CORRUPCIÓN Y PODER JUDICIAL
Pocas instituciones tienen una imagen tan negativa frente a la ciudadanía como el Poder
Judicial. Lamentablemente, gran parte de esta mala imagen se explica por la relación que
perciben los ciudadanos entre Poder Judicial y corrupción. La justicia es vista con temor por
quienes se ven obligados a litigar, siendo común entre la población calificar a la institución
como poco ética y parcializada.
El Poder Judicial está relacionado con la corrupción, fundamentalmente, de dos maneras. En
primer lugar, esta institución es clave en la persecución y control de la corrupción. El Poder
Judicial debe tener la capacidad de realizar un control adecuado e independiente de los
funcionarios públicos, así como de los actores privados, para evitar que la corrupción crezca.
Como bien sabemos, el incremento de la corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori
estuvo estrechamente ligado a la existencia de un Poder Judicial controlado y subordinado a
los intereses del poder que nunca fiscalizó.
Una segunda relación, es el propio Poder Judicial el afectado por la corrupción. Al establecerse
este fenómeno en el Poder Judicial, se producen graves daños a la legitimidad del Estado de
Derecho. Un Poder Judicial corrupto afecta gravemente la posibilidad del lograr un mayor
desarrollo económico y alcanzar una adecuada gobernabilidad.
Si bien la administración pública se encuentra seriamente afectada por este fenómeno,
creemos que el Poder Judicial constituye un caso especial que merece un análisis diferenciado.
Una primera hipótesis que explica el fenómeno de la corrupción judicial es que dada la
naturaleza de los bienes y problemas que se discuten ante los órganos jurisdiccionales
(libertad personal, patrimonio, relaciones de familia, etc.), es posible que se incrementen las
probabilidades de que sus operadores empleen sus poderes, atribuciones y facultades
excediendo los límites permitidos y en beneficio propio. Debe añadirse que es posible verificar
este escenario cuando el sistema no reúne suficientes garantías para su actuación
transparente y los controles internos exhiben debilidades estructurales para enfrentar la
corrupción.
En efecto, los casos que llegan al Poder Judicial se pueden prestar para el desarrollo de
conductas corruptas. Sus particulares características lo hacen una zona sensible de corrupción,
donde la incidencia de actos corruptos es bastante mayor al resto de instituciones estatales.
Los operadores judiciales tienen la capacidad de ejercer poder frente a los ciudadanos, pues
administran sus tragedias y conflictos. Ya sea por un interés patrimonial, por evitar una sanción
penal, o lograr que se declare un derecho a su favor, los ciudadanos estarán tentados de
actuar en forma tal que se aseguren que no se afecte sus intereses. Si ello implica realizar un
acto ilícito, y saben que no les traerá consecuencias, lo harán con seguridad. En ese sentido, un
Poder Judicial sin un adecuado sistema de control y sin transparencia, es campo fértil para el
desarrollo de la corrupción.
Una segunda hipótesis, que a nuestro juicio explica la corrupción, es la existencia en el Poder
Judicial de problemas estructurales crónicos que la incentivan, tales como la forma de
organizar el despacho judicial, la falta de control del juez sobre los empleados que intervienen
