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Capítulo I: Noción de Persona Jurídica
1. Aspectos generales: Definición, Finalidad, Derechos y Autonomía Patrimonial El capítulo comienza con una definición precisa de la persona jurídica como una organización de personas, ya sean naturales o jurídicas, que se agrupan para la consecución de un fin valioso, el cual puede ser lucrativo o no lucrativo. Esta organización debe cumplir con una serie de formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico para adquirir personalidad jurídica. Esta formalidad puede materializarse a través de la inscripción en los Registros Públicos o mediante una ley. La finalidad de las personas jurídicas varía de acuerdo con su tipo, pero todas comparten un factor común: su creación y funcionamiento están orientados a la realización de actividades que son consideradas valiosas dentro del ordenamiento jurídico. Las personas jurídicas son titulares de derechos y obligaciones, lo que implica que pueden ser parte en relaciones jurídicas como sujetos autónomos, diferenciados de las personas naturales que las integran. En cuanto a su autonomía patrimonial, se establece que el patrimonio de la persona jurídica es independiente del patrimonio de sus miembros. Ningún miembro tiene derecho directo sobre los bienes de la persona jurídica, y los miembros tampoco responden personalmente por las deudas de esta, lo que es una característica esencial para la delimitación de la responsabilidad. 2. Sobre la Pluralidad del Sustrato Ontológico del Concepto de Persona Jurídica: EIRL y otras “Excepciones” Espinoza introduce una reflexión sobre la controversia en torno a si una persona jurídica debe necesariamente estar compuesta por varias personas o si puede ser constituida por una sola. El debate sobre la pluralidad del sustrato ontológico de la persona jurídica ha sido ampliamente discutido en la doctrina, especialmente en torno a figuras como la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL). En este contexto, el autor discute si la EIRL puede ser considerada una verdadera persona jurídica, dado que solo tiene un único constituyente. Aquí se desarrolla la distinción entre las personas jurídicas colectivas, compuestas por varias personas, y las personas jurídicas unipersonales como la EIRL, las cuales, aunque constituidas por un único individuo, se les otorga una personalidad jurídica independiente de la del propietario. 3. Empresa y Persona Jurídica Este apartado aborda la relación entre el concepto de empresa y persona jurídica, y cómo a lo largo de la historia ambos conceptos han tenido diferentes tratamientos. Espinoza explora las teorías que intentan explicar la naturaleza de la empresa, señalando que la empresa no es un sujeto de derecho en sí misma, sino una actividad económica que puede estar organizada bajo la forma de una persona jurídica o una persona natural. Se discute, además, la naturaleza jurídica de la empresa como organización económica y su diferenciación con la persona jurídica, que es el vehículo legal
que permite el ejercicio de dicha actividad económica. También se mencionan las fases de desarrollo doctrinal que han influido en la conceptualización de la empresa y su relación con la personalidad jurídica.
4. Ratificación de los Actos Realizados Antes de la Inscripción de la Persona Jurídica Un tema esencial que se trata en este capítulo es la posibilidad de ratificar los actos realizados antes de la inscripción de una persona jurídica en los registros públicos. Esto se refiere a la validez de los actos que se realizan en nombre de una persona jurídica cuando esta aún no tiene personalidad legal reconocida formalmente. Espinoza señala que el proceso de ratificación implica que los actos celebrados por los fundadores o representantes de una organización antes de su inscripción pueden ser posteriormente reconocidos y validados por la persona jurídica una vez que ha sido formalmente constituida. Esta práctica es fundamental para proteger los derechos adquiridos por terceros que contratan con la entidad en proceso de formación. 5. Capacidad de la Persona Jurídica La capacidad jurídica de la persona jurídica se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio implica la posibilidad de realizar actos jurídicos en nombre propio. La discusión gira en torno a si las personas jurídicas tienen automáticamente ambas capacidades o si la capacidad de ejercicio depende de ciertas formalidades adicionales, como el otorgamiento de poderes a sus representantes. En este punto, Espinoza hace un repaso sobre las posturas doctrinales que han sostenido que las personas jurídicas tienen una capacidad de ejercicio limitada, y aquellas que afirman que la capacidad de ejercicio es inherente a la existencia de la persona jurídica una vez constituida. 6. Formalidad del Otorgamiento del Poder para la Representación de la Persona Jurídica Este apartado detalla los requisitos formales que se exigen para otorgar poder a una persona para que represente legalmente a una persona jurídica. En el derecho civil peruano, la formalidad es clave para asegurar que las decisiones y actuaciones de los representantes de la persona jurídica sean válidas y oponibles a terceros. Espinoza analiza los diferentes tipos de poder que pueden otorgarse y la manera en que deben ser inscritos para que surtan efectos legales plenos. Este apartado también menciona las implicaciones jurídicas de la omisión de la formalidad en el otorgamiento de poderes, lo que puede afectar la validez de los actos realizados en nombre de la persona jurídica.
responsabilidad que surge cuando el daño se produce no directamente por una acción autorizada, sino con ocasión de las funciones asignadas.
10. Transformación, Fusión y Escisión de la Persona Jurídica Este apartado explora los procesos de transformación, fusión y escisión de las personas jurídicas, los cuales son cambios estructurales que pueden alterar la forma en que una persona jurídica existe y opera. Espinoza recurre a la normativa de la Ley General de Sociedades para regular estos aspectos, debido a la falta de una regulación específica en el Código Civil peruano. - Transformación: Se refiere al cambio en la estructura jurídica de una persona jurídica sin que esta pierda su identidad. Por ejemplo, una asociación civil puede transformarse en una sociedad anónima. - Fusión: Es el proceso por el cual dos o más personas jurídicas se unen para formar una nueva entidad o para que una de ellas absorba a las otras. Este proceso conlleva la transferencia de todos los activos y pasivos a la nueva entidad o a la entidad absorbente. - Escisión: Se da cuando una persona jurídica divide su patrimonio y forma una o varias nuevas entidades con parte de ese patrimonio. Espinoza subraya las implicaciones jurídicas de estos procesos y su impacto en la autonomía patrimonial de las entidades involucradas. 11. El Principio de Relatividad de la Persona Jurídica El principio de relatividad sostiene que la persona jurídica tiene una existencia legal independiente de sus miembros, lo que significa que los derechos y obligaciones de la entidad son suyos propios y no de los individuos que la conforman. Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que existen excepciones, particularmente en casos de abuso de la personalidad jurídica. - El Abuso y el Fraude a Través de la Personalidad Jurídica: Espinoza analiza el abuso de la personalidad jurídica como una figura utilizada para ocultar fraudes o evadir responsabilidades. En este contexto, se discute la doctrina del levantamiento del velo corporativo, la cual permite que, en ciertos casos, los tribunales ignoren la separación entre la persona jurídica y sus miembros para hacer responsables a estos últimos por los actos fraudulentos o abusivos cometidos a través de la entidad. El capítulo finaliza con un repaso de la jurisprudencia comparada, analizando casos emblemáticos en diversas jurisdicciones, como el leading case Aron Salomón contra Aron & Salomón Company, Limited en el Reino Unido, y otros ejemplos de abuso de la personalidad jurídica en los ordenamientos jurídicos italiano, alemán y estadounidense. Capítulo II: La Asociación y Otras Formaciones Asociativas 1. Generalidades En este capítulo, Espinoza aborda el concepto de asociación, destacando que las asociaciones son una de las principales formas de organización de personas jurídicas en el derecho civil. Se trata de agrupaciones voluntarias de
personas que se constituyen para perseguir un objetivo común, generalmente de carácter no lucrativo. La asociación es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, y es un pilar del ejercicio de las libertades civiles, tanto en su dimensión positiva (derecho a asociarse) como negativa (derecho a no asociarse). Las asociaciones son, por tanto, expresiones de la autonomía de la voluntad, lo que significa que los miembros tienen la libertad de crear y regular internamente su estructura, siempre y cuando no violen el orden público o las leyes imperativas.
2. Tratamiento de las Asociaciones en el Código Civil Peruano Espinoza entra en detalle sobre cómo el Código Civil peruano regula las asociaciones, señalando que la constitución de una asociación requiere ciertos pasos formales, entre los cuales destacan: - Acuerdo entre los fundadores: Se necesita el consenso de los fundadores sobre la creación de la entidad, sus objetivos, estatutos y órganos de administración. - Redacción de estatutos: Los estatutos deben incluir los fines de la asociación, su estructura organizativa, los derechos y deberes de sus miembros, las reglas para la elección de directivos, y las normas sobre la administración del patrimonio.
- Inscripción en los Registros Públicos: La inscripción es obligatoria para otorgar personalidad jurídica a la asociación. Espinoza recalca que sin la inscripción, la asociación carece de capacidad legal para actuar como sujeto de derecho. Un punto importante que el autor menciona es la fiscalización de los actos internos de las asociaciones. El Estado puede intervenir cuando las decisiones tomadas dentro de la asociación violan los derechos de los miembros o se alejan de los fines originales. 3. La Interpretación Vinculante del Art. 92 del Código Civil: Una Toma de Posición Respecto del Concepto de Impugnación El artículo 92 del Código Civil trata sobre la impugnación de los actos y acuerdos que emita una asociación. Este artículo es crucial para proteger los derechos de los miembros de una asociación, ya que otorga la posibilidad de impugnar decisiones que se consideren arbitrarias, ilegales o contrarias a los estatutos. Espinoza desarrolla la importancia de este artículo en el contexto del Quinto Pleno Casatorio Civil, que estableció criterios vinculantes para interpretar y aplicar el derecho a la impugnación dentro de las asociaciones. El pleno determinó que los acuerdos emitidos por una asociación deben respetar los derechos de los miembros y estar alineados con los fines de la entidad. En caso contrario, cualquier miembro puede iniciar un proceso de impugnación. Este apartado también explora cómo las decisiones internas de una asociación, si bien están protegidas por la autonomía privada, pueden ser
7. Las Asociaciones de Padres de Familia (APAFAS) Las Asociaciones de Padres de Familia (APAFAS) tienen una particular relevancia en el sistema educativo peruano. Espinoza describe cómo estas asociaciones, que se constituyen en las instituciones educativas, están sujetas a regulaciones especiales que les permiten participar en la gestión y el apoyo económico de los centros educativos. Se analiza la estructura interna de estas asociaciones y sus funciones, que van desde la representación de los intereses de los padres hasta la recaudación de fondos para mejorar las instalaciones educativas. 8. Los Colegios Profesionales En este apartado, Espinoza trata los colegios profesionales, que son organizaciones de profesionales constituidas para regular el ejercicio de ciertas profesiones, como la abogacía, la ingeniería y la medicina. Los colegios profesionales tienen personalidad jurídica y autonomía económica, y su función principal es garantizar que sus miembros cumplan con los estándares éticos y profesionales de la profesión que representan. El autor destaca los aspectos legislativos y la evolución normativa que ha regulado la constitución y el funcionamiento de los colegios profesionales en Perú, así como las modificaciones introducidas por diversas resoluciones. 9. Naturaleza Jurídica de la Junta de Propietarios en el Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común La Junta de Propietarios es otro tipo de asociación que, si bien no es una entidad con fines de lucro, tiene una importancia clave en la gestión de propiedades comunes, como los edificios y conjuntos habitacionales. Espinoza explica cómo esta junta tiene personalidad jurídica en el sentido de que puede tomar decisiones vinculantes para todos los propietarios y administrar los bienes comunes. Se analiza la naturaleza jurídica de la junta, sus competencias y los procedimientos para la toma de decisiones dentro del régimen de propiedad horizontal. 10. Regulación Normativa de las Formaciones Asociativas Municipales: Inscripción Administrativa Versus Inscripción Registral En este último apartado, Espinoza trata las formaciones asociativas municipales, como las juntas de vecinos y las organizaciones sociales de base, que juegan un papel importante en la gestión comunitaria y local. Estas organizaciones pueden inscribirse en registros municipales o en los Registros Públicos, dependiendo de su finalidad y la normativa aplicable. El autor explora la diferencia entre la inscripción administrativa y la inscripción registral, señalando que, en muchos casos, la inscripción municipal es suficiente para que la asociación pueda operar, aunque su capacidad jurídica puede estar limitada en comparación con una entidad registrada en los Registros Públicos.
11. Las Asociaciones de Vivienda y las de Comerciantes Las Asociaciones de Vivienda y Asociaciones de Comerciantes son otro tipo de organizaciones relevantes en el contexto jurídico peruano. Espinoza analiza cómo estas asociaciones se constituyen para satisfacer necesidades específicas de vivienda y comercio, respectivamente.
- Asociaciones de Vivienda: Estas organizaciones tienen como objetivo principal la gestión y distribución de terrenos o edificaciones entre sus miembros para la construcción de viviendas. Espinoza destaca que estas asociaciones son fundamentales en el proceso de urbanización, y su constitución y operación están reguladas por leyes especiales. Los miembros de estas asociaciones, generalmente, aportan capital para adquirir terrenos y construir viviendas, distribuyendo posteriormente las unidades entre los asociados.
- Asociaciones de Comerciantes: Estas asociaciones se crean para organizar y regular las actividades comerciales de sus miembros, especialmente en mercados y centros de comercio. Espinoza señala que estas entidades facilitan la colaboración entre comerciantes para mejorar sus condiciones de trabajo, aumentar su poder de negociación y garantizar que se respeten las reglas comerciales y sanitarias en los mercados. En ambos casos, Espinoza subraya la importancia del registro de estas asociaciones para garantizar que puedan actuar legalmente, adquirir bienes y contraer obligaciones. También discute los desafíos que enfrentan estas asociaciones en términos de administración y el manejo de sus recursos colectivos. 12. Los Sujetos de Derecho Sui Generis: Núcleos Ejecutores y Consorcios Este apartado trata sobre los sujetos de derecho sui generis, en particular los núcleos ejecutores y los consorcios, que son formas organizativas menos convencionales pero que también son reconocidas por el derecho. - Núcleos Ejecutores: Espinoza explica que los núcleos ejecutores son organizaciones creadas principalmente para llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario, especialmente en áreas rurales. Estos núcleos se constituyen temporalmente y suelen estar integrados por los propios beneficiarios de los proyectos, quienes se encargan de gestionar y ejecutar obras de infraestructura, como caminos, escuelas o centros de salud. Espinoza señala que esta figura promueve la participación activa de la comunidad en la ejecución de proyectos y fomenta el control local de los recursos asignados. - Consorcios: Los consorcios son organizaciones formadas por dos o más personas jurídicas o naturales para la realización conjunta de un proyecto específico, generalmente en el ámbito comercial o industrial. A diferencia de una sociedad, el consorcio no tiene personalidad jurídica propia; sin embargo, los miembros del consorcio actúan de manera coordinada y conjunta para
características, pero todas comparten la obligación de utilizar sus recursos exclusivamente para los fines para los que fueron creadas.
- Elementos de la Fundación: Los elementos fundamentales de una fundación son el patrimonio, el fin altruista y la voluntad de constituirla. Espinoza subraya que sin un patrimonio suficiente, la fundación no puede subsistir, ya que su actividad depende de los recursos que se le hayan asignado al momento de su creación. - El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones : Espinoza explica que las fundaciones suelen estar sujetas a la vigilancia de un consejo de supervisión, encargado de velar por el cumplimiento de los fines de la fundación y la correcta administración de su patrimonio. Este consejo tiene facultades para intervenir en caso de que los administradores de la fundación no cumplan con sus obligaciones. - ¿Puede ser considerada la fundación un proveedor dentro de una relación de consumo?: Un punto novedoso que plantea Espinoza es la posibilidad de considerar a una fundación como un proveedor en el marco del derecho del consumidor. Aunque las fundaciones no lucran con sus actividades, pueden ofrecer bienes o servicios a terceros, lo que podría generar relaciones jurídicas similares a las de una empresa comercial. - Extinción de la Fundación: Finalmente, el autor aborda las causas de la extinción de una fundación, que pueden incluir la imposibilidad de cumplir sus fines, la falta de recursos suficientes o la voluntad de los fundadores de disolverla. En caso de extinción, los bienes de la fundación deben ser destinados a otro fin similar al establecido originalmente. - Conclusión: El Fideicomiso como Sustituto de la Fundación: Espinoza plantea la posibilidad de que el fideicomiso pueda en ciertos casos sustituir a la fundación como medio para afectar bienes a un fin determinado. Aunque el fideicomiso tiene una naturaleza distinta, ya que no es una persona jurídica, se pueden lograr objetivos similares a los de una fundación mediante esta figura. 2. El Comité El siguiente apartado se dedica al comité, otra forma de organización no lucrativa que, si bien no tiene la misma relevancia que la fundación, cumple funciones importantes en ciertos contextos. - Definición de Comité: El comité se define como una agrupación temporal de personas que se constituyen para llevar a cabo una tarea o proyecto específico. Espinoza destaca que, a diferencia de la fundación, el comité no tiene un patrimonio permanente y su existencia está limitada a la consecución del objetivo para el que fue creado. - Tratamiento del Comité en el Código Civil Peruano: El comité está regulado en el Código Civil, que establece las formalidades mínimas para su creación y funcionamiento. Espinoza menciona que el comité no adquiere
personalidad jurídica a menos que se registre, y su capacidad de actuar en el tráfico jurídico es limitada.
3. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Las ONG son organizaciones no lucrativas que cumplen un papel importante en la sociedad civil, especialmente en la promoción de derechos humanos, desarrollo social y cooperación internacional. Espinoza señala que las ONG no solo actúan en el ámbito privado, sino que muchas veces colaboran con el Estado y organismos internacionales para implementar políticas públicas. - Definición y Finalidad de las ONG : Espinoza define a las ONG como entidades no lucrativas que se constituyen para promover fines de interés general, como la protección del medio ambiente, los derechos humanos o el desarrollo comunitario. Las ONG pueden recibir financiamiento de diversas fuentes, incluidas donaciones privadas, subvenciones gubernamentales y fondos internacionales. - Regulación de las ONG en el Derecho Peruano: En el Perú, las ONG están sujetas a un régimen especial de registro y supervisión. Espinoza explica que, aunque las ONG gozan de autonomía, están obligadas a rendir cuentas ante las autoridades estatales para garantizar que los fondos que reciben se utilicen adecuadamente para los fines previstos. - Debate Constitucional sobre la Regulación de las ONG: El capítulo también incluye una discusión sobre el debate constitucional que ha surgido en torno a la regulación de las ONG. Espinoza señala que, aunque el Estado tiene el deber de garantizar la transparencia y legalidad en las actividades de estas organizaciones, la regulación no debe ser tan restrictiva como para limitar la libertad de asociación y la autonomía de las ONG. 4. Sobre la Necesidad de Reclasificar a las Personas Jurídicas sin Fines de Lucro Finalmente, Espinoza plantea la posibilidad de reclasificar las personas jurídicas sin fines de lucro para adaptarlas mejor a las realidades sociales y económicas actuales. En este apartado, el autor sugiere que las ONG, las fundaciones y los comités podrían agruparse bajo una misma categoría jurídica, con ciertas subdivisiones, para facilitar su regulación y garantizar que sus actividades sean coherentes con el marco legal vigente. Capítulo IV: Comunidades Campesinas y Nativas
- Cuestiones Preliminares Espinoza inicia el capítulo con una introducción sobre la importancia histórica, social y jurídica de las comunidades campesinas y nativas en el contexto peruano. Estas comunidades, reconocidas como personas jurídicas en la Constitución, tienen un papel clave en la preservación de las costumbres, el manejo de la tierra, y el desarrollo económico en áreas rurales y amazónicas. El autor destaca que las comunidades campesinas y nativas son consideradas entidades colectivas, donde los bienes son gestionados en beneficio de todos
carácter no lucrativo de las comunidades está más relacionado con la distribución equitativa de los recursos y la propiedad colectiva de la tierra.
- Clasificación de los Comuneros: Espinoza clasifica a los miembros de las comunidades campesinas en tres categorías:
- Comuneros Calificados: Aquellos que tienen pleno derecho de participación en la comunidad.
- Comuneros Integrados: Aquellos que aún no han alcanzado la plena calificación, pero que forman parte de la estructura social de la comunidad.
- Comuneros Hábiles: Personas que tienen derechos limitados dentro de la comunidad. Esta clasificación determina los derechos de cada comunero, especialmente en lo que respecta a la participación en la toma de decisiones y la distribución de los bienes comunales.
- Órganos de la Comunidad Campesina: Espinoza analiza la estructura organizativa de las comunidades campesinas, destacando la asamblea general como el órgano supremo de decisión. También se describen los otros órganos de gobierno, como el consejo directivo y los comités especializados, que se encargan de la administración diaria de los recursos y el cumplimiento de las decisiones de la asamblea.
- Responsabilidad de los Miembros del Consejo Directivo y de los Comités Especializados: Los miembros del consejo directivo y de los comités especializados tienen una responsabilidad legal por la administración de los bienes y la ejecución de los acuerdos de la comunidad. Espinoza menciona que, aunque estos miembros no reciben remuneración, pueden ser responsables civil y penalmente en caso de mala gestión o fraude.
- La Actividad Empresarial de la Comunidad Campesina Un aspecto importante que Espinoza aborda es la capacidad de las comunidades campesinas para participar en actividades empresariales. Aunque tradicionalmente se las ha visto como entidades de subsistencia, muchas comunidades campesinas han incursionado en actividades productivas con fines comerciales, como la creación de empresas comunale o multicomunales.
- Empresas Comunales y Multicomunales: Espinoza señala que las empresas comunales permiten a las comunidades campesinas participar en la economía formal sin perder su carácter colectivo. Estas empresas gestionan recursos como tierras, agua y ganado, y pueden generar ingresos que se distribuyen equitativamente entre los comuneros. Las empresas multicomunales son aquellas en las que varias comunidades se asocian para gestionar proyectos de mayor envergadura, como el desarrollo de proyectos agroindustriales o turísticos.
- Participación en Empresas del Sector Público, Asociativo o Privado: Espinoza también destaca que las comunidades campesinas pueden ser socias en empresas del sector público o privado. Esto les permite acceder a recursos técnicos y financieros para desarrollar proyectos de infraestructura o producción, al tiempo que mantienen el control sobre sus tierras y recursos.
- Las Rondas Campesinas Las rondas campesinas son una institución única del derecho peruano. Espinoza explica que estas organizaciones son grupos de comuneros que se encargan de garantizar la seguridad intern en las comunidades campesinas y nativas, actuando como una especie de policía rural. Las rondas campesinas son especialmente importantes en áreas donde el Estado tiene poca presencia, y su autoridad está reconocida legalmente en el Perú.
- Función de las Rondas Campesinas: Su función principal es la prevención y resolución de conflictos dentro de la comunidad, ya sea a través de la vigilancia o la mediación en disputas entre comuneros. Espinoza subraya que las rondas campesinas también tienen un rol clave en la protección de las tierras comunales frente a invasiones o apropiaciones indebidas por parte de terceros.
- Reconocimiento Lega: Aunque las rondas campesinas no tienen personalidad jurídica independiente, están reconocidas por la legislación peruana como una forma legítima de justicia comunitaria. Espinoza analiza cómo estas rondas han sido incorporadas en el sistema de justicia del país, permitiendo que sus decisiones sean respetadas por las autoridades formales, siempre y cuando no violen los derechos fundamentales. Capítulo V: Organizaciones de Personas No Inscritas
- Asociación No Inscrita Espinoza comienza explicando que las asociaciones no inscritas son agrupaciones de personas que, a pesar de no haberse registrado formalmente en los Registros Públicos, gozan de un reconocimiento jurídico limitado. Estas organizaciones, aunque no tienen personalidad jurídica plena,
obras comunitarias. En estos casos, los miembros del comité suelen asumir la representación y gestión de los fondos en nombre del grupo.
- Responsabilidad de las Organizaciones No Inscritas En este apartado, Espinoza profundiza sobre la responsabilidad que asumen los miembros de las organizaciones no inscritas, ya que no existe una separación clara entre los patrimonios personales y los patrimonios colectivos.
- Responsabilidad Solidaria: La regla general es que los miembros de estas organizaciones responden solidariamente con su propio patrimonio por las obligaciones adquiridas por la entidad. Esta situación contrasta con las personas jurídicas inscritas, en las que los asociados tienen una responsabilidad limitada al capital aportado.
- Ejemplos de Organizaciones No Inscritas en la Legislación Peruana Espinoza incluye ejemplos de organizaciones no inscritas que son reconocidas por la ley en ciertos contextos, como comités de festejos, asociaciones temporales, y colectivos vecinales. Estas entidades pueden operar de manera legítima en ciertos casos, aunque su capacidad legal y de actuación está circunscrita a situaciones específicas. Capítulo VI: El Caótico Universo de las Personas Jurídicas Creadas por Ley
- Los Partidos Políticos Espinoza abre este capítulo señalando que las personas jurídicas creadas por ley forman un grupo único en el derecho, ya que su creación no deriva de la voluntad privada, sino del mandato legal. Los partidos políticos son un claro ejemplo de esta situación, ya que su existencia está regulada por leyes especiales y su finalidad es participar en el proceso democrático.
- Regulación de los Partidos Políticos: Los partidos políticos son sujetos de derecho que tienen personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Espinoza destaca que los partidos tienen fines específicos, como representar a los ciudadanos en el proceso electoral y participar en la formación de la voluntad política del país.
- Régimen Legal y Control Estatal: Espinoza enfatiza que, debido a su naturaleza pública, los partidos políticos están sujetos a un régimen de control estatal más estricto que otras personas jurídicas. La Ley de Partidos Políticos regula aspectos como la financiación, el acceso a medios de comunicación, y la democracia interna.
- Los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) Los CAFAE son fondos constituidos en las instituciones públicas para asistir y estimular al personal administrativo. Espinoza describe su constitución como personas jurídicas de derecho público, creadas por ley para administrar los fondos destinados a mejorar las condiciones laborales del personal estatal.
- Autonomía y Regulación: Estos comités tienen una autonomía limitada, ya que deben cumplir con los lineamientos establecidos por la ley y los reglamentos internos de cada institución. A pesar de ser entidades autónomas, los CAFAE están sujetos a supervisión estatal y deben rendir cuentas de sus actividades.
- Las Derramas Las derramas son instituciones de previsión social creadas por ley para otorgar beneficios a determinados gremios o colectivos, como el magisterio. Espinoza señala que estas instituciones son financiadas por aportaciones de los trabajadores y su objetivo es otorgar pensiones o ayudas económicas en situaciones de necesidad. -Régimen Jurídico: Espinoza explica que las derramas tienen una naturaleza mixta: aunque son entidades de derecho privado, cumplen funciones de interés público. Están sujetas a control estatal en lo que respecta al uso de los fondos, pero su gestión es autónoma y la administran los representantes de los gremios.
- La Asociación Mutualista Judicial: ¿Asociación? La Asociación Mutualista Judicial es una entidad creada por ley para brindar beneficios sociales y de previsión a los trabajadores del sector judicial. Espinoza plantea la pregunta sobre si esta entidad debe ser considerada una asociación civil o si tiene una naturaleza jurídica propia. -Particularidades Jurídicas: Aunque se organiza como una asociación, su creación por ley y su estrecha vinculación con el Estado la convierten en una entidad sui generis. Espinoza analiza cómo, a diferencia de otras
