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PRACTICA DERECHO CONSTITUCIONAL TEMA 11 UCM
Tipo: Ejercicios
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La Sentencia del caso Marbury versus Madison. es uno de los casos más conocidos del constitucionalismo moderno, estudiado en todos los manuales de Derecho Constitucional de los Estados Unidos. Su interés, sin embargo, trasciende las fronteras norteamericanas, porque gracias al razonamiento que la Corte Suprema de los Estados Unidos utiliza en la redacción de esta sentencia, nos introducimos en la moderna concepción de la Constitución como norma suprema del sistema jurídico. Los antecedentes del caso nos sitúan en la batalla política que enfrentaba a los dos únicos partidos políticos norteamericanos en sus primeras décadas de historia: los Federalistas y los Republicanos (predecesor del actual partido Demócrata). Una batalla por el control del Poder Judicial. Los federalistas, en el Gobierno bajo el mandato del Presidente Adams, habían perdido las elecciones de 1800 y tenían que transferir el poder a Thomas Jefferson, nuevo presidente, el 4 de marzo de 1801, convirtiéndose así en el partido de la oposición en el futuro Congreso de los EEUU. Unos días antes de la investidura, el 13 de febrero de 1801, el Congreso en funciones aprobó el Circuit Court Act, Ley por la que se designaban dieciséis jueces federales de segunda instancia. Con la Ley se intentaba crear rápidamente nuevos cargos en el Poder Judicial que pudieran ser ocupados por personas afines al partido federalista. El presidente Adams nombró y mandó sus comisiones a estos dieciséis jueces durante sus últimas dos semanas como Presidente, pero el 31 de marzo de 1802 la ley que autorizó los cargos fue derogada por el nuevo Congreso. De la misma forma, cuando faltaba menos de una semana para que terminara el mandato de Adams, el Congreso acordó la creación de cuarenta y dos cargos de jueces de paz para la Capital Federal, Washington D. C. Pero, aunque el presidente Adams tuvo tiempo para nombrar a los cargos, y sus nominaciones fueron confirmadas por el Congreso y selladas sus designaciones, su Secretario de Estado Marshall no tuvo tiempo para enviar las designaciones a sus titulares. La administración entrante de Thomas Jefferson optó por no reconocer las designaciones y no enviarlas. William Marbury era uno de esos jueces de paz para la Capital Federal que no recibió su designación. Al no recibir la designación Marbury, junto con otros colegas, decidieron acudir directamente a la Corte Suprema en diciembre de 1801, para exigir que la Corte expidiera el oportuno mandamiento (mandamus) con el que ordenara al el secretario de Estado del presidente Jefferson, James Madison, que le entregara su nombramiento. En 1802, sin que se hubiera resuelto aún la cuestión en el Supremo, el Senado decidió modificar la ley sobre circuitos judiciales y eliminar las plazas de los jueces nombrados por Adams. El Tribunal Supremo que debía resolver el caso estaba presidido por John Marshall, que fue el secretario de Estado del presidente John Adams y que continuó en este cargo de forma temporal durante las últimas semanas del gobierno federalista, aunque ya había sido nombrado como Presidente de la Corte Suprema en enero de 1801. La ley que establecía los tribunales judiciales concedía a la Corte Suprema la competencia para expedir mandamus a los funcionarios públicos. Dichos “mandamus” eran órdenes de obligado cumplimiento para el poder ejecutivo. Si el Tribunal fallaba a favor de Marbury y expedía el mandamus, el Secretario de Estado Madison podría negarse a entregar la comisión y el Tribunal no tendría manera de hacer cumplir la orden, porque la Ley que creaba las plazas ya había sido modificada por el Senado. Si el Tribunal se pronunciaba contra Marbury, se arriesgaba a permitir que el poder ejecutivo sometiera al poder judicial al permitirles negar, a jueces ya nombrados, su cargo.
El presidente del Tribunal Supremo John Marshall resolvió este dilema al decidir que el Tribunal Supremo no estaba facultado para dirimir este caso. Marshall dictaminó que la Sección 13 de la Ley Judicial, que otorgaba al Tribunal estas facultades, era inconstitucional porque ampliaba las competencias originales del Tribunal definidas por la propia Constitución. Al decidir no intervenir en este caso, el Tribunal Supremo aseguró su posición como árbitro final de la ley. Independientemente de los argumentos que utiliza la sentencia para resolver este caso, en ella se plantea la capacidad que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos para revisar la validez de una Ley que es contraria a la Constitución.
**- Cuestiones: