Lunes, 26 de febrero.
I. Protección de los derechos fundamentales en la UE (Tema 3)
El 13 de diciembre de 2004, el Consejo aprobó la Directiva 2004/113/CE (DO L 373,
21.12.2004). Esta Directiva tiene como objetivo crear un marco para combatir cualquier
discriminación por razón de sexo en el acceso a bienes y servicios y su suministro, con vistas a
que entre en vigor en los Estados miembros el principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres. A tal efecto, y por lo que se refiere a las primas de seguros y otros servicios
financieros afines, el preámbulo de la Directiva indica lo siguiente
“El recurso a factores actuariales basados en el sexo está generalizado en el sector de los
seguros y otros servicios financieros afines. A fin de garantizar la igualdad de trato entre
hombres y mujeres, la utilización del sexo como factor actuarial no deberá dar lugar a
diferencias en las primas y las prestaciones de las personas individuales. Para evitar un reajuste
repentino del mercado, esta norma se aplicará únicamente a los nuevos contratos celebrados
después de la fecha de incorporación de la presente Directiva”.
En relación con esta cuestión de los contratos de seguro y otros servicios financieros afines, la
Directiva, prevé en su artículo 5 que
“1. Los Estados miembros velarán por que en todos los nuevos contratos que se celebren
después del 21 de diciembre de 2007 a más tardar, el hecho de tener en cuenta el sexo como
factor de cálculo de primas y prestaciones a efectos de seguros y servicios financieros afines no
dé lugar a diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas
individualmente.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán decidir, antes del 21
de diciembre de 2007 autorizar diferencias proporcionadas de las primas y prestaciones de las
personas consideradas individualmente en los casos en que la consideración del sexo
constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y
estadísticos pertinentes y exactos…”
En cumplimiento de su obligación de transposición de la citada norma, un Estado miembro
aprobó la Ley de 21 de diciembre de 2007, sobre la lucha contra la discriminación entre
mujeres y hombres por razón de sexo en materia de seguros, a través de la cual incorporó los
principios contenidos en la citada Directiva a su Derecho interno. En especial, el artículo 10 de
dicha Ley preveía lo siguiente
“1. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, a la hora de determinar las primas y prestaciones
de seguros podrá practicarse una distinción directa proporcionada por razón de sexo en los
casos en que la consideración del sexo constituya un factor determinante de la evaluación del
riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y exactos”.
Tras la publicación de la citada Ley, una Asociación de Consumidores y Usuarios de dicho
Estado miembro planteó un recurso contra dicha norma ante los tribunales de ese Estado por
considerar que el citado artículo 10 atentaba contra el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres. Dicho recurso llegó ante el Tribunal Constitucional, que se planteó la
legalidad del mencionado artículo de la Ley (posibilidad de establecer excepciones en razón del
sexo en las primas de seguros), a la luz de lo dispuesto por el artículo 5, 2 de la Directiva. En la
medida en que se podía suscitar la posible ilegalidad del mencionado precepto de la Directiva,
el Tribunal Constitucional planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE), según el artículo 267 del TFUE.
