Gema Fernández Rubio 3ºE
Comentario Jurisprudencial:
La sentencia nº 208/2012 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de
Albacete en el P .O. 450/2011 establece los siguientes criterios jurisprudenciales para dictar
dicha sentencia, pronunciándose :
Desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la medida de
restablecimiento de la legalidad debido a la construcción de una presa de hormigón dentro del
Parque Natural de los Calares de río Mundo y la Sima, que impide el libre tránsito de la fauna
acuática con desviación del cauce pudiendo producir la desecación del caudal en el arroyo y
poniendo en peligro de desaparición del hábitat de protección especial ( Saucedas Calcícolas)
que podría desecarse finalmente.
Para adoptar dicha medida de restauración el Juzgado tuvo en cuenta que el Recurrente
construyo una presa sin autorización, dejando al margen dos aspectos:
1. Proporcionarle audiencia en el expediente a la anterior propietaria de la presa.
2. Que por hechos parecidos la Confederación Hidrográfica del Segura hubiera archivado
un expediente sancionador por considerar que no se habían causado daños al dominio
público hidráulico ya que los bienes jurídicos protegidos por las autoridades de la
Confederación y las del Parque Natural son distintos con facultades de autorización
diversas y con posibilidades de sanción y reparatorias diferentes.
No es aceptado que el azud levantado datase de fecha anterior a Ley de Protección del Parque,
Ley 3/2005, por cuanto fue derribado en junio de 2007 y nuevamente reconstruido por el
recurrente unos meses más tarde de su destrucción sin ningún tipo de autorización lo que es
demostrativo de la ilegalidad de ese nuevo levantamiento en contra de una prohibición legal. No
está impedido, una vez promovido el expediente de restauración de la legalidad, que se pueda
ejecutar la orden de demolición de la presa o azud como consecuencia de las infracciones de los
arts. 109.15 y 16 de la Ley 9/99 en relación con su art. 118, nº 1 y 2, que se señalan en dicho
expediente ya que conforme a lo previsto en el art. 130.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
se trata de medidas compatible con la sanción.
Estableciendo " Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento
sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación
alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y
perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este
caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y
quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente".
Citando la sentencia del T.S. de 21-2-2000, recurso 1471/95, la cual establece la obligación de
reponer las cosas a su primitivo estado no tiene carácter sancionador en sentido estricto, pues no
se trata de un efecto o consecuencia jurídica que el ordenamiento conciba, sólo, como
retributivo de la infracción, a modo de pena ligada a ésta; al contrario, es una obligación que
deriva, en sí misma, del acto de alteración o modificación del estado de cosas querido por el
ordenamiento, que cabe así imponer a quien lo ha realizado, con independencia de que su
