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ANDALUCIA Y EL TRANSITO DEL ANTIGUO AL NUEVO REGIMEN
por JULIO PEREZ SERRANO Universidad de Cádiz y JOSE ANTONIO SAINZ VARELA Universidad de Cádiz
1.- Introducción
En las páginas siguientes se analiza el préstamo fundamental que Andalucía hizo de su geografía y de sus hombres de acción a la política española en el primer tercio del XIX, para que ésta dilucidara en el sur de la península sus enfrentamientos externos – la invasión francesa– e internos – las luchas entre absolutistas y liberales–. Su protagonismo conducirá a España en el tránsito del Antiguo Régimen al nuevo sistema socioeconómico burgués y capitalista del XIX. Como señala Antonio Miguel Bernal, es casi imposible juzgar si el transcurso de aquellos acontecimientos pertenecen a la Historia de España o a la de Andalucía, y en donde acaba lo particularmente andaluz y empieza lo genéricamente español. Podemos afirmar con seguridad que los fines -de gobierno- tuvieron una perspectiva nacional en tanto que los medios -espacial y humano- eran regionales; en cambio no queda tan claro cuánto más nacional que regional fueron las consecuencias del periodo. Para Andalucía el paso del Antiguo al Nuevo Régimen significará la pérdida de su preponderancia económica mercantil americana, principal fuente de ingresos de la Corona, a causa de la emancipación de las colonias; el momento en que comienza a conformar una realidad separada de los nuevos polos de prosperidad económica, que se trasladarán al norte de España. En la legítima búsqueda de una estricta, original y nunca escrita historia de Andalucía, que llene los huecos que ha dejado pendientes la historiografía nacional, amenaza al historiador el prurito por repetir cualquier argumento que figure previamente en monografías, manuales o enciclopedias de Historia de España. Acaso por eso se caiga en el erróneo afán de perseguir y sobrevalorar el hecho o dato novedosos que puedan aportar a la historia un sesgo regionalista, a veces demasiado forzado. Quizá la actual postración andaluza nos impida identificarnos plenamente con la memoria de esta historia y reconocer que fueron las circunstancias económicas, políticas y sociales del sur de España, las que impusieron un sesgo particular al desenlace posterior, que difícilmente habría adquirido en otra parte del país.
2. Guerra y revolución (1808-1814)
Seguramente la historiografía española nunca llegue a un acuerdo definitivo que explique la naturaleza del levantamiento que se produjo en nuestro país contra la invasión francesa de
principios del siglo XIX: ¿Se trató, en su origen, de un alzamiento popular improvisado, o fue una conspiración preparada por la nobleza y la burguesía? Esta pregunta se resiste a las respuestas categóricas que oscilen únicamente entre dos representaciones simplificadoras: la de una élite que espolea y manipula al pueblo, o la de una masa que espontáneamente provoca la adhesión de las clases dominantes a los acontecimientos. Aparte de la complejidad en sí misma de la cuestión, hoy nos confunde además, ese empeño abundante por estudiar los sucesos concretos del momento -ya sea una revuelta, una batalla, la actividad de una junta- con la intención predeterminada de destacar de ellos ciertos rasgos que identificarían de inmediato, a menor escala, la verdadera esencia de la resistencia española. Así ésta se fijará alternativamente en la reacción del cura trabuquero, en el reformismo liberal de las Cortes de Cádiz, o en el nacionalismo atávico de cualquier partida de guerrilleros, por poner sólo unos ejemplos. En demasiadas ocasiones, la necesaria discusión globalizadora se pierde en la infinidad de los pequeños debates. Desde principios del siglo XIX la monarquía de los Borbones españoles, sin pulso desde la muerte de Carlos III el 14 de diciembre de 1788, arrastraba una grave y larga crisis política y económica. El reinado de Carlos IV, persona de intenciones bondadosas pero incapacitado para el gobierno, estuvo marcado por la proximidad geográfica de la revolución francesa; primero enemiga (hasta 1795), luego aliada, y por último responsable de desencadenar, con su intervención armada, un proceso revolucionario liberal, larvado desde hacía tiempo entre la clase burguesa y que concluiría, tras más de treinta años de encarnizadas luchas políticas, con la extinción del Antiguo Régimen en España. El caso es que después de los ministerios antirrevolucionarios de Floridablanca (hasta 1791) y Aranda (1792) privará el favorito del rey y de la reina, Manuel Godoy (1767-Ü1851), un notable y dotado arribista. La demostración de superioridad militar con que la Convención apabulló a los ejércitos españoles durante la guerra de 1793 a 1795, convenció a Godoy de la conveniencia de atraerse a Francia mejor como amiga frente al siempre amenazador influjo inglés en América. Los sucesivos tratados de Basilea (1795), San Ildefonso (1796) y Fontainebleau (1807) entregaron a Napoleón el control de la política exterior española, resultando de ello la pérdida de toda la flota en la batalla de Trafalgar a manos de la inglesa (1805), y la entrada de tropas imperiales francesas en el propio territorio con el pretexto de invadir Portugal (1807). Por entonces una parte de la nobleza española conspiraba en la Corte, en torno al príncipe Fernando, contra Godoy y su política de alianza con Francia. En marzo de 1808, instigarán un motín popular en Aranjuez, de carácter antirreformista y proanglosajón, verdadero golpe de estado que depone a Carlos IV y entroniza a su hijo Fernando VII. De paso hizo debutar al pueblo en el trascendental rol protagonista que no abandonará ya durante todo el siglo XIX. Cuando Carlos IV y Fernando VII acudan a Bayona a dirimir sus diferencias políticas y familiares frente a Bonaparte, éste ya habrá decidido orquestar un remedo de sustitución dinástica "legal" en el trono de España para apropiarse incruentamente del país, obligando a los dos Borbones a entregar la corona a su hermano José. Sin embargo, el emperador no contaba con que núcleos ilustrados de la nobleza, el clero, la burguesía y la oficialidad del ejército español considerasen ilegales las abdicaciones de Bayona, y desenmascarasen la alianza extranjera como invasión ante un pueblo resentido por recientes enfrentamientos con los ocupantes y desconfiado en general de su presencia. Aunque no pueda asegurarse que esta oposición recién organizada vaya a ocupar un vacío de poder legítimo, antes que suplantarlo en realidad, prácticamente ello supondrá su ejercicio en el nombre excepcional de la defensa y del gobierno del país, levantado contra los franceses frente a la corte madrileña de José I.
Junta Sevillana se arrogó el control sobre toda Andalucía. Su objetivo era la creación de un ejercito que operase bajo su exclusiva dirección y que pudiera oponerse a la invasión francesa. Se enviaron emisarios a San Roque para atraerse la adicción del general Francisco Javier Castaños, Comandante en Jefe del Campo de Gibraltar, y la del ejercito real a su mando -casi 9. hombres- acantonados en esta localidad gaditana. Castaños fue nombrado General en Jefe del Ejercito de Andalucía. Asimismo, emisarios de la Junta llegaron a Cádiz el 28 de mayo y provocaron una insurrección armada contra el comandante de la plaza, Francisco Solano, Capitán General de Andalucía, por oponerse al asalto de los restos de la flota combinada hispano-francesa derrotada en Trafalgar y que fondeaba en el puerto de la capital, bloqueada por la inglesa. Solano acabaría siendo asesinado en medio de la revuelta. El 6 de junio la Junta Suprema declaró la guerra a "Napoleón y a la Francia mientras esté bajo su dominación". Junto a Castaños se nombraron como jefes del ejército a Reding -con lo cual acababan uniéndose las fuerzas sevillana y granadina-, al marqués de Coupigny, y a Felix Jones. Tras la batalla de Bailén se produciría la primera salida de las tropas francesas de Andalucía, en 1808. En junio de 1808 existían ya 13 juntas supremas repartidas por todo el país. Mientras Napoleón trazaba al norte del Ebro nuevos planes de conquista, el 25 de septiembre se creó en Aranjuez la "Junta Suprema Central Gubernativa del Reino" que sustituía a las instituciones tradicionales -Junta de Gobierno de excepción, Consejo de Castilla, Capitanías Generales, Audiencias- desacreditadas por aceptar tácitamente el gobierno de José I durante su estancia en Madrid. La Junta Suprema de Sevilla se resistió a entregar el mando de sus competencias defendiendo un modelo de junta central coordinadora, pero no decisoria: el enorme éxito cosechado en Bailén la convencía en la autosuficiencia de sus posibilidades. Finalmente Andalucía envió representantes por sus cuatro reinos: por Jaén el canónigo Francisco Castanedo y Sebastián de Jócano; por Granada el Regente de la Chancillería y Luis de Túnez; por Sevilla Juan de Vera y el conde de Tilly; y por Córdoba el marqués de la Puebla de los Infantes y Juan Gutiérrez Rabé. El acceso mayoritario de miembros de los estamentos privilegiados a esta Junta trastocó el espíritu reformista inicial de las nuevas instituciones. Presidida por Floridablanca la Junta se limitó a una vaga gestión centralista en los asuntos en los que las juntas provinciales, celosas de su autonomía, entregaban su autoridad. La entrada de la Grande Armée en España hizo patente cómo la Junta Central había desperdiciado su tiempo para aprestarse a organizar una defensa efectiva del país. Huyendo del avance francés, se trasladó primero a Sevilla y luego a San Fernando (Cádiz) donde en enero de 1810 se disolvió, entregando el mando a una regencia que convocó la tanto reclamada reunión de Cortes. Durante este tiempo, la Junta perdió fuerza y cohesión a causa no solamente del asedio francés sino también a enfrentamientos ideológicos internos. Su imagen ante el pueblo degeneró en una falta total de credibilidad, máxime cuando le tocaba abandonar con extrema diligencia ciudades amenazadas recomendando fortaleza y calma a los habitantes obligados a permanecer en ellas. Existen, sin duda, notables diferencias entre las políticas practicadas por las juntas andaluzas en 1808 (especialmente la Suprema de Sevilla), por la Junta Central (en Madrid, Aranjuez, Sevilla, San Fernando y Cádiz) y por sus órganos herederos, el Consejo de Regencia y las Cortes Constituyentes (en Cádiz y luego en Madrid), que reflejan distintas concepciones y modelos políticos. El protagonismo de unas u otras es coincidente con un itinerario geográfico que alternativamente viaja del sur al norte y viceversa: partiría de la Baja Andalucía para marchar al centralismo jovellanista; más tarde regresaría, obligado, a la periferia liberal; y, por último,
finalizaría en el conservadurismo del interior castellano. Esta es la mejor demostración de como la ubicación geográfica andaluza, y con ella su distinta composición humana, condicionó en estos años decisivos la evolución histórica de España.
2.2. LA DEFENSA EXCEPCIONAL: LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN ANDALUCÍA.
Es inútil tratar de pintar con un único rasgo los móviles españoles en la guerra de Independencia, ya que en ellos se entremezclan intereses económicos, políticos y sociales de todo tipo, confundiéndose motivos nacionalistas con ideológicos, la espontaneidad sentimental con el razonamiento más repensado. En un primer momento, la entrada de los franceses en Andalucía formaba parte del plan napoleónico para adueñarse fulminantemente de las capitales más importantes del país, entre ellas, el puerto de Cádiz, base naval de los restos de la escuadra francesa derrotada en Trafalgar. El fácil paso de Despeñaperros confió al Mariscal Dupont, comandante de las fuerzas francesas en una victoriosa campaña. Cuando le llegaron noticias de los preparativos de Castaños decidió detenerse en Córdoba, en la que entró con facilidad y saqueó. Cuando las tropas españolas se le aproximaron, Dupont dudó entre mantener sus posiciones o retirarse a Despeñaperros, asegurando los accesos a Andalucía. Su indecisión táctica y el mal entendimiento con el general Vedel, jefe de un destacamento de refuerzo, le costaron la desastrosa derrota del 19 al 22 de julio en Bailén (Jaén). José I, alarmado por este inesperado revés, abandonó Madrid el 30 de julio, y los ejércitos imperiales se retiraron al norte del Ebro. Aprovechando las circunstancias, los ingleses desembarcan en Lisboa un contingente expedicionario al mando de Lord Wellington. Existe una perenne discusión historiográfica sobre si el apoyo británico fue determinante o no en el transcurso de la guerra. En el caso andaluz hay que concederle una relevancia que apenas admite matices. Los británicos influyeron decisivamente para que las juntas andaluzas reconociesen a la de Sevilla como el órgano superior de gobierno que asegurase la coordinación efectiva de la resistencia: así cuando Martínez de la Rosa acude a Gibraltar a comprar armas para la Junta de Granada, Sir Hugo Dalrimple, gobernador de la plaza, le exige a cambio un compromiso de acatamiento a la autoridad de Sevilla; igualmente, cuando la flota española fondeada en Cádiz se pasa el 31 de mayo al campo de la insurrección, los ingleses acuerdan con Enrique Macdonnell, jefe de la escuadra, el mismo reconocimiento. Decisivo fue también el apoyo logístico del refugio de Gibraltar: desde Cádiz se planeaban frecuentes salidas de hostigamiento, por medio de desembarcos cercanos de pequeña envergadura, que siempre contaban con la confianza en una segura retirada a esta base inexpugnable en caso de un contraataque francés. Por último, aunque Cádiz estuviese copada por tierra, el continuo apoyo que la flota británica le suministraba por mar, permitió su holgada resistencia durante todo el asedio. Lo que sí parece claro es que la estrategia inglesa concibió la guerra de Independencia como un enfrentamiento directo y particular entre los intereses ingleses y los franceses, a decidir en este caso en terreno español. Así lo indica, al menos, la actitud de Wellington al someter a continuos juicios subestimadores la calidad de la "colaboración" española. Desde luego, los intereses españoles no eran ni mucho menos prioritarios, como lo demuestra el hecho de que durante los tres primeros meses de 1809, varios regimientos ingleses trataron de ocupar la ciudad de Cádiz, bajo la excusa de facilitar su mejor defensa. Aunque tal empresa fracasase a causa de la firme negativa de la Junta Central, y de su representante en Cádiz, el marqués de Villel, no es
b) Los jovellanistas. Ilustrados. Eran partidarios de reformas que no implicasen ninguna revolución, aunque destacasen el papel jugado por el pueblo como garante de la libertad nacional. Defendían una soberanía que descansara conjuntamente en el rey y en las Cortes. c) Los liberales. Revolucionarios inspirados por la revolución francesa. Pretendían la construcción de un nuevo estado basado en el principio de la soberanía nacional recogido en una constitución escrita. Para ellos esta era la oportunidad ideal de trocar lo circunstancial en estructural. Los primeros objetos de discusión fueron el contenido y el funcionamiento que tendrían las Cortes Constituyentes. Cuando la Junta Central se disolvió en 1810, para dar paso al Consejo de Regencia, se propuso aplicar el modelo jovellanista, es decir, unas Cortes al modo ingles, organizadas en dos cámaras. Sin embargo, durante el proceso de convocatoria de las mismas, la creciente influencia liberal irradiada desde Cádiz consiguió imponer su modelo inspirado en la constitución francesa de 1791: una sola cámara, de representación universal, no estamental y directa. En el otro extremo, para los absolutistas, las únicas Cortes validas eran las estamentales, es decir en las que cada estamento tradicional tenia un único voto. El discurso pronunciado por el padre Muñoz Torrero en la sesión inaugural del 24 de septiembre de 1810 ya insistió en los principios de soberanía nacional y en el división de poderes, anunciando la orientación que adoptarían los debates. Dos años después, el 19 de marzo de 1812 sería proclamada la "Constitución Política de la Monarquía Española", la "Pepa", verdadera guía del progresismo español para los años venideros. El triunfo de los postulados liberales se debe directamente a su predominio numérico en una sede sitiada por el enemigo y casi inaccesible para muchos diputados llamados a Cortes. A causa de esto, la mayoría de los diputados absolutistas no pudieron acudir a las sesiones, siendo muy alto el número de suplentes escogidos entre los burgueses progresistas de la ciudad. Ni siquiera todo el progresismo andaluz se reunió en Cádiz. Por esto último, se ha venido aceptando una mayor relevancia de la burguesía mercantil periférica como conductora de éste y de posteriores procesos revolucionarios, desestimando la importancia que tuvieron en años siguientes los propietarios agrícolas burgueses del interior para la desaparición del régimen señorial y para la desamortización, ya que en su momento no pudieron participar en los debates gaditanos. La coincidencia del carácter de la Constitución con su redacción en suelo gaditano no es algo casual. En Cádiz se asentaba, probablemente el núcleo más importante de España de burguesía comercial enriquecida con el tráfico americano. Cádiz pertenecía a aquella periferia cultivada del país, beneficiada por las reformas de Carlos III y cuya colonia francesa pro- revolucionaria era la más importante de España. Durante las sesiones, el clamoroso apoyo de los asistentes a favor de los líderes liberales y de las reformas inmediatas, coartó con probabilidad el funcionamiento escrupuloso y legal de la cámara y la profundidad de los debates. Quizá los líderes absolutistas, tras esta primera experiencia parlamentaria en la que tanto se les desprestigió, acentuasen aún más su desconfianza política y despego personal por el nuevo sistema político, lo que explicaría en parte la represión tan virulenta posterior. Pese a todo lo dicho, eso no significará ni mucho menos, como se demostrará unos años después, que podamos generalizar una unidad de ideología que aglutine Andalucía en un deseo común de reforma. Antes bien, las razones de su fracasada aplicación no debemos buscarlas solamente entre los condicionantes externos, en la recalcitrante reacción absolutista iniciada en 1814; la misma
circunstancia que propició la redacción de una carta magna de contenido tremendamente progresista y evolucionado, es decir, el predominio excepcional del grupo de diputados liberales, dio lugar también a una Constitución inadecuada para la sociedad andaluza y española de comienzos del siglo XIX, por lo demasiado elitista de sus fundamentos. La obra revolucionaria llevada a cabo por las Cortes de Cádiz se divide en dos acciones fundamentales. Por una parte se liquidaba el Antiguo Régimen con una serie de leyes que propiciaban la transformación política y social: abolición de los señoríos jurisdiccionales; principio de la futura desamortización eclesiástica; establecimiento de la libertad de imprenta y de expresión, salvo en temas religiosos; abolición de la Inquisición; tímida liberalización de los cultos religiosos. Por otra parte se redactaba la Constitución de 1812 que diseñaba los fundamentos del nuevo régimen del Estado liberal. Sus principios básicos más destacables serían el reconocimiento de la soberanía nacional; la limitación de los poderes del rey; la división de poderes; la unificación jurídica y la abolición de los privilegios fiscales. En su redacción se mezcla el racionalismo de más clara inspiración francesa con una fuerte vena ética y religiosa.
3. La gran crisis andaluza
El reinado de Carlos III promovió importantes reformas en favor del nuevo Estado ilustrado y centralista. En el mundo agrario incitarían al desarrollo de esa burguesía opuesta a la existencia de los señoríos y favorable a la desamortización de las propiedades concejiles y eclesiásticas. En materia mercantil, medidas como la sobresaliente Ley de Libertad de Comercio con Indias (1778) por la que se eliminaba el monopolio de un solo puerto de la corona (Cádiz) como cabecera del comercio con América, favoreció el desarrollo de la clase burguesa asentada en la costa, beneficiando sobre todo a la andaluza, a la catalana y a la vasca. Por último, nuevas instituciones tales como las Sociedades Económicas de Amigos del País habían propagado la cultura ilustrada y reformista a través de tertulias y academias, en donde se formaron intelectuales como Remiso, Blanco White, Lista, Martínez de la Rosa, etc. En esencia, éste es el elemento humano que en los años siguientes dará vida a la primera Constitución española, encabezará los pronunciamientos liberales durante el reinado de Fernando VII o nutrirá la Junta Central de Andújar de 1835. Desgraciadamente, estos andaluces, tras llevar a la práctica el ideario progresista que España fraguaba desde finales del XVIII, dejarán huérfana la obra iniciada. A lo largo del XIX, la pérdida de la primacía económica andaluza en España, debilitó poco a poco la relevancia de su presencia política. Sánchez Mantero habla de la paradójica irrupción en el panorama nacional de los Alcalá Galiano, Istúriz, Mendizábal, Narváez, Serrano, Rivero, como válvula de escape de un antiguo dinamismo de clase, ahora coartado tras quebrar la tradición mercantil de sus antecesores. Por todo lo anterior, el tránsito del siglo XVIII al XIX, supone para Andalucía mucho más que la sustitución política e institucional del régimen señorial por el burgués. Estos son los años cruciales de la pérdida del comercio colonial con América y del empobrecimiento causado por la ocupación militar francesa. Los enormes beneficios que proporcionaba el tráfico indiano se trocaron en una ruralización general de la economía, que iba a diferenciar con nitidez la principal fuente de riqueza de nuestra región hasta hace muy pocos años (marcando además la personalidad y la cultura de la sociedad andaluza para toda la Edad Contemporánea). Todavía es preciso un estudio completo que reconstruya la relación plausible que existió entre la decadencia
Por otra parte, la ideología imperial napoleónica, victoriosa por la fuerza de las armas en media Europa, y resquemada por la derrota de Bailén, trató a los españoles, a pesar de lo esfuerzos del José Bonaparte, con maneras revanchistas y prepotentes. En mayo de 1810, el mariscal Soult, comandante de las tropas francesas destacadas en Andalucía proscribió a los ejércitos españoles decretando que "todas las partidas que existan en las provincias, cualquiera que sea su número y sea quien fuere su comandante serán tratadas como reuniones de bandidos. Todos los individuos [...] que se cogieren con las armas en la mano serán [...] fusilados". La previsible reacción de las poblaciones contra estas actitudes justificaría el que la Guerra de Independencia haya sido tradicionalmente considerada como el embrión del moderno nacionalismo español, desarrollado en contraposición con el imperialismo francés.
3 .2. LA EMANCIPACIÓN AMERICANA: PÉRDIDA DEL COMERCIO COLONIAL Y TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA.
Existe un debate en la actualidad para determinar si la perdida de las colonias americanas fue la causante, directa o no, de la crisis económica de Andalucía, y por extensión de la evolución que la transformaría posteriormente en un área marginal del desarrollo español. En general, la mayoría de las opiniones relacionan con comodidad ambos términos. Sin embargo, hay teorías que ponen en entredicho la proporcionalidad entre la decadencia andaluza y el descenso del tráfico mercantil con América debido al carácter mayoritariamente reexportador de éste, poco asentado en el tejido económico interno (Bernal). Existe unanimidad, en cambio, en admitir que los enormes beneficios que producía este comercio, con el tiempo habrían sido la base desencadenante de un optimo crecimiento andaluz en todos los ordenes. Los imponderables de la alianza exterior con Francia, impulsada por Godoy, durante el reinado de Carlos IV empujaron a España al enfrentamiento bélico contra Inglaterra, a unas catastróficas guerras atlánticas que liquidaron la potencia marítima de la Corona. La batalla de Cabo San Vicente en 1797, obligó a decretar el Libre Comercio de las colonias con Neutrales, para continuar el abastecimiento que ya no podía asegurar la menguada flota real. Es lo que García- Baquero llama la “independencia económica” de América, precedente de la independencia política. La definitiva derrota del Cabo de Trafalgar en 1805, liquidó completamente el control de las rutas comerciales que unían la metrópoli con sus colonias. Lo que sí queda meridianamente claro es que el fin del gran mercado americano derivaría las inversiones andaluzas hacia la tierra, en un retroceso de los grandes capitales hacía la gran propiedad agrícola rentista. Mientras que los capitales mercantiles se empeñaban en la búsqueda de nuevos mercados, estas empresas andaluzas perdían peso relativo con respecto a las catalanas o vascas. Las consecuencias inmediatas fueron el descenso del tráfico indiano (Cádiz pasa de ser sede de 300 armadores a censar poco más de 20), pero también de la ruina de las manufacturas textiles para la exportación. Sevilla en veinticinco años pasa de 2.000 pañeros de lana a 100, además de perder sus modestas pero numerosas manufacturas de algodón, al igual que Málaga o El Puerto de Santa María, donde decaen las fábricas de indianas y se reduce considerablemente la producción sedera. Por último se abandonan las últimas roturaciones agrícolas de Sierra Morena, pasando a manos de la gran propiedad, ya que sus pequeños arrendatarios habían perdido el negocio de la exportación a América.
4. Absolutismo y Liberalismo (1812-1833)
4 .1. ANDALUCÍA Y LAS CORTES DE CÁDIZ.
La retirada escalonada de Sur a Norte del ejército francés a partir de 1812, convirtió a Andalucía en la primera región española que veía pacificado su territorio. Desde entonces hasta el regreso de Fernando VII, "El Deseado", las Cortes prosiguieron su actividad en Cádiz. En esta legislatura se aprobó, gracias a la mayoría liberal, el grueso de la legislación citada anteriormente, complementaría de la Constitución. La nueva situación militar en España hizo conveniente la convocatoria de elecciones, a fines de 1813, para unas nuevas Cortes Ordinarias. En la cámara renovada, el número de diputados absolutistas (sacerdotes sobre todo) doblaba al de los liberales. Era una mayoría opuesta a los propios fundamentos del constitucionalismo. Aunque participasen en los debates parlamentarios en aquellas circunstancias excepcionales, en cuanto tuvieron ocasión, 65 de estos diputados acudieron al rey Fernando, recién desembarcado, para reclamarle la restauración del antiguo régimen político y económico. El 15 de enero de 1814 las sesiones se trasladaron a Madrid, acuciadas por un rebrote en Cádiz de la peste amarilla. El derribo del gobierno constitucional en 1814, presenta unas características diferentes del proceso que lo elevó el 19 de marzo de 1812. La oposición absolutista aguardaba la llegada de Fernando VII, para "que se reponga todo al ser y estado que tenía antes...", haciendo proselitismo desde el púlpito y desde periódicos como El Procurador General de la Nación y el Rey , comenzado a publicar en Cádiz, donde atacaban a la Constitución de 1812 por "extranjería afrancesada y masónica". Los medios, el aparato empleado, la coordinación con que iniciaron las manifestaciones (por ejemplo, en Sevilla y en los pueblos de los alrededores) descubren la antelación con la que habían sido planeadas. Sus proyectos entendían necesario el concurso partidario del pueblo para que su presencia en las manifestaciones legitimasen las reivindicaciones. De esta forma, los núcleos reaccionarios, aunque no reconociesen la soberanía nacional, estaban admitiendo implícitamente la nueva importancia que adquiría la acción popular como refrendo de la ascensión de un gobierno. Aunque haga caer al historiador en un terreno dado al maniqueísmo y muy susceptible aún a la subjetividad ideológica, la alianza, en aquellos días, entre la insurrección reaccionaria fernandina y el apoyo popular andaluz, merece una discusión detenida, sobre todo si se compara con el carácter de la revuelta de 1808. Por ejemplo, podemos preguntarnos si los atentados cometidos en las capitales andaluzas, en los días anteriores a la derogación de la Constitución por Fernando VII, contra las lápidas conmemorativas de la proclamación constitucional, fueron obra del sectarismo absolutista o si los secundaba un sentimiento popular independiente. En todo caso la participación del pueblo en estos sucesos ya sea como instrumento consciente o manipulado es innegable, lo que demuestra que el ideario constitucionalista no había arraigado lo suficiente en el favor, en el fervor del pueblo. Parece claro que el absolutismo supo aprovechar el ansia de la sociedad andaluza por la venida del rey, en el que todos fiaban la solución a sus problemas. La nobleza señorial deseaba mantener la titularidad de sus propiedades; la burguesía mercantil reclamaba un gobierno estable y fuerte que dominase la insurrección americana y asegurase la continuidad del comercio con América, los propietarios rurales querían seguir usufructuando las tierras concejiles y baldías que
ya que no logró atraerse el apoyo popular que esperaba, por miedo quizá a las represalias absolutistas. Sin embargo, las confusas noticias que se recibían en el norte de España sobre la odisea liberal de Riego, alentaron a otros núcleos burgueses, sobre todo de Galicia y Cataluña a proclamar la Constitución de 1812. Viéndose sobrepasado por las circunstancias Fernando VII, a desgana, también la juró. Los liberales utilizaron circunstancialmente en esta época las estructuras secretas de la masonería para tramar pronunciamientos a favor del liberalismo. Esto y la amplia participación de los masones en las "sociedades patrióticas" (asociaciones liberales proselitistas) ha permitido que cierta historiografía, sobre todo conservadora, haya interpretado una decisiva influencia de la masonería como inspiradora de la Constitución del 1812: no en vano, la colonia francesa de Cádiz contaba con una logia de clara orientación bonapartista. Sin embargo, estas afirmaciones son cuanto menos inexactas, dado que las Cortes de Cádiz legislaron varias veces contra su propagación y una Real Cédula de 1812 prohibía su extensión por América y Filipinas. A pesar de las dificultades internas y externas, el gobierno de Madrid continuó durante tres legislaturas ordinarias y dos extraordinarias, la obra iniciada en Cádiz. Se suprimieron los señoríos y los mayorazgos, se abolió la Inquisición, se proyectó una reforma de la hacienda pública, se creó la milicia nacional (cuerpo paramilitar compuesto de voluntarios liberales preparados para intervenir para la defensa del régimen en situaciones en que corriese riesgo), etc… El ejercicio real del poder provocará la división de los liberales en dos grupos, enfrentados por imponer el mejor método para la consecución de las reformas. Para los moderados o "doceañistas", encabezados por Martínez de la Rosa, era necesaria una alianza con las fuerzas del Antiguo Régimen que lograse una transición pacífica al Régimen burgués y huir del apoyo popular temiendo cualquier tipo de involución social descontrolada, a la francesa. Para los exaltados o "veinteañistas" era imprescindible una acción política rápida, innegociable y de orientación popular que lograse dicha transición sin condiciones. Como apunta Gil Novales, el predominio del grupo moderado durante este periodo (a pesar de continuas manifestaciones "exaltadas", como las que se prodigaron en la ciudad de Cádiz) priorizó una táctica de acercamiento a la oposición absolutista, que ni mucho menos logró su aceptación del régimen. Mientras tanto se desplazaban los intereses del pueblo, fundamentalmente agrícolas, al no activarse con rapidez la abolición de los señoríos, y aumentándose, en la práctica, las contribuciones agrarias. El 28 de enero de 1823, el rey Luis XVIII de Francia, con el apoyo de Austria, Prusia y Rusia, y con la oposición de Gran Bretaña, prestó a Fernando VII un ejercito de casi cien mil hombres conocido por "Los Cien Mil Hijos de San Luis" para que recuperase el poder absoluto: al mando del Duque de Angulema, este ejército invadió el territorio, sin encontrar apenas resistencia, atravesó la península y llegó hasta Cádiz, donde se había refugiado el Gobierno, abandonado del ejercito y del pueblo. Esta vez Gran Bretaña no ayudaría a la causa de los gaditanos rompiendo el bloqueo del ejercito francés, y Fernando VII pudo restaurar su gobierno absolutista diez años más, reprimiendo con el ajusticiamiento, la cárcel o el exilio a los liberales. Las personalidades más relevantes del liberalismo andaluz debieron exiliarse a Francia (Martínez de la Rosa, Javier de Burgos, Andrés Borrego) o a Gran Bretaña (Blanco White, Alcalá Galiano). Los años que transcurren entre 1823 y 1833 son conocidos por la historiografía liberal como la "década ominosa" por la saña con la que se empleó el Antiguo Régimen durante sus últimos estertores de vida. El tímido reformismo que iniciaron algunos ministros como Ofalía y López Ballesteros apuntaba una contribución del gobierno al entendimiento creciente entre las
dos ideologías enfrentadas en España para una conversión del sistema político desde la más estricta autoridad real. Este era un entendimiento obligado, ya que el liberalismo había demostrado al absolutismo su capacidad para arrebatarle a la fuerza el poder (durante el trienio de 1820 a 1823), aunque no la bastante para construir un estado consistente que pudiese ignorar las reivindicaciones de la tradición señorial y eclesiástica. El paso final al régimen burgués se debe más al agotamiento interno del absolutismo -que sólo era capaz de oponer represión como alternativa a los intentos de modernización del país- que a la presión de los reiterados pronunciamientos liberales. Mientras, los elementos moderados ocupaban posiciones en la Corte para asegurar la transición a la muerte del Rey. Las intentonas quedaban en manos de los exaltados, que recurrirían a Andalucía por ser el ámbito geográfico más propicio. Los liberales esperaban encontrar en ella el apoyo tradicional del pueblo, pero sólo hallarán su desconfianza: para éste la Constitución solamente había significado el aumento de los impuestos por unas tierras que seguían sin poseer. Los pronunciamientos son ahora mucho más desesperados en su concepción: precisarán de la ayuda de elementos apolíticos y desclasados, de contrabandistas y bandoleros; y del refugio de Gibraltar, que los británicos ofrecen con el oculto deseo de fomentar divisiones internas en el país y debilitar una acción gubernamental decidida en América, capaz de poner en peligro el proceso emancipador. Son éstos los casos, en 1831, de las fracasados desembarcos de Torrijos en Fuengirola y de Manzanares en Getares, o de un amotinamiento militar en Cádiz en los mismos años. Para la historia de los mártires andaluces de lo que Irene Castells denomina la “utopía insurreccional” del liberalismo quedará la figura de la joven viuda Mariana de Pineda, ejecutada 26 de mayo de 1831 por hallársele una bandera con un lema constitucional bordado.
5. Las Regencias y los primeros años del régimen liberal (1833-1843)
5 .1. INTRODUCCIÓN.
A la muerte de Fernando VII, su viuda, María Cristina de Nápoles, ocupó la regencia en tanto su hija, la futura Isabel II, cumpliese la mayoría de edad. En estos años, la monarquía aliada con el liberalismo más moderado proporcionará al país las instituciones y mecanismos parlamentarios propios de un sistema representativo liberal, aunque desde el principio lo monopolizaran con un férreo control de la reformas. El gobierno isabelino, en realidad, temía ya menos a los exaltados que a los absolutistas: al menos los primeros no exigían un recambio en el trono. Desde la última fase del reinado de Fernando VII, los sectores más intransigentes del absolutismo habían visto con desagrado incluso el más tímido aperturismo político. Esta facción encontró un líder en la persona del hermano del rey, Carlos María Isidro, heredero legítimo al trono hasta que el Rey derogó la "Ley Sálica", que impedía la sucesión en su hija. Andalucía apoyará la causa Isabelina, que simboliza la causa del régimen liberal burgués en contra de la reacción que encarna el carlismo, enfrentándose incluso militarmente a él. El continuo apoyo al proceso reformador, a veces se traduce en franca oposición al gobierno central cuando éste no lo active con el debido empuje. Tanto las clases altas, como el pueblo confiaban en la viabilidad del nuevo sistema. Así lo demuestran los índices de participación de los primeros
Mendizábal, liberal progresista educado políticamente en Gran Bretaña. El gaditano conseguirá las obediencias de todas las juntas provinciales, menos la de Andújar, reconvirtiendolas en diputaciones provinciales o en un órgano de nueva creación denominadas "Juntas de Armamento y Defensa". Esto provocará el enfrentamiento entre los propios insurrectos dispuestos a aceptar los cargos, o continuar con la resistencia. Finalmente, el problema se resolvería en su parte más complicada, la militar, cuando el ejercito que marchaba a Madrid se pase a la causa del gobierno el 9 de octubre de 1835, tras un tira y afloja algo romántico de voluntades que, en el fondo, se declaraban adictas a la misma causa. En efecto, las juntas andaluzas fueron un hueso político duro para Mendizábal, aunque fuese la misma presión que ejercieran sobre la "reina gobernadora", la causa directa de su elevación al poder, desde el que inició la crucial desamortización eclesiástica con vistas a la continuación de la Guerra Civil. Más tarde el Estatuto Real sería modificado por la Constitución de 1837, de corte más progresista. Ese mismo año el poder pasó de nuevo a los moderados, bajo la presidencia del gaditano Francisco Javier de Isturiz. Tres años más tarde, en 1840, las juntas de Málaga y Almería apoyaran los levantamientos de Barcelona y Madrid en contra de la regente, partidaria de los moderados, y enfrentada con el general Baldomero Espartero, principal figura de los progresistas, por el asunto de la firma o no de la Ley de Ayuntamientos, que aumentaba el control del gobierno sobre la administración local. María Cristina acabó abdicando y las Cortes nombraron regente al general Espartero, muy popular tras las guerras carlistas, con el que se inició la "época de los generales" en España. En 1842 toda Andalucía, menos la incombustible progresía de Cádiz, se une a las protestas generales contra la política personalista del general, que lo llevarían a su fin.
5 .3. LA UNIDAD REGIONAL A NIVEL "POLÍTICO-ADMINISTRATIVO".
Desde principios de la Edad Moderna Andalucía estaba constituida por cuatro reinos independientes entre sí, englobados dentro de la corona de Castilla como órgano superior común. Las exigencias de centralismo administrativo del estado isabelino, necesitaba de una nueva organización territorial para España con objeto de mejorar las recaudaciones de impuestos y unificarla judicial y políticamente. Los antecedentes más directos de esta reorganización se remontan, primero, a los proyectos de José I, durante la ocupación francesa: Andalucía fue dividida, inspirándose en la organización territorial gala, en tres "departamentos", divididos a su vez en "prefecturas" y "subprefecturas". Más tarde, los liberales de Cádiz, basándose en la anterior planificación proyectaron la división del país en "provincias", agrupadas a su vez, en "regiones", en atención a los vínculos más o menos históricos que existiesen entre las primeras. El proyecto se suspendió tras el regreso de Fernando VII, se reanudó durante el trienio, y se volvió a abandonar durante la década absolutista. Durante la regencia de María Cristina, Javier de Burgos, ministro granadino del primer gobierno moderado, presidido por Martínez de la Rosa, diseñó la definitiva organización provincial española que con alguna variación permanece actualmente. Desde el 30 de noviembre de 1833, pues, Andalucía dejó de dividirse en cuatro reinos para hacerlo en ocho provincias.
5 .4. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA.
Desde el principio, la rebelión carlista se alzó con mal pie en Andalucía. El llamamiento dirigido por Don Carlos a los andaluces fue recibido entre burlas, por lo grotesco y ridículo de los argumentos atávicos con que el pretendiente trataba de provocar la rebeldía. El decano de los historiadores contemporáneos andaluces, Joaquín Guichot entendía el apoyo de la mayoría de la población a los isabelinos "en cuanto representaban el restablecimiento, en un porvenir cercano, del sistema constitucional que sus padres habían fundado y defendido en España a costa de su sangre". El movimiento carlista hizo acto de presencia en Andalucía tanto por la acción exterior de partidas rurales, que penetraron en Córdoba desde la Mancha en 1834, como por los levantamientos autóctonos localizados en Tarifa, Motril, Jaén y Málaga a lo largo de 1835. La rápida intervención de la milicia nacional en todos los casos, las abortó, y sus cabecillas e instigadores fueron ejecutados. a) En cuanto a la penetración exterior , la expedición del general carlista Miguel Gómez fue sin duda el hecho de armas más sobresaliente de toda la campaña andaluza. Al calor de los éxitos rebeldes en el norte, el general recorrerá toda España tratando de ganar apoyos para la causa. En el mes de septiembre de 1836 y durante los casi tres meses que deambuló por la región huyendo o acosando a las tropas isabelinas, recorrerá los pueblos de Sevilla, Málaga, Jaén y Córdoba, siendo esta la única ciudad andaluza que lograron controlar aunque por escasos días. El 2 de diciembre Gómez se retira, dando fin a la aventura carlista en el sur. b) Respecto a los levantamientos interiores , parece que la insurrección carlista en Andalucía, abandonada en general del apoyo campesino tiene mucho que ver con la oposición eclesiástica al nuevo régimen político. A causa de la desamortización liberal, era la iglesia la gran perdedora del transito legal de la propiedad del Antiguo al Nuevo régimen. De todas formas en el caso andaluz, el porcentaje de propiedades adscritas a la iglesia no era tan alto como en otras zonas de España; lo que por otro lado explicaría también que esta reacción no fuese generalizada, e incluso que existiesen grupos de clerecía progresista incluso favorables a las reformas constitucionales. Entre los levantamientos de orientación carlista en Andalucía debemos citar los promovidos por los dominicos en Jerez a principios de la guerra, o los levantamientos de Guadix en 1837 y de las Alpujarras en 1838, instigados por el obispo de Guadix. De hecho, una de las principales reclamaciones que expondrán las juntas de 1835 al gobierno central será el cierre de determinados conventos, bajo sospecha de apoyar la causa rebelde.
6. Conclusiones
El paso en España del Antiguo Régimen feudal y aristocrático al Nuevo Régimen liberal burgués es un tránsito acelerado por la intervención militar francesa. Los resistentes al dominio napoleónico se verán obligados a improvisar unos órganos de gobierno excepcionales, ante la nulidad de las estructuras legadas por la tradición, que supiesen organizar una oposición armada a la potencia invasora. En Andalucía, para el importantísimo núcleo burgués mercantil, enriquecido con el comercio americano, la circunstancia que les obligaba a autogobernarse les facilitó la oportunidad de implantar su ideario revolucionario en esos nuevos órganos de gobierno. Asimismo, en Cádiz, aislados de la influencia francesa y de la absolutista, legislarán la constitución del nuevo estado liberal.
8.- Selección bibliográfica
Dadas las características del tema, las principales obras de referencia son aquéllas que abordan el estudio de la crisis del Antiguo Régimen en el conjunto de España; entre éstas cabría destacar: ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria (1808-1869). Madrid, 1973; FONTANA, J., La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833. Barcelona, 1979. Sobre Andalucía, en este capítulo de obras generales, es útil la consulta de: DOMINGUEZ ORTIZ, A. (ed.), Historia de Andalucía, VII: “La Andalucía liberal (1787-1868)”. Barcelona, 1983; CUENCA TORIBIO, J. M., Andalucía, historia de un pueblo. Madrid, 1984; GUICHOT, J., Historia General de Andalucía, II. Córdoba, 1982. Para todas las provincias existen también obras de conjunto, entre las que podríamos destacar por su perfil específicamente contemporáneo: GARRIDO GONZALEZ, L. (coord.), Nueva Historia Contemporánea de la Provincia de Jaén. Jaén, 1994. Sobre el periodo de la Guerra y la Revolución (1808-1814): MORENO ALONSO, M., Sevilla Napoleónica. Sevilla, 1995, que se centra en el movimiento juntero; GATES, D., La Ulcera Española. Historia de la Guerra de Independencia. Madrid, 1987, que pone el acento en las operaciones militares; y sobre la ciudad y las Cortes de Cádiz, SOLIS, R., El Cádiz de las Cortes. Madrid, 1981, y SUAREZ VERDEGUER, F., Las Cortes de Cádiz. Madrid, 1980. Sobre la gran crisis andaluza, los desastres de la guerra y la emancipación americana: BERNAL, A. M. (coord.), El comercio libre entre España y América (1765-1824). Madrid, 1987; Andalucía y América en el siglo XIX. Actas de las V Jornadas de Andalucía y América. Sevilla, 1986, y en particular la contribución de SANCHEZ MANTERO, R., "Consecuencias políticas de la Emancipación en Andalucía"; GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A., Comercio colonial y guerras revolucionarias. Sevilla, 1972. Sobre la época fernandina: CUENCA TORIBIO, J. M., Estudios sobre la Sevilla Liberal. 1812-1814. Sevilla, 1973; SANCHEZ MANTERO, R., Los Cien Mil hijos de San Luis y las relaciones franco-españolas. Sevilla, 1981; COMELLAS, J. L., El Trienio Constitucional. Madrid, 1963; GIL NOVALES, A., El trienio liberal. Madrid, 1980; GIL NOVALES, A. (comp.), Rafael de Riego. La Revolución de 1820 día a día. Cartas, escritos y discursos. Madrid, 1976; GARCIA LEON, J.M., La masonería gaditana desde sus orígenes hasta 1833. Cádiz, 1993; PINTO MOLINA, M., La masonería en Andalucía Oriental. Almería y Málaga. Ultimo tercio del siglo XIX. Granada; CASTELL, I., La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa. Barcelona, 1989. Sobre la etapa de las regencias y los primeros pasos del régimen liberal: GARCIA MONTORO, C., Cuadernos de trabajo de Historia de Andalucía. Carpeta V (Contemporánea); Tema 2: El progreso de la Revolución burguesa en Andalucía (1820-1843). Sevilla, 1982; MARICHAL, C., La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España. 1834-1844. Madrid, 1980; LACOMBA ABELLAN, J. A., Regionalismo y autonomía en la Andalucía Contemporánea (1835-1936). Granada, 1988. Sobre la articulación a nivel político-administrativo: ACOSTA SANCHEZ, J., Andalucía. Reconstrucción de una identidad y la lucha contra el centralismo. Barcelona, 1978; LACOMBA, J.A., “ Revolución en España”, en Actas del I Congreso de Historia en Andalucía (siglos XIX y XX). Córdoba, 1976. Y sobre la Primera Guerra Carlista: BULLON DE MENDOZA, A., Auge y ocaso de Don Carlos. La Expedición Real. Madrid, 1986; BURGO, J. del, Para una historia de la Primera Guerra Carlista. Comentarios y acotaciones a un manuscrito de la época, 1834-1839. Pamplona, 1981; CLEMENTE, J. C., Las guerras carlistas. Barcelona, 1982.
