Procesal Penal, Apuntes de Derecho Procesal Penal

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PROCESAL

PENAL

PROF. ALEXANDRE GIRBAU

TEMA 1 : INTRODUCCIÓN

El objeto de esta asignatura es el estudio del sistema procesal penal español actual.

El Derecho Procesal es aquella rama del ordenamiento jurídico con la cual el Estado regula el modo cómo debe proceder cuando se producen unos hechos aparentemente delictivos.

El DPP es la rama del OJ español que regula el modo en que unos hechos aparentemente delictivos van a ser investigados; el modo en que si estos hechos revisten indicios de delito, van a ser juzgados y, además el modo en el que la pena impuesta al reo va a ser ejecutada. Tres son pues los momentos del proceso: investigación, enjuiciamiento y ejecución.

Esta separación de fases es esencial porque el juez durante la investigación se va contaminando, va implicándose en los hechos (puede incluso haber decretado la prisión provisional del reo), de modo que pierde la imparcialidad para después juzgar esos hechos.

El ciudadano viene obligado a denunciar el hecho aparentemente delictivo del que ha tenido conocimiento, haciéndolo saber a la autoridad competente. El Estado, a su vez, debe investigar y debe regular cómo se han de juzgar los indicios racionales de criminalidad imputables a una o unas personas concretas.

Es a través del Derecho Procesal Penal que el Estado regula qué castigos corresponden y cómo se aplican.

1. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, es el texto que, aunque ha sufrido algunas reformas, en la actualidad sigue regulando, prácticamente en un 75%, el Derecho Procesal Penal en España. Su exposición de motivos constituye una declaración programática de principios que sigue hoy en plena actualidad. En esa exposición de motivos, el Ministro de Gracia y Justicia de la época, Alonso Martínez, a modo de carta al Monarca, explica los trabajos y reformas que deben acometerse en el sistema penal español para llevar a cabo una modernización de la justicia que acoja los postulados garantistas de unas tendencias doctrinales que en aquel entonces eran pioneras, y que hoy en día caracterizan a nuestro sistema penal.

La LECr. regula básicamente dos procesos:

• Proceso ordinario: para la investigación y enjuiciamiento de delitos. En este procedimiento se distinguen dos fases procedimentales y dos órganos competentes para cada una de ellas: - 1ª fase: la instrucción la llevan a cabo los Juzgados de Instrucción, en un procedimiento que recibe el nombre de SUMARIO cuya finalidad es investigar los hechos ocurridos, bien para preparar el juicio, bien para descartarlo. - 2ª fase: el enjuiciamiento que lo realiza la Audiencia Territorial (en la actualidad la Audiencia Provincial)

territorio. Completa esta reforma creando el Procedimiento Abreviado, mediante la L.O. 7/1988, de 28 de diciembre, para la investigación y enjuiciamiento de procedimientos cuyas penas privativas de libertad sean igual o inferiores a 12 años. Otra reforma desdobló la competencia del enjuiciamiento, de modo que para procedimientos con penas de privación de libertad desde 6 años hasta 12, serían competentes las Audiencias Provinciales, y para penas privativas de libertad de hasta 6 años, los Juzgados de lo Penal.

Una vez que se constató que hasta el 80% del total de los procedimientos que se llevaban a cabo en nuestro país quedaba incluido dentro del Procedimiento Abreviado, que pasó de ser un procedimiento especial, como se creó en un principio, al procedimiento más común, y que la regulación de las competencias de enjuiciamiento entorpecía el buen funcionamiento de la justicia, se llevó a cabo una nueva reforma, que es la que está en vigor actualmente, por la que se atribuye a:

• Las Audiencias Provinciales, el enjuiciamiento de los procedimientos

• Ordinarios: con penas privativas de libertad superiores a 9 años
• Abreviados: con penas privativas de libertad de entre 5 y 9 años

• Los Juzgados de lo Penal, el enjuiciamiento de los procedimientos

• Abreviados: con penas privativas de libertad de hasta 5 años

A pesar de todas las reformas legislativas realizadas, el colapso judicial continúa porque siguen siendo escasos tanto los órganos como los medios.

En 1992, el legislador prevé (debido a la gran afluencia de público que se espera para los acontecimientos del momento, la Exposición Universal en Sevilla, y los Juegos Olímpicos en Barcelona) la comisión de numerosos delitos menos graves, y crea, precipitadamente, mediante la L.O. 10/1992, de 30 de abril, los llamados Juicios Rápidos, para penas leves. Fue un procedimiento que se aplicó poco y cayó en desuso tanto por carecer de garantías como por su complejidad.

En 1995 se aprueba la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, reguladora del Tribunal del Jurado, desarrollando lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Española. Mediante esta Ley se crea un nuevo procedimiento para el enjuiciamiento de determinados delitos que vienen determinados en el art. 1 de la propia Ley, y también un nuevo órgano jurisdiccional, el Jurado popular que estará formado por 9 miembros, más 2 reservas, todos ellos legos en Derecho, y el Magistrado-Presidente. La puesta en marcha del Jurado supuso una gran inversión económica por las modificaciones estructurales que tuvieron que realizarse en los edificios judiciales a fin de adaptar las Salas de Vistas a los requisitos del Jurado.

En el año 2000, se promulga la L.O. 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, en la que se establece un nuevo procedimiento para la tramitación de las causas contra las personas menores de edad, de entre 14 y 18 años; se crean los Juzgados de Menores y entra en funcionamiento también la Fiscalía de Menores. En este procedimiento, la fase de instrucción la lleva a cabo el Ministerio Fiscal.

Mediante la L.O. 3/2003, se aprueba la Orden Europea de Detención y Entrega en la Unión Europea (la extradición). También ese mismo año, 2003 y como consecuencia de varias sentencias del Tribunal Constitucional, se modificó lo relativo a la prisión provisional.

Finalmente, también modifica la LECr, la L.O. 1/2004 para la protección integral contra la violencia de género, por la que se crean los Juzgados de Violencia Doméstica.

2. Fuentes del Derecho procesal penal español. - LECr - (^) LOPJ - Código Penal - Convenio Europeo de Derechos Humanos - Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos - Pacto Internacional para los Derechos Económicos Sociales y Culturales 3. Sistemas procesales penales.

Existen tres sistemas procesales penales:

• (^) Inquisitivo
• Acusatorio
• Mixto

Los sistemas inquisitivos se caracterizan porque se concentra en un mismo órgano o persona, todos los poderes (impulso, investigación, enjuiciamiento). En los Estados de derecho no rigen estos sistemas.

En el sistema acusatorio puro, el impulso de la investigación lo debe promover un órgano distinto al órgano que enjuicia; y una vez finalizada la investigación, sólo podrá llevarse a cabo la fase de enjuiciamiento si hay acusación por parte de un órgano distinto del que ha realizado la investigación.

El sistema mixto es el que rige en nuestro país. La investigación puede ser incoada de oficio (característica del proceso inquisitivo), sin embargo, una vez concluida la instrucción no puede abrirse la fase de enjuiciamiento si no existe acusación (característica del proceso acusatorio).

Clasificación de los delitos, a efectos procesales: F 0 C 4Delitos privados: Estos delitos requieren que el perjudicado formule querella instando la instrucción ante el Juzgado.

• son los delitos de injuria y calumnias, así como la mayoría de las faltas F 0 C 4Delitos semiprivados: Requieren denuncia previa, es decir, no se inician de oficio, sin embargo, una vez interpuesta la denuncia, aunque el ofendido quiera retirar la denuncia el procedimiento sigue su curso.
• Reproducción consentida
• Agresión, acoso y abuso sexual
• Revelación de secretos
• Abandono de familia
• (^) Delitos societarios que no afectan a una pluralidad de afectados
• Delitos cometidos por venta a plazos de bienes muebles

TEMA 2 : DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE PROCESOS PENAL Y CIVIL

Entre ambos procesos existen diferencias esenciales que aconsejan procesos distintos.

1. Principios

Si bien encontramos principios que son comunes a ambas clases de procedimientos, como el principio de Audiencia, de Contradicción, de Publicidad, de Oralidad, de Igualdad entre las partes…existen otros principios característicos de cada una de las jurisdicciones que precisamente son opuestos:

F 0 B 61. Necesidad // Subsidiariedad o conveniencia

El proceso penal siempre es necesario para el cumplimiento de la norma, es decir, debe haber un proceso en el que se respeten todas las garantías, tras el cual se dictará una sentencia, que en el caso de ser condenatoria y cuando ésta gane firmeza se ejecutará para el cumplimiento de la pena. Lo que no sucede obligatoriamente en el proceso civil, por eso rige el principio de subsidiariedad, es decir que para que un sujeto cumpla la pretensión de la otra parte, no tiene porqué existir necesariamente un proceso, el obligado puede cumplir voluntariamente en cualquier momento. Esto es así porque la norma penal va dirigida al Juez, mientras que la norma civil va dirigida a las partes de la relación jurídica.

F 0 B 62. Legalidad // Oportunidad

Cuando nos hallamos ante un hecho aparentemente delictivo, la ley obliga a iniciar una fase de investigación que dilucidará si hay que incoar o no el proceso penal. Esto es debido a que el Estado siempre es parte en el proceso penal y está obligado a perseguir los hechos delictivos para garantizar la paz social. En el ámbito penal la parte perjudicada es la sociedad que está representada por el Estado, mientras que en el ámbito civil el incumplimiento de las normas civiles sólo afectan a los particulares, los cuales iniciarán o no el proceso según su voluntad, si lo consideran necesario u oportuno; por ello rige el principio de oportunidad.

F 0 B 63. Inmutabilidad // Dispositivo

Como hemos dicho, en el proceso civil el perjudicado es libre de iniciar el proceso, del mismo modo puede realizar actuaciones tendentes a poner fin al procedimiento, por ejemplo a través de la transacción, de la renuncia o del desistimiento, ya que los derechos de las partes pueden ser reconducidos a un tema patrimonial o económico. Son actuaciones que vinculan al Juez quien, por tanto, no dicta sentencia. Es por ello que hablamos de la disponibilidad de las partes. En cambio, en el proceso penal es el Estado quien debe iniciar el proceso y no puede poner fin al mismo cuando se desee. No puede disponer del objeto penal, incluso en el supuesto de las víctimas quisieran ponerle fin. Las normas del proceso regulan cada fase del mismo.

F 0 B 64. Excepciones:

Se produce una inversión de los principios generales antes indicados en los siguientes procedimientos:

En el ámbito penal F 08 E en los delitos privados: injurias y calumnias

En el ámbito civil F 08 E en los procesos inquisitivos, es decir, aquellos que versen sobre: F 0 9 7Estado civil de las personas^

F 0 9 7Procesos de paternidad F 0 9 7Capacidad de las personas^

F 0 9 7Procesos de filiación En todos interviene el M. Fiscal si hay menores o incapacitados.

2. Objeto. Pretensión punitiva y de resarcimiento

En el proceso civil se ejerce el derecho disponible de las partes mediante la Acción Civil que es el objeto del proceso civil. En él, las partes solicitan al Juez que declare el derecho aplicable y que lo aplique, por tanto, que el Juez restituya a la legalidad la posición antijurídica existente en ese momento. En cambio, el proceso penal está pensado para que en el mismo se ejerza el ius puniendi, que se escapa del interés de los particulares porque es deber y derecho del Estado castigar determinadas conductas previstas en el Código Penal como delitos o como faltas, con la finalidad de mantener la paz social, la seguridad y la integridad. El Estado, único titular del ius puniendi, en toda conducta delictiva es parte perjudicada junto a sus ciudadanos. El objeto del proceso penal es el ius puniendi.

Mientras que en el proceso civil se enjuician unos hechos cuya consecuencia jurídica sólo tiene efecto entre las partes, en cambio, en el proceso penal se enjuician conductas que afectan a la sociedad pues atentan contra determinados bienes jurídicos, el Estado, en tanto que sociedad, se ve afectado por esas conductas, pero, además también afectan o pueden afectar tanto de un modo patrimonial o de un modo físico o psíquico a personas determinadas, que en este caso serán las víctimas. Es decir, el proceso penal afecta siempre al Estado y puede que los particulares también se vean afectados, en caso de serlo directamente hablaremos de víctimas, y si les afectase indirectamente hablaríamos de perjudicados (por ejemplo, los padres o los hijos o hermanos de una persona que ha muerto por homicidio son los perjudicados, mientras que la víctima es el muerto).

El proceso penal tiene un doble objeto, por una parte tiene una pretensión punitiva, por otra parte una pretensión de resarcimiento, es decir, el proceso penal tiene una doble dimensión o vertiente, una civil, en tanto que patrimonial, cual es la pretensión de resarcimiento y otra vertiente penal, la pretensión punitiva, la imposición de la pena que está prevista para la conducta que atenta contra la sociedad. Son dos vertientes, del mismo proceso penal, claramente diferenciadas.

Podemos decir de la pretensión punitiva que:

• requiere:
  • hechos susceptibles de delito o falta
  • sujeto autor / partícipe de los hechos

• Pretensión punitiva
• Acusación
• Proceso
• No delito o no imputado -> no proceso: archivo

En cambio, en el proceso civil, la investigación, en caso de ser necesaria, se llevará a cabo por las partes extrajudicialmente. Como excepción, se realizará judicialmente cuando una de las partes no puede acceder a la documentación, para ello se debe acudir a un procedimiento excepcional, las Diligencias Preliminares (artículos 256 a 263 LEC).

4. Carácter del proceso de ejecución

El art. 117. 3 de la Constitución establece que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Jugados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan” de ello se desprende que la declaración del derecho y la ejecución carácter jurisdiccional.

En el procedimiento civil el demandante pide al Juez que declare el derecho y también que ejecute el derecho que ha declarado. El vencedor del procedimiento necesita al Juez para que se cumpla la sentencia, para que la ejecute, no hay, por tanto una autotutela ejecutiva. La ejecución civil tiene carácter jurisdiccional.

En el procedimiento penal, el Estado acusador obtiene una sentencia y en el caso de ser condenatoria y una vez que haya ganado firmeza el Estado puede ejecutarla, tiene autotutela ejecutiva. Así un Juez declara el ius puniendi, cuando la sentencia sea firme, el Estado puede buscar al condenado e ingresarlo en el Centro Penitenciario para cumplir la condena. En el procedimiento penal, la ejecución no tiene carácter jurisdiccional, ya que puede ejecutar la sentencia el Estado a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por tanto tiene carácter Administrativo, sin perjuicio del control jurisdiccional.

5. Eficacia de la cosa juzgada

El efecto de una cosa juzgada comporta la irrevocabilidad de una sentencia, es decir, no puede volver a ser juzgada la misma pretensión. Esa irrevocabilidad puede ser destruida excepcionalmente a través del llamado proceso de revisión, que lo encontramos tanto en el proceso civil (arts. 509 al 516 LEC) como en el proceso penal (arts. 954 al 961 LECr). El proceso de revisión es un proceso excepcional en el que deben concurrir una serie de circunstancias tasadas legalmente, como por ejemplo que los testigos que fueron determinantes para dictar la sentencia en el sentido que se dictó hubieran cometido falso testimonio, o bien que se basase la culpabilidad del sujeto en un documento del que después se demostró su falsedad, o que se consiguiera ganar un proceso mediante maquinaciones fraudulentas.

Mientras que en el proceso civil el proceso de revisión se puede dar tanto en sentencias condenatorias como en sentencias absolutorias, en el proceso penal únicamente puede

formularse contra sentencias condenatorias, ya que en el caso de sentencias absolutorias prevalece la cosa juzgada por el principio favor reo.

También es distinto el plazo para poder interponer el procedimiento de revisión, mientras que el proceso civil, la parte dispone de 3 meses para interponer la revisión a contar desde que se demostró o se conoce el motivo que permitiría la revisión y siempre dentro del límite total de 5 años desde que ganó firmeza la sentencia que se pretende revisar, en cambio, en el proceso penal no hay límite temporal para el inicio del proceso de revisión, prevalece el valor justicia.

Finalmente, también se diferencia la función del procedimiento de revisión en los ámbitos civil y penal. En el ámbito civil la revisión tiene función rescindente y si se obtiene sentencia estimatoria de la revisión queda abierta la posibilidad de que las partes puedan abrir de nuevo un proceso sobre los mismos hechos. En el ámbito penal, por el contrario, tiene doble función, rescindente y rescisoria, si la sentencia de revisión es estimatoria no se inicia un nuevo proceso penal, prevalece la presunción de inocencia.

Hay que destacar que el proceso penal es monopolio estatal. Las partes, en el proceso civil, para solucionar sus diferencias, en el caso de que no lo consigan por sí mismas, pueden acudir a los órganos jurisdiccionales públicos (los Juzgados del orden civil), pero igualmente pueden solucionar sus problemas sometiéndose voluntariamente a lo que decida un tercero, por ejemplo a un árbitro elegido por ambas partes. Por tanto, el proceso civil no es monopolio del Estado. Por el contrario, los procesos penales sólo se pueden desarrollar ante órganos jurisdiccionales del orden penal.

TEMA 3: JURISDICCIÓN PENAL

1. Concepto y ámbito

Podemos analizar tres conceptos de la jurisdicción penal:

En los casos en que los hechos presuntamente delictivos se cometiesen en la embajada o en el consulado de un país en el territorio de otro Estado, según lo establecido por Convenios Internacionales, la frontera se extiende a la embajada o al consulado. (Convenios de Viena, de 18 de abril de 1961, de relaciones diplomáticas; y de 24 de abril de 1963, de relaciones consulares).

En el art. 23.2 LOPJ se establecen las excepciones a los límites de jurisdicción, así, los juzgados y tribunales españoles también serán competentes de los delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles siempre que se den los siguientes requisitos:

• que el hecho sea también delito en el Estado extranjero
• que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles En el apartado 3 del art. 23 LOPJ se establece la jurisdicción española en relación a los delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, contra intereses del Estado, relacionándolos. Y en el art. 23.4 igualmente se establece la jurisdicción española en el mismo sentido pero en relación a delitos contra la humanidad. Será requisito común a las tres excepciones;
• que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en este último caso que no haya cumplido la condena. 3. Límites objetivos. La jurisdicción militar

El límite objetivo se refiere a la jurisdicción militar. La jurisdicción militar no pertenece al poder judicial. La LOPJ en su art. 3.2 estable: “la competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al ámbito estrictamente castrense respecto de los hechos tipificados como delitos militares por el Código Penal Militar y a los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con la declaración de dicho estado y la Ley Orgánica que lo regula…” La jurisdicción militar está regulada por la LO 4/1987, de 15 de junio. Hay que distinguir la jurisdicción para el conocimiento de procedimientos por comisión de delitos, según se trate de

• tiempos de paz -> será competente la jurisdicción militar para hechos tipificados como delito en el Código Penal militar
• tiempos de guerra -> habrá que estar al Decreto que declare el estado de que se trate, según lo establecido en la LO 4/1981, de 1 de junio, reguladora del estado de alarma, excepción y de sitio. 4. Conflictos de jurisdicción

Para resolver los conflictos de jurisdicción, debemos dirigirnos a la LO 2/1987, de 18 de mayo, de conflictos jurisdiccionales En el art. 44 de la LOPJ se establece que: el orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional”. En el caso de que haya que resolver algún conflicto, se constituye una Sala “ad hoc”, la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, y también se sigue un procedimiento especial

para la resolución de los mismos. Regulado en Art. 23 y 29 de LO de conflictos de Jurisdiccion.

5. Cuestiones prejudiciales

Se establece en el art. 10 de la LOPJ: “1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente

2. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de éste determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la ley establezca”

Por ejemplo, en un caso de hurto, el imputado plantea su propiedad (civil), o plantea ser hijo o hermano de los propietarios de la cosa ( excusa absolutoria art. 268 C.P.)

Hay dos clases de cuestiones prejudiciales

• Cuestiones prejudiciales no devolutivas. Reguladas en el art. 3 de la LECr: “Por regla general, la competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación”.
• Cuestiones prejudiciales devolutivas
  • Absolutas (art. 5 LECr)- son aquellas que hacen referencia al estado civil de las personas, por ejemplo (matrimonio, filiales etc.)
  • Relativas (art. 4 LECr)- es determinante la culpabilidad pero no afecta el estado civil de la persona.
• Excepciones: reguladas en el art. 6 de la LECr, y se refiere a que la cuestión civil prejudicial verse sobre el derecho de propiedad de un inmueble o a otro derecho real, en tal caso, el Tribunal penal, podrá resolver acerca de ella siempre que tales derechos aparezcan fundados en un título auténtico o en actos indubitados de posesión
• Completar apuntes con Art. 3 a 7 de Lecrim.

TEMA 4: COMPETENCIA JUDICIAL 04/10/

1. Concepto y caracteres

de 1ª Instancia y de Juzgado de Instrucción, cosa que no ocurre en los grandes núcleos de población, en los que tienen competencias separadas, por un lado los Juzgados de 1ª Instancia, con competencia en el ámbito civil y por otro lado los Juzgados de Instrucción, con competencia en el ámbito penal.

• Juzgados de lo Penal y Juzgados de Menores: Tienen su sede en las capitales de provincia, aunque en algunos partidos judiciales se han creado también Juzgados de lo Penal.

Como órganos colegiados encontramos:

• Audiencias Provinciales: Tienen su sede en la capital de la provincia y competencia en todo su territorio. Están divididas por Secciones servidas por 3 Magistrados cada una de ellas. Además en ellas también se constituye el Tribunal del Jurado ad hoc, para el enjuiciamiento de los delitos determinados en la ley.
• Audiencia Nacional: Es un órgano heredero directo del Tribunal de Orden Público que fue creado en su día para delitos de terrorismo. Actualmente, tiene competencias más amplias, además de los delitos de terrorismo en el orden penal y también tiene competencias en el orden laboral y en el contencioso- administrativo. Su ámbito competencial se extiende a todo el territorio nacional. Está formada por Salas servidas por 3 Magistrados.
• Tribunales Superiores de Justicia: tienen su sede en la capital de la Comunidad Autónoma y competencia en todo su territorio. Conocen de asuntos del orden civil, penal, laboral y contencioso-administrativo, aunque en el orden penal tienen pocas competencias, destacan, entre ellas, el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra sentencias del Tribunal del Jurado.
• Tribunal Supremo: se encuentra en la cúspide de la pirámide del poder judicial en España. Tiene su sede en Madrid y tiene competencias en todos los órdenes jurisdiccionales y en todo el territorio nacional.

El Tribunal Constitucional, así como El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se encuentran fuera de la pirámide judicial.

Para determinar la competencia vertical debemos atender a dos tipos de competencia:

• competencia objetiva , hace referencia a que clase de proceso - determinada a su vez, por tres criterios - cuantitativos, es decir, la duración de la pena -distinguimos: - Proceso ordinario -Proceso Abreviado -Juico Rapidos -Juicio de Faltas - cualitativos, es decir, el tipo o clase de delito - subjetivos, es decir, en relación a los protagonistas del proceso
• competencia funcional , viene determinada por la función que tiene cada órgano jurisdiccional en cada fase o instancia del proceso. 3. Órganos judiciales, procesos penales y sus instancias

Podemos resumirlo en el siguiente cuadro:

CRITERIOS OBJETIVOS

PROCESOS INSTRUCCIÓN ENJUICIAMIENTO RECURSOS

CUANTITATIVOS

P. ORDINARIO Delitos prisión

• 9 años

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

AUDIENCIA PROVINCIAL

CASACIÓN Ante Trib. Supremo

P. ABREVIADO Delitos prisión hasta 9 años

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN (Deligencias Preliminares)

AUDIENCIA PROVINCIAL Pena > 5 años

JUZGADO DE LO PENAL Pena < 5 años

CASACIÓN Ante Trib.Sup.

---

APELACIÓN AUD. PROV. Plazo 10 días

JUICIOS RÁPIDOS Delitos prisión =o< 5 años, o pena distinta

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN (Deligencias Urgentes)

JUZGADO DE LO PENAL

APELACIÓN AUD. PROV. Plazo 5 días

JUICIOS DE FALTAS

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Faltas General>

JUZGADOS DE PAZ Faltas Leves>

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

JUZGADOS DE PAZ

APELACIÓN AUD. PROV. 1 Magistrado

APELACIÓN JDO.INSTR.

CUALITATIVOS TRIBUNAL DEL JURADO

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN Proc. Especial

TRIB. JURADO Jurado + 1 Magist. Presidente

APELACIÓN TSJ Comun. Autónoma

CASACIÓN Ante Tribunal Supremo

ANTE AUDIENCIA NACIONAL

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN

SALA PENAL A.N. Pena> 5 años, 3 Magistrados

JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL Pena < 5 años

CASACIÓN Trib.Supremo

---

APELACIÓN Sala Audien. Nacional

SUBJETIVOS PROCESOS DE MENORES

MINISTERIO FISCAL

JUZGADOS DE MENORES

APELACIÓN Audiencia Provincial

PROCESOS DE AFORADOS (de los mas altos cargos del Estado o CCAA)

1 Magistrado Sala Penal del Tribnal Supremo (ámbito estatal)

1 Magistrado Sala Penal del TSJ Com. Aut. (âmbito autonômico)

Sala Penal del TRIBUNAL SUPREMO

Sala Penal del TSJ Com. Aut.

NO CABE

CASACIÓN TRIBUNAL SUPREMO

VIOLENCIA DE GÉNERO C/ MUJERES

JUZGADOS VIDO (Violencia Domestica)

+9 años AUD.

5 años PROVINC. < 5 años J.PENAL

CASAC. T.S.

APEL A.PROV

Según se desprende de los criterios establecidos en la LECr, el legislador, prefiere que conozca el órgano mejor situado respecto del lugar de comisión de los hechos. TEMA 5: LAS PARTES ACUSADORAS

1. El Ministerio Fiscal. Posición y funciones en el proceso penal. Abstención

La pretensión punitiva, en el proceso penal, siempre es obligatoria, en cambio, la pretensión de resarcimiento es optativa y en todo caso subsidiaria de la pretensión penal. La materia de las partes acusadoras se encuentra regulada de forma desordenada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los artículos del 100 al 117 y en lo relativo a la querella en los artículos del 270 al 281.

El Ministerio Fiscal se encuentra regulado principalmente en el art. 124 de la Constitución Española, según el cual: “ 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

_2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.”_

Precisamente, en desarrollo del punto 3 del artículo anterior se dictó la Ley Orgánica 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal toma una posición de parte en el procedimiento procesal, pero de una parte anómala con características que la distinguen:

• (^) Es parte pública, el representante del Ministerio Fiscal es un funcionario perteneciente a la Fiscalía. Además el Ministerio Fiscal se rige por cuatro principios de actuación que son esenciales - Unidad de actuación. Todos los funcionarios de la fiscalía actúan bajo unos mismos criterios que son establecidos mediante Circulares del Fiscal General del Estado. - Dependencia jerárquica. Cada funcionario del Ministerio Fiscal obedece las instrucciones y órdenes que le dirige su superior jerárquico, con el único límite en el principio de legalidad que informa en todo momento de la actuación del Ministerio Fiscal - (^) Principio de imparcialidad - Puede ser imparcial porque no defiende un interés ni un derecho propio sino que defiende los preceptos del Estado - También puede ser imparcial porque es una parte que no teme ser vencida, en primer lugar porque no se le imponen las cosas aunque no se estimen sus pretensiones y en segundo lugar, y más importante, porque el Ministerio Fiscal puede recurrir la sentencia en todo caso, aunque sea favorable a sus pretensiones, cosa que no ocurre con las otras partes acusadoras, porque en el caso de que el Juez les diera la razón no podrían recurrir la sentencia.

• Otra manera de garantizar la imparcialidad del Ministerio Fiscal, el que debe abstenerse de acusar si concurre en la persona del funcionario del Ministerio Fiscal alguna causa de abstención o de recusación de las legalmente reguladas. En caso de incumplimiento de este requisito si el procedimiento siguiera adelante, ninguna de las partes lo podrían recusar pero podrían presentar una Queja ante el órgano superior del Ministerio Fiscal (art. 96 y 99.1 LECr)
• (^) Finalmente, un trazo distintivo del Ministerio Fiscal y diferenciador de la figura del Juez es que en caso de duda el Fiscal siempre formulará acusación, es decir, in dubio contra reo. Principio totalmente opuesto al principio aplicado por el Juez, quien en caso de duda absolverá al acusado, in dubio pro reo.
• El Ministerio Fiscal es, además, una parte privilegiada, tanto de hecho como de derecho. La propia LECr le concede algún derecho sobre el resto de las partes acusadoras, por ejemplo en el caso de que el Juez declare el secreto de las actuaciones al Ministerio Fiscal se le permite no solamente tener acceso al sumario sino que incluso puede instar diligencias. Tiene también un trato preferente al resto de las partes acusadoras. 2. Acusador popular

Está previsto legalmente en el artículo 125 de la Constitución Española en el que se establece: “Todos los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”

Es una institución pensada para ciudadanos no víctimas ni parte perjudicada directamente, algo así como una figura filantrópica un ciudadano que actuaría no por un interés propio sino en interés de toda la sociedad, debiendo, además, exponer para ello sus propios recursos económicos.

No es parte necesaria. El acusador popular únicamente puede ejercer la presunción punitiva, no la presunción de resarcimiento.

Tendrán capacidad para ser acusador popular, según el tenor literal del artículo transcrito, los ciudadanos; por tanto, los españoles, mayores de edad y que no estén incursos en causa criminal, aunque en la práctica no se exige el requisito de que sea una persona física y se permite que ejerzan la acusación particular asociaciones, grupos, organizaciones y sindicatos, de víctimas, de consumidores, de trabajadores, de ecologistas…

Será requisito para constituirse en parte como acusador popular, formular querella criminal asistido de Abogado y representado por Procurador, y además deberá prestar fianza (la que determine el Juez, sin que pueda constituir motivo por el que se impida al ciudadano el acceso a la Justicia). Esa fianza, si se absuelve al querellado servirá para resarcir a este último del agravio de la querella y, por tanto, el acusador popular perderá la fianza constituida.