¿Cuál es el significado del principio de la responsabilidad del Estado por los daños
causados a los particulares como consecuencia de la violación del Derecho de la
UE?
Análisis de la sentencia Francovich y Bonifaci de 1991.
(El Estado italiano había sido condenado por incumplimiento del Derecho Comunitario
por no adaptar al Derecho interno la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de
octubre de 1980, sobre protección de los trabajadores asalariados por insolvencia del
empresario, que imponía a los Estados miembros la obligación de crear un mecanismo
de garantía mínima de los créditos vencidos y los autorizaba en su Art. 12 a excluir de
su ámbito de aplicación los créditos de determinadas categorías de trabajadores
asalariados, incorporados en un anexo. Los ciudadanos Francovich y Bonifaci
reclamaron ante los jueces italianos las garantías previstas o la ejecución de los créditos
y la indemnización de los perjuicios por la no-transposición del contenido de la
Directiva a su derecho interno. Los tribunales italianos plantearon una cuestión
prejudicial. Si el particular perjudicado por la no ejecución de la Directiva por el
Estado, declarada por sentencia del TJUE, puede exigir al Estado que cumpla las
disposiciones de la directiva precisa e incondicional, invocando ante el Estado infractor
las normas comunitarias para obtener las garantías y la indemnización de los daños por
las disposiciones que no son precisas e incondicionales. El TJCE señaló que las
disposiciones de la Directiva eran precisas e incondicionales solo respecto de los
beneficiarios y del contenido de las garantías, pero mientras Italia no estableciera la
institución de garantía, los trabajadores no pueden exigir los derechos reconocidos por
la Directiva, porque no precisa la identidad y “la obligación de pago corresponde a las
instituciones de garantía porque no se justifica considerar al Estado como deudor de los
créditos impagos”. Al respecto declaró: Las disposiciones de la Directiva 80/987/, sobre
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección
de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, que definen los
derechos de los trabajadores, deben interpretarse en el sentido de que los interesados no
pueden invocar esos derechos contra el Estado ante los órganos jurisdiccionales
nacionales a falta de medidas de ejecución adoptadas dentro del plazo señalado. Un
Estado miembro está obligado a reparar los daños de los particulares por no adaptar el
derecho interno a la Directiva 80/987.)
La sentencia Francovich supuso un avance revolucionario en la jurisprudencia del
TJCE encaminada a garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que los
particulares derivan de las disposiciones de Derecho comunitario. En ella, el TJCE
reconoció expresamente el derecho de los particulares a indemnización por los daños y
perjuicios sufridos en su patrimonio jurídico por violaciones del Derecho comunitario
imputables a un Estado miembro. El TJCE enfatizó en este derecho, no obstante
articularse a través de los sistemas de recurso nacionales, se deriva directamente del
Derecho comunitario y es condición inherente del sistema jurídico comunitario.
2. ¿Coincide este principio de la responsabilidad del Estado con el principio de la
responsabilidad patrimonial de la Administración como el previsto en el artículo
