Comentario STC 169/2016
Esta Sentencia (la 169/2016 del Tribunal Constitucional) resuelve el recurso que se
interpuso por más de cincuenta diputados del grupo socialista en contra del artículo
1.1 del RDL 7/2015, por el cual el Gobierno aprobó un crédito de 856.440.673,35
euros para la financiación de programas de armamento del Ministerio de Defensa.
El Tribunal estimó el recurso y declaró inconstitucional y nulo el artículo impugnado,
considerando que el gobierno no justifica de manera adecuada la existencia de la
extraordinaria y urgente necesidad que es requisito imprescindible para el uso del
decreto-ley según el artículo 86.1 de la Constitución.
El tribunal recuerda que ya había analizado una situación casi idéntica en la STC
126/2016, que falla sobre otro decreto-ley similar. Siendo coherente con aquella
decisión, declara que la financiación de los programas de armamento se había
convertido en una práctica repetida y previsible, en la que el Gobierno
presupuestaba bajo a posta estos gastos en los PGE y, posteriormente, los cubría
mediante créditos por decreto-ley. Este proceder implica usar una vía excepcional
como ordinaria, eliminando al Parlamento la competencia de aprobación de estas
elevadas partidas.
El tribunal rechaza que la obligación de pagar a proveedores o evitar perjuicios por
retrasos sea por sí misma una situación de urgencia. Resalta que esos argumentos
podrían ser aplicables a cualquier obligación del Estado y que el gobierno no
acreditó una necesidad grave que justificara eludir el procedimiento parlamentario.
No obstante, para defender la seguridad jurídica y la posición de terceros que hayan
actuado de buena fe, el tribunal declara que no se podrán revisar las situaciones
administrativas derivadas del crédito.