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Buen Bachillerato
El decreto ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros sobre el Bachillerato contiene algunas propuestas atrevidas, otras muy sensatas y aun otras con un nivel de inconcreción que impide prejuzgar si funcionarán mejor o peor. El criterio fundamental que ha inspirado la reforma defiende que la acumulación de datos e información (el modelo enciclopédico y memorístico) debe compensarse con otro destinado a capacitar al estudiante para un aprendizaje competencial continuado, en presente y en futuro. Será ese el escenario al que habrá de enfrentarse el joven en una sociedad cambiante, donde las tecnologías han acelerado los procesos de cambio en casi todos los ámbitos profesionales. El siglo XXI vive una revolución que aún no ha culminado y aporta novedades con respecto a la concepción sacralizada de una educación canónica y cerrada durante el siglo XX. El estudiante necesita fundamentalmente herramientas estructurales, tecnológicas y conceptuales (las llamadas competencias) capaces de organizar una visión del mundo razonada y también su propio desempeño profesional en el futuro. La información, los datos en bruto, las enciclopedias mismas están en la Red, pero en la Red no están los instrumentos intelectuales que permitan a cada uno de los jóvenes exprimir un potencial inacabable de datos que exige criterio, sensibilidad y capacidad de jerarquizar. Algunas medidas han causado alarma sin demasiada razón. La posibilidad de obtener el Bachillerato con una asignatura suspendida, pero con una media de cinco o superior a cinco (algo que ha pasado siempre, ya que los profesores podían aprobarlo), asistencia regular a clase y otros criterios de control no tiene nada de disparatada. Se limita a asumir que el fracaso en una asignatura no condena a una repetición irracional de un curso para el que el estudiante no encontrará motivación alguna. Tampoco parece un error garrafal desdoblar el bachiller artístico entre uno orientado a la plástica y otro a la música y las artes escénicas. Tampoco lo es programar como asignatura común en Bachillerato dos modalidades de Filosofía, una conceptual y otra histórica, que familiaricen al estudiante con el ingente mundo del pensamiento de los últimos 2.000 años, incluida la época contemporánea. Nietzsche ha seguido siendo en las últimas décadas, como le sucedió a Ortega y Gasset a principios del siglo pasado, una sacudida intelectual capaz de despertar la avidez por el conocimiento y la reflexión, y no solo por la acumulación de saber. Habrá que encontrar el modo de compensar el estudio de la Historia de España centrada en el mundo contemporáneo, desde finales del siglo XVIII y hasta la actualidad, incluidos los más de 40 años de democracia y la voluntad de atender a figuras o parcelas del pasado que fueron obviadas por la estructura patriarcal y a menudo muy tradicionalista del saber y la sociedad. Excepto la lealtad a la rutina, tampoco hay ninguna prevención contra la ampliación a un año más (tres) del Bachillerato para perfiles educativos con rasgos específicos, como músicos, artistas o deportistas. La flexibilidad organizativa que defiende este modelo cuestiona la mentalidad más reglamentista, normativista y gremial, pero ajusta la ley y la educación a la realidad de estudiantes, familias y clases sociales del siglo XXI. Eso incluye la creación también de un nuevo Bachillerato general, integrado por materias de ciencias y letras. Es posible que el reparo más grave al decreto sea ajeno a la reforma educativa al exigir que se aplique, aprisa y corriendo, desde septiembre de este mismo año.
EL PAÍS
Gasolina y espionaje
Nadie podía sospechar hace una semana que una trascendental votación como la de este jueves en
el Congreso estaría literalmente en el alero. La convalidación del decreto con las medidas en
respuesta a las consecuencias económicas de la guerra se ve comprometida por la tormenta
política del caso Pegasus. A última hora del miércoles el Gobierno anunció la tramitación del
decreto como proyecto de ley en un intento de salvar su aprobación, lo que permite las
aportaciones de los grupos parlamentarios.
ERC ha abandonado en los últimos días su posición inicial tironeado por sus socios de gobierno
en la Generalitat, parte de sus bases y algunos sectores de la izquierda. Pere Aragonès evitó
confundir en la entrevista con este periódico el domingo pasado la exigible investigación sobre el
espionaje y el posible apoyo a la acción del Gobierno. Desde ese mismo domingo, el Ejecutivo ha
desplegado diversas iniciativas orientadas a ofrecer una respuesta sobre la legalidad y las
condiciones del espionaje (una investigación del Defensor del Pueblo, otra interna del CNI,
activar la Comisión de Secretos Oficiales y que puedan formar parte de ella todos los grupos con
representación en la Cámara). Todas ellas fueron recibidas con creciente insatisfacción por el
independentismo catalán. Subía un peldaño más la tensión el martes con la declaración firmada
por el socio menor del Gobierno, Unidas Podemos, y el resto de partidos que apoyan al Ejecutivo
(a excepción, significativamente, del PNV) para exigir respuestas “inmediatas”. La escalada
continuó ayer miércoles cuando ERC y el mismo Aragonès exigían el cese de Margarita Robles
tras su tensa intervención en la sesión de control.
Lo que está en juego este jueves en el Congreso no tiene que ver con la legalidad de la actuación
de los servicios secretos o del CNI, sino con las medidas de emergencia que necesita la sociedad
española para aliviar el coste de la crisis. Las propuestas luchan contra los efectos que los precios
de la energía y una inflación muy alta tienen en las cuentas, gastos y previsiones domésticas de
los españoles, las empresas y los autónomos. De los 16.000 millones de euros previstos en el
decreto, 6.000 irán en ayudas directas a los ciudadanos por el aumento del precio de los
carburantes y 10.000 millones en créditos ICO. La medida más popular en este paquete es la
bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina, pero también contiene otras ayudas de diverso
tipo, incluido el incremento temporal del 15% en el ingreso mínimo vital o cientos de millones de
euros a sectores como la agricultura y el transporte. Todo pende de un hilo político demasiado
enredado y, sobre todo, ajeno a las motivaciones económicas y sociales del decreto (o ya proyecto
de ley).
Sin el voto de ERC, al Gobierno le queda el PP, que condiciona su apoyo a una bajada de
impuestos difícilmente asumible por el Ejecutivo y expresamente desaconsejada por organismos
internacionales. Como sucedió con la reforma laboral, la política española se empeña en
granjearse la incomprensión ciudadana convirtiendo cada votación fundamental en un festival de
intereses ajenos a lo que se vota. Una vez más, el Gobierno no ha medido la volatilidad de sus
apoyos, pero los partidos de la izquierda tendrán que explicar muy bien a los españoles, incluidos
los catalanes, que vuelven a pagar el carburante sin descuento o que les pueden subir el alquiler
más del 2% porque se está a la espera de las conclusiones de las investigaciones en marcha sobre
el caso Pegasus. Los ciudadanos ya soportan sobre sus hombros la gravedad de la crisis
energética; este jueves en el Congreso pueden decidir que carguen también con las consecuencias
del espionaje.
EL PAÍS
Desigualdades subsanables
Un estudio realizado con datos del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa sobre
el impacto del primer año de la pandemia en el rendimiento de los escolares ha revelado que el
cierre de colegios y las limitaciones posteriores provocaron una pérdida global equivalente al 13%
del curso escolar. Es un porcentaje recuperable y, en todo caso, menor que la pérdida observada
en otros países. Pero el estudio vasco ha deparado una constatación inesperada que exige la
atención de las autoridades educativas: el impacto ha sido mucho mayor en los centros públicos
que en los concertados.
Ese 13% de pérdida global se reparte de forma muy desigual y la titularidad del centro resulta un
factor determinante. Mientras que en la red pública la pérdida alcanza el 30%, en la concertada es
del 2%. En el caso de las Matemáticas, que es una de las tres materias analizadas, la diferencia
todavía es mayor: con una pérdida global equivalente al 25% del curso escolar en el conjunto de
los alumnos, en los centros públicos alcanza el 54%, es decir, el equivalente a medio curso de
aprendizaje, mientras que en los concertados se queda en el 7%.
Las pruebas de nivel previas a la pandemia no habían mostrado diferencias remarcables de
resultados entre ambos sectores educativos. Durante la pandemia ya se advirtió que el cierre de
los colegios podía incrementar las desigualdades, pues los hijos de las familias más
desfavorecidas estarían en peor situación ante la educación a distancia. Si, como se desprende del
estudio, la titularidad del centro supone un factor determinante, debe investigarse a qué se deben
esas diferencias. Los centros concertados tienen mayor autonomía y han podido afrontar la
pandemia con más rapidez y flexibilidad pero, además, las familias contribuyen económicamente
de diferentes maneras, lo que les permite disponer de más recursos y estar mejor dotados para
afrontar la enseñanza telemática.
Cualquiera que sea el motivo, las diferencias observadas son un toque de atención y corroboran la
necesidad de reforzar la enseñanza pública, especialmente en lo que concierne a la brecha digital.
El sistema educativo tiene ahora el reto de convertir una situación adversa como ha sido la
pandemia en una fuente de aprendizaje. La caída de la natalidad hace que el número de alumnos
sea cada año menor. Deberían aprovecharse esta circunstancia y los recursos docentes adicionales
movilizados durante la pandemia para reducir la ratio de alumnos por aula y mejorar su atención
personalizada.
EL PAÍS
22 MARZO 2022
La nueva ley del aborto El anteproyecto de la nueva ley del aborto y salud menstrual aprobado el martes por el Consejo de Ministros reafirma un objetivo social de amplio alcance: remover los obstáculos que persisten para la práctica del derecho al aborto en el sistema público de salud y mejorar las condiciones de vida de las mujeres. El proyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no logra todos los objetivos fijados en el borrador publicado hace unos días, pero sí logra devolver derechos cercenados por el PP en la reforma que hizo de la ley de 2010 aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La devolución a las mujeres de 16 y 17 años de la libertad de decidir la interrupción del embarazo sin que sea obligatoria la autorización de los padres tras la primera solicitud atiende a una realidad oculta y casi siempre dolorosa. La eliminación de los tres días de reflexión de la reforma del PP también devuelve la responsabilidad a las mujeres y ambas medidas aspiran a aliviar la presión familiar, la coerción social e incluso religiosa para que puedan ser ellas mismas quienes decidan mantener el embarazo o no. El tufo paternalista que desprende la exigencia de pensárselo tres días, tras una decisión que es siempre angustiosa y meditada, retrotrae a otras épocas. Por lo demás, la ley mantiene los plazos y los supuestos en los que se puede abortar en España (aborto libre, hasta la semana 14, y por causas médicas, hasta la 21), una cuestión sobre la que el consenso social es tan alto que el PP renunció a modificarla incluso teniendo mayoría absoluta. La recurrió al Tribunal Constitucional y se espera para este mes de junio el fallo del tribunal 12 años después de su entrada en vigor. La experiencia y las denuncias de muchas mujeres han demostrado en este tiempo que persisten los obstáculos para el derecho al aborto en demasiados sitios de España. Hasta ahora, el 85% de las intervenciones, unas 74.000 al año, se derivan a la sanidad privada ante la falta de profesionales en la pública dispuestos a practicarlas. Por eso, la ley se propone mejorar los equipos médicos de las comunidades autónomas para que las mujeres no se vean obligadas a largos desplazamientos por falta de personal en sus propias zonas de residencia. En segundo lugar, y más importante, promueve la creación de un registro que impedirá que un médico que figure en él como objetor de conciencia en la pública pueda practicar abortos en la privada. La medida más avanzada e innovadora de la ley en el contexto europeo afecta a la salud menstrual. La ley saca del silencio una realidad que viven cada mes en torno al 15% de las mujeres españolas en edad fértil. Las bajas laborales serán un derecho para aquellas que padecen reglas dolorosas e incapacitantes, sin límite de días pero con control médico. El coste de esas bajas corresponderá a la Seguridad Social, de modo que la ley elude el riesgo de que una medida que busca mejorar el bienestar de las mujeres acabe convirtiéndose en un instrumento de discriminación laboral al recaer su coste en el empresario. La partida económica aproximada que prevé el Ministerio para la nueva ley es de unos 104 millones de euros, incluyendo medidas menos impactantes pero fundamentales, como asegurar la educación sexual en las distintas etapas educativas o el acceso gratuito a productos de higiene íntima para mujeres en riesgo de exclusión o recluidas en la cárcel. La ministra Montero no ha logrado, en cambio, la prevista eliminación o reducción del IVA para esos productos, aunque ha señalado su propósito de incorporarla a la ley de Presupuestos Generales. EL PAÍS 18 MAYO 2022
Para no matar al planeta Las conclusiones del grupo de trabajo III del Sexto Informe del IPCC de Naciones Unidas sobre cambio climático han visto la luz en medio de la barbarie de la invasión de Ucrania y sus consecuencias. El objetivo del acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados requiere que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo antes de 2025 y se reduzcan en un 43% para 2030. Eso supone reducir un 60% el uso de petróleo, un 70% el del gas, y eliminar de forma definitiva el carbón como fuente de energía. Aunque en las últimas décadas el mundo se encaminaba en esta dirección con múltiples acuerdos multilaterales y una progresiva mayor conciencia de la sociedad, la guerra ha puesto en un brete también este giro hacia la sostenibilidad y, por tanto, a todo el planeta. Hoy ha quedado a las claras el doble problema de seguridad que alberga el modelo energético europeo. Somos dependientes de fuentes de energía fósiles —principales causantes del cambio climático—, y de los países que las tienen, entre ellos, Rusia, y eso obliga a Europa y al conjunto de Occidente a reaccionar a corto plazo. La paradoja se produce cuando las medidas anunciadas para reducir la dependencia rusa no aceleran la transición energética necesaria, sino que, al contrario, nos alejan de ella. La Organización Internacional de la Energía, de la mano de Estados Unidos, ha decidido inundar los mercados mundiales de petróleo con 120 millones de barriles de sus reservas, una iniciativa sin precedentes. A la par, EE UU ha anunciado el incremento de las exportaciones de gas, una parte del cual será extraído mediante el fracking que la propia Europa rechaza, y en algunos países europeos se vuelve a echar mano del carbón o se ofrecen ayudas públicas a los combustibles. Hoy toca plantear caminos viables, conscientes de que el modelo no puede cambiarse en una semana. Pero sería un error de dimensiones trágicas que la guerra acabara también con los compromisos y las acciones en marcha en la lucha contra el cambio climático. Urge diferenciar el corto plazo, dominado por la necesidad de dar respuestas inmediatas, del medio y largo, donde no se puede olvidar que el objetivo pasa por la descarbonización. Esto supone no iniciar nuevas inversiones en infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles, y acelerar la implantación de renovables —con acuerdos con los territorios— y las acciones que conduzcan a una mayor eficiencia energética. En definitiva, supone defender el modelo diseñado en la UE y plasmado en el Pacto Verde Europeo y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, frente a la barbarie y la destrucción de Vladímir Putin. El PAÍS 10 ABRIL 2022
Una generación castigada Una carta al director de EL PAÍS en 2005, firmada por una mujer de 27 años llamada Carolina Alguacil, acertó a dar nombre a una generación, los mileuristas. Denunciaba en aquella carta la escasez en la que sobrevivía una generación de jóvenes cuyos sueldos no rebasaban los 1.000 euros. Poco después, hubo que inventar la palabra nimileuristas porque las cosas empeoraron de golpe con la gestión de la Gran Recesión a partir de 2008. Después ha llegado la pandemia y desde febrero, los efectos corrosivos y ya patentes de la guerra en Ucrania. El domingo pasado, Carolina volvió a las páginas de este periódico en una entrevista. Ahora tiene 44 años, un empleo fijo y dice que le va bien, pero que tiene sobre el futuro de su hija la misma incertidumbre que la impulsó a escribir aquella carta cuando empezaba el nuevo siglo. Recesión, pandemia y guerra. España estaba peor preparada que otras sociedades europeas para resistir tres golpes consecutivos que han quebrado entre los jóvenes expectativas, planes de futuro o incluso algo tan elemental como la confianza en la propia capacidad para mejorar de vida. Antes de la pandemia, la tasa de pobreza de nuestro país entre los menores de 30 años afectaba a uno de cada tres, uno de los índices más altos de la Unión Europea. Con la pandemia, el daño volvió a recaer en ellos y su diferencial de pobreza respecto a los adultos se ensanchó: la falta de equidad intergeneracional siguió siendo un problema de nuestro sistema de bienestar. Tras los confinamientos, un 16% de los jóvenes en el mundo dejaron de trabajar, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero España alcanzó en 2019 unos datos de desempleo juvenil del 43,9%, la cifra más alta de toda la Unión Europea. También los hábitos de vida se ven directamente afectados. Los porcentajes de jóvenes que en España siguen viviendo con sus padres (en 2019 era del 64,5%) están muy lejos de las cifras medias de países con los que nos medimos y no han dejado de empeorar. La vivienda sigue siendo un problema crónico que lastra su autonomía y reduce su capacidad de independencia funcional y vital. No hay datos seguros sobre la cicatriz educativa que ha dejado la pandemia en los hogares con menos conectividad a internet y con menos recursos, pero los estudios avanzan que la brecha ha reforzado sin duda la ya alta desigualdad de partida. Aunque para la mayoría su infancia haya sido probablemente mejor que la de sus padres, a lo largo de los últimos años han ido sumando un obstáculo tras otro hasta cuajar un empobrecimiento material y de expectativas. La última señal de alarma señala los crecientes problemas de salud mental entre los jóvenes. Es verdad que el abandono escolar temprano ha seguido descendiendo, que por fin se invierte en formación profesional y que habrá que ver cómo mejoran su situación los aspectos de la reforma laboral que facilitan la contratación juvenil. Una sociedad moderna y desarrollada, un país como España, debe poner y mantener en el frontispicio de sus preocupaciones el acceso y la dignificación del trabajo y las expectativas de los jóvenes. EL PAÍS 17 MAYO 2022
El fin de la ambición En uno de los resúmenes televisivos de 2020, una enfermera española, agotada, decía a cámara: “Este año nos ha tocado ser fuertes; a ver si en 2021 nos toca ser felices”. La pandemia ha transformado la escala de prioridades de gran parte de la humanidad. Y está acabando con la ambición. Hemos tenido la suerte de llegar vivos hasta aquí. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? Es razonable rebajar las expectativas porque a la mayoría de los ciudadanos se le han reducido las opciones. Por mucho que en Occidente los Gobiernos ayuden con subsidios para mantener el empleo, este se destruye y se precariza. Vemos contratos de un mes, de semanas y hasta de días. Los puestos tecnológicos, bien remunerados y con buena consideración social, escasean. Para millones de personas la economía digital quiere decir esperar a que las plataformas les asignen un pedido para repartir. En los últimos 30 años, el mundo había conseguido reducir la desigualdad, pero la covid-19 ha invertido esta tendencia. Los que menos tienen, tras la pandemia, ganarán todavía menos. En países en desarrollo, 250 millones de personas pueden verse en la pobreza absoluta. La juventud debería ser esa edad en la que la ambición está en máximos, pero a los preadultos de hoy les ha quedado un sucedáneo. La socióloga francesa Monique Dagnaud habla de “la generación de los destinos revueltos” porque no pueden hacer planes y eso condiciona su autonomía como ciudadanos. En Estados Unidos, el cierre de las universidades durante el primer confinamiento hizo que los menores de 30 años volvieran a vivir con sus padres en un porcentaje mayor que durante la Gran Recesión, según el Pew Center. Entran en un mercado laboral maltrecho, y eso solo si tienen suerte. En España, el paro juvenil superó el 41% en el tercer trimestre del año pasado, casi el triple de la media de la OCDE. La falta de expectativas se nota en muchos frentes. La población que no puede proyectarse en el futuro compra menos casas, reduce su gasto, no es tan productiva. La OMS estima que seis de cada diez europeos sufren fatiga directamente relacionada con la pandemia, un agotamiento psicológico que puede ir unido a ansiedad y a otros trastornos. Se habla de pandemials sin que exista un acuerdo sobre si el término se refiere a los bebés nacidos desde marzo, a los niños afectados por los confinamientos o a los jóvenes limitados por dos crisis económicas seguidas. En realidad, pandemials somos todos: los mayores y enfermos que solo tienen por delante unos años de vida y han perdido casi uno entero; los autónomos que han visto quebrar su negocio; los que simplemente prefieren no aspirar a nada para que nada más se tuerza. Ana Fuentes. El País. 15/01/
Mujeres al poder Leo en los Diarios de Iñaki Uriarte: “La política no es más que una lucha personal por el poder entre ciertos hombres, a hostia limpia”. Puede ser. Más aún: por poco que uno frecuente los libros de historia, resulta difícil no albergar la sospecha de que, para muchos hombres, lo que de verdad se dirime en política es quién la tiene más larga o (como cantaba Laurie Anderson) quién es más macho. Tal vez por eso me siento casi siempre más tranquilo ante una política que ante un político. Quizá sea un prejuicio machista, pero lo cierto es que, cada vez que estrecho la mano de un político, no puedo evitar imaginármelo dando la orden de invadir Ucrania, cosa que no suele ocurrirme con las políticas. Esta chaladura quizá no carezca de fundamento: como recuerda Camille Paglia, no hay ningún Mozart mujer, pero tampoco ningún Jack el Destripador; también lo ha dicho Gioconda Belli: “La biología femenina equipada para la maternidad, realizada o no, arma a la mujer de una dotación superlativa de conciencia del otro”, que es la base de la buena gestión de lo público. Dicho esto, comprenderán ustedes que la feminización de la política represente para mí, antes que una necesidad social, una urgencia personal: por algún motivo, que no sé si un psicoanalista acertaría a explicar, siento que las políticas son, en general, más fiables, menos broncas y soberbias, más prácticas, prudentes y flexibles que los políticos. Yo no sé si alguna vez mereceremos en España la sensatez socialdemócrata de Jacinda Ardern, joven primera ministra de Nueva Zelanda, pero me conformaría con el talante de la vieja Angela Merkel y su aire perpetuo de matrona responsable, su bonhomía, su eficacia discreta, su capacidad para aprender de los propios errores y aquella sonrisa enternecedora con que miraba a Donald Trump cuando éste le negaba el saludo o se encerraba en uno de sus berrinches de bebé consentido. “Virgen Santísima del Perpetuo Socorro”, proclamaba ese gesto. “Con menudo botarate me ha tocado lidiar”. Quizá es un prejuicio, ya digo. Porque está claro que, igual que hay políticos malos, regulares y buenos, hay políticas buenas, malas y regulares; de hecho, uno tiene incluso la impresión de que hay políticas macho, políticas que parecen llevar un político dentro (igual que, según Baudelaire, Emma Bovary llevaba dentro un hombre). Rosario Murillo, la esposa brutal del brutal Daniel Ortega, es ahora mismo un ejemplo socorrido; pero no hace falta irse a Nicaragua. A mí me parece que la disputa entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz sobre la reforma laboral ha sido bastante femenina, pero hay políticas en el Gobierno, como Irene Montero o Ione Belarra, dotadas de un talante inconfundible de semental, y salta a la vista que en las políticas de Vox y Junts×Cat habita un brigada ochentero de la Guardia Civil, con barriguita, tricornio y mostacho, salvo en Rocío Monasterio, que parece recién salida de una película de Drácula. Manuela Carmena es una política razonablemente femenina, igual que Meritxell Batet, pero Ada Colau blande casi siempre una virilidad intimidante. En cuanto a los políticos, estoy seguro de que deben de existir hombres que llevan dentro una mujer, o al menos están aprendiendo a encontrarla, pero a mí no me resulta fácil dar con ellos: en España, casi el único que conozco es Salvador Illa (Mario Draghi también tiene algo femenino, como lo tenía Obama). Lo habitual todavía es el político macho, por no decir machirulo, categoría en la que en los últimos años han brillado con luz propia Santiago Abascal (o, mejor aún, Ortega Smith) y Pablo Iglesias. Con dos cojones. Como a cualquiera medianamente cuerdo, a mí me gustaría vivir en un lugar de donde se ha extirpado la política a hostia limpia, la política de hombres dándose de bofetadas por ver quién la tiene más larga. Y sí: tiendo a asociar con las mujeres —al menos con las mujeres que no llevan un hombre dentro— esa política más humilde, menos dogmática y vanidosa. ¿Una arbitrariedad? Podría ser. Pero, después de miles de años dominados por la política de la testosterona, si quieren saber qué es lo que me pide el cuerpo, vuelvan al título. Javier Cercas. El País. 23 ENERO 2022
No a la guerra Lo pensaba incluso el belicoso Winston Churchill, en frase famosa: “Siempre es mejor hablar, hablar, que guerrear, guerrear” ( jaw-jaw better than war-war ). Es la propuesta de los aliados europeos y americanos. La vía diplomática en vez de las armas. Si Joe Biden es el líder del mundo libre, cosa dudosa, —por su endeble liderazgo, no por la causa de la libertad que defiende decentemente frente al autoritarismo de Vladimir Putin—, su propuesta es el eslogan No a la guerra. El presidente ruso, en cambio, ha dado por cerrada la discusión. Quiere respuestas afirmativas a sus demandas. Y si no las tiene, enseña sus cartas, a las que denomina militares y técnicas: es un ultimátum; es decir, sí a la guerra. La guerra con la que amenaza Putin supera la famosa guerra preventiva de George W. Bush. No solo es ilegal, sino que culmina sus anteriores actuaciones ilegales, entre las que se incluye la anexión de Crimea y la promoción de la secesión de dos provincias ucranias. Hace tabula rasa de los acuerdos firmados por Moscú desde que terminó la Guerra Fría. Prepara la invasión de un país vecino soberano que en nada amenaza la seguridad de Rusia, una guerra de agresión. ¿O acaso es una amenaza que Ucrania quiera ser democrática y soberana? Lo es en efecto si Putin considera estas pretensiones como un arma de destrucción masiva no para los rusos, sino para su poder autocrático y personal. Si Rusia ataca a Ucrania, la guerra que los ucranios librarán responderá a todos los criterios legales y morales de la guerra justa. En defensa propia. Para salvaguardar la independencia nacional, la soberanía y la integridad de las fronteras que el propio Kremlin había reconocido primero y vulnerado después. Y bajo la bandera de la democracia y la libertad frente a la dictadura y la opresión que les espera en caso de derrota: basta con observar lo que está sucediendo en Bielorrusia y en Rusia con las elecciones, los periodistas, los disidentes, la oposición e incluso ONG prestigiosas y veteranas como Memorial. Hay mucho que discutir razonablemente sobre la seguridad europea, el papel de la UE y de la OTAN e incluso el futuro de Crimea. Es el camino de la política y de la diplomacia. Si la respuesta es la amenaza de una guerra de agresión, no debe quedar margen para la duda: Kiev merece toda la solidaridad europea. Un nuevo No a la guerra , como en 2003 contra la guerra preventiva de Bush en Irak, ahora contra la amenaza de Putin, al menos por parte de las mismas fuerzas que se manifestaron entonces. Ha hecho bien el Gobierno español despejando toda incertidumbre y mandando dos fragatas al mar Negro y una escuadrilla aérea a Bulgaria. Para ayudar en la disuasión, para evitar la guerra, para devolver el contencioso a las instituciones internacionales y a la diplomacia de donde nunca debió salir. Columna de Lluís Bassets. 23 Enero 2022. El País
