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Apuntes Tema 3 Estructura servicios sociales en España y Europa Trabajo social 2º
Tipo: Apuntes
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El desarrollo legislativo y competencial de los Servicios Sociales está marcado por el desarrollo del principio de discriminación positiva que aparece reflejado en el art. 9. establece: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Peces Barba manifiesta que “la discriminación positiva no protege a todos sino a aquellos que en el marco teórico de la igualdad formal se encuentre en situación de desigualdad real”. Las situaciones de desigualdad afectan a diversos sectores y por distintas razones. Surge una perspectiva que define las áreas locales y regionales como las adecuadas para la extensión y profundización de los derechos sociales. Este planteamiento enfatiza los dos ejes de la acción-intervención citados con anterioridad: la asistencia/promoción y el dilema universalismo/acción positiva. La utilización de las estrategias de desarrollo local, basadas en la promoción comunitaria y en los servicios de atención social de acceso universal, ha sido una de las características que más éxito ha tenido en los países escandinavos. Otra perspectiva más restrictiva, considera este tipo de servicios como la “ última red ” de protección social, de carácter selectivo, residual y complementario, dirigido a los ciudadanos precarios. España responde al denominado régimen de asistencia social latino mediterráneo cuyas características son las siguientes:
Las prestaciones más elevadas están destinadas a la cobertura de las funciones del mercado de trabajo; escasas prestaciones poco definidas y discrecionales para dar cobertura a otros tipos de problemas sociales. La oferta de programas y servicios es sectorial , dirigida a diversos colectivos y administrados por las regiones o los municipios. La falta de coordinación de los distintos niveles implicados plantea ineficacia y duplicación de actuaciones. La atención social recae en la familia , y especialmente en las mujeres como cuidadores de la población dependiente. La oferta de recursos con financiación pública tanto en infancia como en mayores y personas con discapacidad se sitúa por debajo de la media europea. No existen programas nacionales de asistencia que proporcionen prestaciones a todas las personas que carecen de recursos suficientes. Responsabilidad de las regiones que plantea grandes diferencias territoriales en la cobertura frente a la pobreza y la exclusión social. Actuaciones clientelares entre administraciones públicas, sector privado y organizaciones voluntarias con mecanismos poco transparentes en las formas de distribución de las ayudas y subvenciones. La descentralización de servicios comporta diferencias regionales considerables en el volumen, validad y gestión de los servicios de bienestar con diferencias territoriales norte-sur.
Además, la presidencia de los órganos colegiados: Consejo Estatal de las Personas Mayores. Consejo Nacional de la Discapacidad. Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social. Consejo General del IMSERSO.
3. EVOLUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema se ha estructurado en torno a los siguientes ejes: La red de Servicios Sociales: red territorial de carácter dual que se organiza en dos niveles: los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria de carácter generalista y de responsabilidad municipal y los Servicios Sociales especializados , particularistas y de responsabilidad autonómica o local. Ha habido un intento de cooperación multinivel para apoyar el desarrollo del sistema y evitar los desequilibrios territoriales en el acceso y las prestaciones mínimas de Servicios Sociales. Un ejemplo es el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales , que se estableció a iniciativa del Gobierno de la nación y se desarrolló en las corporaciones locales con el objetivo prioritario de apoyar el establecimiento de una red pública municipal de servicios sociales mínimos. El Plan acabó financiando prestaciones y equipamientos. Y no garantiza el derecho subjetivo a las prestaciones sociales y esto plantea un problema de la garantía real de esos derechos y la forma como la administración va a asumir dicha realidad. Según Rodríguez Cabrero , el Estado debería garantizar unas prestaciones sociales mínimas para asegurar la igualdad ciudadana.
Se generó el SIUSS: un programa informático que permite reunir los datos básicos de los usuarios de Servicios Sociales generales municipales y lo promueve el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las Rentas Mínimas de Inserción (RMI): Existencia de una cuantía económica que garantiza unos ingresos mínimos como derecho subjetivo condicionado a la prueba de necesidad y relacionado con la participación del perceptor en acciones de integración social o de empleo. Las prestaciones han sido heterogéneos y bajos en la mayoría de las comunidades a excepción del País Vasco y Navarra. El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): Actuaciones dirigidas a la creación de un sistema para atender a las personas en situación de dependencia de carácter nacional y de régimen jurídico de protección. Se promulgó la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en 2006 y tuvo un carácter universal y no sólo se ha conseguido reforzar el proceso de igualdad territorial de mínimos que no fue posible con la Ley de Marco de Servicios Sociales , sino que también ha contribuido con limitaciones a una mejor estructuración de los requisitos de acceso. Este sistema tiene la finalidad de garantizar las condiciones básicas y previsión de los niveles de protección. Fundamenta los principios de: universalidad, equidad y accesibilidad. En 2009, el Consejo Territorial de Dependencia acordó la información común que debían aportar todas las CCAA al Sistema de Información para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia con objeto de hacer posible la elaboración de estadísticas públicas de ámbito nacional para ayudar a conocer su funcionamiento.
4.2 Las dinámicas de cambio en el proceso de las políticas de Servicios Sociales en los entes locales. Según Joan Subirats, las políticas públicas locales son aquellas que constituyen el ámbito micro de la gestión pública integral con responsabilidades directas de provisión de servicios personalizados. La escena local se convierte en lugar de mediación privilegiado y conflictivo entre el sector público y privado. Cuando se refiere al cambio municipal español, indica una transformación de la propia identidad de los ayuntamientos, así como el protagonismo que asumió el Gobierno municipal. En cuanto al cambio , el protagonismo municipal se refiere a la posición que desempeñó un poder municipal, que nació en la fase de recesión económica. Los municipios fueron asumiendo el liderazgo local y sus responsables construyeron un modelo de Gobierno local. Uno de los compromisos que asumió el Gobierno local fue proporcionar servicios directos y territorialmente más localizados. En España se ha desarrollado una Infraestructura de Servicios Sociales cuyos artífices fueron las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Una de las dificultades para el desarrollo y fortalecimiento de las entidades locales exigía unas medidas que no se recayeran solo en el ámbito competencial sino también en el estatal y el autonómico, lo que obliga a aunar diversas voluntades. Por lo tanto, era necesario un pacto local que respetase la distribución de competencias entre dichos ámbitos. Los problemas fundamentales de las corporaciones locales en España atañen a diversos aspectos: Una descentralización parcial e insuficientemente planificada ya que ha faltado una planificación de recursos entre las tres esferas administrativas en el proceso que se ha llevado a cabo. Hasta ahora, los gobiernos locales han encajado el impacto que el desarrollo competencial autonómico ha producido sobre la Administración, pero sin haber recibido los recursos suficientes para hacer frente al incremento de actividades.
Violencia de actividades y servicios no obligatorios. Los ayuntamientos han contribuido al proceso de modernización de la sociedad con un esfuerzo de cooperación con las demás instituciones del Estado. Un sistema de financiación no acorde con las necesidades. En los ingresos del sistema de financiación no se incorpora una participación de las demás administraciones públicas y arrastra las consecuencias de la definición de los recursos propios dentro de ingresos por impuestos de producto.
5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES. Se señala que el empleo creció más rápido que en los sectores de salud y de Servicios Sociales que en otros sectores de la economía. Los Servicios Sociales han alcanzado unas dimensiones importantes y obliga a replantearse su transformación en un verdadero sistema que conforme el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Se ha logrado un avance significativo en el proceso de implantación de los Servicios Sociales como expresión de una voluntad democrática y social. Como consecuencia, la estructura de este sistema se asienta en un amplio marco normativo. El tamaño, los niveles de complejidad y la importancia socioeconómica adquirida por los Servicios Sociales han puesto de manifiesto la necesidad de realizar cambios para favorecer su adecuación al papel que deben cumplir. A pesar de la situación de crisis económica y financiera, los Servicios Sociales contribuyen de manera positiva y eficiente a la protección social de las personas que presenten situaciones sociales desfavorecidas. Los poderes públicos son los encargados de contribuir a desarrollar e implantar aquellos servicios sociales que permitan mantener unos niveles dignos de protección social.