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TEMA 18. LA NUEVA PLANTA
La Guerra de Sucesión en Valencia
El último de los Austrias, Carlos II, murió sin descendencia el año 1700. En un primer momento había testado a favor de José Fernando de Baviera, pero su muerte le llevó a declarar como su heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y segundo hijo del Delfín. Fue decisiva la intervención del Cardenal Portocarrero, del partido francés. Pero su designación condujo a un conflicto europeo, en que se enfrentaron Francia y España a la gran coalición de Austria, Inglaterra, Portugal, Holanda y Saboya. En la península se levantaron en favor del Archiduque Carlos, hijo del Emperador Leopoldo I, los reinos de la Corona de Aragón: Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Los motivos de recelo y posterior conflicto bélico fueron los siguientes:
A) En el ámbito internacional, se temía la unión de las dos Coronas de Francia y España en la persona de Felipe V, con la ruptura del equilibrio de fuerzas en el continente europeo. En el tratado de Utrecht quedó zanjada la cuestión con sendas renuncias de los futuros monarcas francés y español.
B) Los reinos de la Corona de Aragón sentían mayor inclinación por el Archiduque, ya que pensaron que mantendría su vieja organización foral. Si bien, Felipe V había sido muy generoso en las Cortes catalanas y aragonesas. Juró como rey en las Cortes celebradas en Zaragoza y Barcelona, y pareció dar a entender que la nueva dinastía adoptaba una política continuista respecto de aquellos territorios. En Cortes de Barcelona de 1701-1702 concedió numerosos fueros favorables a los catalanes. En las Cortes de Aragón celebradas en Zaragoza en 1702 reconoció los Fueros y ciertas prerrogativas a los aragoneses. Pero la presencia y desembarco de la escuadra aliada, parte en Valencia y después en Barcelona, en 1705, fue decisiva para su inclinación hacia el pretendiente. Castilla siempre fue fiel a Felipe V, de modo que aunque el Archiduque llegó a Madrid dos veces, en 1706 y 1710, no encontró apoyo y hubo de retirarse.
En Valencia el conflicto enfrentó a dos bandos: por una parte, los “ maulets ”, partidarios del Archiduque, llamados así en tono despectivo por sus contarios, como gente de clase baja, maulas o clientes entre los árabes. Su fidelidad dinástica a la casa de Austria, el odio a los franceses de una parte de los comerciantes que veían en ellos a competidores o enemigos durante las guerras con Luis XIV a fines del XVII, les inclinaba hacia este partido. Por la otra, los “ botiflers ”, seguidores de Felipe de Anjou, llamados así por su emblema de la flor de lis. La extracción social era diferente: entre los primeros se alineaban campesinos y menestrales, que formaban el grupo más numeroso; el clero regular y secular; algunos comerciantes y un sector de la nobleza valenciana -como el Conde de Cardona, de Elda o de Cirat-. El otro agrupaba a la mayoría de la nobleza, sobre todo las casas castellanas, numerosos ciudadanos y nobles, algunos altos jerarcas eclesiásticos, aunque el Arzobispo de Valencia Folch de Cardona fluctuó entre ambos bandos, y al fin fue austracista.
La sublevación se produjo en agosto de 1705, cuando la escuadra aliada atracó en Altea y Denia y desembarcó algunas tropas, encargadas de dirigir la sublevación de todo el reino. Prometieron abolir los derechos señoriales y, en consecuencia, mejorar la situación de los campesinos -todavía estaba reciente la segunda Germanía-. El Virrey, entre otros, pidió a Felipe V el envío de tropas para reprimir la sublevación, que se extendió hacia Oliva y Gandía. También surgió otro foco revolucionario en el Baix Maestrat, Vinaròs y Benicarló -con la ayuda de los catalanes-. La nobleza, temerosa de perder sus privilegios, siguió defendiendo mayoritariamente la causa borbónica, junto a algunas poblaciones, como Nules, Benassal o Peñíscola; y un gran número de nobles huyó a Castilla ante la caída del Reino en poder del Archiduque. Valencia pasó a manos del General Basset el día 16 de diciembre de 1705 y se proclamó a Carlos de Austria.
En los primeros momentos, Basset gobernó Valencia. Entre las primeras medidas reconoció la negativa de los campesinos a pagar censos y otros derechos señoriales a los nobles; toleró la persecución, expulsión y matanza de ciudadanos franceses, así como la confiscación de sus bienes a nobles y otros que habían huido.
Después el Virrey Cardona se enfrentó y encerró a Basset y a sus colaboradores. Primero adoptó una postura más moderada e introdujo algunos cambios. Desplazó al General Basset hacia Alcira y Játiva, alejándolo de Valencia, esperando la oportunidad para hacerlo apresar. El General Peterborough envió en secreto tropas a Játiva y lo encarceló en la ciudadela. Al conocerse la noticia, el pueblo se amotinó; en Valencia los cronistas recogen los gritos de: “ Vixca Basset, abans que Carles III ”. La situación era un auténtico caos.
Meses más tarde, ante las perspectivas que preveía, Carlos se trasladó a Barcelona, poco antes de la batalla de Almansa de 25 de abril de 1707, la gran victoria de Felipe V. La batalla de Almansa supondría la vuelta del país al dominio borbónico y la abolición de los Fueros, por tanto, el triunfo de la postura centralista castellana. Las consecuencias de todo esto se dejaron sentir en el campo y los intentos de los austracistas de recuperar el país resultaron frustrados.
La abolición de los Fueros. Los Decretos de 1707
La victoria de Felipe V significaría el triunfo de la idea de centralización y unificación del poder, cuya manifestación más importante van a ser los Decretos de Nueva Planta, que dan una nueva organización a los reinos de la Corona de Aragón. En general, se impuso un centralismo político y administrativo con la nueva dinastía francesa. El nuevo monarca se apoya en su Consejo de gabinete o en los secretarios de Estado, impone las intendencias, la contaduría de propios y arbitrios sobre los municipios, entre otras medidas, en los distintos niveles: central, territorial y local.
La victoria militar se plasmó en un conjunto de decretos y reales cédulas, en numerosas disposiciones legales. Se denominan Decretos de Nueva Planta, o “nueva organización”, a aquellas normas dadas en diferentes fechas, a medida que las victorias se consolidaban, para cambiar el régimen jurídico y administrativo de los territorios de la Corona de Aragón. Aunque en verdad, sólo la norma de 1716 para Cataluña se denominaba de esta manera. Felipe V a partir de 1707, promulga una serie de normas que sustituyen la organización administrativa foral por otra de corte castellano y francés. El primero de estos Decretos concerniente a los reinos de Valencia y Aragón se dio en 29 de junio de 1707; mitigado por otro, un mes después. Tras la pérdida y recuperación de Aragón se dictó una nueva estructura para aquel reino, en 1711; en 1716, tras unos informes de expertos y la intervención del Consejo de Castilla, para Cataluña; también las varias disposiciones sobre Mallorca de 1715 a 1718. Lo primero que sorprende es la diferencia existente entre las soluciones de Valencia y Aragón en 1707 y las soluciones posteriores para Aragón, Cataluña y Mallorca. La situación bélica es distinta, los motivos cambian, por tanto, las soluciones son distintas.
Felipe V tras la batalla de Almansa, está decidido a imponer un control más estricto en los poderes de Valencia. En un primer momento el Duque de Orleáns concede amplio indulto; el 30 de mayo, con acuerdo del Consejo de Aragón, respetaba las viejas instituciones forales, poniendo en ellas a sus partidarios por nombramiento directo, pero el decreto de 29 de junio de 1707 para los reinos vencidos deroga sus Fueros, privilegios y libertades de dichos reinos y su sustitución por las leyes de Castilla. El Decreto fue sancionado por el Consejo de gabinete del monarca, con presencia de algunos grandes y del embajador Amelot.
El Decreto de 1707 exponía las razones o motivos del monarca: su dominio absoluto de los reinos, que tan legítimamente posee en la Monarquía y ha logrado, además, por el “justo derecho de la conquista”, es decir que había vencido en una guerra justa, tras el delito de
era necesaria la derogación general de los Fueros, que se basaba en unos hechos delictivos, donde se está sancionando a unos delincuentes. En julio, el monarca matiza esta interpretación, pero mantiene la sanción, y culpa a privilegios y formas de gobierno de los acontecimientos, ya sin referencia al derecho de conquista. El rey decide mantener la derogación del “modo de gobierno, leyes y Fueros”, al mismo tiempo que reconoce la posibilidad de confirmar privilegios y exenciones a lugares, casas, familias y personas que le hayan sido fieles. Es pues la abolición, no un castigo a rebeldes, sino una medida para facilitar un mejor gobierno de todo su reino, propiciando la integración de los reinos bajo el poder absoluto de la Monarquía.
La reforma propuesta se enmarca en un proceso de fortalecimiento de las Monarquías absolutas, que, naturalmente, no llevaban aparejada la reducción de privilegios nobiliarios y eclesiásticos; el segundo Decreto, y otra legislación a favor de la Iglesia, confirman que no era esta su intención, pues entre la nobleza tenía sus mejores valedores; su aplicación literal hubiera supuesto un grave error político, castigando más a los fieles. Evitar este error es la razón que determina la promulgación del Decreto de 29 de julio de 1707, en el que se conserva y mejora la situación de los partidarios borbónicos -personas y municipios-, y se agrava en términos absolutos -confiscaciones de bienes- y relativos -pérdida de privilegios que los borbónicos conservan- la de los rebeldes, defensores del Archiduque; pero sin devolución de Fueros. El Decreto se refería a privilegios particulares y en forma abstracta, pero, en verdad, poco había de significar. El otro, de 29 de junio constituiría la Nueva Planta y Valencia y Aragón se incorporarían a las leyes de Castilla, más completas, sin duda, y, especialmente, más favorables al poder del monarca. Posiblemente el segundo Decreto se gestó al conocer la impresión que existía en Valencia ante la abolición de los fueros.
Intentos de devolución de los Fueros
El mismo año de 1707 encontramos el primer intento de devolución de los Fueros de Valencia. El Decreto de 29 de junio de 1707 produjo en Valencia una rápida reacción de los fieles borbónicos, que veían cómo los beneficios que esperaban obtener por su toma de partido a favor de Felipe V se convertían en sanciones por la presunta rebeldía. Su fidelidad se ve defraudada al ser tratados con igual rasero que los austracistas. El 10 de julio de 1707 llegan las primeras noticias en el correo de Madrid sobre el Decreto, y el día 21 ya se reúnen en el Ayuntamiento representantes del clero, la nobleza y los ciudadanos. Tras examinar el texto del Decreto, manifestaron su queja de que se les tratase como rebeldes. Por ello, acordaron pedirle clemencia al monarca y que derogara el Decreto. Se redacta un memorial por el Jurado Pedro Luis Blanquer, que había sido nombrado por Felipe V, y José Ortí, abogado de la ciudad. Las dos razones esgrimidas en contra del Decreto son las siguientes:
A) Que la mayor parte de los valencianos había sido fiel al monarca. La mejor parte de la población, nobles, clérigos y doctos, estaban del lado borbónico, y eran los principales interesados en el mantenimiento de los privilegios y Fueros que permitían su influencia y, en definitiva, sus poderes sobre la ciudad y el reino.
B) Quieren demostrar con argumentos jurídicos que no hubo rebelión alguna contra el monarca, ya que, según dicen, “el gobernador que entrega una plaza por carecer de suficiente guarnición no comete delito”.
Los miembros del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia pretendían que el rey reconsiderase su postura y devolviera los Fueros. Mientras se redactaba este memorial, el monarca publicó el Decreto de 29 de julio, en que confirmaba libertades, privilegios, exenciones, franquezas, pero con la excepción de los Fueros. El memorial llega al rey, y éste ordena encarcelar a sus autores, por lo que el Ayuntamiento se rinde.
En 1710 hubo otra posibilidad de que fueran devueltos, en parte, los Fueros de Valencia en materias privadas, en las que el rey no tropezaba con otros poderes. En Aragón se solicitó la devolución del derecho privado, -su derecho privado, “de particular a particular”, diría en Decreto de 1711-. Con este motivo se consultará a Valencia y a Zaragoza mediante la Real Cédula de 5 de noviembre de 1710: “en qué cosas y en qué casos, así lo civil como lo criminal, según la calidad de cada reino, sería bien tomar temperamento proporcionado a los fines referidos y a la satisfacción de sus naturales”, siempre, claro es, que no afectase a la potestad del monarca; aclaraba que en momentos de guerra no es posible tomar las medidas más adecuadas. Parece que existía un ambiente propicio en la corte, y se hablaba de restaurar el Consejo de Aragón, bajo la presidencia de Montalto o Frigiliana, que se habían mostrado contrarios al Decreto de abolición. Antonio del Valle, Comisario militar, escribe en contra de estas intenciones a Macanaz, ya que no quiere que sean vanos todos los pasos que se han dado para mantener la autoridad del rey. Aragón aprovechó la ocasión y con la nueva reorganización de 1711, se restaura parte de su derecho privado, mientras no fue posible en Valencia. Resulta evidente que, por parte del soberano y sus consejeros, no había inconveniente en reponer en parte los Fueros, siempre que la organización foral quedase extinguida; el distinto tratamiento entre uno y otro reino nos confirma que existían fuerzas en la Chancillería de Valencia que no querían la recuperación de los Fueros. En 1716 cuando la Chancillería pasó a ser Audiencia, hubo otra posibilidad, con nueva consulta al Real acuerdo, pero tampoco fructificó. Al tratar de la posible restitución del derecho propio, los Oidores pensaron que no era necesaria ninguna novedad, sólo cambiaba el nombre de Chancillería por Audiencia: preferían el derecho castellano. Aún habrá otros dos intentos tardíos en los años 1719 y 1721. En la primera fecha, vino el Rey, con su esposa y el príncipe Luis, a Valencia en la primavera de 1719. Era momento oportuno, para intentar igualarse con Aragón, Cataluña y Mallorca. El Ayuntamiento, sus Regidores, cuando acuden al saludo regio, presentan un memorial solicitando la devolución de los Fueros “en lo civil, de particular a particular vasallo...”, aduciendo los inconvenientes que entre los prácticos del derecho habían surgido por el cambio de ordenamientos, y el agravio comparativo que sufría Valencia respecto de los otros territorios. El monarca accedió verbalmente a la petición, pues las razones eran convincentes. Pero se demoró en la respuesta, surgieron después dificultades y demoras en la documentación de la gracia y la devolución del derecho civil no se realizó.
- Los estamentos y fuerzas más poderosos no mostraban interés por la devolución.
- Los Oidores de la Audiencia, que procedían de una tradición jurídica castellana, no eran partidarios del cambio a una legislación que desconocían.
- La nobleza había mantenido sus privilegios y, aunque se habían extinguido viejas instituciones forales, gozaba de la cercanía del monarca y de la conservación de sus privilegios.
- Tampoco la Iglesia se había visto demasiado afectada por la abolición de los Fueros, la Santa Sede estaba además enfrentada al monarca.
En aquellas fechas, en 1720, un navío de Oriente introdujo la peste bubónica en Marsella, y como consecuencia surgió el miedo y las autoridades reforzaron la sujeción de los súbditos valencianos. Pero esto sólo podría explicar un retraso en la concesión de la gracia. En todo caso, existían sin duda razones más amplias. Después de un silencio de dos años desde la visita del monarca a la ciudad en 1719 - pasado el primer temor ante la peste-, sería de nuevo el Ayuntamiento quien volvería a pedir al rey la aprobación de la gracia, mediante otra súplica o memorial, análogo al anterior. El rey respondió por la Real Cédula de 8 de mayo de 1721, pidiendo un informe a la Audiencia de Valencia, sobre la concesión de la gracia. El monarca dirige este documento a las autoridades del reino -Capitán general, Presidente de la Audiencia, Regente, Jueces... - y recuerda la visita
