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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Autora: Mercedes Sánchez Ruiz
TEMA 13. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
I. ASPECTOS GENERALES
1. Concepto
La sociedad de responsabilidad limitada [SRL] (o sociedad limitada [SL]) es una sociedad mercantil, de estructura corporativa, en la que el capital social está dividido en participaciones sociales y se integra por las aportaciones de los socios, quienes no responden personalmente de las deudas sociales (art. 1.2 LSC).
2. Caracteres
Como principales caracteres de la sociedad de responsabilidad limitada pueden señalarse los siguientes:
Es una sociedad de capital. Responde al modelo de estructura corporativa, pero incorpora en su régimen algunos elementos propios del modelo personalista. Se caracteriza por su carácter típicamente cerrado ya que, como regla general, se limita la entrada y salida de socios (o, lo que es lo mismo, se restringe la transmisión de las participaciones sociales que confieren la condición de socio en la SRL).
Sociedad mercantil por la forma. La SL, como la SA, es siempre mercantil, cualquiera que sea su objeto, por lo que le resulta aplicable el estatuto jurídico del empresario (art. 2 LSC).
El capital mínimo en la SL es de 3.000 €, no estableciéndose ningún número máximo ni mínimo de socios (art. 4.1 LSC). Como excepción, se admite la constitución de sociedades limitadas que no alcancen el capital mínimo indicado (las llamadas “sociedades limitadas de formación sucesiva"), que están sujetas a las reglas especiales previstas en el art. 4 bis LSC).
El capital social se divide en participaciones sociales , que no tienen el carácter de valor mobiliario, no podrán estar representadas por medio de títulos o anotaciones en cuenta, ni podrán denominarse acciones (art. 92.2 LSC).
Las participaciones en las que se divida el capital social deben estar íntegramente asumidas y desembolsadas por los socios desde el momento de la constitución de la sociedad. No puede haber, por tanto, desembolsos pendientes (art. 78 LSC).
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3. Regulación.
Esta forma social se regula en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), norma que derogó la anterior Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada_._ Por otra parte, los aspectos relacionados con la publicidad registral de las sociedades limitadas se regulan en los arts. 175 a 208 (Capítulo V: “ De la inscripción de sociedades de responsabilidad limitada”) del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (RRM).
Desde la entrada en vigor de la LSC, el régimen jurídico de la sociedad anónima y el de la sociedad de responsabilidad limitada se contienen en un mismo cuerpo legal.
Ambas formas sociales comparten muchos aspectos de su régimen jurídico, por lo que el legislador ha optado por regularlas conjuntamente. En consecuencia, en aquellos artículos, capítulos o secciones de la LSC en los que no se hace mención expresa a ninguna forma social, o se alude a “las sociedades de capital”, debe entenderse que la regulación que contienen se aplica tanto a la SA como a la SL. En cambio, los artículos que, en todo (p.ej., arts. 162, 190 o 350 LSC) o en parte (p.ej., art. 4.1, 22.2, 179.1 o 188.1 LSC) contienen una regulación específica para las sociedades limitadas hacen siempre una referencia expresa a esta forma social.
En los siguientes apartados se señalan las líneas esenciales del régimen jurídico de la sociedad de responsabilidad limitada, destacándose las principales diferencias respecto a la sociedad anónima.
II. CONSTITUCIÓN Y POSICIÓN JURÍDICA DE SOCIO
1. Constitución, aportaciones sociales y prestaciones accesorias.
A) Constitución de la sociedad limitada
La sociedad limitada se constituye necesariamente por el procedimiento de fundación simultánea (no cabe, pues, la “fundación sucesiva”), mediante contrato entre dos o más personas (o bien por una declaración unilateral de voluntad, si es una sociedad unipersonal), que habrá de ser otorgado en escritura pública y deberá ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil. Sólo tras la inscripción adquiere personalidad jurídica y se aplica íntegramente el régimen jurídico propio de esta forma social.
El régimen de constitución de una SL no difiere prácticamente del que hemos estudiado para la SA, siéndole de aplicación, igualmente, la regulación de la sociedad
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Autora: Mercedes Sánchez Ruiz Antes de la LSC de 2010, únicamente en la SL se admitían dos modalidades de prestaciones accesorias: a) las asumidas, a título personal, por uno o varios socios concretos y b) las que se vinculan a la titularidad de determinadas participaciones sociales. En el primer caso, la obligación de realizar las prestaciones accesorias se extingue cuando el socio obligado transmite sus participaciones; en el segundo, en cambio, la obligación en que consiste la prestación accesoria se transmite con la participación/es correspondiente/s, por lo que el adquirente de esta/s quedará obligado a cumplir la prestación accesoria en los mismos términos que el anterior titular de las participaciones. En la actualidad, la regulación de la LSC en esta materia no distingue (art. 86.3 LSC), por lo que deberá entenderse que se admiten estas dos modalidades también para la SA (a pesar de que, con anterioridad a esta norma, sólo era posible que las prestaciones accesorias se vincularan a las acciones).
La única especialidad que, en la actualidad, presenta la regulación de las prestaciones accesorias en la SL (frente a la SA) es que su incumplimiento voluntario se considera causa legal de exclusión del socio incumplidor (art. 350 LSC)^2.
2. Posición de socio. Las participaciones sociales.
A) Configuración de las participaciones sociales
Las participaciones sociales constituyen, en primer lugar, una parte del capital social (son partes alícuotas, indivisibles y acumulables de este) y, en segundo lugar, implican un conjunto de derechos y obligaciones , que integran la posición jurídica de socio en la SL. Cada participación social confiere a su titular legítimo la condición de socio. Sin embargo, y a diferencia de las acciones, no tienen el carácter de valores, ni pueden estar representadas por títulos o anotaciones en cuenta (art. 92.2 LSC).
B) Derechos de los socios
Considerada como conjunto de derechos, la participación confiere derechos administrativos o políticos y económicos. Entre los políticos, destacan el derecho de voto , de asistencia a las Juntas de socios, de información , así como la facultad de impugnación de acuerdos sociales. Entre los económicos, puede señalarse el de participación en los beneficios que se distribuyan (derecho al dividendo ) y el derecho a la cuota de liquidación. Con un carácter mixto (es decir, con un contenido tanto político como económico), debemos señalar el derecho de asunción preferente de nuevas participaciones emitidas en caso de aumento del capital social. Como vemos, los principales derechos que confiere la participación de una SL coinciden con los que
(^2) En la SA sería necesario que esta circunstancia se estableciera expresamente en los estatutos sociales como causa estatutaria de exclusión (art. 351 LSC).
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otorga la acción en la SA (art. 93 LSC), aunque con algunas variaciones en el régimen jurídico de algunos de ellos.
Las diferencias más relevantes se refieren a la regulación de los derechos de asistencia (art. 179 LSC) y, sobre todo, de voto. Cabe destacar, en particular, la mayor flexibilidad en la configuración del derecho de voto en la SL, donde ya no debe ser necesariamente proporcional al capital, sino que en los estatutos podrán configurarse participaciones sociales que otorguen un número de votos que no sea proporcional a la parte de capital que representen (art. 188 LSC). Es posible, por ejemplo, que en una SL existan participaciones que atribuyan un derecho de voto y otras que atribuyan dos derechos de voto, teniendo el mismo valor nominal.
C) Transmisión de las participaciones sociales
El régimen de transmisión de las participaciones es un tema fundamental en esta forma de sociedad (arts. 106-112 LSC). Al contrario que la acción, la participación social no se caracteriza por su fácil transmisibilidad, sino que, como regla general, la transmisión de las participaciones sociales debe someterse a las restricciones o requisitos previstos por la Ley, o bien regulados en los estatutos de la sociedad. El art. 108.1 LSC dispone que “ serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos”.
La LSC regula esta materia distinguiendo tres supuestos diferentes de transmisión de participaciones sociales: la transmisión voluntaria por actos “ inter vivos ”, la transmisión “ mortis causa ” o por causa de muerte de uno de los socios y la transmisión forzosa o por embargo de las participaciones sociales^3. Nos centramos a continuación en los dos primeros.
El régimen de transmisión voluntaria por actos “inter vivos” previsto en la LSC tiene carácter supletorio , lo que significa que deberán aplicarse en primer lugar las normas previstas en los estatutos sociales sobre esta materia. Podrán los estatutos incluso prohibir la transmisión pero, en este caso, se reconocerá al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento (art. 108.3 LSC). Sin embargo, se admite la validez de una cláusula estatutaria que impida la transmisión de las participaciones sociales por actos inter vivos o el ejercicio del derecho de separación durante un periodo de tiempo no superior a cinco años (art. 108.4 LSC).
Cuando en los estatutos no se haya previsto nada al respecto, se aplicará el régimen legal contenido en el art. 107 LSC, en el que se distinguen dos supuestos,
(^3) Los socios o (en defecto de socios interesados y sólo si así se ha previsto en los estatutos) la sociedad podrán subrogarse en la posición del rematante, consignando el importe del remate, más gastos, y aceptando las demás condiciones de éste (art. 109 LSC).
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1. La Junta de socios
La regulación de la Junta de socios en la sociedad limitada presenta algunas particularidades respecto a la Junta general de accionistas en la SA. Señalaremos algunas de las más destacables.
a) En cuanto a las competencias de la Junta de socios, la LSC le atribuye las mismas que estudiamos como propias de la Junta general de accionistas, con la peculiaridad de que se reconoce a la Junta una mayor injerencia en asuntos de gestión. En concreto, se atribuye a la Junta de socios de una SL la posibilidad de impartir instrucciones al órgano de administración , o de someter a su autorización determinadas decisiones propias de la competencia de este órgano (art. 161 LSC).
Otra especialidad de la SL es que la concesión de créditos y garantías a socios o administradores por parte de la sociedad requiere un acuerdo concreto para cada caso de la Junta de socios, con la única excepción de las financiaciones otorgadas a sociedades del mismo grupo (art. 162 LSC). También se requiere acuerdo de la Junta en caso de que se celebre un contrato de obra o servicios entre la SL y sus administradores (art. 220 LSC).
b) En cuanto a la convocatoria, la LSC ha unificado prácticamente el régimen aplicable a la SA y a la SL. Al igual que en la SA, se permite que en los estatutos sociales de una SL se pueda sustituir la publicación del anuncio de convocatoria en la página web de la sociedad (o, si no tiene, en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social) por una comunicación, individual y escrita, realizada por cualquier medio que asegure su recepción por todos los socios, como, p.ej. mediante carta certificada con acuse de recibo o a través de un e-mail con firma electrónica reconocida (art. 173.2 LSC).
La única especialidad que subsiste es que, en la SL, el anuncio de convocatoria deberá publicarse con una antelación mínima de 15 días respecto a la fecha de celebración de la Junta, mientras que en la SA el plazo es de un mes (art. 176 LSC).
c) En la sociedad limitada no se prevé un “ quorum” mínimo para la válida constitución de la Junta, sino que sólo se regulan las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos sociales. Con carácter general, los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos (mayoría relativa, es decir, más votos a favor que en contra), siempre que representen al menos un tercio del total de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social (art. 198 LSC).
Además, se prevén mayorías reforzadas para determinados acuerdos de especial trascendencia para la sociedad (cfr. art. 199 LSC). Así, el aumento o
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reducción del capital y, en general, cualquier modificación de estatutos para la que no se exija una mayoría más elevada, requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. Por último, las modificaciones estructurales ( transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo y traslado de domicilio social al extranjero ); la supresión o limitación del derecho de preferencia en aumentos de capital; la exclusión de socios y la autorización a los administradores para que se dediquen a la misma actividad que constituya el objeto social requerirán el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos totales.
Una diferencia relevante respecto a la SA es la posibilidad de que en los estatutos se altere el principio general según el cual cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto ( ruptura de la proporcionalidad voto-capital ). Como ya hemos indicado, las participaciones sociales no siempre deberán ser iguales en cuanto al voto, sino que los estatutos pueden prever participaciones con distinto contenido de derechos de voto (art. 188.1 LSC). Por este motivo, la base para el cómputo de las mayorías será la suma de todos los votos que confieran la totalidad de las participaciones en que se divida el capital social de cada SL.
Art. 188 LSC. Derecho de voto. “1. En la sociedad de responsabilidad limitada, salvo disposición contraria de los estatutos sociales, cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto. […]” Por otra parte, en los estatutos sociales se podrán exigir mayorías más elevadas que las legalmente previstas (sin llegar a la unanimidad); también se podrá exigir, adicionalmente, el voto favorable de un determinado número de socios (art. 200 LSC).
d) Otra especialidad destacable en la SL es la prohibición al socio de ejercitar su derecho de voto en la Junta en determinados casos en los que el legislador ha considerado que existe un conflicto de intereses entre el socio y la sociedad (art. 190 LSC). Por ejemplo, en el acuerdo de la Junta sobre la exclusión de un socio no podrá votar el afectado; tampoco puede votar el socio que pretende transmitir sus participaciones en el acuerdo de la Junta que decide si le autoriza o no para hacerlo.
3. El órgano de administración.
En la LSC se regulan las posibles estructuras o formas de organización del órgano de administración, que son las que señalamos para la SA, con leves diferencias (art. 210 LSC): un administrador único; varios administradores que actúan solidaria o conjuntamente; Consejo de Administración. La única diferencia es que, en la SL, se admite una administración conjunta o mancomunada de más de dos administradores.
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en el art. 348 bis LSC^4 : la falta de reparto como dividendos de, al menos, un tercio de los beneficios de explotación de la sociedad, siempre que hayan transcurrido cinco años desde su constitución. Para la SL, se añade una causa legal de separación más: la modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales.
También se permite expresamente la introducción en los estatutos sociales de otras causas (estatutarias) de separación (cfr. art. 347 LSC), siempre que consientan en ello todos los socios.
El socio ejercitará su derecho de separación dirigiendo a la sociedad una declaración de voluntad donde manifieste su voluntad de dejar la sociedad, en el plazo de un mes desde que se produzca la causa que justifique su separación.
2. Exclusión de socios
En las sociedades limitadas (no en la SA) se regula legalmente la posibilidad de exclusión o salida forzosa de un socio de la sociedad, por acuerdo de la Junta general, cuando se producen determinadas circunstancias, previstas en la Ley o bien en los estatutos como causa de exclusión. Se trata de supuestos en los que un socio ha incumplido alguna de sus obligaciones sociales, o bien concurren en él otras circunstancias graves que impiden o dificultan gravemente la consecución del fin social.
En la LSC (art. 350) se establecen como causas legales de exclusión el incumplimiento voluntario de las prestaciones accesorias, la infracción de la prohibición de competencia por un socio-administrador y la existencia de una sentencia firme que condene a un socio-administrador a indemnizar a la sociedad los daños que le hubiere causado. Por otra parte, el art. 351 LSC admite la posibilidad de que todos los socios, de forma unánime, acuerden en los estatutos otras circunstancias que permitan la exclusión del socio en el que se produzcan (causas estatutarias de exclusión de socios). Esta última posibilidad se contempla, en general, para cualquier sociedad de capital (y, por tanto, debe entenderse posible no sólo en la SL sino también en la SA).
El procedimiento de exclusión de un socio en una SL exige, en todo caso, la adopción de un acuerdo de la Junta general por el cual se decide excluir al socio en el que concurre una causa (legal o estatutaria) de exclusión. Para su validez, el acuerdo de exclusión deberá ser adoptado por la mayoría reforzada prevista en la letra b) del art. 199 LSC (dos tercios de los votos totales que puedan ser emitidos en esa
(^4) El art. 348 bis fue introducido en la LSC por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas , pero una ley posterior suspendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.
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sociedad), debiendo abstenerse de votar el socio cuya exclusión se decide (art. 190 LSC).
Cuando el socio a excluir posea más del 25% del capital social, como regla general no bastará el acuerdo de la Junta, sino que será preciso, además, que recaiga una sentencia judicial firme por la que se declare su exclusión de la sociedad^5.
3. Efectos comunes a la separación y la exclusión de socios.
El principal efecto que producen las dos figuras que estudiamos es que el sujeto afectado pierde su condición de socio , bien porque así lo desea (separación) o bien porque así lo decidan mayoritariamente los demás socios o, si procede, el juez (exclusión).
En todo caso, tanto el socio que se separa como el que es excluido tiene derecho a que la sociedad le pague el valor razonable de sus acciones o participaciones, debiendo procederse a su valoración en las condiciones previstas por la Ley (vid. arts. 353 y ss. LSC).
Finalmente, las acciones o participaciones sociales que correspondían al socio saliente serán amortizadas, reduciéndose el capital social en esa cuantía, salvo en los casos en que la Junta de socios^6 haya acordado expresamente que tales acciones o participaciones sean adquiridas por la propia sociedad (art. 358 LSC). A tal efecto, deberá otorgarse por los administradores sociales la correspondiente escritura pública de reducción de capital o, en su caso, de adquisición por la sociedad de las acciones o participaciones sociales del socio separado o excluido, debiendo ser inscrita en el Registro mercantil (art. 208 RRM).
(^5) Como excepción, no será precisa una nueva sentencia judicial de exclusión cuando la causa de exclusión sea que el socio-administrador con una participación en el capital superior al 25% hubiera sido ya condenado a indemnizar a la sociedad por los daños causados en el ejercicio de su cargo (cfr. art. 352.2 LSC). 6 En el caso de separación, será la junta que adoptó el acuerdo que atribuye el derecho a separarse de la sociedad; en el caso de la exclusión de un socio, la junta de socios que la acordó.
