Blanca García- Liñán Molina
El 20 de noviembre de 1975 falleció el General Franco, hasta entonces Jefe de Estado,
dejando un régimen jurídico-político no democrático en cuya cúspide existían siete
Leyes Fundamentales: Ley Orgánica del Estado, Fuero del trabajo, Ley de Cortes,
Fuero de los Españoles, Ley de Referéndum, Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado
y Ley de Principios del Movimiento Nacional.
La ruptura con este régimen jurídico-político ofrecía dos posibilidades: La ruptura
desde fuera de la legalidad vigente en 1975 o una ruptura desde dentro sin infracción
de la legalidad. Esta última posibilidad es por la que finalmente se optó, utilizando así
los procedimientos de reforma para, desde la legalidad vigente transformarla en otra
distinta.
Una vez producida la dimisión de Carlos Arias Navarro y el nombramiento de Adolfo
Suarez como presidente en Julio de 1976, el nuevo gobierno inició una serie de
reformas con las que, en el transcurso de un año, se desmontó la estructura e
instituciones del régimen franquista.
En 1976, el gobierno de Suarez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política,
pieza clave de la transición jurídica hacia el régimen constitucional del 78. Un
proyecto de ley Fundamental que se sumaría a las siete ya existentes, cuyo contenido
ideado y redactado por Torcuato Fernández – Miranda, suponía la reforma de los
principios y estructuras jurídico-políticos del franquismo. La Ley fue aprobada el 18 de
noviembre de 1976 y ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 con un 94%
de los votos; la oposición se abstuvo ya que rechazaba la ley por considerarla
insuficiente y porque iniciaba un nuevo camino en la democracia Española dirigida
hacia la monarquía, aunque su tesis de ruptura no contaba con el respaldo mayoritario
de los españoles, los cuales, se inclinaban a favor de la reforma.
El objetivo era sustituir la dictadura por una monarquía parlamentaria y democrática
donde se respetara la división de poderes y se erradicara la represión política, socio-
laboral y cultural a través de un proceso que respetara la legalidad vigente – “de la
Ley a la Ley a través de la Ley”. Consiguió que la transición se hiciera mediante
reforma y no mediante el incumplimiento de la legalidad vigente en 1975. Se
aprobaron otras normas indispensables para avanzar en el desarrollo del régimen
democrático: Real Decreto Ley 12/1977 (reconocimiento de los partidos políticos),
Real Decreto-Ley 24/1977 (libertad de expresión), Ley 19/1977 (libertad sindical) y
Real Decreto-Ley 20/1977 (normativa electoral).
La elaboración de la Constitución era el último paso que había que dar para finalizar
el proceso de transición, permitiendo el cambio de una dictadura a una democracia.
Había que acudir al consenso de los partidos presentes en el congreso con el objetivo
de transmitir un mensaje de unidad y uniformidad a la hora de crear el proyecto que a
posteriori permitiría la democratización de nuestro país.
Los que actualmente consideramos “padres de la Constitución” eran los miembros de
una comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, creada en el seno del
Congreso de los Diputados, encargada de la redacción del anteproyecto.
