APELLIDOS: Gómez Lafuente
NOMBRE: José Reyes
TITULACIÓN: Derecho + CCPP
ASIGNATURA: D. Constitucional I GRUPO: A
PRÁCTICA III: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Fecha realización: MIÉRCOLES, 13 de noviembre, 13.00 pm. Aula 4 DERECHO.
1º Naturaleza y competencias del Tribunal Constitucional.
Nombramiento, cese y estatuto personal de l@s magistrad@s del Tribunal Constitucional.
En cuanto a los requisitos exigidos para poder formar parte del Tribunal Constitucional, además de los generales de
nacionalidad española y mayoría de edad. Hay que tener en cuenta otras condiciones imprescindibles para ser
componente del Tribunal Supremo Constitucional, como por ejemplo, tener reconocida la competencia de
Magistrado o Fiscal, Profesor de Universidad, Funcionario Público o Abogado, siendo estos juristas de reconocida
competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Incluso ha de tenerse en cuenta las tachas que
pudieren manchar la biografía profesional del candidato.
Así, en el caso de los magistrados de propuesta parlamentaria, el artículo 16 LOTC contempla, en su apartado 1, que
los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara y, en su
apartado 2, la obligación de los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado de comparecer previamente
ante las correspondientes Comisiones en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos. De este modo, las
candidaturas presentadas deberán acreditar, de forma indubitada, que los candidatos cumplen los requisitos
exigidos por la Constitución y las leyes para desempeñar el cargo y se presentarán acompañadas de una relación de
los méritos profesionales y demás circunstancias que, en opinión del Grupo parlamentario, manifiesten la idoneidad
del candidato para el puesto. Con este material y previa la comparecencia personal, en su caso, del candidato
propuesto, la Comisión elabora un dictamen adoptado mediante el sistema de voto ponderado que ilustrará al Pleno
para su decisión final. Sin embargo, ya no hay una previsión legal de filtro previo para controlar la idoneidad de los
candidatos. Así, en el Consejo General del Poder Judicial, la decisión del Pleno ha de producirse por mayoría de tres
quintos. En cuanto al Gobierno no existe disposición alguna que recoja un filtro para los nombramientos a propuesta
del Gobierno.
Pero también el Tribunal Constitucional cuenta con competencias para comprobar la idoneidad de los candidatos, de
modo que sólo un recurso de amparo ante el propio Tribunal Constitucional permitiría controlar una elección
defectuosa.
El nombramiento formal, cualquiera que sea el órgano que formula la propuesta, toma la forma de Real Decreto.
Producido éste, se prestará juramento o promesa ante el Rey de acatamiento a la Constitución como paso previo a la
toma de posesión.
El art. 2 de Ley Orgánica 8/2010, la duración del mandato del Magistrado constitucional será de nueve años
Con el fin de intentar acompasar las renovaciones parciales, se reformó el art. 16 añadiendo un nuevo apartado
quinto el cual, dispone que "Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que
fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación". La duración y prorrogatio del
mandato de los Magistrados constitucionales ha generado polémica en la doctrina.
En cuanto, al estatuto personal de los miembros del Tribunal Constitucional, se les dota de inviolabilidad por las
opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones y se les declara inamovibles, de modo que no pueden ser
destituidos ni suspendidos fuera de los casos legalmente previstos.
El cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, además de regirse por las incompatibilidades propias de los
miembros del Poder Judicial, no puede simultanearse con el de Defensor del Pueblo, con los de Diputado o Senador,
con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, con el
ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de las carreras judicial o fiscal, con toda clase de empleo en un
Juzgado o Tribunal, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones,
fundaciones y colegios profesionales y cualquier clase de empleo a su servicio, así como con el ejercicio de
actividades profesionales o mercantiles. Si concurre alguna de las circunstancias anteriores en quien haya sido
