7.4. LA IGUALDAD Y LA CLÁUSULA GENERAL DEL ART. 14 DE LA CE.
En la CE, hay dos facetas de la igualdad, la igualdad como valor o principio y la igualdad como derecho
fundamental, como derecho subjetivo. Ambas caras son complementarias, el art.1 sitúa a la igualdad al
mismo nivel que la libertad, que la justicia y que el pluralismo político, afirmando que es un valor superior del
Ordenamiento Jurídico.
En este sentido la igualdad debe considerarse como un principio transversal, que debe influir en todo el OJ
y en la acción de los poderes públicos ya que el art. 9.2 exige a los poderes públicos que promueva las
condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas.
En este sentido esta igualdad entronca con la igualdad liberal del constitucionalismo clásico que buscaba
fundamentalmente una igualdad jurídica, igualdad ante la ley frente a la desigualdad del Antiguo Régimen,
de tal manera que en España ya desde 1812 la afirmación de esta igualdad formal era el objetivo primario
de las declaraciones del constituyente.
Pero al situar la igualdad en el marco del estado social y democrático de derecho y de la justicia del art.
1.2, el constituyente en 1978 quiso que la actitud del legislador ordinario de las Cortes se comprometió en la
realización de una igualdad material. Esta igualdad material exige de políticas públicas y de leyes que
articulen una igualdad de condiciones en el acceso de toda la población a bienes jurídicos relevantes sin
los cuales la afirmación de la igualdad sería algo vacuo, sería algo vacío de contenido (la sanidad, la
educación y pensiones).
Otra faceta del logro de esa igualdad material se pone de manifiesto en las políticas de discriminación
positiva nominalmente atenta contra la igualdad formal, pero se justifican por la preterición que
determinados colectivos o grupos sociales han sufrido de manera continuada (etnias raciales, etnias
religiosas, etc.).
b) La igualdad como derecho subjetivo.
La igualdad como derecho subjetivo afirma que es uno de los derechos fundamentales más importantes en
el ordenamiento jurídico porque también tiene ese carácter transversal. Se podría decir que la igualdad se
plasma en todos y cada uno de los derechos fundamentales: el art. 15 afirma que todos tienen derecho a
la vida, el art. 23 afirma la igualdad en el acceso a los cargos públicos, el art. 31.1 afirma la igualdad ante el
sistema tributario, el establece la igualdad entre los hijos con independencia de la afiliación. Esta igualdad
como derecho subjetivo prohíbe la discriminación, el trato diferente; para saber si hay discriminación se
necesita del tercian comparaciones (punto de referencia) que nos da la clave respecto de la
proporcionalidad en el trato. Esta igualdad afirma que ante circunstancias equivalentes, la respuesta jurídica
debe ser la misma.
La igualdad se manifiesta en tres facetas que son: La igualdad ante la ley, La igualdad en la ley, La igualdad
en aplicación de la ley
1) La igualdad ante la ley afirma que con carácter previo todos tenemos la misma posición jurídica respecto
a la ley, esto significa y se plasma en un límite objetivo a la acción del legislador, de tal manera que cuando
se presenta una propuesta legislativa uno de los elementos a tomar en consideración es la igualdad y su
afectación en la regulación propuesta, de tal manera que son admisibles tratos diferenciados cuando
tengan una legítima justificación.
Ejemplo: la ley general del funcionario, obliga a que todos los funcionarios sean tratados por igual, en la
promoción interna, en el trato salarial y en los demás elementos que afectan a su estatuto.
Sin embargo, lo que permite es singularizar al funcionario respecto al resto de la ciudadanía.
De este modo el fundamento último de la legitimidad del trato diferenciado siempre tiene que ser la ley.
2) Por lo tanto la igualdad en la ley presupone que cuando un grupo determinado queda englobado dentro
de una categoría determinada dentro del mismo no son admisibles diferencias de trato.
3) La igualdad en aplicación de la ley, es decir el reflejo en la aplicación por los poderes públicos de los
imperativos derivados de la ley que exigen que no se produzca una discriminación, más que en los supuestos
admisibles legalmente, especialmente se pone de manifiesto en la aplicación judicial de la ley.
Es evidente que nunca hay identidad de supuestos, por lo tanto, la discrecionalidad del juez es amplia en la
medida que él va a determinar la conformidad a derecho del trato.
