Doctrina Parot
Estrasburgo sostiene que la aplicación de Parot viola dos artículos del Convenio
Europeo de derechos Humanos, el artículo 5 (derecho a la libertad y la seguridad) y el
artículo 7 (no hay castigo sin ley).
España firmó el convenio de Derechos Humanos, lo que significa que aceptó que el
órgano de última instancia fuera el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Cuando un
estado firma un convenio internacional lo hace con todas las consecuencias y esta
sentencia es irrecurrible, por lo tanto debe aceptar esta sentencia.
Para comprender por qué surge esta doctrina, hay que remontarse a la legislación penal
aplicable antes de la reforma acontecida en 1995. El Código Penal de 1973, con
vigencia hasta mayo de 1996, establecía la posibilidad de redención de las penas a razón
de un día por cada dos de trabajo, y nuestros tribunales entendían invariablemente que
esa reducción de la pena se aplicaba respecto a los años efectivos de condena, que en
ningún caso podían superar los 30 años (aunque la condena fuese de 3828 años, como el
caso de Inés del Río). El legislador se tomó su tiempo –por motivos a los que no voy a
entrar- y hasta 1995 no modificó esta situación, cuando suprimió la redención de penas
por trabajo; y hasta 2003 no implantó (vía artículo 78 del Código Penal), que en casos
como el tratado, “los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación
en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la
totalidad de las penas impuestas en las sentencias”. Por lo tanto, se ha de afirmar que la
Doctrina Parot está vigente actualmente en nuestro ordenamiento; lo cuestionable, como
ahora analizaremos, es su aplicación retroactiva.
Lo reseñable a estos efectos es que el Tribunal Supremo, en Febrero de 2006,
reinterpretó el Código de 1973, exigiendo la redención de penas sobre la condena total
y no sobre el máximo efectivo de 30 años, aplicándolo con carácter retroactivo, incluso
a los que ya se les había fijado la anterior interpretación (también aplicable a los
beneficios penitenciarios de los juzgados con el Código Penal de 1995, antes de su
reforma en 2003; pero, como he dicho anteriormente, no dándose la redención de penas
por días de trabajo, al derogarse en 1995); manteniendo a Henri Parot en prisión, quien
había recurrido en casación un auto dictado por la Audiencia Nacional.
Inés del Río, la etarra sobre la que giraba la sentencia del TEDH, solicitó a Estrasburgo
el 3 de Agosto de 2009 su puesta en libertad (prevista para Julio de 2008), después de
que la Audiencia Nacional decidiera mantenerla en prisión hasta 2017 en virtud de la
Doctrina Parot. El 25 de Noviembre el TEDH pregunta a España tras la denuncia de Del
río si el cálculo de beneficios penitenciarios vulnera el Convenio de Derechos
Humanos. El Tribunal Constitucional a penas retoca tímidamente este giro
jurisprudencial (matizó que no podía aplicarse si algún condenado tenía alguna
resolución judicial firme indicando expresamente la aplicación de la redención de penas
sobre el cumplimiento efectivo de la condena, es decir, conforme a la interpretación
tenida antes de la ínclita sentencia del Supremo).
Tras ello, llegamos a la Sentencia del 10 de Julio de 2012, ratificada el pasado 21 de
Octubre. En ella, el Tribunal entiende vulnerados los artículos 7 (“no podrá ser
impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en el que la infracción ha
sido cometida”) y el 5.1 (sobre privaciones de libertad sin arreglo a la Ley), como
consecuencia del anterior. El Tribunal afirma (contando con la difícil frontera entre la
gravedad de la pena y su ejecución) que todo condenado tiene derecho a saber a tenor
de la legislación penal y la interpretación de la misma que dan los tribunales y juzgados,
la pena que le corresponde por el delito cometido. Por tanto, en el caso Inés del Río y
