Sentencia STC 133/2010, de 2 de diciembre de 2010
•Resuma el proceso acontecido hasta llegar a esta sentencia. Derecho afectado y órganos implicados.
El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que confirma en apelación
la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Coín, mediante la que se ordenaba la escolarización en el ciclo
escolar básico de los hijos menores de los demandantes de amparo, que recibían enseñanza en su propio domicilio.
Los recurrentes presentaron la siguientes alegaciones: 1) sus hijos reciben educación en su propio domicilio: hablan cinco
idiomas y reciben clases de música, matemáticas, ciencias y lengua, así como una educación ética bastante completa; 2) la
educación que reciben es más adecuada que la que se imparte en los centros públicos o privados en un aula de 30 o 40
alumnos; 3) no se está causando a los menores ningún perjuicio, pues reciben educación y no se han detectado por los
profesionales de los servicios sociales problemas socio familiares; 4) lo que el Ministerio Fiscal plantea subrepticiamente no
es el incumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de la patria potestad recogidas en el art. 154 CC, sino la
escolarización obligatoria; 5) la Constitución de 1978 no protege la obligatoriedad de la escolarización, sino el derecho a la
educación dentro de unos valores constitucionales y no puede confundirse la educación con la escolarización, ya que lo uno
no implica lo otro; 6) como jurisprudencia que sostiene su posición invocan la STC 5/1981, de 13 de febrero, y la Sentencia
núm. 1669/1994 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 1994, pues, a su parecer, ambas no
excluyen los modelos de enseñanza que se desarrollen en el núcleo familiar.
Por su parte, el Ministerio Fiscal alegaba lo siguiente: 1) el art. 27 CE dispone en su apartado 1 que existe un derecho
universal a la educación; en su apartado 4 señala que esa educación es obligatoria y gratuita en su nivel básico y en su
apartado 5 se atribuye a los poderes públicos la competencia de garantizar ese derecho mediante dos acciones: una,
ordenar la programación de la enseñanza básica, que será gratuita y obligatoria, y dos, crear los necesarios centros
docentes, tarea en la que podrán concurrir igualmente los particulares si así lo desean; 2) las normas de desarrollo del art.
27 concretan en estos presupuestos y, en particular, el art. 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
derecho a la educación (LODE), extendió la enseñanza obligatoria hasta los 16 años para todos los españoles, obligación
de la que los padres no pueden sustraerse, hasta el punto que si están descontentos con la enseñanza pública podrán crear
un centro docente acorde con sus convicciones morales y religiosas, pero no podrán incumplir preceptos constitucionales y
legales; y 3) España es parte de diversos tratados internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos,
Convención de los Derechos del Niño y otros) en los que la enseñanza básica se define como obligatoria y el art. 10.2 CE
obliga a interpretar nuestra Constitución conforme a tales textos.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Coín dictó Sentencia el 5 de mayo de 2003, ordenando a los demandantes de
amparo que escolarizasen a sus respectivos hijos menores de edad en el ciclo escolar básico en el curso 2003/2004.
Esta Sentencia fue recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. Se aducía incongruencia extra petita pues,
a juicio de los recurrentes, frente a la denuncia del Ministerio Fiscal referida al incumplimiento del art. 154 CC, el Juzgador
de Primera Instancia había desestimado la pretensión fundamentando su fallo en la obligatoriedad de la enseñanza
establecida en art. 27.4 CE.
La Audiencia negó la incongruencia extra petita, afirmando que los preceptos del Código civil citados por los recurrentes
derivaban del precepto constitucional referido y dictó Sentencia desestimatoria el 6 de junio de 2005.
Solicitan en el Tribunal Constitucional que otorgue el amparo y declare la nulidad de la Sentencia de 5 de mayo de 2003,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Coín y la Sentencia de 6 de junio de 2005, dictada en apelación por
la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga, así como que se reconozca su derecho a la educación en su
domicilio.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 29 de octubre de 2008 interesando la desestimación del amparo
solicitado.
En él se rechaza la vulneración del derecho a la educación, pues si bien se admite que el art. 27 CE no impide la práctica
denominada homeschooling, o enseñanza en el propio domicilio, en relación con la cual nos encontraríamos, además, ante
un vacío legal; El Ministerio Fiscal rechaza también la vulneración alegada del art. 24 CE, en sus vertientes de
incongruencia extra petita e indefensión; Finalmente, por lo que afecta a la vulneración del derecho a no padecer
discriminación por razón de la nacionalidad, supuestamente originada porque en los países de origen de alguno de los
recurrentes la enseñanza a domicilio está autorizada y regulada, el Fiscal apunta que la queja carece de entidad
constitucional.
Por providencia de 29 de noviembre de 2010 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 2 de
diciembre del mismo año.
