PRÁCTICA 1. DERECHO ADMINISTRATIVO II
Noelia del Pilar Darriba Sepúlveda
Primera noticia. Los hechos son los siguientes:
Un niño, menor de edad, fue llevado por su abuelo a un Parque público y
municipal, en el cual había una pista deportiva con unas porterías que tenían
en su parte posterior unos ganchos destinados a la sujeción de una red
inexistente en aquel momento (y desde mucho antes); los ganchos que
estaban abiertos y, en consecuencia, no cumplían el objeto para el cual
estaban allí instalados.
Con dichos ganchos, y cuando el menor estaba jugando, sufrió un corte en el
antebrazo derecho; de esta herida fue atendido y necesitó de cuarenta y dos
puntos de sutura.
Ante dicha situación y lesión los padres del menor lesionado reclamaron a la
Administración, en primer lugar, para que procediera a la pronta retirada de
dichos ganchos. Se cumplió inmediatamente tal petición.
De igual forma, se pidió la declaración de responsabilidad de la Administración,
regulada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y se
siguieron los trámites previstos en el RD 429/93 de 26 de Marzo, que regula el
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia
de Responsabilidad Patrimonial.
En esta noticia vemos un caso de responsabilidad patrimonial por parte de la
Administración pública por negligencia. En este caso el hecho imputable, la
actuación administrativa de la que surge la responsabilidad, según los artículos
106 de la CE y 139.1 de la Ley 30/92, es la que se refiere al funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos, en la que han de entenderse
comprendidos cualquier actividad administrativa destinada a satisfacer
intereses generales, ya sean debidos a dolo, culpa o ilegalidad (negligencia
sería en este caso en concreto), así como al riesgo generado por la propia
actividad administrativa.
