La Prostitución: Un fenómeno globalizado desde un enfoque de género - Prof. Mesenguer, Apuntes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos

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Raquel Osborne

Área Temática

Enfoque de género

Ponencia

Trabajador@as del sexo Raquel Osborne

La prostitución ha constituido, desde siempre, un tema de debate y de intervención pública. A partir de la consagración de la burguesía, resultó ser la cara oscura del matrimonio y una institución creada para dividir a las mujeres en decentes e indecentes, en buenas y malas, de uno sólo y de muchos hombres, en mujeres «privadas» y mujeres «públicas». Las políticas públicas se han movido, guiadas por una doble moral sexual, entre el moralismo condenatorio y el reconocimiento de su inevitabilidad: a ello han respondido las políticas abolicionistas o reglamentaristas. Las víctimas de esta doble moral han sido, generalmente, las mujeres: las que vendían su cuerpo se topaban con el rigor de las leyes cuando convenía, y a las demás se les imponía un férreo control sexual so pena de ser tachadas de «putas».

Tras la así llamada «revolución sexual» de los años sesenta y la liberalización de las costumbres que se introdujo en Occidente, se llegó a pensar que la prostitución caería en desuso. No sólo no ha sido así sino que el asunto se ha complicado con el fenómeno de la globalización, que permite el libre tráfico de bienes y mercancías a escala planetaria mas no así el de personas, cuyo derecho a la libre circulación se ve restringido cada vez más desde finales de los años sesenta (Azize).

Uno de los aspectos más notorios de la globalización son los movimientos migratorios de los países pobres a los países ricos por parte de personas en busca de unos ingresos con los que mantenerse a sí mismas y a los parientes que quedan atrás. Si una de las consecuencias de las políticas neoliberales ha sido la feminización de la pobreza, no nos ha de extrañar que también las migraciones se hayan feminizado: es creciente el número de mujeres que migran por cuenta propia, sin supeditación a varón —léase marido o padre—. El matrimonio, el servicio doméstico, la hostelería o el trabajo sexual son las principales salidas laborales para las mujeres migrantes. Pero migrar legalmente a los países ricos es cada vez más difícil para el nutrido número que lo pretende. Si legalmente no es posible hacerlo, se intentará de manera ilegal. En este panorama las migraciones se clandestinizan, y desde los países ricos y los organismos internacionales se comienzan a agrupar todas las modalidades de la migración internacional bajo una sola denominación: tráfico de personas, comúnmente integrado por «mafias» — cuyos integrantes son ellos mismos migrantes en muchos casos—, que se lucran con las necesidades imperiosas de migrar de tanta gente y la clandestinidad inherente al asunto, con el consiguiente aumento de los precios. Esas condiciones son un caldo de cultivo para los abusos de todo tipo. Voluntariamente o a la fuerza, muchas mujeres inmigrantes están ocupando un espacio dejado por las mujeres locales, es decir, que entre las escasas posibilidades laborales a su alcance, acabarán participando en la industria del sexo al ser, además, muy demandadas por los clientes occidentales. Pero conseguir permisos de trabajo y residencia para trabajar en esta industria resulta imposible.

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un nuevo lenguaje «trafiquista» que dicotomiza la realidad entre los malos —las mafias criminales— y las buenas —las nuevas esclavas, las mujeres/jóvenes víctimas de todo tipo de coacción, explotación y abuso—. En esta operación desaparece todo atisbo de autonomía y determinación, de libre decisión de las mujeres migrantes en busca de un trabajo remunerado con el que subsistir, ayudar a las familias que atrás quedan y mejorar su calidad de vida (Azize, Covre).

Volviendo a nuestros comentarios del principio, ya lo decía Emma Goldman: el matrimonio no es más que la otra cara de la prostitución. No son instituciones opuestas, como a veces se nos quiere dar a entender, sino complementarias: visto de una forma muy próxima, baste decir que la principal clientela de la prostitución son los hombres casados. Los varones transitan con suma facilidad entre las dos instituciones. Ello es posible gracias a la división de las mujeres en prostitutas y esposas, que en este análisis vemos como una estrategia patriarcal de división entre las mujeres para beneficio del varón. Así las mujeres no están nunca en su sitio: o son las malas —malas mujeres ha sido sinónimo de prostitutas— o son las buenas (igual a esposas, madres, hijas); dualismo que se corresponde con toda una serie de calificaciones dicotómicas: indecentes y decentes, promiscuas y fieles, viciosas y virtuosas, descaradas y discretas, impuras y castas, obreras y burguesas. O están en un pedestal o caídas en el fango —«mujeres caídas», otra metáfora de pasado uso—. Como buena división patriarcal forma parte de la cultura, asumida tanto por hombres como por mujeres.

Deberíamos preguntarnos, como hace la antropóloga Dolores Juliano: ¿por qué se crea el espacio del comercio carnal y después se condena a quienes protagonizan la oferta del mismo? Si nos detenemos un poco más en la cuestión, hay algo a primera vista que no se entiende. En la prostitución se realizan dos actividades perfectamente legitimadas en las sociedades capitalistas: una transacción comercial y una relación sexual mayoritariamente heterosexual y habitual entre dos personas adultas. ¿Por qué entonces recibe tan fuerte condena?.

La división entre mujeres no es ociosa. Desde algunos sectores del movimiento feminista se comenzó a intentar comprender el significado de dicha política de división y la utilización del estigma asociado a la prostitución como forma de control sociosexual de todas las mujeres. ¿De qué manera se efectúa esta operación? Por medio del estigma, de la desacreditación absoluta de la mujer que comercia con su cuerpo: se crea una categoría especial de mujeres y se la asocia con todo lo negativo que el patriarcado determina para la mujer aceptable socialmente: la esposa, la madre. Pero más allá de la estigmatización de la trabajadora del sexo, la estela del estigma se amplía hasta abarcar a todas las mujeres: todas pueden ser tachadas de «putas» en cualquier momento. Ahí reside la clave: el marcarnos a todas los límites por medio del control sexual. El peor insulto que puede recibir una mujer es el de zorra, puta (para los hombres se reserva el de hijo de puta).

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Fueron en realidad las trabajadoras del sexo quienes, en los años ochenta, iniciaron un acercamiento al movimiento feminista. Pia Covre, líder de las prostitutas italianas, fue una de las que entendió que el expresado movimiento debía constituir el marco «natural» de sus reivindicaciones y de las alianzas entre distintos sectores de mujeres: «La conquista de la libertad de las mujeres pasa a través de la conquista de la independencia económica, y la prostitución es un medio para conseguirla», decía Covre (en Osborne, 1991). Planteamientos como éste no eran, sin embargo, bien recibidos, y las trabajadoras del sexo sólo podían ser aceptadas si renegaban de su condición. Obviamente, no hubo alianza posible.

Del mismo modo, la parcialidad del análisis ha impedido comprender la capacidad de ruptura con el modelo tradicional de mujer que la trabajadora del sexo personifica al conformar el negativo de la figura de la esposa y madre: es la promiscua por excelencia, la no madre (en el simbólico masculino), la que gana relativamente mucho dinero, viste de manera provocativa, circula por la noche... Representa a la mujer no vinculada a un varón que la legitime, todo lo cual convoca los peores fantasmas del varón y de las otras mujeres. Para que el modelo no cunda, la criminalización y el estigma resultan ser armas de lo más eficaces.

Lo más irónico del asunto es que las mismas disposiciones por las que se condena a las mujeres son las que disfrutan los varones como lo más normal del mundo: para ellos todo está permitido —autonomía económica, libertad de movimiento, promiscuidad—. Doble rasero donde los haya.

No sólo no se resalta el potencial cuestionador de la prostitución, advierte Juliano, sino que parece ser la única —desde luego la principal— institución social patriarcal: ¿qué se hizo de la familia, la organización laboral, el sistema legal o los medios de comunicación? Y apunta Juliano la siguiente hipótesis: a más peligro para el sistema, más vilipendio caerá sobre un sector social determinado. La prostitución se lleva la palma en este sentido pues el escarnio cumple al menos dos funciones: la primera, ya señalada aquí, de marcar a las mujeres, ya desde muy jóvenes, cuál es su sitio (Sue Lees, 1994). La segunda, la de silenciar a las trabajadoras del sexo. Para ello nos son presentadas como víctimas —tema que recorre el presente libro—, menores de edad, manipuladas (Doezema), portavoces de los intereses de la industria del sexo (Kulick), psicológicamente perturbadas (Pons), etc. En el encuentro que propició las discusiones que aquí se ven reflejadas tuvimos un ejemplo de ello cuando desde diversas ONG, partidos políticos y representantes de la administración del estado se trataron de acallar las voces que sostenían el discurso crítico que aquí se presenta. Cuando se espetó a alguna interviniente que aquello no respondía al discurso de las trabajadoras del sexo porque allí no las había, varias manos se alzaron entre el público de mujeres que se autoidentificaban como tales y aseguraban que se sentían representadas por aquellas manifestaciones sobre su situación. Se contraargumentó entonces

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quiere entenderlo como un tráfico explotador entre los malos y sus víctimas. El resaltar las bases económicas y su significado en cuanto empleo o ganancias para tantos millones de personas, con las economías de muchos países e incluso secciones del mundo implicadas en ello, nos permite entrever cómo las relaciones Norte Sur, las relaciones de clase y las relaciones de género se entrecruzan en este complejo asunto.

La transición del socialismo a las economías de mercado en los países del este de Europa, o ciertas políticas macroeconómicas de los gobiernos del sudeste asiático, han podido promover indirectamente el crecimiento de la industria del sexo. En medio de la pobreza, el desempleo y el subempleo en entornos de decreciente o nula red estatal de seguridad social y del cada vez menor soporte de las familias tradicionales, las mujeres han recurrido a todas las estrategias de supervivencia a su alcance, entre ellas la emigración y el trabajo sexual. Como informa Lim, algunas lo han hecho vindicando su derecho a la libertad sexual; otras han sido coaccionadas de múltiples formas a emprender ese camino, pero para la mayoría ha resultado ser la única alternativa viable, la opción más flexible, de mejor horario que los típicos trabajos femeninos y, desde luego, la mejor remunerada.

Acorde con la visión integral del comercio del sexo como una industria, limitarse sólo a legislar no resuelve los problemas ligados a este fenómeno. Haría falta su reconocimiento en los datos económicos oficiales de los Estados, 1 en los presupuestos y en los planes de desarrollo, para acometer desde esa amplia plataforma todas las medidas sanitarias y de redes de servicios que ofrecieran la cobertura imprescindible para luchar contra las condiciones generales y las situaciones concretas que lastran el sector.

La legislación —en el sentido de la despenalización— no resuelve, como es obvio, todos los problemas del trabajo sexual, pero contribuiría a eliminar la inevitable asociación con la criminalidad, como ya se ha comentado aquí y resalta Julia Bindman, y despejaría los caminos para la consecución de derechos humanos básicos. La acentuación de las diferencias entre las mujeres ha sido una de las vías utilizada no sólo para la objetualización y control de todas las féminas sino para la negación de cualquier clase de derechos a las prostitutas. La ruptura con esta situación pasa por la operación epistemológica de centrarse en el enfoque opuesto, en lo que tenemos en común todas las mujeres, no en lo que nos separa. Aplicar esta metodología en la esfera de lo laboral permite tomar en cuenta lo que de común tiene esta actividad con la de otros colectivos de trabajadores, en particular los vinculados a los trabajos de bajo estatus y al sector informal, cuando se analizan a la luz de las normativas internacionales existentes en torno a los derechos laborales y humanos, sobre todo las elaboradas por la OIT y la ONU. Queda de manifiesto que la ilegalidad, el estigma y la exclusión

(^1) Este enfoque recuerda, salvando todas las distancias, la pionera contabilidad que en nuestro país

efectuó la socióloga María Ángeles Durán sobre la contribución económica al PIB del trabajo invisible de las mujeres en un sector tan silenciado como es el sector doméstico.

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subsecuente impiden la mejora de las condiciones laborales y la aplicación de los derechos correspondientes.

El resultado es una gran indefensión y explotación en el trabajo, así como acoso y violencia por parte de empleadores, policía, clientes y público. Lo lamentable de esta situación es que las trabajadoras del sexo podrían ser protegidas con los mismos instrumentos generales que ya existen para todos: si nos referimos a las niñas/os, a través de las leyes contra la explotación sexual; si hablamos de los adultos, por medio de las leyes generales contra la violencia o la coacción, además de poder aplicar específicamente leyes contra la discriminación de (todas) las mujeres. Ello serviría para combatir abusos como la corrupción policial, las detenciones arbitrarias, las violaciones de los derechos laborales, las deudas excesivas, etc. En cuanto a las condiciones específicas del trabajo sexual, como son el derecho a rechazar a los clientes, a no hacer un servicio sexual indeseado, a no participar en ningún caso en la industria, a poder resistirse a las amenazas y abusos de los empresarios, etc., se entiende que la OIT podría ser la institución adecuada para arbitrar instrumentos útiles en este terreno (Bindman).

Por su parte Ignasi Pons, quien realizó su tesis doctoral sobre las condiciones laborales de las prostitutas en Oviedo, nos hace aquí un repaso de cuestiones que hay que tener en cuenta, y errores que hay que evitar, a la hora de estudiar el fenómeno de la prostitución. Comienza subrayando el peso de la demanda masculina en el juego de la oferta y la demanda que caracteriza a toda actividad comercial, demanda que refleja el deseo del varón de satisfacer una necesidad dominada por la compulsión según los parámetros de un modelo sexual androcéntrico. Con una alta proporción de casados o emparejados entre la clientela de la prostitución, se pregunta Pons sobre la idoneidad de las instituciones legitimadas en la sociedad para satisfacer las necesidades erótico- afectivas de sus miembros. La respuesta no puede ser otra que la de Goldman: la prostitución sirve de sostén al matrimonio.

Si nos vamos al otro lado de la balanza, el de la oferta, para una más amplia comprensión del fenómeno habría que preguntarse no sólo por qué algunas personas entran en la prostitución sino la razón de que las demás no entren en ella. Tras esta omisión habitual en los análisis subyace el antiguo prejuicio respecto de la voluntariedad: nadie podría entrar por decisión propia en este trabajo (véase, asimismo, Kulick). La pobreza extrema, el bajo nivel cultural, la psicopatología, el escaso nivel mental, la coacción..., estos factores, comunes a otros sectores de la población que no por ello se dedican a la prostitución, se esgrimen como causas siempre que se quiere negar la posible voluntariedad de este trabajo. Si se analiza más de cerca el fenómeno, como hace Pons, se comprueba que las muestras de psicopatología suelen estar tomadas de sesgadas muestras de servicios de asistencia, el bajo nivel cultural resulta ser similar al de buena parte de la población femenina de parecido nivel social, los análisis acostumbran a tomar la parte —la calle, habitualmente el sector más degradado—

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el dinero como reflejo del deseo del cliente por la prostituta y el poder de negociación que esto le da a ella proporciona poder a la mujer. En otras ocasiones —no aquí, la brevedad de los textos impide muchos matices— Corso (y Covre) (Corso y Landi, 2000; Covre, apudOsborne, 1991) han relatado cómo la relación más habitual en la intimidad es una en la que previamente se han negociado las condiciones del intercambio económico-sexual y en la que el hombre necesita a la mujer para obtener su placer. Ellas interpretan dicha relación como de una cierta dependencia por parte del varón y, desde luego, no de poder. Según comenta Juliano en su texto, el rey está desnudo y la mujer sabe «todo» sobre él.

Corso se hace eco, al menos en Italia, del cambio de visión acerca de la prostituta como transgresora y ávida de sexo y dinero a la que hay que reprimir, a la perspectiva más actual de (emigrante) víctima de explotadores a los que hay que sancionar, entre ellos los clientes. 2 Pero a pesar de la mala opinión que la mayoría de sus colegas tiene de los clientes, de lo crítica que ella misma se manifiesta en torno a los mismos, de los relatos acerca de las pandas de jóvenes descerebrados que las insultan —sobre todo a las inmigrantes— en la calle, resulta notable su fe en el HOMBRE con mayúsculas a pesar de todo, y se declara en particular contraria a la represión de la clientela como una forma de intervención política por no verle sentido alguno.

Muchas de las personas que se han aproximado al fenómeno de la prostitución escuchando a sus protagonistas y compartiendo sus vivencias han acabado modificando el discurso previo que todas/os llevamos puesto, dada su honda penetración en el tejido social. Esto es lo que le sucedió a Cristina Garaizabal, como podemos apreciar en su relato sobre la experiencia de Hetaira, asociación creada para la defensa de los derechos de las prostitutas, así como a Gail Pheterson, en su análisis acerca de la prostitución infantil.

Hasta finales de los años ochenta Garaizabal y otras mujeres de diversos grupos feministas abordaban el fenómeno en el marco de la lucha contra la violencia sexista, bajo la sola perspectiva de la coacción como único modo posible de estar en la prostitución y, en consecuencia, con la «reinserción» como la vía de la salvación. El contacto diario con trabajadoras del sexo —mujeres y transexuales— le hizo descubrir un todo diverso, concretado, por ejemplo, en las diferentes autoaceptaciones del fenómeno, en las diversas vivencias del estigma y en las múltiples formas de implicación en el trabajo, en parte relacionadas con sus propias experiencias en torno a la sexualidad. Dado que la mentalidad mayoritaria y los principales recursos se han encaminado siempre a la salida de la prostitución, Hetaira decidió centrar sus esfuerzos en la mejora de las condiciones de trabajo de las prostitutas. Este enfoque implicaba darles la voz habitualmente negada para así favorecer su organización y su constitución como sujetos sociales. La conciencia de la división patriarcal entre buenas y malas mujeres

(^2) El trato victimista/proteccionista se quiebra si se vislumbra que la interesada ejerce de motu

proprio, como narra Doezema.

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sirvió de nexo de unión entre mujeres de diversas procedencias sociales y sexuales —entre otras lesbianas, prostitutas, transexuales, promiscuas—, a quienes vinculaba la desobediencia sexual y el estigma recibido por ello.

La reducción de toda la vida de una mujer a la categoría de «puta» crea unos malestares sólo posibles por el estigma: de ahí la proclamación de la prostitución como un trabajo. La necesidad de llevar una doble vida también es fruto del estigma, que aisla del propio entorno familiar y provoca soledades que luego se pagan con dependencias afectivas, quizá más notables de lo habitual porque mayores son también las carencias. Hasta eso es explotado por la sociedad bienpensante, lo que dificulta aún más las relaciones de pareja de este colectivo por medio de la criminalización sistemática de la figura del partenaire, al margen de las circunstancias concretas que concurran en cada caso.

Manifestaciones públicas de apoyo y defensa de la dignidad de la prostituta (como cuando asesinaron a una puta en la calle y Hetaira se manifestó ante el colegio de sus hijos) o la denuncia de abusos (robos) de la imagen de algunas mujeres por los medios de comunicación han sido actividades coyunturales de Hetaira en su favor. Asesoramiento psicológico, sociosanitario, jurídico y sobre los derechos en general constituyen las rutinas de las actividades de dicha asociación. De igual modo, han emprendido labores de mediación ante situaciones conflictivas —con los vecinos, con las administraciones—, que han fracasado a veces y otras han dado algunos frutos, como la primera manifestación de prostitutas que tuvo lugar en la calle Montera, en el centro de Madrid, en febrero de 2002, en defensa de sus derechos. Pero el enfoque trafiquista/victimista hacia donde evoluciona el régimen de la prostitución migrante, el «difícil problema de las menores» que se entrecruza con él, la creciente tendencia a la criminalización del cliente, no auguran un fácil porvenir para el tratamiento discursivo y práctico del asunto.

A primera vista podría parecer que, aun cuando hubiera profundos desacuerdos ante las políticas a seguir, la realidad de los menores aunaría criterios. Pero sobre esta realidad se suele pasar de puntillas, sin entrar a debatir las complejidades del tema. Esto último es exactamente lo que hace Gail Pheterson. Junto con Jo Doezema, se cuestiona los supuestos beneficios de ciertas políticas proteccionistas sobre colectivos desfavorecidos, como son las mujeres y los niños, a los que el Estado acoge en amalgama de categorías que ocultan al individuo, a la persona que hay detrás, a quien no sólo no acaba beneficiando sino a quien puede acabar perjudicando.

Pheterson empieza cuestionándose la distinción entre adultos y niños establecida en la incipiente andadura del movimiento a favor de los derechos de las prostitutas. El contacto y debate con trabajadoras del sexo más jóvenes venidas de países más pobres, y la repercursión sobre ellas de las legislaciones sobre los menores, le obligaron a hacerse nuevas preguntas sobre las diversas definiciones del concepto de infancia, su concreción en la idea de «prostitución

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Aunque ser «niño» se considera un sacrosanto locusde protección cuando de trabajo sexual se trata, desde hace más de diez años muchas/os de los implicados y sus aliados han denunciado las incongruencias e injusticias que se producen cuando son tratados como «niños» a los que, como tales, se les priva de derechos y de libertades como individuos. Proveer de cuidado a quienes lo necesitan no tiene por qué significar la prohibición de autonomía, que aparta a la juventud del soporte institucional que tanto necesita y de los recursos estatales básicos para la supervivencia —vivienda, comida, educación, sanidad—, dentro o fuera de la familia.

Si Pheterson se centra en la categoría de «niño», Jo Doezema fija su atención en la asociación conceptual «mujeres y niños» a fin de denunciar la infantilización de las mujeres para su tratamiento como menores de edad, carentes de la capacidad de decisión autónoma que se atribuye a las personas adultas.

El sujeto de referencia para Doezema es la inmigrante que trabaja en la prostitución, sobre la que se practica una suerte de «mirada colonial». Esta mirada implica ser tachada de campesina ignorante proveniente de entornos «poco» desarrollados y «menos» evolucionados que el Occidente al que migra, normalmente engañada a causa de esta especie de inocencia ambiental de la que procede y que ella encarna. Una visión de este tipo, apoyada por fuertes lobbies feministas, es la que refleja el último instrumento elaborado por las Naciones Unidas para combatir el tráfico de personas, como parte de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, de diciembre de 2000, dirigida especialmente «a las mujeres y a los niños», como reza el título del protocolo aprobado (véase el anexo I).

La confluencia de estas dos nociones no es casual ni banal: subyace la idea de que ninguna mujer en sus cabales emigraría para realizar trabajo sexual, el cual ni siquiera se reconoce como punto de partida del análisis de la realidad. No se puede reconocer porque previamente se ha definido la prostitución per secomo una violación de los derechos humanos de las mujeres. Según esto, ninguna mujer puede dar su consentimiento para viajar a fin de trabajar en la prostitución. La equiparación con los niños, a los que por definición se les supone incapacidad legal de decisión, es automática. Con esta definición de prostitución, que por ende sólo concibe a las prostitutas como víctimas de esa situación no podemos, obviamente, hablar de trabajo. En consecuencia, tampoco podemos hablar de derechos laborales, en común con otras mujeres. Los intentos de centrar la definición del tráfico sólo cuando intervenga la coacción o el engaño, tanto para viajar como en el trabajo que se realice posteriormente, situación común a cualquier migrante, eran rechazados en las discusiones por la negativa a contemplar la prostitución como una situación laboral más.

Por el contrario, el énfasis en la juventud e inocencia de la víctima, en esta maniobra de aproximación a la infancia en vez de al resto de las mujeres, aleja el espantajo del miedo a una mujer independiente y sexualmente autónoma,

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encarnada en este caso en la migrante que desea trabajar en la industria del sexo. Los relatos de lo que les puede suceder a las que se aventuran por esta vía — explotación extrema, peligro de violencia e incluso la muerte— sirven de nuevo, como antaño sirvió el mito de la trata de blancas, para recordar a las mujeres, en especial a las jóvenes, cuál es su sitio y lo que les puede pasar si osan desobedecer este mandato (Doezema).

Con un conocimiento amplio de lo que supone el fenómeno de las migraciones, como ya hemos podido comprobar al principio de este trabajo, Yamila Azize nos introduce en una variante de la misma, la migración femenina internacional desde América Latina y el Caribe, fenómeno nada nuevo, por otra parte, dentro de esa amplia región, por razones de esclavitud, militarismo, auge de la industria turística o creación de zonas francas. Un ejemplo reciente (desde 1949 hasta nuestros días) de patrocinio estatal de la misma ha sido el de la floreciente zona de Curaçao, polo de atracción de mano de obra masculina para la que, desde el gobierno de la colonia, se ha organizado y reglamentado el flujo de mujeres para el trabajo sexual y doméstico.

Países enteros de Latinoamérica dependen de las remesas de divisas enviadas por los emigrantes en unos procesos de migración que han pasado de ser una «migración ordenada», impulsados generalmente por los gobiernos, a constituir «migraciones autónomas», al margen de la autorización y reglamentación del Estado. La primera se halla más ligada a los modelos escogidos por los gobiernos, y tiene más que ver con un mercado formal masculino de trabajo, que vincula la concesión de derechos a la entrada con contrato laboral en el país de recepción. Al tiempo que las migraciones se feminizan, las políticas migratorias siguen por lo general manteniendo vicios sexistas, que restringen las posibilidades de las mujeres solteras y asocian cabeza de familia con varón y mujer autorizada a emigrar con esposa sin derecho al trabajo. No hay contratos para el servicio doméstico o la economía sumergida en general, y menos que nada para el trabajo sexual.

Viniendo de países con otros valores culturales, las mujeres se encuentran con ciertos cambios en este sentido en los países de acogida que les resultan favorables en cuanto mujeres con más restricciones en sus países de origen. Una vez adaptadas, distintas posibilidades en cuestiones como la maternidad, las prácticas anticonceptivas y la organización familiar han podido generar en muchos casos cambios en las relaciones de género dentro de la unidad familiar, así como una conciencia de mayor autonomía y «apoderamiento». De hecho, hay estudios que demuestran que mientras los hombres desearían regresar a sus países muchas mujeres prefieren quedarse. Estas situaciones demuestran que no todo en la inmigración es el victimismo indefenso de personas/mujeres relacionadas con redes mafiosas que hay que perseguir, y proteger de ellas a las mujeres.

Junto a la existencia de mafias, más prolíficas cuantas más restricciones se

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Agustín realiza un esfuerzo por cuestionar el término fuerte «prostitución», que a menudo se asocia a explotación y violencia, en un intento de abarcar muchas más situaciones de intercambio económico-sexual, algunas de las cuales nos describe en su trabajo. No se trata de negar la existencia de diferencias de poder que todo buen análisis ha de tener en cuenta para ayudar a explicar el fenómeno de la migración y el trabajo sexual, como son las de género o las imperialistas, pero sí de abrir interrogantes sobre el concepto de prostitución y ampliarlo a múltiples situaciones en las que las/os implicadas/os no se autointerpretan como prostitutas, ni los intervinientes califican las situaciones heterodenominadas «turismo sexual» como tal cosa, ni se hallan en entornos en los que siempre está mal visto lo que hacen. A tal fin, Agustín despolitiza intencionadamente el asunto para ajustarse más a la realidad, teniendo en cuenta la opinión de las personas estudiadas, lo cual implica a) que la investigación es más certera y b) que se les considera sujetos, aunque Agustín no pretenda insistir en ello.

Al igual que hiciera Carla Corso, la clientela de la prostitución no es presentada como monstruos que tratan de exprimir y aprovecharse de algunas pobres «prostitutas», que no tienen más remedio que vender su cuerpo por dinero y sufrir una tremenda humillación por ello. Quizá con una visión más festiva que la de Corso y que el resto de las intervenciones, la pretensión deliberada es la de mostrar parcelas de la realidad del comercio sexual muy variadas y que no suelen ser tenidas en cuenta. Por este camino podemos vislumbrar la parcialidad y limitaciones de muchos de los análisis al uso.

Agustín aterriza en la idea de la transgresión de la rutina y la dificultad de alcanzar el ideal de vida amorosa centrada en el amor y la familia como motor de la atracción del sexo mercenario para tantos hombres (o personas, como habría de decir para ser precisos, porque nuestra autora no quiere dejar fuera a las mujeres, que cada vez más se incorporan a la escena como clientas), tanto o más importante que la mera necesidad de sexo. Al igual que señalaba Pons, de alguna manera se están reconociendo las limitaciones de las instituciones legitimadas para enmarcar las relaciones erótico-afectivas en un mundo en el que, desde la liberación sexual, se nos presenta el triunfo y lo festivo como ligado en buena parte a una exitosa relación íntima, pagada o no.

La perspectiva que se maneje condiciona la forma de aproximación legal a la prostitución. Los últimos capítulos del libro se dedican a los diversos tratamientos legales, pasados y presentes, y a su impacto en las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras del sexo.

Aparte del modelo laboral, los restantes modelos legales —prohibicionista, abolicionista y reglamentarista— han sido diseñados para controlar y/o (aparentemente) suprimir la industria del sexo. Sin detenerse en los enfoques estrictamente prohibicionistas, Marjan Wijers analiza a fondo la concepción de la

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prostitución como mal social a erradicar (abolicionismo), como mal inevitable a controlar (reglamentarismo), para acabar su exposición con el más novedoso de los enfoques, el laboral.

Del abolicionismo ya hemos hablado con anterioridad. Aunque su antecedente proviene del abolicionismo esclavista del siglo XIX, pronto se abandonaron las intenciones de origen de abolir una legislación reglamentarista tolerante con los abusos y se pasó a promover la abolición de la prostitución en sí misma —por indigna primero, por violación intrínseca de los derechos humanos de las mujeres en su versión más moderna—. Puesto que se considera la prostitución como una actividad esencialmente violenta, no se puede distinguir la coerción del consentimiento, acorde con el enfoque de la prostituta como una víctima, siempre objeto, nunca sujeto de su situación.

A dos teóricas del feminismo escoge Ruth Mestre para representar esta visión: a Carole Pateman, para quien hablar de venta de servicios sexuales es un eufemismo que esconde la esclavitud sexual —lo que se vende es la sumisión de las mujeres—; y a Catherine MacKinnon, para quien la raíz de la opresión de las mujeres se encuentra en la pornografía y en la prostitución en la medida en que erotizan el dominio y la sumisión entre hombres y mujeres en una sociedad patriarcal. Equipara ambas con la violación, negación de la humanidad de las mujeres. MacKinnon propone la persecución de los hombres —proxenetas, clientes— que, individualmente, personifican para su propio beneficio este sistema de coerción patriarcal.

A favor de la prostituta, en contra de la prostitución, ¿pero cómo es posible, se pregunta Wijers, promover el respeto por la persona si la actividad se considera inherentemente degradante? ¿Cómo creerse lo de la defensa de los intereses si desde este enfoque se excluye del debate político y de la interlocución a las propias implicadas? Al pretender penalizar a los «inductores» del trabajo sexual (sin hacer un análisis de la demanda masculina, tampoco de la oferta de mujeres necesitadas de trabajo), trabajo nunca buscado, según se sostiene, por la «víctima», se apoya, en la práctica, la prohibición de los procedimientos necesarios para la organización del trabajo. Este prohibicionismo fáctico, aparte de fomentar el estigma, impide la organización de las prostitutas, empuja al crimen organizado y aísla socialmente a las trabajadoras del sexo al penalizar a quienes comparten o viven de sus ingresos.

El caso más reciente del que ha hecho bandera el abolicionismo es el de Suecia, donde una alianza del feminismo de estado con la socialdemocracia y los verdes ha decidido simbolizar con su prohibicionismo de cuño «progresista» la intolerancia con la objetualización y explotación de las mujeres que a sus ojos la prostitución representa.

La gran novedad (vendida como tal aunque no sea realmente cierto, como la represiva legislación de Estados Unidos y de otros países demuestra) es la

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Holanda, desde octubre de 2000, y Alemania, unos meses después, han pretendido penalizar (de verdad) el engaño y la coerción, tanto en las formas de reclutamiento como en las condiciones en las que se ejerce el trabajo, pero no la actividad en sí misma. Lo que critica Wijers es la ausencia de voluntad política de la administración holandesa para desarrollar la miríada de leyes y medidas que el cambio de enfoque legal comporta. Al mismo tiempo, y a causa de las políticas de cierre a la inmigración, resulta del todo imposible para las inmigrantes acogerse a esta legislación para regular su situación, con la subsiguiente mayor clandestinidad.

Lo que ha de quedar claro es que nos hallamos ante un reglamentarismo de nuevo cuño, que no quiere cerrar los ojos a la realidad del trabajo sexual en sus diversas modalidades pero que, a diferencia de aquel que siempre ha reconocido ciertas formas de prostitución a fin de controlarla y sacarle un rendimiento económico, pretende —al menos en los planteamientos de sus promotoras— conferir a las personas que trabajan en la prostitución los derechos laborales de que goza el resto de los trabajadores.

La comprobación de que las nuevas leyes contra la inmigración dejan fuera de los derechos laborales a las inmigrantes deja perpleja a Pia Covre sobre la bondad de un enfoque que aborda la prostitución como un trabajo. Covre sospecha que esa aparente concesión de derechos sirve para dar un barniz de legitimación a unos gobiernos que, en la práctica, ahora es cuando más han vaciado de contenido las conquistas de los trabajadores en esta materia, dejando expresamente fuera de los derechos laborales a la mayoría de quienes, efectivamente, realizan los trabajos a los que se les hurtan los tales derechos. Esto consagraría, como igualmente han visto Wijers y Brussa, la separación entre los dos colectivos. Teniendo muy claro el carácter de fuente de recursos económicos con el que las mujeres contemplan la prostitución, que piensan en utilizarla como una más de las posibles estrategias vitales en un largo itinerario de vida, a Covre le cuesta asumir la nueva categorización de la prostituta como sex worker. Entiende que puede suponer un nuevo encasillamiento en un trabajo, obviamente estigmatizado, que limitaría la libertad de quienes prefieren no identificarse ni con la profesión ni con un único modus vivendi y optan por un camino más variado y de trazado más libre y arbitrario.

Si los derechos laborales en su sentido más estable y tradicional están de capa caída, unir ciudadanía a estos derechos le parece a Covre un arma de doble filo que aislaría y dejaría fuera a los más débiles. Prefiere la opción de vincular derechos a ciudadanía, tal y como plantea asimismo Ruth Mestre en su análisis del caso español y menciona también Juliano. A raíz de la bienintencionada proposición de ley presentada ante el Parlamento de Navarra por la Izquierda Unida local (véase el anexo II), Mestre cuestiona la obligada vinculación entre contribución al trabajo y obtención de derechos. Anteponiendo a esta vindicación la perspectiva de las personas excluidas, apunta a un verdadero «estado social»

Trabajador@as del sexo Raquel Osborne

que separe la tenencia de trabajo de la obtención de derechos. Tan embarcadas se hallan nuestras sociedades hacia el neoliberalismo económico que estas propuestas suenan a utópicas, pero Mestre se muestra perfectamente realista al denunciar la dificultad de la obtención de derechos ligados al trabajo para la gran mayoría de trabajadoras del sexo cuando «es el contrato de trabajo (y no la existencia de una relación laboral) el requisito para la regularización» (cursiva en el original).

La otra posible vía de acceso a los derechos es la prevista por una normativa victimizante. «Para ser sujeto de derechos —escribe Mestre— hay que ser víctima, y para ser víctima protegible hay que haber negado dos veces (consentir el viaje y consentir el ejercicio de la prostitución) y en público (denuncia). Se ha pasado de considerar que todas son traficadas a considerar que sólo si lo son y denuncian merecen consideración y respeto». El sistema crea unas reglas y promete protección a quienes pasan por el aro de su ideología victimista, recreando con ello la división entre buenas y malas mujeres, que permite castigar a las segundas en vez de protegerlas a todas. Queda claro que el cruce del derecho penal, la ley de extranjería y la falta de reconocimiento de la prostitución como trabajo deja irremediablemente a las migrantes en situación de vulnerabilidad extrema.

En el libro se han incluido varios anexos. En los anexos I y II se aportan dos documentos sobre los que se discute en sendos artículos de Jo Doezema y Ruth Mestre. El primero se refiere al «Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños», que, como se indica en el encabezamiento, «complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional», aprobada en diciembre de 2000. 4 Doezema critica la unión conceptual de «mujeres y niños» que preside todo el documento. Para ello efectúa una cualificada discusión sobre las posturas que enfrentaron a las feministas, agrupadas en dos lobbies —y a los gobiernos partidarios de una u otra postura—, durante los dos años que precedieron a la aprobación del protocolo.

El segundo documento presenta la «Proposición de Ley Foral de reconocimiento de los derechos sociales de las personas que ejercen profesionalmente la actividad de alterne», 5 analizada por Ruth Mestre en el apartado 5 de su exposición. Dicha proposición fue discutida en el Parlamento de Navarra en abril de 1999. La proposición de ley, precedida de una exposición de motivos, representa una interesante iniciativa legislativa sobre los derechos y obligaciones tanto de las personas que trabajan en el alterne como de los empresarios que explotan esta actividad. La premisa básica es la consideración del alterne como

(^4) Documento disponible en http://www.odccp.org/crime_cicp_sitemap.html. (^5) M.a Isabel Arboniés, parlamentaria de Izquierda Unida-Ezker Batua de Navarra fue la encargada

de defenderla en el Parlamento de Navarra y, por otra parte, de hacerme llegar el texto correspondiente que aquí se reproduce.