El artículo 9.2 de la Constitución Española establece que corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad e igualdad de los individuos sean efectivas; en
este contexto, el artículo 49 contiene un mandato para que dichos poderes públicos realicen
una política de integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y los amparen
para disfrute de los derechos reconocidos en el Título I. La adopción de un Sistema de
Gestión de la Accesibilidad Total garantiza, además, a todas las personas, con independencia
de su edad o discapacidad, las mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno
construido y al uso y disfrute de los servicios en ellos prestados, con la mayor autonomía
posible en su utilización.
Cuando hablamos de poderes públicos, entendemos de forma innata al ejecutivo y al
legislativo, dejando a un lado al poder judicial. El artículo 24 de la citada Carta Magna
establece, de forma inequívoca, el principio del derecho de defensa universal, basado en dos
pilares humanos fundamentales, a saber, el juez predeterminado por la ley y la asistencia
letrada.
La cultura inquisitiva, tic autoritario del proceso penal, nos lleva a un deterioro de las
garantías procesales, pues el proceso penal es parecido a un espacio de guerra donde se
sobre entienden las palabras “enemigo” y “armas”. Con mas precisión, acotando el tema de
la exposición, el Juicio Oral tiene en el banquillo un carácter simbólico escenográfico,
además del símbolo inquisitivo, donde se separa al acusado del abogado, su defensa, y la
prueba se realiza a sus espaldas, hay un componente mediático de linchamiento previo al
juicio; en general hay un aislamiento entre el acusado y sus elementos o medios de defensa.
Una fase de interrogatorios agresiva del acusado por la parte acusadora puede llevar a un
discapacitado psicológico, a no entender esta parte esencial del proceso, generar dudas y
confusión en su declaración y provocar en el algún proceso psicótico debido a su
discapacidad o enfermedad mental (crisis de ansiedad, obcecación, delirio persecutorio , ,) y
la consabida ruptura del principio de “igualdad de armas” y de la ruptura efectiva de un
juicio contradictorio; y un mal entendido “sano saber y entender” del juzgador puede
interpretar comportamientos anómalos, incongruencias declarativas o gestos bruscos como
prueba de culpabilidad del acusado, por no estar informado adecuadamente de las
características de la enfermedad o discapacidad concretas del acusado (por ejemplo de un
informe pericial previo a la fase oral) y por último, pero no menos importante, la defensa
debe estar debidamente formada respecto de las peculiaridades que este tipo de
discapacidades suponen, a veces tan invisibles, para el hombre medio, que no supone ni
siquiera una imprudencia profesional la falta de su
previsión (a diferencia de discapacidades mas evidentes), con el consecuente perjuicio de la
defensa del derecho de defensa.
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS
MIGUEL GARCIA-CELAY NIETO 4º-GRADO EN DERECHO-MOSTOLES 1
