Literatura y medios de comunicación - Grupo E
Práctica nº 1 - Análisis Cartas Marruecas nº XI
Ya hemos estudiado en clase la situación jurídica de la profesión informativa. Es decir, la
inexistencia jurídica de esta profesión u oficio. La ausencia de un estatuto jurídico de la
profesión, que regule el acceso a la misma, los derechos y obligaciones que le son inherentes,
da lugar a una situación laboral que no tiene un tratamiento específico, aunque ciertamente
está presente como una exigencia constitucional para contribuir de forma determinante al
desarrollo de la función esencial de conformación de una opinión pública libre, elemento
indispensable de todo Estado de Derecho.
Al recurrir a la Constitución, para explicar la naturaleza y el lugar que ocupa en nuestro
ordenamiento el derecho a comunicar y recibir información veraz, estamos reconociendo la
titularidad de este derecho a comunicar información veraz, así como al secreto profesional y a
la cláusula de conciencia, a aquellas personas que tienen como principal ocupación o medio de
ganarse la vida comunicar hechos o noticias.
Hay, pues, un estatuto, de hecho, de la profesión informativa, que se ve reforzado jurídicamente
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por la única ley orgánica (LO 2/1997), hasta
el momento, de reconocimiento profesional del periodista.
En todo caso, la actividad laboral o profesional del periodista debe estar sujeta a unas normas
que, a falta de un estatuto específico, no son otras que las aplicables a cualquier trabajador o
profesional. En este sentido, hay que distinguir entre la relación laboral y la relación civil del
periodista con la empresa con la que contrata.
También conocemos que la relación laboral del periodista supone que éste se obliga a
desarrollar un trabajo continuado bajo la organización, dirección y por cuenta de la empresa
informativa, a cambio de una contraprestación salarial. Por el contrato laboral el periodista
vende a la empresa no el fruto de su trabajo –que siempre será propiedad del empresario- sino
la actividad laboral, la fuerza de su trabajo.
La normativa aplicable a la relación laboral del periodista es, básicamente, el Estatuto de los
Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en adelante, ET). Es una ley
imperativa –ius cogens-; es decir, de obligada observancia por parte de los contratantes,
empresario y trabajador. Las condiciones establecidas en esta ley deben ser respetadas en el
contrato laboral y, si se modifican, debe ser para mejorarlas en beneficio del trabajador; en
caso contrario, serían nulas (art. 3.1,c ET).
Cualquiera de los contratos que recoge el ET es, en principio, aplicable a la relación laboral de
periodistas, siendo interesante destacar, por su naturaleza y frecuente utilización, los contratos
de trabajo en prácticas (art. 11 ET) y contrato fijo-discontinuo (art. 16 ET). Remito al alumno
a la consulta de estos artículos y, en general, de todo el Título I del ET si tuvieran interés en
conocer con detalle la regulación del contrato laboral, por lo que profesionalmente pudiera
afectarle.
Además de la contratación laboral, el periodista puede mantener una relación civil con la
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LECCIÓN Nº 13
