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se trata sobre la corrupción y enfasis que tiene en la actualidad
Tipo: Apuntes
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Corrupción es un término que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. Se clasifican en:
No existe una metodología clara u oficial por parte de un organismo internacional para medir la corrupción y sus efectos. Sin embargo, el caso La Línea destapado en abril de 2015 causo una enorme crisis política, pero no económica de manera inmediata. A continuación, se citan los efectos económicos más notorios de 2015, derivado de la crisis política. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo el crecimiento económico a 3.5% para el 2015. El 20 de mayo de 2015 el presidente del Banco de Guatemala y miembro de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Julio Suarez Guerra, fue arrestado debido a que aceptó adjudicar a la empresa mexicana Droguería PISA, S.A., un contrato por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales a menor costo, pero de pésima calidad que causó la muerte de varios pacientes por las deficiencias en el tratamiento. En agosto del mismo año se publicó la Encuesta de Expectativas Económicas efectuada a analistas privados. En febrero se situó en 60. y en agosto fue de 21.67. En otras palabras, hubo una disminución de - 63.9%, bastante fuerte en materia de confianza económica. Es fácil medir sobornos y lavado de dinero cuando se tienen mecanismos de transparencia y mecanismos de supervisión. Ahora bien, cuando los delitos son, por ejemplo, el financiamiento electoral ilícito, eso repercute grandemente en la gobernanza y economía del país. Un caso anecdótico y paradigmático del financiamiento electoral ilícito surgió cuando la CICIG y el MP pidieron retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Como reacción a esto, el presidente intentó expulsar de Guatemala al comisionado Velásquez. La decisión de Morales no solo fue políticamente incorrecta, sino que fue mal elaborada por los mecanismos que uso, y causo efectos negativos en su propio gabinete ya que llevó a la renuncia de su ministra de Salud. y a la destitución del Canciller y el Vicecanciller por criticar la medida. Exfuncionarios que estaban haciendo bien su trabajo, y que sus remplazos dejan demasiado que desear. Esto generó grandes movilizaciones sociales, perdidas para el sector privado por un paro, críticas por parte de organismos internacionales, cobertura de medios internacionales, cuerpos consulares y demás. Afortunadamente, para la lucha contra la corrupción el proceso del presidente Morales fue frenado y finalmente dejado sin lugar por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la coyuntura de 2017 fue distinta a la de 2015, ya que como dijo Claudia Escobar en una columna publicada en The New York Times (es) “muchas de las personas poderosas que se han visto afectadas por las investigaciones de la CICIG, se han unido para atacar su trabajo y para obstaculizar al
El sector privado necesita de un clima sano de negocios para poder operar, y va desde empresas grandes hasta los microempresarios. Esto permite en el futuro que la actividad productiva y el crecimiento económico aumente. Sin embargo, un clima de negocios se crea con reglas claras, un régimen político claro y un sistema político transparente. En un entorno corrupto la producción de las empresas puede verse afectadas por muchas razones generándose costos adicionales, y dejándose de dar garantías de permanencia por la inestabilidad de las reglas de juego que cambian conforme haya un
mejor postor. A continuación, enlistó 19 consecuencias a la economía y al desarrollo de Guatemala que la corrupción ha generado y puede generar. No hay un orden de importancia, y estas podrían ser las mismas consecuencias en otros países con alta corrupción. EFECTOS A LA ECONOMIA
En conclusión, si no desterramos lo que podemos llamar el mal de todos los males, la corrupción, cualquier crecimiento económico que logremos conseguir siempre será de coyuntura y nunca habrá de convertirse en un verdadero desarrollo sustentable. Estudios han demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la corrupción sistémica, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada, y los costos al desarrollo y a la economía son muy altos. Mencioné al menos 19 efectos que el cáncer de la corrupción le genera a Guatemala. Estos pueden ser similares en otros países, pero dependerá del grado de Estado de Derecho que tengan. CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCION 1.- La corrupción viola los derechos humanos: la corrupción viola los derechos políticos y civiles al distorsionar o invalidar las instituciones. 2.-La corrupción es una causa del deterioro medioambiental: la corrupción facilita el abuso del medio ambiente y el mal uso de los recursos naturales. Niega a la gente el derecho a un ambiente no contaminado, así como los dividendos públicos generados por los recursos naturales. 3.- La corrupción daña y atenta contra los pueblos de muchas formas. Conforme a lo declarado en el preámbulo de la convención de las naciones unidas contra la corrupción. 4.- Cuando la corrupción se encuentra extendida en un país, son muchos y variados los segmentos de la población afectados por sus efectos en toda la sociedad; sin embargo, existe consenso en que los más afectados por la corrupción son los pobres, por ser los menos capaces de absorber sus costos. 5.-La corrupción es una barrera al desarrollo económico: e l soborno como una forma de corrupción disminuye el crecimiento económico, contribuye al aumento de la pobreza. 6.-La corrupción causa pobreza y crea barreras que impiden superarla: la corrupción afecta en mayor medida a las personas de escasos recursos ya que tienen menos opciones de enfrentarse a las barreras que les impiden. 7.- La destrucción de los organismos de control cuando un funcionario no está bien controlado por la institución, se corrompe fácilmente,
porque tiene el camino libre para obtener un montón de beneficios con la tranquilidad de saberse impune. 8.- La imposición de políticas de corto plazo: corromperse no es sólo quedarse con el dinero público. Antes que eso, se trata de perseguir intereses puramente individuales en vez de cumplir con el rol que asigna la institución. 9.- El deterioro de la infraestructura nacional: es evidente que la consecuencia de no tener políticas de largo plazo es la paulatina destrucción de los bienes y recursos del estado. 10.-La ineficacia de los funcionarios y de las políticas públicas: un estado guiado por el cortoplacismo y por las ambiciones personales de sus máximos dirigentes jamás podrá favorecer el ingreso de funcionarios de carrera en la administración pública. Este tipo de funcionarios se rige por los criterios propios de su especialidad, no por los fines políticos y económicos inmediatos de los gobernantes. CONVENCION DE LA ONU CONTRA LA CORRUPCION La convención contempla obligaciones de los Estados para formular y aplicar leyes, políticas y practicas encaminadas a prevenir y combatir la corrupción, buscando facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica para apoyar a los Estados en la prevención y combate a la corrupción y para la recuperación de activos.
hasta el momento escasos datos que indiquen cómo se produce esta situación. La publicación del Barómetro Global de la Corrupción (BGC): América Latina y el Caribe es un paso importante para comprender cómo la corrupción afecta a las mujeres. Por primera vez, el BGC pone de relieve datos sobre extorsión sexual, o sextorsión, una de las formas más significativas de corrupción vinculada con cuestiones de género. También presenta datos nuevos sobre las experiencias de soborno que atraviesan las mujeres. ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Como cuidadoras primarias de sus familias, las mujeres suelen depender de servicios públicos, lo cual también las torna más vulnerables a determinados tipos de soborno.
Cuando el sexo es la moneda con la cual se paga el soborno, las evidencias señalan que existe un sesgo de género que afecta particularmente a las mujeres; algunas mujeres son coaccionadas para brindar favores sexuales a cambio de recibir servicios públicos, como atención médica y educación. En los 18 países sondeados, los resultados fueron que una de cada cinco personas atraviesa situaciones de extorsión sexual, o sextorsión, al intentar acceder a un servicio gubernamental, como atención de la salud o educación, o conoce a alguna persona que ha tenido una experiencia de este tipo.
Las mujeres son menos proclives a pensar que las personas comunes pueden tener una influencia decisiva para terminar con la corrupción. Las mujeres son menos propensas a pensar que las personas pueden denunciar la corrupción sin temor a sufrir represalias. Las mujeres son menos proclives a pensar que se tomarán las medidas correspondientes una vez que se denuncien actos de corrupción. Es menos probable que las mujeres sepan que tienen derecho a solicitar información a instituciones públicas RECOMENDACIONES Si bien los datos presentan una realidad desalentadora acerca de las perspectivas y experiencias de las mujeres sobre corrupción en Latinoamérica y el Caribe, en la última década se ha observado que, cuando las mujeres se unieron para exigir cambios, alcanzaron resultados exitosos en países de toda la región. A fin de impulsar la igualdad de derechos para las mujeres y las niñas, los líderes gubernamentales de la región deberían tomar las siguientes medidas: Adoptar leyes para enfrentar y erradicar el problema de la sextorsión y cerciorarse de que los sistemas de justicia cuenten con las herramientas adecuadas para abordar estos casos. Recopilar, analizar y difundir datos de género sobre corrupción Favorecer la participación de las mujeres en la vida pública y política. Incluir a las mujeres en la toma de decisiones contra la corrupción. Empoderar a las mujeres para que denuncien abusos y asegurarse de que los mecanismos para hacerlo tengan en cuenta los aspectos relacionados con el género. QUÉ ESTAMOS HACIENDO Transparency International trabaja con 17 capítulos de Latinoamérica y el Caribe para promover los derechos de las mujeres en los niveles más altos del gobierno y entre responsables de la adopción de políticas globales, regionales y nacionales. Asimismo, 10 capítulos empezaron recientemente un proyecto de investigación en varios países para revisar los marcos legislativos sobre
sextorsión, identificar áreas donde se necesitan mejoras y realizar recomendaciones sobre políticas. Nuestro capítulo en Guatemala, Acción Ciudadana, capacita a líderes femeninas para actuar contra la corrupción, realizar auditorías sociales y llevar a cabo otras formas de incidencia y participación ciudadana. Nuestro capítulo en Perú, Proética, lleva adelante investigaciones para comprender mejor los nexos entre género y corrupción a nivel nacional. En Argentina y México, también realizamos estudios de casos para evaluar cómo las mujeres en la política están contribuyendo a los esfuerzos contra la corrupción HOMBRES POLITICA EN GUATEMALA: Durante la década pasada, la ciudadanía de Guatemala vivió algo sin precedentes en el país: un movimiento popular de anticorrupción. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente sui géneris respaldado por las Naciones Unidas que ha funcionado como un apoyo independiente al Ministerio Público, llevó a los guatemaltecos en una serie de casos de corrupción de alto impacto que involucraron a personas poderosas de los sectores político y económico del país. El movimiento ha tomado pasos importantes encaminados a fortalecer el sistema de justicia. El Ministerio Público, con apoyo de la CICIG, investigó más de 100 casos de corrupción de alto perfil, procesó judicialmente a 660 personas, y ha obtenido la condena de más de 400 de ellas. A su vez, la Comisión propuso o ayudó a implementar una docena de reformas que modernizaron los métodos y herramientas de investigación, y fortalecieron las instituciones de justicia. Las encuestas más recientes revelan que la CICIG recibió más del 70 por ciento del apoyo popular del pueblo de Guatemala. A pesar del amplio apoyo de la población Guatemalteca, un esfuerzo coordinado para revertir los avances logrados empezaba a tomar forma. El presidente de Guatemala Jimmy Morales y algunos de sus aliados en el Congreso y el sector económico empezaron una estrategia pro- impunidad que estigmatizó a líderes sociales y operadores de justicia,
últimos años, esta fiscalía ha jugado un rol importante en exponer oficiales públicos quienes cometieron delitos graves de corrupción, y fue utilizada por fiscales generales como una herramienta para ayudar a limpiar las instituciones de justicia. Sin embargo, familiares y abogados de individuos implicados en casos de corrupción cada vez más utilizan esta fiscalía para presentar denuncias cuestionables contra los jueces y fiscales involucrados en sus casos. En lugar de rechazar rápidamente estas quejas espurias, han permanecido sin resolver durante meses sin justificación. Otra importante unidad de investigación bajo el ámbito de la fiscal general y cuyo futuro está en limbo es la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Creada en 2008 para trabajar en conjunto con la CICIG, la FECI se asoció con la Comisión en 92 casos, incluidos algunos de los casos de corrupción más grandes de Guatemala. El personal altamente calificado de aproximadamente 64 personas ahora soporta el peso de algunos de los casos de corrupción más complejos y de más alto perfil del país. Tras una petición del jefe de la FECI, la Fiscal General Porras acordó convertir a la FECI en una fiscalía de sección que pueda continuar su trabajo ahora únicamente bajo la competencia del Ministerio Público. Sin el apoyo de la CICIG, la FECI necesitará más recursos y apoyo decidido del Ministerio Público para poder dar continuidad a las investigaciones en curso y responder a nuevas denuncias que permitan seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el personal de la FECI tiene alrededor de 80 demandas de mérito espurias en su contra, una táctica utilizada para detener o apartar al personal de la FECI de los casos. Juan Francisco Sandoval, el jefe de la FECI, ha sido sistemáticamente atacado y para julio de 2019 habían sido presentadas unas 20 demandas en su contra. Hasta la fecha, Porras no ha dado indicaciones claras sobre qué tipo de apoyo, garantías de continuidad y protecciones recibirá la FECI ahora que la CICIG no esté en Guatemala. EL FUTURO DE LOS CASOS ACTUALMENTE EN CURSO Un número importante de caso de corrupción de alto impacto están actualmente moviéndose en las cortes, sin embargo, sin un compromiso claro para continuar investigando la corrupción, el futuro de muchos de estos casos emblemáticos es incierto. A continuación, un resumen de casos importantes para seguir observando: La Línea
Este es uno de los casos anticorrupción más emblemáticos de Guatemala, ya que implica tanto a un expresidente como a una vicepresidenta. El Ministerio Público y la CICIG descubrieron evidencia de que la administración de Otto Pérez Molina estaba operando una sofisticada red de contrabando en las aduanas del país. Según las investigaciones, el personal aduanero involucrado daba a importadores tasas impositivas reducidas a cambio de sobornos. Los sobornos fueron para el entonces Presidente Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti y ascendieron a millones de dólares, según el juez que lleva el caso. La investigación de La Línea involucró 88,920 escuchas telefónicas, 5,900 correos electrónicos interceptados y 175, documentos. En octubre de 2017 el juez Miguel Ángel Gálvez encontró evidencia suficiente para enviar a 28 personas a juicio, incluyendo a otros funcionarios de alto nivel de la administración de Pérez Molina. El juicio está programado a iniciar en marzo de 2020, en medio de la creciente frustración del público por los retrasos en los procedimientos. El tribunal que preside el caso, el Juzgado de Mayor Riesgo D, ha enfrentado una presión creciente para absolver a los acusados, lo que sería un duro golpe para la lucha contra la corrupción en Guatemala. Caso Fenix El caso Fénix involucra a Gustavo Herrera, un poderoso guatemalteco con conexiones políticas que le han permitido influir significativamente en los procesos de selección de altos funcionarios de justicia durante la última década. Según las pesquisas, Herrera coordinó una red que intentó malversar unos $50 millones de dólares de fondos públicos de la Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La jueza que preside el caso, Erika Aifán, ha alertado que recibe cada vez más amenazas desde que comenzó a manejar este caso. Blanca Stalling y el “Bufete de Impunidad” La ex magistrada de la Corte Suprema de Guatemala, Blanca Stalling, fue acusada de tráfico de influencias por buscar proteger a su hijo de enjuiciamiento. Según la investigación, Stalling se acercó al juez Carlos Ruano Pineda buscando presionarlo para evitar una sentencia condenatoria en contra de su hijo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los enlaces de Stalling con redes de corrupción
