El establecimiento de una Renta Básica Universal en nuestro país es una medida que suscita
grandes controversias. En un momento, como el de hoy, de virulenta crisis económica y grandes
recortes en el Estado del bienestar, se ha convertido en una de las medidas centrales que
demandan las fuerzas progresistas en nuestro país.
De ahí deriva la necesidad de que sea importante iniciar un debate sobre la conveniencia (o no)
de tal medida y, no menos importante es, sobre cómo llevarla a cabo.
Propugnamos y creemos en la imposición de una Renta Básica Universal como medio para
mejorar el tan subdesarrollado Estado del bienestar español.
Hoy es por todos compartido que el Estado tiene el papel de financiar una serie de servicios
públicos, tal como la educación primaria y secundaria, la sanidad, o la atención a las personas
con discapacidades. Pues bien, lo cierto es que España tiene unos gastos públicos por habitante
que se encuentran a la cola de la UE. Estamos hablando de un déficit público muy considerable,
que ya antes de la crisis no era inferior a 66.000 euros (unos 6 puntos del PIB).
Las ayudas económicas tradicionales, dadas a la población, eran hasta el momento subsidios
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos. Obedecen a una concepción según
la cual su función es acudir al rescate de ciertos sectores con necesidades específicas (así, las
ayudas a madres solteras, a personas pobres, a personas en situación de desempleo, etc.).
De nuevo, el gasto en transferencias por persona, al igual que pasaba con los servicios públicos,
es bajísimo. Tendríamos que aumentar dicho gasto en un 5% o 6% del PIB para igualarnos al
resto de Europa.
La renta básica universal es una medida que supone que todo ciudadano o residente del
territorio tendrá garantizada la renta necesaria para tener un nivel de vida digno. No creo que
nadie pueda oponerse a una finalidad como esta. Se concibe como un derecho universal,
incondicional y garantizado. La renta básica universal no dota una cantidad igual al umbral de
pobreza, sino un poco superior.
Hagamos números. Multiplicando el número de ciudadanos por el cheque de renta mínima
básica de 8.551€ al año (60% de la renta media del país) se obtiene una cifra del 37% del PIB.
Debemos preguntarnos si este gasto se sumaría a las partidas sociales ya existentes o si las
sustituiría.
La imposición de una RB sería beneficiosa porque:
1. Eliminaría la pobreza. Si nos fijamos en nuestro entorno, todos los países que han
triunfado en la lucha contra la pobreza tienen un estado de bienestar muy desarrollado.
La estrategia dominante para erradicar este problema ha sido desde después de la II
Guerra Mundial la de desarrollar políticas de pleno empleo, que aumentaron la
población activa y facilitaron la incursión en el empleo de la mujer. Aunque estas
Me gustaría hacer una aclaración. En España, concretamente en el País Vasco y en Madrid se
han llevado a cabo políticas bajo este nombre de renta básica que en realidad no se
corresponden al concepto con el que aquí tratamos. Son, en realidad, propuestas que ofrecen un
mínimo de renta a aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza. Pero, no
confundamos términos. Parten de un umbral de pobreza tan bajo que lo único que consiguen es
paliar la pobreza absoluta, lo cual en sí ya es un paso adelante, pero dramáticamente insuficiente
para resolver el problema.
