TEMA 11: EL PODER JUDICIAL.
11.1 La naturaleza del poder judicial
El principio informador fundamental sobre el que el legislador constituyente español
procedió a ordenare el poder judicial del Estado es el del sometimiento exclusivo de
los jueces a la ley. Tal sometimiento tiene una consecuencia esencial en la
configuración de la propia naturaleza constitucional del poder judicial: la de que el
judicial no es, en verdad, un auténtico poder. Y ello pese a que, curiosamente, es el
único de los tres clásicos poderes del Estado que como tal aparece expresamente
definido en la Constitución.
No es un poder el judicial, o cuando menos, no lo es en el sentido en que lo son los
poderes legislativo y ejecutivo del Estado, cuya naturaleza de auténticos poderes
deriva del hecho de que tanto uno como otro adoptan decisiones que expresan su
voluntad: el legislativo, legislando, y el ejecutivo, gobernando. Pero cabe plantearse las
siguientes cuestiones: ¿Resulta el poder del juez equivalente? ¿Expresan los jueces
decisiones emanadas de su propia voluntad? No, con toda claridad. El poder judicial
es un poder neutralizado por su sujeción al imperio de la ley, una sujeción que lo anula
como auténtico poder, pues sus funciones se reducen a la aplicación de la ley, es decir,
a la aplicación de una normativa que los jueces no han elaborado: su función resulta
ser nada más que la del ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado. Ello no quiere decir que en ningún caso, como es obvio, que la
labor aplacadora del derecho llevaba a cabo por los jueces por los jueces sea una
labor puramente mecánica en la que aquellos se limitaba a buscar la solución de un
silogismo en que la premisa mayor seria la norma o normas aplicables al caso por el
juez o tribunal, la menor el propio caso sometido a la decisión jurisdiccional del órgano
en cada supuesto competente , y la conclusión la resolución dictada por la instancia
jurisdiccional correspondiente.
Los órganos del poder judicial realizar una labor interpretadora de las normas, lo que lo
convierte en cierto modo no solo en órganos aplicadores, sino creadores del derecho.
Pero tal realidad, no afecta al hecho de que la decisión fundamental sobre la ley, sobre
su oportunidad y sus concretos contenidos materiales, procede del poder legislativo,
quedando los órganos conformadores del poder judicial a expensas siempre de esta
decisión, respecto de la cual los jueces y tribunales no actúan con criterios de
oportunidad, como las Cortes, sino de legalidad: una legalidad que no deja de ser de
todos modos el imperio al que quedan sujetas las resoluciones judiciales.
Las Constituciones democráticas, y entre ellas la nuestra, no han hecho otra cosa a
ese respecto que acabar de obtener las conclusiones que en buena lógica jurídica
debían derivarse de una concepción del poder judicial. Montesquieu expresaba ya en
su obra El espíritu de las leyes que los jueces deberían limitarse a ser “la boca que
pronuncia las palabras de la ley” y ya durante la Revolución, la recogía RobesPierre
diciendo que “dado que el poder legislativo no establece más que la ley general, si los
magistrados pudiesen sustituirla por su propia voluntad, se convertirían en
legisladores. Es por ello necesario establecer la vigilancia que mantenga a los
tribunales dentro de los principios de la legislación”.
La cuestión es ¿Cómo ha dispuesto nuestra Constitución dos siglos después tal
vigilancia? O lo que es lo mismo ¿Cómo se despliega la eficacia del principio vertebral
del sometimiento de los jueces a la ley? Mediante una peculiar configuración de la
potestad jurisdiccional y del estatuto de los jueces a quienes se atribuye su ejercicio.
Analizaremos a continuación ambas cuestiones.
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