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CASO PRÁCTICO: POTESTAD EXPROPIATORIA
DERECHO ADMINISTRATIVO II
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) solicita a la Administración a la que
está vinculada la expropiación de unos terrenos para la construcción de un nuevo tramo de la
línea de transporte por ferrocarril de Alta Velocidad (AVE) desde Madrid a Cáceres. Para la
ejecución de la obra en cuestión resultaba necesario disponer, como cabe imaginar, de
numerosos terrenos de diferentes propietarios. Nos centraremos sólo en los terrenos de tres
fincas diferentes respecto de las cuales se acordó, después de la aprobación del proyecto de
obras “Línea de AVE, tramo Madrid-Cáceres” por Orden del Ministro de Fomento, la necesidad
de ocupación.
La primera de esas fincas pertenecía al Sr. Juan Antonio de la Coba que, a su vez, la tenía
arrendada a la Sra. Carmen Bernier. La segunda era propiedad del Sr. Juan Francisco Medina y
sobre ella la Sra. Sonia Sánchez disfrutaba de una servidumbre de paso. Esta finca se expropia
solo parcialmente. La otra finca era propiedad del Ayuntamiento de Plasencia.
Una vez declarada la necesidad de ocupación, ADIF comenzó las conversaciones con los
interesados para intentar llegar a un acuerdo amistoso sobre el precio de sus fincas. Con el Sr.
Medina llegó a un acuerdo en el plazo previsto por la LEF. Pero, antes de proceder al pago,
ADIF entró en la finca y comenzó a realizar movimientos de tierras y a depositar materiales en
el terreno.
Con el Sr. de la Coba, sin embargo, no se pudo llegar a ningún acuerdo y tras la confección de
las respectivas hojas de aprecio por cada parte, ambas rechazadas por la parte contraria, se inició
la subfase de fijación del justiprecio por el Jurado provincial de expropiación forzosa.
Finalmente, el justiprecio se fijó tras diez meses desde la incoación del procedimiento
expropiatorio y el pago tuvo lugar pasados 4 años desde su fijación.
Las obras para construir la línea de AVE comenzaron poco después de la ocupación en la finca
del Sr. de la Coba, pero debido a un descuerdo entre la Administración del Estado y ADIF
quedaron paralizadas durante 28 meses. Esta circunstancia no se notificó a los expropiados.
1. ¿Quién es el sujeto expropiante en este caso? ¿Y los expropiados? ¿Y el sujeto beneficiario?
2. ¿Puede la Administración del Estado expropiar un finca propiedad de otra Administración Pública
como es un Ayuntamiento? ¿Ha de tener el bien a expropiar alguna cualidad para poder ser
expropiado?
3. ¿Qué causa expropiandi concurre en esta expropiación? ¿Cómo cree que se ha declarado?
4. Con relación a la finca del Sr. Medina ¿es correcta la actuación de la Administración? ¿Por qué?
¿de qué medios dispone para impugnar la actuación de la Administración? ¿Es posible algún
interdicto? ¿Puede pedirle a la Administración que le expropie la totalidad de la finca porque tras la
expropiación parcial su explotación resulta antieconómica?¿Tiene derecho a ello?
5. Con relación a la finca del Sr. Medina, ¿es interesada principal del procedimiento expropiatorio la
Sra. Sánchez? ¿Está obligada la Administración a avisarle de la existencia de la expropiación?
¿Tiene derecho la Sra. Sánchez a un justiprecio separado? ¿Dónde ha de acudir la Sra. Sánchez si
