Marc Castillo i López
Seminario 101
Derecho Procesal. Seminario 3.
Derecho procesal penal en España
El Derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al
derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su
fin. Entre el Estado y los particulares tiene un carácter primordial como un estudio de una justa
e imparcial administración de justicia: la actividad de los jueces y la ley de fondo en la
sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar (en caso de que así sea
requerido) las conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares en
cada caso y con el propósito de preservar el orden social.
Básicamente hallamos 3 tipos de sistema den organización: el acusatorio, el inquisitorio
y el mixto. Cabe destacar que se ha producido una evolución cronológica entre los 3, siendo el
más primitivo el acusatorio, que pasaría a ser sustituido por el inquisitorio y que terminaría
derivando en el mixto.
El sistema acusatorio es el sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo
rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la
acusación a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio
contradictorio, oral y publico y resuelta por el juez según su libre convicción.
Más adelante pasábamos al inquisitorio, que bajo mi punto de vista supuso una época
negra para los sistemas de justicia.
En este sistema la persecución penal pública de los delitos en manos del inquisidor,
quien al mismo tiempo ejercía las funciones de acusar y defender, es desarrollada en el marco
de un proceso penal excesivamente formal, riguroso, discontinuo y secreto, por ende, escrito,
pues en él, mediante el levantamiento de actas, se construía el material a partir del cual se dicta
el fallo.
Bajo este sistema la búsqueda de la verdad justificaba cualquier medio empleado,
admitiendo las formas más crueles de coerción basado en la presuposición de la culpabilidad del
sujeto, quien no era otra cosa que el objeto del proceso, a quien no se le reconocía el derecho a
la defensa, pues si era culpable no merecía tal derecho y si era inocente no importaba, pues el
Inquisidor al fin de cuentas lo descubriría.
