveniente a
su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, haciendo uso el 12.1 RPSTSV
de los mismos términos empleados por el art. 79.1 LTSV, lo que deriva en la regulación
efectuada, a tal efecto, para las notificaciones y el domicilio en el que éstas ha de ser
efectuadas, cuestiones que, son tratadas, de manera específica, en el correspondiente
apartado. Sobre la base de que de las alegaciones del denunciado se dará traslado al
denunciante para que informe en el plazo máximo de quince días.
El Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico y Seguridad Vial
contiene precisiones adicionales en cuanto a la prueba y su práctica. En este sentido el
art. 13.1 y 2 RPSTSV regulan la apertura del período de prueba por un plazo que no
será ni superior a treinta días ni inferior a diez para que se practiquen todas las pruebas
que sean adecuadas.
Liney Paola Peiró Soriano
2º Grupo U
