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Guía para elaborar un contrato de arrendamiento paso a paso
- Introducción
- Concepto y marco legal del contrato de arrendamiento
- Elementos esenciales del contrato
- Cómo elaborar un contrato de arrendamiento paso a paso
- Cláusulas principales que debe incluir
- Derechos y obligaciones de arrendador y arrendatario
- Causas de extinción y resolución del contrato
- Conclusión
- Bibliografía
- Introducción. El contrato de alquiler es una de las instituciones más significativas en el derecho privado, ya que permite a una persona otorgar a otra el derecho de uso de un bien durante un período determinado y a cambio de un pago. En el sector inmobiliario, esta figura es especialmente relevante, ya que responde tanto a las necesidades de vivienda habitual como a la facilitación de actividades económicas, profesionales o comerciales. Desde un enfoque legal, el alquiler se define en el Código Civil como un acuerdo temporal y oneroso, fundamentado en la concesión del uso o disfrute de un bien a cambio de una cantidad de dinero. En España, cuando se trata de un alquiler sobre una propiedad urbana, la norma principal que regula esta situación es la Ley 29/1994, del 24 de noviembre, referida a Arrendamientos Urbanos. Esta legislación hace una distinción entre el alquiler de vivienda y el alquiler de otros usos, estableciendo un marco legal específico para cada caso. Además, la Ley de Arrendamientos Urbanos tiene carácter especial frente al Código Civil, que se aplica de manera supletoria en lo que no esté específicamente regulado. La normativa sobre arrendamientos no ha sido inmutable, sino que ha recibido varias modificaciones. La versión actual de la LAU que aparece en el BOE incluye como última modificación importante la efectuada por la Ley 12/2023, del 24 de mayo, en relación con el derecho a la vivienda, que introdujo cambios significativos en aspectos como prórrogas, renta y medidas de protección en ciertos casos. Por lo tanto, elaborar un contrato de arrendamiento requiere no solo entender la estructura básica del mismo, sino también considerar la legislación vigente en el momento en que se redacta. El propósito de este documento es presentar de manera clara y organizada cómo se debe crear un contrato de arrendamiento paso a paso, identificando sus elementos fundamentales, las cláusulas esenciales que debe incluir y los derechos y
obligaciones que surgen para ambas partes, arrendador y arrendatario. La intención no es ofrecer solo una explicación teórica, sino proporcionar una guía práctica que ayude a comprender cómo se elabora correctamente este tipo de contrato de acuerdo con la normativa aplicable. También hay que tener presente que no todos los contratos de arrendamiento se redactan igual. La Ley diferencia entre los alquileres de vivienda, que gozan de un régimen más favorable para el arrendatario, y los arrendamientos para otros usos, donde la autonomía de las partes tiene mayor relevancia. Esta diferenciación es crucial, pues influye en aspectos tan relevantes como la duración del contrato, la posibilidad de cesión o subarriendo, el depósito y las causas que pueden llevar a la finalización del acuerdo. Por lo tanto, elaborar adecuadamente un contrato de alquiler requiere iniciar desde un fundamento legal firme y ajustar el contenido del texto al tipo específico de arrendamiento que se desea establecer. De esta manera, se puede conseguir un contrato que sea integral, legítimo y efectivo, que brinde protección legal a las dos partes y evite posibles disputas que puedan surgir de interpretaciones imprecisas o de disposiciones ilegales
- Concepto y marco legal del contrato de arrendamiento El contrato de alquiler es, fundamentalmente, un entendimiento entre dos partes donde una persona, llamada propietario, ofrece a otra, conocida como inquilino, el derecho a usar un bien por un período específico y a cambio de un pago. Esta noción está claramente establecida en el Código Civil, que explica que en el alquiler de bienes, una parte se compromete a proporcionar a la otra el uso de un bien por un tiempo concreto y a un precio definido. Además, el Código Civil diferencia entre el alquiler de bienes, el de obras y el de servicios, y especifica quién se considera propietario y quién inquilino. En términos más simples, este tipo de acuerdo no implica la transferencia de la propiedad del bien, sino solo su uso temporal. Esto significa que al arrendar una vivienda o un local, la persona no se convierte en dueño del inmueble, sino que obtiene el derecho de utilizarlo bajo las condiciones acordadas en el contrato y conforme a la legislación vigente. Por esta razón, el alquiler es una opción común en la práctica, ya que permite satisfacer diversas necesidades sin tener que adquirir el bien. En el ámbito de las propiedades urbanas, la norma principal que rige esta área es la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, referente a los Arrendamientos Urbanos, conocida como LAU. Esta legislación comenzó a aplicarse el 1 de enero de 1995 y continúa siendo la base fundamental en lo que respecta a alquileres urbanos. Además, el
suficiente con estipular el precio y la duración. Es necesario primero identificar el tipo de arrendamiento, qué normativa aplica y qué restricciones legales existen. Solo de esta forma es posible elaborar un contrato que sea correcto, completo y que cumpla con lo establecido por la ley..
- Elementos esenciales del contrato Para que un acuerdo de alquiler sea correcto, no es suficiente con tener un pacto general entre las partes involucradas. Es fundamental que el contrato incluya de manera específica una serie de elementos clave, ya que estos permiten determinar qué se alquila, quiénes son los participantes, cuánto durará el acuerdo, cuál es el coste y bajo qué condiciones se lleva a cabo. Desde la perspectiva legal, estos aspectos son esenciales para que el contrato sea legítimo, efectivo y útil en la práctica. En las notas se menciona que, dentro del contexto del alquiler, los elementos principales comprenden la capacidad de las partes, el bien arrendado, el precio y la duración, a lo que en la práctica se debe añadir una redacción clara de los derechos y responsabilidades que asume cada parte. El primer aspecto esencial son las partes del acuerdo, es decir, el arrendador y el arrendatario. El arrendador es la persona que otorga el uso del inmueble, mientras que el arrendatario es la que recibe ese uso a cambio del pago de una renta. Ambas partes deben estar completamente identificadas en el contrato a través de su nombre, apellidos, documento identificativo y dirección. Esta identificación va más allá de un simple trámite, ya que actúa como una garantía esencial, permitiendo conocer quién es responsable de cada obligación y ante quién pueden reclamarse los derechos que emanan del contrato. En los ejemplos de contrato incluidos en los materiales se destaca precisamente esta completa individualización de las partes desde el comienzo del documento. Además de la identificación, las partes deben poseer la capacidad para firmar el contrato. De acuerdo con las notas, el arrendamiento se considera una acción de administración, por lo que, como norma general, es suficiente que el arrendador tenga la capacidad para gestionar el bien. También se menciona que, si quien arrienda no es el propietario, debe contar con un derecho de disfrute que le permita ceder de manera válida el uso del bien. En lo que respecta al arrendatario, es bastante la capacidad general para celebrar contratos. Este aspecto es crucial porque un acuerdo puede presentar problemas si quien lo firma no tiene las facultades necesarias o no actúa correctamente en representación de la persona que dice que representa.
El segundo aspecto clave es el inmueble que se arrendará. El contrato debe especificar con claridad cuál es el bien alquilado. No es suficiente con una referencia vaga; es recomendable incluir la dirección completa, el piso, la puerta, el local o cualquier otro dato que permita identificar el inmueble sin confusiones. En el caso de un hogar, también se sugiere añadir la referencia catastral y aclarar si se incluyen elementos adicionales como un garaje, trastero o muebles. Esto no solo brinda claridad, sino que también previene disputas futuras sobre qué espacios o elementos son realmente parte del alquiler. Esta exigencia se refleja tanto en la explicación teórica de las notas como en los ejemplos de contrato que se encuentran en los materiales. En lo que respecta a la propiedad, es fundamental precisar el propósito del arrendamiento. Este factor es crucial, ya que establece si el contrato se rige por las normas de arrendamiento de vivienda o si se clasifica dentro de otro tipo de uso. Si el objetivo principal es satisfacer la necesidad de vivienda constante del inquilino, se aplicará la normativa específica de arrendamiento residencial. En caso contrario, si se alquila el inmueble para actividades profesionales, comerciales, educativas o temporales, se tratará de un arrendamiento para un uso diferente. Por ello, el contrato debe especificar claramente el propósito del alquiler de la propiedad, ya que el uso acordado influye significativamente en el marco legal posterior. Un aspecto igualmente crucial es la renta, que se refiere al monto que el inquilino debe abonar por el uso del inmueble. El Código Civil estipula que debe existir un precio definido para que se considere un arrendamiento, y los apuntes destacan que no es obligatorio que este precio sea siempre en dinero; sin embargo, en la práctica, lo más común es que lo sea y se pague en plazos regulares. En el contrato debe estar claramente indicado el monto de la renta, la forma de pago, el tiempo en que debe realizarse y, si se ha acordado, el método de ajuste. La renta es uno de los aspectos más delicados del contrato, ya que afecta de manera directa la obligación principal del arrendatario y suele ser causa de numerosos conflictos y procedimientos por falta de pago. Además de la renta, debe incluirse explícitamente la duración del contrato. El arrendamiento, por su propia naturaleza, es un acuerdo temporal. Los apuntes señalan que el Código Civil requiere que el periodo sea específico, aunque esto no implica necesariamente que se debe establecer una fecha definitiva desde el principio, sino que el contrato no puede ser indefinido. En la práctica, es esencial detallar la fecha de inicio, el tiempo acordado de duración y, cuando sea pertinente, el sistema de prórrogas. En el caso de vivienda, esto tiene una relevancia particular, ya que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece un sistema de prórrogas automáticas y obligatorias que debe ser considerado al elaborar el contrato. En el
cumpla con lo establecido por la ley y prevenga posibles inconvenientes en el futuro. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que debe formalizarse por escrito y especifica que en el contrato deben figurar, al menos, la identidad de los contratantes, la descripción de la propiedad, la duración acordada, el alquiler inicial y las otras cláusulas que ambos hayan pactado de manera libre. El primer paso es asegurar una correcta identificación de las partes involucradas. Es necesario mencionar quién actúa como arrendador y quién como arrendatario, incluyendo los nombres completos, el DNI o NIE y la dirección. Si alguna de las partes está actuando en nombre de otra, esto también debe ser indicado. Aunque parezca algo básico, es esencial porque el contrato solo tiene efectos entre las personas que lo firman y permite conocer de manera precisa quién tiene cada una de las obligaciones. En los modelos que se encuentran en las notas, esta identificación se encuentra al principio del contrato, en la sección de "reunidos" o "intervienen". El segundo paso implica ofrecer una descripción detallada de la propiedad. En este apartado debe incluirse la dirección completa del inmueble y, si es posible, otros datos relevantes como referencia catastral, anexos o elementos accesorios que se incluyan en el arrendamiento, como garaje, trastero o mobiliario. Una identificación precisa evita confusiones sobre el objeto del contrato y cobra especial relevancia cuando se arriendan otros espacios junto con la vivienda. Los modelos presentes en tus notas incluso sugieren incluir anexos como fotografías, un inventario de bienes muebles, un certificado energético o la cédula de habitabilidad, lo cual fortalece la seguridad jurídica del documento. El tercer paso es especificar el uso que se le dará al inmueble. No es suficiente con indicar qué propiedad se arrienda; también debe quedar claro el propósito del arrendamiento. Esto es crucial, ya que determina el régimen legal que se aplicará. Si el inmueble se destina a satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario, estaremos frente a un arrendamiento de vivienda según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si el uso principal es otro, como una actividad profesional, comercial, docente o un alquiler por temporada, se considerará un arrendamiento para un uso distinto al de vivienda, conforme al artículo 3. Esta distinción es relevante, ya que en el caso de viviendas la ley otorga mayor protección, mientras que para otros usos prevalece la libertad de pactar. El cuarto paso consiste en determinar la duración del contrato. Aquí es necesario especificar cuándo comenzará el arrendamiento y cuál será su duración inicial. En los alquileres de vivienda, aunque las partes pueden acordar libremente el tiempo, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece un sistema de prorrogas obligatorias y prorrogas automáticas si se cumplen los requisitos pertinentes. En el caso de alquileres para otros usos, la duración se basa en mayor medida en lo que acuerden las partes. Por esto mismo, al redactar esta cláusula, no es suficiente con mencionar
un número de meses o años; también es importante aclarar lo que sucederá al finalizar el plazo y si hay posibilidad de cancelación o prórroga. El quinto paso se refiere a definir el importe de la renta y el método de pago. La renta es un componente fundamental del arrendamiento y debe estar claramente indicado en el contrato. Es necesario mencionar su cantidad, la frecuencia de pago, el medio que se utilizará y, si es el caso, el método de ajuste. En las notas se enfatiza que el precio debe ser claro y que lo habitual es que se abone en intervalos regulares. Además, es recomendable especificar si ciertos gastos están incluidos en la renta o si deberán pagarse por separado. Una cláusula de renta mal formulada puede ser una fuente directa de conflictos, así que este aspecto debe ser especialmente claro. El sexto paso trata de regular la fianza y, si se considera necesario, otras garantías adicionales. La fianza es un requisito legal en los contratos de alquiler urbanos y su cantidad varía según el tipo de arrendamiento: una mensualidad para viviendas y dos mensualidades para otros usos. Además, las partes pueden acordar garantías complementarias. Es fundamental incluir correctamente esta cláusula, ya que define cuánto debe entregar el inquilino en un inicio y bajo qué condiciones se devolverá al finalizar el contrato. El séptimo paso es incluir las cláusulas que regulan el funcionamiento del contrato, abarcando aspectos como gastos, suministros, mantenimiento, reparaciones, obras, cesiones o subarriendos y notificaciones. Esta sección es la que generalmente distingue un contrato bien elaborado de uno demasiado simple. En la práctica, aquí se establece quién cubrirá la cuota de la comunidad, quién se encargará de los suministros, qué reparaciones le corresponden al arrendador y cuáles al arrendatario, si se permite el subarriendo y cómo deberán comunicarse los problemas entre las partes. Los modelos de tus apuntes desarrollan bastante estos temas, ya que son los que suelen generar más inconvenientes durante la vigencia del arrendamiento. El último paso es finalizar el contrato de manera adecuada, incluyendo la fecha y el lugar de la firma, las firmas de ambas partes y los anexos necesarios. Aunque el arrendamiento es un acuerdo consensuado, tenerlo por escrito es crucial para demostrar lo acordado y para brindar seguridad jurídica tanto al arrendador como al arrendatario. Por lo tanto, un contrato bien elaborado no concluye con una simple firma, sino que culmina en un documento ordenado, claro y completo, acompañado, cuando sea pertinente, de anexos como inventarios, fotografías, certificados o recibos.
- Cláusulas principales que debe incluir
También es esencial incluir la cláusula relacionada con la fianza y garantías adicionales. La LAU establece que se debe presentar un mes de fianza para arrendamientos de vivienda y dos meses para arrendamientos destinados a otros usos, sin perjuicio de que las partes decidan establecer garantías adicionales. Esta cláusula es crucial porque determina la cantidad que el arrendatario deberá entregar al inicio y cuál será su función como garantía del cumplimiento del contrato. Otra disposición relevante es la relacionada con los gastos y suministros. En este apartado, se debe especificar cuáles costos asume cada parte: la comunidad, impuestos, suministros específicos o cualquier otro gasto vinculado al uso de la propiedad. Es importante definir esta cuestión claramente, ya que la falta de regulación puede resultar en disputas. Los apuntes enfatizan la necesidad de dejar por escrito si ciertos gastos generales se trasladan al inquilino y bajo qué condiciones. Igualmente, es crucial la cláusula referida a la conservación, reparaciones y obras. El contrato debe especificar las responsabilidades del arrendador y del arrendatario, especialmente en lo que respecta a reparaciones necesarias, arreglos menores por el uso normal y obras no autorizadas. Aunque la legislación ya aborda estos temas, incluirlos de manera clara en el contrato ayuda a evitar conflictos y establece de forma más concreta la distribución de responsabilidades. Finalmente, el contrato debe incluir cláusulas sobre cesión, subarriendo, causas de finalización, notificaciones y jurisdicción. Estos aspectos a menudo se pasan por alto al principio, pero son sumamente importantes si surgen inconvenientes durante la ejecución del contrato. Regular de manera específica cuándo se puede finalizar el arrendamiento, si se acepta o no el subarriendo, cómo deben comunicarse las incidencias y ante qué tribunales se resolverán las controversias otorga al contrato más coherencia y seguridad legal. Los modelos de tus apuntes incorporan todas estas cláusulas, lo que indica que son parte del contenido habitual de un contrato bien elaborado. En resumen, las cláusulas esenciales de un contrato de arrendamiento son las que transforman una simple relación en un documento legal completo. No se trata únicamente de cumplir con unos requisitos formales básicos, sino de regular claramente los aspectos fundamentales de la relación arrendaticia. Cuanto más detalladas sean las cláusulas, mayor será la seguridad jurídica para ambas partes y menor el riesgo de futuros conflictos.
- Derechos y obligaciones de arrendador y arrendatario .
En todo contrato de arrendamiento, una vez fijados el inmueble, la renta y la duración, lo más importante es dejar claro qué debe hacer cada parte. Aunque muchas de estas obligaciones ya vienen establecidas por la ley, reflejarlas bien en el contrato ayuda a evitar conflictos y a delimitar responsabilidades desde el principio. Tanto el Código Civil como la LAU parten de una idea básica: el arrendamiento genera obligaciones recíprocas. El arrendador cede el uso del inmueble y debe mantener al arrendatario en ese disfrute, mientras que el arrendatario debe pagar la renta y usar la finca conforme a lo pactado. Por parte del arrendador, la obligación principal es entregar la finca arrendada en condiciones adecuadas para el uso convenido. Los apuntes explican que el arrendador debe entregar la cosa objeto del contrato y que, si se ha pactado un destino concreto, debe hacerlo en situación de ser gozada conforme a ese destino. También debe mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa durante el tiempo del contrato. Esto significa, en términos prácticos, que no basta con entregar las llaves: el inmueble debe poder utilizarse realmente como vivienda, local o espacio arrendado en las condiciones pactadas. Además, el arrendador está obligado a realizar las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, sin derecho a elevar la renta por ello, salvo que el deterioro sea imputable al arrendatario. Esta idea aparece en los apuntes sobre arrendamientos urbanos y también en el régimen general de la LAU. Por tanto, cuando surge una avería estructural, un problema grave de instalaciones o cualquier deterioro que afecte al uso normal del inmueble, corresponde en principio al arrendador asumir esa reparación. Junto a eso, el arrendador tiene también otras obligaciones relevantes, como devolver la fianza al finalizar el contrato, una vez comprobado el estado del inmueble y siempre que no existan cantidades pendientes o desperfectos imputables al arrendatario. En los modelos de tus apuntes esta obligación aparece expresamente recogida como una de las obligaciones de la parte arrendadora. Por parte del arrendatario, la obligación principal es pagar la renta en los términos pactados. Tanto el Código Civil como la práctica contractual insisten en que esta es la prestación esencial del inquilino. Pero no es la única. El arrendatario también debe usar la finca con la diligencia debida, respetando el destino pactado en el contrato. Esto significa, por ejemplo, que una vivienda no puede destinarse a un uso distinto si ello contradice lo firmado, y que el inmueble no debe emplearse de forma que lo deteriore, desmerezca o genere actividades molestas o ilícitas. Otra obligación importante del arrendatario es conservar la finca y devolverla al final del contrato en el estado en que la recibió, salvo el desgaste normal por el uso ordinario. Los apuntes también señalan que el arrendatario debe asumir las pequeñas reparaciones derivadas precisamente de ese uso ordinario. Esto significa que no le corresponde reparar vicios estructurales o averías graves propias del inmueble, pero sí pequeñas incidencias del día a día derivadas del uso normal de la vivienda o local.
arrendatario puede hacerlo si es el arrendador quien no cumple con sus deberes contractuales o legales. En lo que respecta al arrendador, la ley le otorga el derecho a resolver el contrato por diversas razones, entre ellas, la falta de pago del alquiler o de cantidades acordadas por el arrendatario, la falta de pago del depósito, el subarriendo o cesión no autorizados, la realización de daños intencionados o obras no permitidas, y el desarrollo de actividades molestas, insalubres, peligrosas o ilegales en la vivienda. También se puede proceder a la resolución si el inmueble deja de ser destinado a satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario. Estas causas están presentes tanto en la LAU como en tus notas, lo que indica que son parte fundamental del marco regulador del arrendamiento. Por otra parte, el inquilino también tiene la opción de finalizar el contrato en caso de que el propietario no cumpla con sus principales responsabilidades. La LAU establece específicamente que se puede resolver el contrato si el arrendador no lleva a cabo las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones adecuadas para ser habitada, o si interfiere de manera real o legal en el uso pacífico del inmueble. Esta posibilidad es crucial porque muestra que el arrendamiento no es únicamente una carga para el inquilino, sino que se trata de una relación en la que ambas partes deben cumplir. En el caso de los arrendamientos que no son para vivienda, el artículo 35 de la LAU determina las condiciones para la resolución. Esta norma permite al arrendador finalizar el contrato de manera automática por las razones especificadas en las letras a), b), d) y e) del artículo 27. 2, que incluyen principalmente el no pago de la renta, la falta de pago de la fianza, daños intencionados, obras no autorizadas y actividades que sean molestas, insalubres, perjudiciales, peligrosas o ilegales, además de por la cesión o subarriendo del local en contra de lo que se establece en el artículo 32. Por lo tanto, aunque en estos arrendamientos hay más libertad para establecer acuerdos, la ley todavía mantiene un conjunto básico de motivos para la resolución. Finalmente, desde la visión general del Código Civil, el desalojo judicial se presenta como el mecanismo para recuperar la posesión del inmueble cuando se presenta alguna de las causas legales. El artículo 1569 del Código Civil faculta al arrendador para desalojar judicialmente al inquilino por la finalización del plazo acordado, falta de pago, violación de las condiciones establecidas en el contrato o uso del bien para fines no acordados que afecten su valor. Esto vincula la finalización o resolución del contrato con su consecuencia práctica más importante: la restitución de la posesión al arrendador. En resumen, las razones para la extinción y resolución son un aspecto crucial del contrato de arrendamiento, pues determinan en qué momentos y de qué manera puede finalizar la relación legal entre las partes. Por esta razón, en un contrato bien elaborado, estas causas no deberían expresarse de manera vaga o genérica, sino que deben ser claramente definidas y coherentes con la legislación pertinente, asegurando que ambas partes comprendan desde el principio las repercusiones de un posible incumplimiento o el cumplimiento del plazo acordado.
- Conclusión
A lo largo de este trabajo se ha podido comprobar que el contrato de arrendamiento no es un simple acuerdo privado, sino una figura jurídica con una regulación detallada, especialmente cuando recae sobre fincas urbanas. Su importancia práctica es evidente, ya que permite ceder el uso de un inmueble sin transmitir la propiedad, pero precisamente por esa frecuencia de uso exige una redacción cuidadosa y ajustada a la ley. El Código Civil ofrece la base general del arrendamiento como cesión del uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto, mientras que la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, establece el régimen específico aplicable a los arrendamientos urbanos. También se ha visto que uno de los aspectos más importantes al elaborar un contrato es distinguir correctamente entre arrendamiento de vivienda y arrendamiento para uso distinto del de vivienda, ya que de ello dependen cuestiones esenciales como la duración, la prórroga, la fianza, la cesión o el margen de libertad contractual. En los arrendamientos de vivienda, la LAU establece un sistema más protector del arrendatario, mientras que en los de uso distinto predomina en mayor medida la autonomía de la voluntad. Por eso, no resulta correcto utilizar modelos genéricos sin comprobar antes qué tipo de contrato se está redactando. Del mismo modo, ha quedado claro que un contrato bien elaborado debe contener con precisión sus elementos esenciales: identificación de las partes, descripción del inmueble, destino del arrendamiento, duración, renta, fianza y cláusulas relativas a gastos, obras, conservación, cesión, subarriendo y resolución. Cuanto más claro y completo sea el contrato, mayor será la seguridad jurídica para ambas partes y menor el riesgo de conflictos posteriores. En este sentido, la utilidad de la guía paso a paso radica precisamente en ofrecer un método ordenado para pasar de la norma general a la redacción concreta de un contrato válido y eficaz. Por último, conviene destacar que el derecho arrendaticio es una materia especialmente sensible a las reformas legislativas. La versión consolidada de la LAU publicada en el BOE indica que su última modificación de fondo sigue siendo la de 25 de mayo de 2023, y además en 2026 se han aprobado medidas temporales adicionales para determinados contratos de vivienda habitual. Por ello, aunque los principios básicos estudiados en este trabajo siguen siendo válidos, en la práctica siempre será recomendable contrastar la normativa vigente en el momento exacto de redactar o firmar el contrato.
- Bibliografía Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (1889). Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A- 1889 - 4763 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (1994). Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A- 1994 - 26003 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (2023). Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A- 2023 - 12203
