TEMA 2 - LA JURISDICCIÓN
1. ASUNCIÓN POR EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
NOCIÓN DE POTESTAD Y POTESTAD JURISDICCIONAL
En la Francia revolucionaria del S. XVIII había que distribuir los poderes entre las
fuerzas sociales; así, el Poder Legislativo estaba en manos de los nobles y la
burguesía; el Poder Ejecutivo correspondía al Rey; y el Poder Judicial a todos. Por
esa circunstancia, porque la composición de los tribunales eran elegidos por el
pueblo para formas tribunales ocasionales y populares, existía una gran
desconfianza en la justicia. No había jurisprudencia porque los jueces no
interpretaban la ley, sino que la aplicaban de forma precisa. Por tanto, puede
decirse que el Poder Judicial no existía porque no es una fuerza social.
De hecho, en la mayoría de las constituciones francesas no se habla de Poder
Judicial (actualmente tampoco); si no que utilizan expresiones como orden
judicial, función judicial o autoridad judicial. Hasta la Constitución de 1799 la
elección de los jueces era popular; después son nombrados por Napoleón como
primer cónsul (se apodera el poder ejecutivo del judicial). Después son
nombrados por el Rey y a partir de 1848 por el presidente de la República.
Napoleón organiza la Administración francesa y entiende la justicia como una
parte; de manera que el Ministro de Justicia era el gran juez. Existe así una
concepción administrativa de la justicia: es un servicio público (se nombra y
destituye a los jueces atendiendo a criterios de eficacia del servicio; es decir,
por razones políticas). Mientras, en España ha existido una gran tradición
jurídica; lo que no significa que exista un verdadero Poder Judicial:
•Durante los s. XIX y XX se optó por una concepción napoleónica; los
jueces sufren la arbitrariedad ministerial, pues no había una auténtica
inamovilidad (como eran nombrados por el partido del gobierno, cuando
éste cambiaba se destituían y nombraban a otros que eran declarados
inamovibles pese a ingresar por oposición). Los jueces, por tanto, son
meros funcionarios en manos del Poder Ejecutivo.
•A partir de la CE de 1978 pretende romperse con esta situación en la que
se reconoce, como hemos mencionado, que el poder político influye en el
Poder Judicial. Para explicar esta influencia hay que establecer el
concepto de poder político (capacidad de hacerse obedecer dentro de la
sociedad).
En este momento el poder ya no deriva de Dios, si no que se atribuye al
pueblo como expresión de la soberanía nacional. Y es precisamente del
pueblo del que emanan los poderes del Estado, tal como establece el art.
1.2º CE de 1978. Los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) ejercen
potestad, aunque con diferente contenido.
Debe entenderse por potestad en sentido genérico una función que deriva
de la soberanía del Estado que atribuye a su titular una posición de
supremacía respecto de los que se relacionan con él, con una fuerza de
mando tal que vincula el comportamiento de los demás, pudiendo hacer
uso de la fuerza. De esta manera, la potestad jurisdiccional o jurisdicción
es una potestad cualificada; es decir, partiendo de la noción general se
añade algo que la distingue del resto. Por ello, potestad jurisdiccional es
una función que emana de la soberanía del Estado, ejercida única y
exclusivamente por juzgados y tribunales, integrados por jueces y
