1
TEMA 22: PROCEDIMIENTO ARBITRAL
1. Ley rectora
A) Ámbito de la autonomía de la voluntad.
Dos de los rasgos esenciales del arbitraje son el antiformalismo y la simplicidad procedimental.
Ello implica, que en el juicio arbitral no sean de aplicación las normas de procedimiento ante la
jurisdicción vigentes en un estado determinado, pues tales normas no poseen en el procedimiento
arbitral la condición de reglas de ius cogens, mientras que son de obligado cumplimiento para los
jueces. Una de las ventajas del arbitraje es la peculiaridad de sus reglas procesales admitiendo
que las partes utilicen las que más les convengan eludiendo la aplicación de las normas de los
códigos de procedimiento civil.
El procedimiento arbitral no está sujeto a las denominadas normas procesales comunes, salvo el
caso de excepcional de que las partes elijan expresamente su aplicación, sino que está determinado
por la autonomía de la voluntad de las partes. Comporta ello, que en el juicio arbitral no sean de
aplicación las normas generales sobre práctica de la prueba en el procedimiento jurisdiccional,
pues tales normas no poseen en el procedimiento arbitral la condición de reglas de ius cogens, de
obligado cumplimiento para los jueces. En términos generales la regla de base es la libertad de
las partes para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el Tribunal arbitral en sus
actuaciones. En el derecho español, el artículo 25.1 LA establece que las partes podrán convenir
libremente el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones, que
únicamente encuentra como límites los principios de audiencia, contradicción, igualdad y la
obligación de confidencialidad, que se erigen en valores fundamentales del arbitraje como proceso
(art. 24 LA). La inobservancia de estos preceptos puede dar lugar a la anulación del laudo arbitral
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 d) LA que se refiere a que el procedimiento
arbitral no se ha ajustado el acuerdo entre las partes.
La voluntad de las partes permite la adopción de un procedimiento para el caso concreto conforme
a sus necesidades y expectativas, favoreciendo las relaciones de mutua confianza y previniendo
comportamientos estratégicos obstaculizadores.
Los árbitros no pueden sustraerse, sin embargo, a la acción de los principios de audiencia,
contradicción e igualdad de partes. Cuando se habla de que las pruebas pueden practicarse por
iniciativa de los árbitros estamos ante un principio realmente llamativo, por cuanto se aparta de
forma radical de lo que es propio de los principios de instancia de parte o dispositivo, que
gobiernan el proceso civil ordinario. Ahora bien, el derecho a la tutela judicial efectiva implica
que debe darse a las partes la posibilidad de presentar en el juicio de árbitros pruebas válidas para
fundamentar sus pretensiones, pero no puede extenderse a la Facultad de exigir toda aquella
prueba potencialmente idónea para la solución del caso cuando tal prueba no ha sido solicitada
por los propios interesados.
No obstante, la referida autonomía que las partes tienen para imponer un modelo procesal a los
árbitros debe acomodarse a las propias circunstancias de estos: agenda, en el sentido de permitirles
una disponibilidad de tiempo para realizar las audiencias, presentar los documentos y practicar
otras cuestiones.
