CASO PRÁCTICO
Mme. Louise Belmont es una ciudadana francesa de origen
argelino que, tras disfrutar sus periodos vacacionales durante
repetidos veranos en la Costa del Sol, decidió en 2003 fijar su
residencia en la localidad malagueña de Marbella. Mme. Belmont
obtuvo en enero de 2004 un puesto de trabajo como reportera de la
conocida revista madrileña de asuntos del corazón "Qué me dices",
donde prestó sus servicios hasta que fue despedida en diciembre de
dicho año, siendo sustituida en sus responsabilidades por el conocido
locutor radiofónico Iñaki Pedrera. "El Correo", editora de la revista,
justificaba en la carta de despido la medida adoptada en la Ley
15/2008, adoptada en el marco de un paquete de medidas contra la
crisis económica. De acuerdo con lo establecido en dicha ley, a fin de
contener el desbocado incremento del desempleo, los empresarios
españoles pueden prescindir de los servicios de trabajadores
extranjeros, incluyendo ciudadanos comunitarios, siempre y cuando
el puesto de trabajo se destine al empleo de un trabajador español.
Ante tal situación, la Sra. Belmont decidió demandar a "El Correo "
ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Málaga, reclamando la
declaración del despido como nulo y su readmisión en el puesto de
trabajo. En apoyo de su demanda, invoca el artículo18 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión.
CUESTIONES
1) ¿Está obligado el Juzgado de lo Social n° 2 de Málaga a tutelar los
derechos que la ciudadana francesa pretende extraer del artículo 18
del TFUE?. Es decir:
a) ¿reúne dicho precepto los requisitos exigidos por el TJUE para
que el mismo resulte invocable judicialmente en el ámbito
interno? Si. STJE DEFRENE
b) En caso afirmativo, la tutela judicial del derecho a la no
discriminación del artículo 18, ¿es invocable frente a "El
Correo"? si.
2) Al existir una contradicción entre la norma comunitaria y la ley
española:
a) ¿Cuál de ellas debe prevalecer para la solución del litigio?.
Según la jurisprudencia del TJUE, ¿la respuesta sería la misma si
la preferencia en favor de los trabajadores españoles se
estableciera, no en una norma con rango de ley, sino en la
propia Constitución española?.
b) ¿Es necesario, para que el órgano judicial en cuestión pueda
aplicar con preferencia el artículo 18 del Tratado, que el Tribunal
Constitucional declare inconstitucional la ley española?
3) A fin de resolver las dudas anteriores:
