DOCTRINA PAROT
La Doctrina Parot es el nombre habitual con que se conoce la jurisprudencia
sentada a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de
2006 en resolución de un recurso presentado por Henry Parot (un miembro de
la organización terrorista ETA )y que a raíz de su condena ,supuso el
endurecimiento de las penas previstas en el Código Penal. Concretamente, el
Tribunal Supremo previó que la redención aplicable a razón de los beneficios
penitenciarios (trabajo, estudio, buena conducta, etc.) debían aplicarse sobre
cada una de las penas impuestas, separada e individualmente; y no sobre la
pena máxima de prisión, fijada por aquel entonces en 30 años.
A su vez , el principio de legalidad en el derecho penal se refiere a que solo las
leyes aprobadas previamente por la asamblea estatal pueden determinar
aquellas acciones humanas que constituyen un delito y las sanciones penales
aplicables a estas acciones. La Doctrina Parot y el principio de legalidad en el
derecho penal si que chocan (se contradicen), debido a que el principio de
legalidad penal defiende que no hay delito ni pena sin ley prevista y con la
aprobación de esta doctrina si que hay delito y pena sin ley prevista. Esta
doctrina también viola derechos fundamentales del hombre al ser sancionado y
al no respetar el principio de legalidad hace que sea contrario al principio de
irretroactividad, ya que no es legal aplicar nuevas normas a actos jurídicos ya
pasados. Por norma general la ley no es retroactiva y regula sólo los hechos
posteriores. El principio de irretroactividad tiene como fin proteger a los
ciudadanos de que no sean sancionados por un acto que hubiesen hecho
antes de que estuviese prohibido a Inés del Río Prada (miembro de ETA
condenada a 2700 años de cárcel) al haber completado 18 años de cárcel,
tenía que haber sido puesta en libertad en 2008 por haber obtenido beneficios
penitenciarios (12 años menos en este caso) establecidos en el Código Penal
de 1973. En esa época el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se opuso
totalmente a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
anunció un recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, además se
opusieron a poner Inés del Rio Prada en libertad hasta la resolución del
recurso. En 21 de octubre de 2013 la Gran Sala consideró que la aplicación de
la "Doctrina Parot” vulneraba sí el artículo 5 del Convenio y además el artículo
9 de la propia Constitución Española (artículo que prohibe la retroactividad).
Así, se consideró que como ilegal la detención de Inés, ésta abandono la
prisión el día siguiente a la resolución. Como consecuencia de la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a mediados del 2014 un total de 63
miembros de ETA y 9 de otras organizaciones a los que se les aplicó la
“Doctrina Paroto fueron puestos en libertad
La cuestión ahora es, ¿Respeta la “Doctrina Parot" el principio de legalidad? La
respuesta es un sencillo no (si lo respetara el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos no hubiera declarado la vulnerabilidad del artículo 7 de la
Convención Europea de Derechos Humanos). La esencia del principio de
legalidad es "no hay delito ni pena sin ley previa", al aplicar esta idea a la
