Gabriela Martínez Fernández 2W
STEDH, quemar fotos del Rey
El caso de Stern Taulats y Roura Capellera se origina en 2017, cuando durante una
manifestación en Barcelona, dos jóvenes quemaron una fotografía del Rey Felipe VI.
Este acto fue interpretado por las autoridades como un delito de injurias a la Corona, lo
que resultó en un proceso judicial en su contra. Los acusados, que se autodenominaron
activistas independentistas, argumentaron que su acción era una forma válida de
protesta política y una expresión de su desacuerdo con la monarquía y el Estado
español.
El caso provocó un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el
derecho a protestar en España. En 2021, el Tribunal Supremo español condenó a
ambos a penas de prisión, lo que generó críticas tanto a nivel nacional como
internacional. Defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión
sostuvieron que la condena era excesiva y que quemar una foto del Rey debería ser
visto como una manifestación legítima de disenso.
Más tarde, la pena de prisión fue reemplazada por una multa de 2.700 euros. Sin
embargo, el Estado tuvo que reembolsar a cada uno el monto de la multa y, además,
indemnizarlos conjuntamente con otros 9.000 euros por los gastos del proceso. La
Corte de Estrasburgo afirmó claramente que la condena violó su derecho a la libertad
de expresión, protegido por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, como habían sostenido los jóvenes ante el tribunal.
Con la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que
estableció que quemar fotografías del Rey no constituye un delito, el caso de Stern
Taulats y Roura Capellera ha adquirido nueva relevancia. Esta decisión ha llevado a la
Audiencia Nacional a archivar procedimientos relacionados con actos similares,
reflejando un cambio significativo en la interpretación de la libertad de expresión en el
contexto español.