Cristian Eloy Farfán Cruz
CASO CHEVRON ECUADOR
Durante los años que operó en Ecuador, la multinacional Chevron, contaminó el medioambiente
de la Amazonía ecuatoriana.
El 3 de noviembre de 1993 se inicia el litigio legal contra Chevron. Los demandantes se
preocuparon por probar las acusaciones contra la petrolera. Gran parte de la prueba fue
producida y pagada por la misma empresa demandada. Las pruebas científicas existentes en
juicio determinan de manera contundente la culpabilidad de la petrolera en los daños
ambientales provocados y los impactos sociales, culturales y económicos.
Sin embargo, la Petrolera también se defendió argumentando que el Petróleo es un producto
inocuo que no causa efectos negativos en la salud de las personas; la empresa utilizó la mejor
tecnología existente en esos años; en el período de operación de Texaco, no existían normas o
leyes que protejan el ambiente en el país; la empresa actuó de acuerdo al marco jurídico
existente en el Ecuador; el Estado liberó a Texaco de toda responsabilidad; Texaco remedió la
parte que le correspondía; existía un consorcio, por lo tanto según Chevron, los dos socios son
responsables del daño causado.
Pese a todos esos argumentos en los que basó su defensa la petrolera, fueron desvirtuados por
los demandantes dentro del proceso.
Desde que Chevron interpuso en el 2009 una acción legal en contra de Ecuador en cortes
internacionales, el Gobierno ha utilizado más de USD 70 millones para gastos legales y alrededor
de USD 10 millones en campañas mediáticas. Aparte de la defensa legal se promovió una
campaña denominada “La mano sucia de Chevron”.
Tras nueve años de análisis, un tribunal internacional bajo el auspicio de la Corte Permanente
de Arbitraje de La Haya determinó en la sentencia del 7 de septiembre del 2018 tres puntos en
contra del país en el caso Chevron: declaró que el Estado violó el Tratado Bilateral de Inversión
(TBI); denegó justicia y no brindó un trato justo y equitativo.
El Ejecutivo de Lenín Moreno no está dispuesto a pagar la factura de un proceso judicial
heredado de la administración anterior y que tiene al país enredado desde 1993 por el daño
medioambiental que causó la petrolera Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Por eso, el
secretario general de Presidencia se adelantaba el jueves a la derrota ante La Haya y anunciaba,
un día antes de conocerse el fallo, que exigirá al expresidente, Rafael Correa, y a sus
colaboradores que respondan por no haber defendido “como corresponde en derecho
internacional” los intereses nacionales. El grupo de abogados de la Procuraduría ya trabaja en
las salidas legales que tiene el país: analizará si aplican la interpretación de ciertos pasajes del
laudo arbitral; y la nulidad del fallo parcial. La de Interpretación debe resolverse en 45 días y la
de nulidad puede demorar desde dos hasta cuatro años. Para este último recurso, la
Procuraduría acudirá a los tribunales civiles de Holanda, sede de la Corte de La Haya, para
solicitar la nulidad del laudo pues éste debe versar sobre la falta de competencia del tribunal
para haber dictado la sentencia.